Rafael Barrera Rodríguez y Otros.
Expediente 924/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 924/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Rafael Barrera Rodríguez y Otros.
- Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración Tijuana Baja California
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Glósese a los autos el oficio de cuenta signado por la secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sedeen Tijuana, por el que acusa recibo del juicio de amparo 924/2022 promovido por Florencio Matías Patricio a favor de Alejandro Xiques Piñol, Rafael Barrera Rodríguez y Xiques Piñol Rolny Rolando, del cual derivó el presente cuaderno de antecedentes; asimismo, informa que dicho juzgado aceptó la competencia y se avocó al conocimiento del asunto. De igual forma, como lo solicita el juzgado federal, se ordena remitir el exhorto 508/2022, así como las constancias adjuntas, en el que consta la ratificación de la demanda efectuada por los aludidos peticionarios del amparo, a fin de que provea lo conducente. Por otra parte, en virtud de lo anterior, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente de ésta; archívese el presente cuaderno de antecedentes como asunto concluido. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del citado Acuerdo General. En términos del artículo 20, fracción I, inciso a) del mencionado Acuerdo, una vez transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a su destrucción. Téngase al secretario haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos, el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana; visto su contenido, téngasele devolviendo diligenciado el exhorto 508/2022, del índice de este juzgado, hágase la anotación correspondiente en el libro respectivo. Sin necesidad de que se acuse recibo, en virtud de que se generó automáticamente al momento de remitirlo por la vía electrónica. En atención a lo anterior, se reserva proveer al respecto, una vez que se tenga conocimiento qué juez federal conocerá del presente juicio, en virtud de la incompetencia declinada en proveído de ocho del actual. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de agosto de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Florencio Matías Patricio a favor de Alejandro Xiques Piñol, Rafael Barrera Rodríguez y Xiques Piñol Rolny Rolando, contra actos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tijuana Baja California; que hace consistir en la orden de detención, deportación y la privación ilegal de la libertad. Con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, fórmese expediente con el número 924/2022 y regístrese en el libro de gobierno correspondiente. De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 126 de la Ley de Amparo y atendiendo a la naturaleza del acto que se reclama se provee de oficio y de plano la suspensión en los términos que se precisarán en párrafos subsecuentes. Atento a los actos reclamados consistentes en la orden verbal de detención fuera de todo procedimiento legal y la ejecución material de dicho acto, así como la privación de libertad, incomunicación, orden de deportación o repatriación a su país de origen que es cuba, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 164 y 165 del mismo ordenamiento legal, se decreta de oficio y de plano la suspensión, a efecto de que de inmediato cesen tales actos, así como cualquier otro prohibido por el artículo 22 de la Constitución Federal. En términos del artículo 164 de la ley de la materia, el efecto de la suspensión de plano tiene el alcance de que Alejandro Xiques Piñol, Rafael Barrera Rodríguez y Xiques Piñol Rolny Rolando sean puestos en inmediata libertad si su detención no tiene relación con la comisión de un delito; o en caso de encontrarse a disposición del Ministerio Público por dicho motivo, deberá resolver su situación jurídica dentro del plazo legalmente establecido para ello. No obstante, si la detención de los agraviados no tienen relación con la comisión de un delito, pero sí deriva de la ejecución de una sanción administrativa como un arresto, la suspensión tendrá por efecto que sean puestos en inmediata libertad, a fin de que no se consume la materia del juicio y se ejecuten irreparablemente violaciones de derechos humanos, sin perjuicio de que si con posterioridad al analizar el fondo del asunto, se aprecia que se trata de un arresto válido constitucionalmente, se constriña a la parte quejosa a compurgar la sanción faltante al momento de ser puesta en libertad. Ahora bien, para el caso de que la detención se hubiera efectuado con motivo de un mandamiento dictado por una autoridad judicial, se concede para que la parte quejosa sea puesta a su disposición de manera inmediata. Para tal efecto, con base en el artículo 162 de la Ley de Amparo y para el caso de que se esté en la hipótesis mencionada en el párrafo que antecede, se impone a la directa agraviada la obligación de reportarse al Juzgado los días lunes de cada semana, hasta la conclusión definitiva del amparo, como medida de aseguramiento prevista en el numeral indicado, lo cual deberá ser comunicado por conducto del Actuario en turno, con apercibimiento que de no cumplir la medida cautelar, le será revocada. