Rafael Eduardo Ortega Cabrera

Expediente 129/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2015.

Datos del expediente

Expediente
129/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
26/02/2015

Partes del expediente

  • Rafael Eduardo Ortega Cabrera

Actuaciones

  1. Principal

    Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a veintiséis de febrero de dos mil quince. Agréguese a los autos el oficio número 1617, que suscribe el secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Rafael Eduardo Ortega Cabrera; únicamente para que obre como corresponda, toda vez que en auto de seis de febrero actual, se ordenó el archivo del presente asunto. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Oaxaca de Juárez, Oaxaca, seis de febrero de dos mil quince. Visto el estado de los autos se advierte, aún no obra el despacho número 56/2015 del índice de este juzgado, mediante el cual se ordenó notificar al quejoso los proveídos de nueve de diciembre de dos mil catorce y doce de enero de dos mil quince; por tanto, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere y se fijan las DIEZ HORAS DEL SEIS DE MARZO DE DOS MIL QUINCE, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    PREVIO AVISO.- Oaxaca de Juárez, Oaxaca, treinta de enero de dos mil quince. Vista la demanda de amparo promovida por Rafael Eduardo Ortega Cabrera, contra actos del juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca y actuario o ejecutor encargado de los expedientes impares, adscrito al juzgado Primero de lo Civil de la mencionada población; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 129/2015. Del análisis integral de la demanda de garantías, se advierte la parte agraviada reclama, la resolución dictada el veintiséis de enero de dos mil quince, en el juicio ejecutivo mercantil número 49/2012, del índice del juzgado Primero de lo Civil de Huajuapan de León, Oaxaca, que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por Edgardo Corro Enríquez, endosatario en procuración del quejoso Rafael Eduardo Ortega Cabrera, en contra del auto de veintisiete de octubre de dos mil catorce, que declaró de oficio la caducidad de la instancia. Ahora bien, como de conformidad con lo dispuesto por el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, es procedente el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo; debiéndose entender por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Luego, al haberse señalado como acto la resolución dictada en el juicio ejecutivo mercantil 49/2012, el veintiséis de enero de dos mil quince, que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por Edgardo Corro Enríquez, endosatario en procuración del promovente, en contra del auto de veintisiete de octubre de dos mil catorce, que declaró de oficio la caducidad de la instancia; resulta evidente, la competencia para conocer de la demanda que se analiza, corresponde a un Tribunal Colegiado, consecuentemente, el suscrito carece de competencia legal para conocer de la demanda de mérito, y se estima radica en el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad. Luego, como ya se indicó, en la especie se surte la hipótesis que establece el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual dispone que el juicio de amparo directo solo es procedente contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que ponen fin al juicio, emitidos por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo; lo que da motivo al juicio de amparo, en la vía directa, ante el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, el suscrito carece de competencia legal para conocer el presente asunto y SE ESTIMA, SALVO MEJOR CRITERIO DE LA SUPERIORIDAD, el competente para conocer de la demanda, es el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad; ante esa situación, remítase el juicio de amparo 129/2015, y las copias de la demanda al Tribunal Colegiado antes indicado. En apoyo a lo anterior se cita la tesis XXVII.7 K, visible en la página 1107, Tomo XVIII, Octubre de 2003, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de circuito, Novena Época que dice: "RESOLUCIONES QUE PONEN FIN AL JUICIO. ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO Y PARA QUE SE SURTA LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO LA INEXISTENCIA DE RECURSO ORDINARIO ALGUNO POR EL QUE PUEDAN SER MODIFICADAS O REVOCADAS. De conformidad con lo establecido por el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución General de la República, en relación con los diversos numerales 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de garantías directo, en tratándose de resoluciones que ponen fin al juicio, se supedita no sólo a la peculiaridad de que dicha resolución dé por terminada la instancia, sino a que en absoluto admita la existencia de un recurso ordinario que sea procedente y, por tanto, exista la posibilidad de que en esa vía, pueda ser revocada o modificada. La interpretación que al respecto se tiene, se funda invariablemente en el hecho de que una de las notas distintivas de que hace uso tanto el Constituyente como el legislador federal para estructurar tales normas, se apoya precisamente en el principio de que contra resoluciones de esa índole "no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas"; en consecuencia, para dilucidar la competencia de un Tribunal Colegiado, en el caso de resoluciones que ponen fin al juicio y, por ende, determinar "su definitividad" debe entenderse, de manera primordial, no sólo al hecho de que con esa resolución se dé por concluida la instancia, sino también al requisito sine qua non, de que el ordenamiento que la rija, no prevea algún recurso o medio de defensa, por cuyo conducto pueda ser modificada o revocada; por ello, si ese tipo de resolución admite recurso ordinario, evidentemente no será definitiva y, por consiguiente, no pondrá fin al juicio, surtiéndose la competencia de un Juez de Distrito para resolver en vía indirecta, que puede encuadrar en la hipótesis legal prevista en la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo; y si resulta lo contrario, es decir, si no admite recurso, entonces se actualizaría inobjetablemente la competencia del Tribunal Colegiado para conocer de esa resolución, a través del juicio de garantías de única instancia, en términos de los preceptos legales citados en un principio".Fórmese cuaderno de antecedentes. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en la demanda, y por autorizadas para tales efectos a Edgardo Corro Enríquez, en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, y por autorizadas únicamente para oír y recibir notificaciones a las demás personas que menciona, sin gozar de las facultades a que se refiere el primer párrafo del precepto antes indicado, hasta en tanto acrediten ante este órgano jurisdiccional encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, en caso de ser necesario, se habilitan días y horas inhábiles, para que el Actuario adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente expediente. Finalmente, hágase saber a las partes, que en términos del artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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