Rafael Avinabad Lopez Lopez

Expediente 769/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 17 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
769/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
15/08/2023

Partes del expediente

  • Rafael Avinabad Lopez Lopez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, quince de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202, en relación con el diverso 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el acuerdo de dieciocho de julio del año en curso, mediante el cual se tuvo por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En esa virtud, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de siete de junio de dos mil veintitrés, se precisa que este asunto es susceptible de conservación, dado que en resolución constitucional de veinticuatro de abril del año en curso, por una parte se sobreseyó y por la otra se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno Electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo de trámite en términos de los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, relativo a la clasificación del archivo judicial. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido; y, no tiene relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional ni contra la humanidad, tampoco se trataron delitos contra la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, no se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni verso sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, tampoco se trata de un asunto generado por los Plenos Regionales en el que se haya establecido jurisprudencia; no es de materia agraria; y, finalmente, tampoco la sentencia emitida en este asunto integró jurisprudencia de los Tribunales de Circuito. En el entendido, que una vez transcurrido el plazo de tres años, contados a partir de la orden de archivo, con apoyo en los artículos 26, 27 y 28 del Acuerdo General citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al depósito documental que sea designado por el Área Coordinadora de Archivos, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que elabore el Área Coordinadora de Archivos.

  2. Principal

    Auto. Los Mochis, Sinaloa, dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista ordenada mediante auto de siete de julio de dos mil veintitrés, en relación al oficio y documentales allegadas por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número 35 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa con sede en Culiacán, inherentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, no obstante que tal determinación fue notificada personalmente el once de julio de dos mil veintitrés, por tanto, procede analizar si se otorgó el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad responsable. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar, se precisa que en sentencia de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, por una parte se sobreseyó en el presente juicio de amparo y por la otra, se concedió al quejoso Rafael Avinabad López López, la protección constitucional contra los actos que reclamó de la autoridad responsable Junta Especial Número 35 de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en Culiacán, para el efecto de que esa autoridad realizara lo siguiente: ".De manera inmediata, pronuncie un acuerdo en el que provea sobre la admisión y/o desechamiento respecto de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral 1244/2018, conforme lo establece el artículo 880, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo." La anterior sentencia, causó ejecutoria el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, en virtud a que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión, y se ordenó requerir a la autoridad responsable Junta Especial Número 35 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa con sede en Culiacán, a fin de que otorgara el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Posteriormente, mediante oficio terminación 372/2023 y anexos signados por la citada autoridad responsable, se comunicó a este Juzgado de Distrito el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y se remitió para tal efecto copia con firmas autógrafas del auto de veintidós de abril de dos mil veintitrés, dictado en el expediente laboral 1244/2018, de su índice, en el cual se proveyó respecto a las pruebas ofrecidas por las partes del citado juicio laboral. Ahora bien, el amparo y protección de la Justicia de la Unión se otorgó para el efecto de que la autoridad responsable, una vez que causara ejecutoria la sentencia de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, inmediatamente pronunciara un acuerdo en el que proveyera sobre la admisión y/o desechamiento respecto de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral 1244/2018, del índice de la autoridad responsable; entonces, de las constancias remitidas por el Presidente de la Junta Especial Número 35 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa con sede en Culiacán, se advierte que se tiene CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. En consecuencia, de conformidad con los numerales 77 y 196, ambos de la Ley de Amparo, se puede concluir se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de las garantías violadas, por tanto, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, sin exceso, ni defecto alguno.

  3. Principal

    Auto. Los Mochis, Sinaloa, siete de julio de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta signado por el Presidente de la Junta Especial Número 35 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa con sede en Culiacán, mediante el cual comunica el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, y para tal efecto remite copia confirmas autógrafas del auto de veintidós de junio de dos mil veintitrés dictado en el Expediente Laboral 1244/2018, de su índice, en el cual se proveyó respecto a las pruebas ofrecidas por las partes en ese juicio laboral; agréguese a los autos para que surtan sus efectos legales conducentes. En ese contexto, conforme a lo dispuesto por el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista al quejoso ******************** con el oficio de cuenta y documentales, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés legal convenga; con el apercibimiento que no de hacerlo en el plazo conferido, este Juzgado Federal resolverá acerca del cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.

  4. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, trece de junio de dos mil veintitrés.********************Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la autoridad responsable Junta Especial Número 35 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, no ha otorgado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dado que a la fecha no ha informado a este juzgado el cumplimiento a la misma o el impedimento legal o material que tuvieren para no dar cumplimiento a ésta.********************En esa virtud, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la referida responsable, para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, siguientes al en que reciba el oficio en el que se le comunique el presente acuerdo, cumpla con la ejecutoria de amparo y remita las constancias certificadas respectivas o en su caso, manifieste el impedimento legal o material que para ello tuviere.********************En el entendido de que la concesión de la protección constitucional se realizó para el efecto de que la autoridad responsable, actúe en los siguientes términos:********************".pronuncie un acuerdo en el que provea sobre la admisión y/o desechamiento respecto de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral 1244/2018, conforme lo establece el artículo 880, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo.". ********************Se apercibe a la citada autoridad responsable, que de no otorgar cumplimiento a la ejecutoria en el plazo indicado, se le impondrá una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 192, 238 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

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