Rafael Enrique Anaya Soto
Expediente 316/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 27 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 316/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 29/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Rafael Enrique Anaya Soto
- Juez de Primera Instancia del Ramo Penal, de Este Distrito Judicial de Ahome, Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que se le hizo en proveído de cuatro de noviembre del año en curso, de los oficios remitidos por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, Comandante de la Policía de Investigación del Estado de Sinaloa, Zona Norte y Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, todos con sede en esta ciudad, inherentes al cumplimiento de la sentencia emitida en este juicio; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Es necesario precisar que la sentencia constitucional fue emitida el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, en el sentido de conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Rafael Enrique Anaya Soto, misma que el veinticinco de octubre del año en curso, se requirió a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, Comandante de la Policía de Investigación del Estado de Sinaloa, Zona Norte y Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, todos con sede en esta ciudad, por el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo en que se actúa. En ese sentido, debe decirse que la resolución emitida el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, Comandante de la Policía de Investigación del Estado de Sinaloa, Zona Norte y Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, todos con sede en esta ciudad, realicen lo siguiente: a) Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, el juez de Primera Instancia del Ramo Penal, con sede en esta ciudad, responsable debe dejar insubsistente la orden de aprehensión de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, dictada en la causa penal 99/2018, contra el quejoso Rafael Enrique Anaya Soto. b) Con plenitud de jurisdicción dicte otra resolución en la que subsane las violaciones de forma destacadas en la presente sentencia. Norma el criterio la Tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732 del Tomo I del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Materia Común, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". En proveído de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, se requirió por el cumplimiento de ejecutoria a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, Comandante de la Policía de Investigación del Estado de Sinaloa, Zona Norte y Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, todos con sede en esta ciudad. Seguidamente, mediante oficios 2732/2019 y 2138/2019 recibidos en la oficialía de partes de este juzgado el treinta y uno y veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, Comandante de la Policía de Investigación del Estado de Sinaloa, Zona Norte y Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, todos con sede en esta ciudad, informaron el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dejando insubsistente la orden de aprehensión dictada el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, librada contra el quejoso Rafael Enrique Anaya Soto dentro de la causa penal 99/2018 de su índice, y emite una nueva resolución librándose orden de aprehensión de fecha treinta de octubre de dos mil diecinueve, cumpliendo con los requisitos de fundamentación y motivación sobre la solicitud que le hizo el quejoso, mismo que se le dio vista al quejoso Rafael Enrique Anaya Soto, que fue notificada por medio de citatorio de fecha ocho de noviembre del año en curso. Ahora bien, si la concesión del amparo lo fue para el efecto de que la autoridad responsable Juez de Primera Instancia del Ramo Penal, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: "a) Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, el juez de Primera Instancia del Ramo Penal, con sede en esta ciudad, responsable debe dejar insubsistente la orden de aprehensión de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, dictada en la causa penal 99/2018, contra el quejoso Rafael Enrique Anaya Soto. b) Con plenitud de jurisdicción dicte otra resolución en la que subsane las violaciones de forma destacadas en la presente sentencia.".. Lo cual ya aconteció. Por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye, que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, en términos de lo que establece el numeral antes citado; en consecuencia, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, en su totalidad, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defecto.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO RAFAEL ENRIQUE ANAYA SOTO, EL AUTO DE VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE A LA LETRA DICE: Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que se le hizo en proveído de cuatro de noviembre del año en curso, de los oficios remitidos por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, Comandante de la Policía de Investigación del Estado de Sinaloa, Zona Norte y Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, todos con sede en esta ciudad, inherentes al cumplimiento de la sentencia emitida en este juicio; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Es necesario precisar que la sentencia constitucional fue emitida el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, en el sentido de conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Rafael Enrique Anaya Soto, misma que el veinticinco de octubre del año en curso, se requirió a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, Comandante de la Policía de Investigación del Estado de Sinaloa, Zona Norte y Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, todos con sede en esta ciudad, por el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo en que se actúa. En ese sentido, debe decirse que la resolución emitida el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, Comandante de la Policía de Investigación del Estado de Sinaloa, Zona Norte y Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, todos con sede en esta ciudad, realicen lo siguiente: a) Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, el juez de Primera Instancia del Ramo Penal, con sede en esta ciudad, responsable debe dejar insubsistente la orden de aprehensión de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, dictada en la causa penal 99/2018, contra el quejoso Rafael Enrique Anaya Soto. b) Con plenitud de jurisdicción dicte otra resolución en la que subsane las violaciones de forma destacadas en la presente sentencia. Norma el criterio la Tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732 del Tomo I del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Materia Común, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". En proveído de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, se requirió por el cumplimiento de ejecutoria a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, Comandante de la Policía de Investigación del Estado de Sinaloa, Zona Norte y Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, todos con sede en esta ciudad. Seguidamente, mediante oficios 2732/2019 y 2138/2019 recibidos en la oficialía de partes de este juzgado el treinta y uno y veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, Comandante de la Policía de Investigación del Estado de Sinaloa, Zona Norte y Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, todos con sede en esta ciudad, informaron el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dejando insubsistente la orden de aprehensión dictada el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, librada contra el quejoso Rafael Enrique Anaya Soto dentro de la causa penal 99/2018 de su índice, y emite una nueva resolución librándose orden de aprehensión de fecha treinta de octubre de dos mil diecinueve, cumpliendo con los requisitos de fundamentación y motivación sobre la solicitud que le hizo el quejoso, mismo que se le dio vista al quejoso Rafael Enrique Anaya Soto, que fue notificada por medio de citatorio de fecha ocho de noviembre del año en curso. Ahora bien, si la concesión del amparo lo fue para el efecto de que la autoridad responsable Juez de Primera Instancia del Ramo Penal, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: "a) Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, el juez de Primera Instancia del Ramo Penal, con sede en esta ciudad, responsable debe dejar insubsistente la orden de aprehensión de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, dictada en la causa penal 99/2018, contra el quejoso Rafael Enrique Anaya Soto. b) Con plenitud de jurisdicción dicte otra resolución en la que subsane las violaciones de forma destacadas en la presente sentencia.".. Lo cual ya aconteció. Por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye, que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, en términos de lo que establece el numeral antes citado; en consecuencia, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, en su totalidad, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defecto.
- Principal
Vistos los oficios de cuenta firmados por Juez de Primera Instancia del Ramo Penal, Comandante de Policía de Investigación del Estado, Zona Norte y Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, todas con sede en esta ciudad, mediante los cuales informas el cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; agréguese para que obre como legalmente corresponda. Para los mismos efectos, glósese las documentales que anexa la autoridad responsable Juez de Primera Instancia del Ramo Penal, con las que acredita el cumplimiento dado. De conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con los oficios de cuenta, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta los efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacerlo, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento a la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS AL QUEJOSO RAFAEL ENRIQUE ANAYA SOTO EL PROVEÍDO DICTADO EL CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE QUE DICE:Vistos los oficios de cuenta firmados por Juez de Primera Instancia del Ramo Penal, Comandante de Policía de Investigación del Estado, Zona Norte y Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, todas con sede en esta ciudad, mediante los cuales informas el cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; agréguese para que obre como legalmente corresponda. Para los mismos efectos, glósese las documentales que anexa la autoridad responsable Juez de Primera Instancia del Ramo Penal, con las que acredita el cumplimiento dado. De conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con los oficios de cuenta, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta los efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacerlo, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento a la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.
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