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que el desacato a la medida decretada se sanciona en términos del artículo 262, fracción III, de la ley de la materia. Por último, toda vez que los promoventes manifiestan haber sido detenidos, por el sólo hecho ser migrantes, se decreta la suspensión de plano para el único efecto de que los directos agraviados no sean deportados y queden en el lugar donde se encuentran a disposición de esta autoridad de amparo, en términos del artículo 160 de la ley de la materia. En el entendido que la medida cautelar que se concede no autoriza a la parte agraviada para que obtenga su libertad personal, sino únicamente obliga a la responsable, en su caso, a no deportarla a su país de origen, hasta en tanto sea resuelto el fondo del amparo. En la inteligencia que las autoridades responsables deberán informar dentro del plazo de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación de este auto, sobre el cumplimiento de esta resolución; asimismo, deberán remitir las constancias conducentes con las que acrediten su cumplimiento. Apercibidas que de no hacerlo, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 260, fracción II, de la ley de la materia, así como el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo de veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se le impondrá multa de cien a mil días de Unidad de Medida y Actualización; medio de apremio que se individualizará en su oportunidad acorde a las circunstancias que la motiven, atendiendo a los elementos objetivo y subjetivo que para tal fin deban cubrirse. Téngase a la parte promovente autorizando para recibir notificaciones a las personas que menciona, sin gozar de las demás facultades que otorga el numeral 12 de la Ley de Amparo, hasta en tanto acrediten ante este órgano jurisdiccional encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de abogado, o proporcionen los datos correspondientes. De igual forma, se ordena dar de alta el usuario "GSANTOSS", para consultar el expediente y recibir notificaciones electrónicas. Por otra parte, una vez analizada en su integridad la demanda de amparo, se arriba a la conclusión de que este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, es legalmente incompetente por razón de territorio para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por las razones que a continuación se exponen: El artículo 37 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El aludido precepto establece tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: 1) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. 2) Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Establecido lo anterior, en el caso, Alejandro Xiques Piñol, Rafael Barrera Rodríguez y Xiques Piñol Rolny Rolando, señalaron como acto reclamado: "La detención incomunicación y la posible deportación" Y señalaron como autoridad responsable: "1.- Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tijuana Baja California. Con base en lo narrado, bajo protesta de decir verdad, se determina que debe aplicarse la regla de competencia prevista por el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, dado que el acto reclamado sí contiene ejecución material, puesto que el lugar donde se encuentran detenidos es donde se materializa la ejecución del acto de autoridad. Por tanto, de conformidad con lo que prevé el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, es evidente que este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, resulta legalmente incompetente para conocer de la controversia que se le plantea, y estima competente a un Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, pues es dentro de su jurisdicción donde se ejecutarán los actos impugnados por los impetrantes de amparo. Así las cosas, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, remítase la demanda de cuenta al Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana en turno, para los efectos que señala el segundo de los preceptos legales invocados, a quien se ordena la remisión de la demanda, solicitando el acuse de recibo. Se ordena formar el cuaderno de antecedentes respectivo. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298, 299 y 300, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, teniéndose presente la imposibilidad material y jurídica que le asiste a este Juzgador de trasladarse al lugar donde se deberá verificar la encomienda, gírese exhorto al Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana en turno, para que en auxilio a las labores de este Juzgado de Distrito, ordene a quien corresponda, realice lo siguiente: Notifique personalmente este proveído a los agraviados Alejandro Xiques Piñol, Rafael Barrera Rodríguez y Xiques Piñol Rolny Rolando, en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tijuana Baja California, ubicada en General Álvaro Obregón 21512, colonia Presidente 22215, en Tijuana, Baja California, y los requiera para que en el acto de la notificación, o a más tardar dentro del plazo de tres días siguientes a la misma, ratifiquen la demanda presentada a su favor ante la presencia judicial, apercibiéndolos que de no hacerlo, se tendrá por no presentada, quedando sin efecto las providencias dictadas, haciendo constar esas circunstancias en el acta relativa. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, según sea el caso, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA." Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizar, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
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