Rafael Antonio Gómez Pérez
Expediente 696/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 16 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 696/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 22/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Rafael Antonio Gómez Pérez
- Agente del Ministerio Público adscrito al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de marzo de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, tomando en consideración que ya se dictó interlocutoria en este incidente, asimismo que ya se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece; en tal virtud, se ordena el archivo del presente cuaderno incidental como asunto concluido. En atención a lo anterior, y al advertirse que se negó a la parte quejosa la medida cautelar, con fundamento en lo establecido en el punto cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este Juzgado estima que por sus particularidades, el presente incidente carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado, por lo que, procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese el original de este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no se promovió incidente de violación a la suspensión, ni existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de marzo de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo vigente en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar el fallo dictado en este juicio), haya recurrido la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimento a los puntos cuarto, décimo, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito; este juzgador determina que el presente expediente, carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto primero, último párrafo del acuerdo citado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 696/2016; y R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante proveído de veintidós de abril de dos mil dieciséis, se tuvo por recibido el oficio signado por el Secretario de acuerdos del Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa de este circuito judicial, al cual anexaba la diligencia de notificación practicada a RAFAEL ANTONIO GÓMEZ PÉREZ, dentro del recurso de reclamación 3/2016, de su índice, en la cual, realizaba diversas manifestaciones, por lo que, el suscrito lo requirió a efecto de que cumpliera con los requisitos establecidos en el artículo 108, de la Ley de Amparo. La prevención de referencia fue cumplida por el quejoso mediante diligencia de doce de octubre de dos mil dieciséis, practicada por el fedatario judicial adscrito al juzgado Primero de Distrito de Amparo en materia Penal en el Estado de Nayarit, quien diligenció el exhorto girado al efecto. SEGUNDO. Por auto de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, se tuvo a RAFAEL ANTONIO GÓMEZ PÉREZ, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto reclamado al Agente del Ministerio Público adscrito al Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en esta localidad, que hizo consistir en: la omisión de investigar el intento de homicidio que sufrió el nueve de diciembre de dos mil quince, en el Centro Federal de Readaptación Social número trece, con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; el cual estimó violatorio de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 4, 8, 17, 20, 22 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En dicho acuerdo, este juzgado admitió la demanda de amparo, solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, la intervención que legalmente le corresponde, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo conforme al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º., 6º., 107, 108, 124, y demás relativos de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados, Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. La Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a los Tribunales Colegiados del Décimo Tercer Circuito, con sede en esta localidad, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado, la cual se admite en sus términos. Ello es así, pues conforme a las copias anexas a su informe justificado, las que tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del precepto 2º, de este último ordenamiento legal, se desprende, mediante oficio 2597/2016, de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, el Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa de este Circuito Judicial, se dio vista a la representación social de su adscripción, con la manifestación hecha por el quejoso RAFAEL ANTONIO GÓMEZ PÉREZ, en diligencia de nueve de marzo de ese año, donde manifestó el intento de homicidio que sufrió con fecha nueve de diciembre de dos mil quince. Ahora, la Agente del Ministerio Público de la Federación responsable, remitió el citado oficio mediante el diverso de uno de abril de dos mil dieciséis, al Delegado Estatal en Oaxaca de la Procuraduría General de la República, para su trámite correspondiente. En ese sentido, debe decirse que la omisión atribuida a la hoy responsable es inexistente, pues como se advierte, la denuncia formulada por el hoy quejoso fue turnada al Delegado Estatal en Oaxaca de la Procuraduría General de la República, para su correspondiente investigación, tal como lo disponen los artículos 4, fracción I, inciso A, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y 103, de su Reglamento, mismos que establecen: "Artículo 4.- Corresponde al Ministerio Público de la Federación: I. Investigar y perseguir los delitos del orden federal. El ejercicio de esta atribución comprende: A) En la averiguación previa: (.)" "Artículo 103. Son facultades del Delegado: I. Ejercer las atribuciones que la Constitución, el artículo 4, fracciones I, II, IV, V, VI, VII y IX de la Ley Orgánica y demás disposiciones jurídicas confieren al Ministerio Público de la Federación, en el ámbito territorial de su competencia, en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes, de acuerdo con los criterios que para tal efecto emita el Procurador; (.)" En ese orden de ideas, y al no ser cierta la omisión atribuida al Agente del Ministerio Público adscrito al Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en esta localidad, conlleva a sobreseer en el presente asunto. TERCERO. Previo al estudio del fondo del asunto, conviene analizar si en la especie se actualiza alguna causa de improcedencia, ya sea que lo hagan valer las partes, o este resolutor la advierta de oficio, al tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, quien resuelve considera se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción II, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de este Ley. "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. ." Lo anterior es así, pues el quejoso reclama del Agente del Ministerio Público adscrito al Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en esta localidad, la omisión de investigar el intento de homicidio que sufrió el nueve de diciembre de dos mil quince, dentro del Centro Federal de Readaptación Social número trece, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Empero, debe estimarse que el suscrito se encuentra impedido para analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, toda vez que como se dijo en párrafo precedentes, la referida denuncia fue turnada al Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República, para su trámite correspondiente; por tanto, el impetrante debió, necesariamente, al margen de la autoridad que señaló en su escrito de demanda, nombrar al citado Delegado, a fin de llamarlo a la controversia constitucional, oírlo y estar en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Debe tomarse en cuenta, que mediante proveído de nueve de enero de dos mil diecisiete, este juzgado requirió al quejoso RAFAEL ANTONIO GÓMEZ PÉREZ, para que manifestara si ampliaba su demanda por cuanto hace al referido Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República, con el apercibimiento que de no hacerlo, el presente juicio se resolvería en los términos planteados en la demanda de amparo, requerimiento que no desahogó en el plazo concedido, no obstante quedar legalmente notificado. En ese orden, y conforme al artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, se advierte que es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; figura en la cual queda comprendido el ya citado Delegado Estatal, pues de las constancias que obran en autos, se desprende fue a éste a quien se remitió la denuncia formulado por el hoy quejoso. Conforme a esto, el acto reclamado es exclusivamente responsabilidad del Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República, por tanto, se itera, el quejoso en su demanda de amparo o durante la secuela del procedimiento debió señalarlo como autoridad responsable. Esto es así, debido a que resulta esencial precisar el acto reclamado en relación con la autoridad a la que se le atribuye, porque la protección constitucional sólo puede concederse en función de ese acto y por cuanto a tal autoridad. Apoya lo anterior, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, visible a página 2199, Tomo XXXII, Agosto de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "ACTO RECLAMADO EMITIDO CONJUNTAMENTE POR DIVERSAS AUTORIDADES. CUANDO EN LA DEMANDA DE AMPARO NO SE SEÑALA COMO RESPONSABLE A ALGUNA DE ÉSTAS, EL JUICIO ES IMPROCEDENTE, AL SER IMPOSIBLE HACER UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE AQUÉL. De la interpretación de los artículos 116, fracción III y 11 de la Ley de Amparo, se colige que en la vía constitucional sólo deben estudiarse las actuaciones de los órganos del Estado que dictan, promulgan, publican, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar la ley o el acto reclamado, o bien se les finque un acto de omisión, siempre que en la demanda de garantías se les haya señalado como responsables. Así, tratándose de un acto reclamado emitido conjuntamente por diversas autoridades, la sanción por el incumplimiento del quejoso a dicha obligación, al no señalar como responsable a alguna de éstas a pesar de la prevención correspondiente, es que el juicio de garantías sea improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la señalada ley, en relación con los citados preceptos, toda vez que es imposible hacer un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de un acto emanado de una autoridad no designada como responsable, dado que no fue oída en la contienda en defensa de su actuación. Lo que se justifica con mayor razón, porque el resultado del eventual examen que se realizara al acto reclamado respecto de una sola de las autoridades -que sí fue llamada al proceso- en modo alguno podría hacerse extensivo a otra, dado que sería jurídicamente imposible ordenar a quien no intervino en la contienda constitucional, que dejara insubsistente su acto, cuando no fue parte formal dentro del procedimiento." El criterio invocado, a pesar de haber sido integrado conforme a la Ley de Amparo anterior, resulta aplicable al caso en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, dado que no se opone a ésta. Luego entonces, al haberse actualizado la causal de improcedencia aducida, se sobresee el asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, primer párrafo, a 75, y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo 696/2016, promovido por RAFAEL ANTONIO GÓMEZ PÉREZ. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de febrero de dos mil diecisiete . Visto el estado que guardan los autos, advirtiéndose se encuentra transcurriendo el término de quince días concedido al quejoso RAFAEL ANTONIO GÓMEZ PÉREZ, en proveído de nueve de enero del año en curso; en tal virtud, resulta jurídicamente imposible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy; por tanto, se difiere y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE.
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