Rafael Antonio Estrada Esquer

Expediente 6/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 9 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
6/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
21/05/2019

Partes del expediente

  • Rafael Antonio Estrada Esquer

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de doce de abril de la presente anualidad, en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado, en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado este auto, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el expediente como asunto concluido. Luego tomando en cuenta que el presente expediente, está definitivamente concluido, acorde con la fracción IV, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, es susceptible de depuración, dado que, por resolución de catorce de febrero de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión en el presente juicio de amparo; motivo por el cual, deberá conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obran documentos originales exhibidos por el quejoso, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, con fecha dos de enero de dos mil diecinueve, por ello, no encuadra en aquellos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda y de la sentencia del juicio de amparo que nos ocupa; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  2. Principal

    Advirtiéndose del estado procesal de los autos, que el quejoso Rafael Antonio Estrada Esquer, no desahogó la vista que se le ordenó mediante acuerdo de dos de abril de dos mil diecinueve, con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por la autoridad responsable; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar, debe indicarse que por sentencia dictada el catorce de febrero de dos mil diecinueve, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa Rafael Antonio Estrada Esquer, resolución que causó ejecutoria el doce de marzo del año en cursante, al no ser recurrida por alguna de las partes. La concesión del amparo se hizo para el efecto de que las autoridades responsables el Presidente Municipal y la Síndica Procuradora del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, en el término de tres días, contado a partir de que se les notificara la ejecutoria que causara el fallo constitucional, realizaran lo siguiente: Las responsables deberán expedir un acuerdo en el que den respuesta a todas y cada una de las peticiones contenidas en el escrito presentado el veintidós de noviembre de dos mil dieciocho. Que dicho acuerdo se notifique en breve término al peticionario. En consecuencia, si la concesión del amparo fue para el efecto de que las autoridades responsables de referencia, expidan un acuerdo en el que den respuesta a todas y cada una de las peticiones contenidas en el escrito presentado el veintidós de noviembre de dos mil dieciocho y que éste se notifique en breve al quejoso Rafael Antonio Estrada Esquer, lo cual ya aconteció; toda vez que el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, el Director de Asuntos Jurídicos del Municipio de Ahome, Sinaloa, dio contestación a la solicitud de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, del quejoso de mérito, haciendo entrega al autorizado legal Jesús Eliud Moreno Valenzuela, de las copias certificadas de las Nóminas de Pago y de las Constancias de Sueldos, Salarios, Conceptos Asimilado, Créditos al Salario y Subsidio para el Empleo del período comprendido del año 2005 al 2017, y copia certificada del oficio número 600/2018 de fecha treinta de octubre de dos mil dieciocho; más no así de la copia certificada de la póliza de seguro de vida colectivo celebrado entre el Ayuntamiento de Ahome con la Aseguradora Mapfre Tepeyac, Sociedad Anónima de Capital Variable, ya que no existe registro alguno en el archivo municipal del Municipio de Ahome, de que se haya celebrados entre éstos convenio o contrato relativo a la obtención de un seguro de vida; es inconcuso que la sentencia constitucional ha quedado debidamente cumplida, restituyéndose a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo, sin exceso o defecto alguno.

  3. Principal

    Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes el escrito firmado por Víctor Inés Báez Gill, en su carácter de delegado de las autoridades responsables Presidente Municipal y Síndica Procuradora del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo en el presente juicio, anexa oficio DAJ/538/03/2019, suscrito por el Director de Asuntos Jurídicos del Municipio de Ahome, Sinaloa, con el que da respuesta a la solicitud de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, realizada por el quejoso Rafael Antonio Estrada Esquer, en el que le hace entrega de las copias certificadas solicitadas, al autorizado legal Jesús Eliud Moreno Valenzuela, en el domicilio señalado para ello, más no así de la copia certificada de la póliza de seguro de vida colectivo celebrado en el H. Ayuntamiento de Ahome, con la Aseguradora Mapfre Tepeyac, Sociedad Anónima de Capital Variable, ya que no existe registro alguno de convenio o contrato celebrados entre el Ayuntamiento y Aseguradora de referencia, relativo a la obtención de un seguro de vida. Dese vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, para que en el término de tres días contando a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo en el lapso indicado, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables en comento.

  4. Principal

    Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes el escrito firmado por Víctor Inés Báez Gill, en su carácter de delegado de las autoridades responsables Presidente Municipal y Síndica Procuradora del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, con sede en esta ciudad, mediante el cual solicita se le otorgue prórroga para dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo en el presente juicio. Ahora bien, como lo solicita el promovente, con apoyo en el artículo 192 párrafo cuarto de la Ley de Amparo, se le concede una prórroga de diez días, contados a partir de la notificación del presente proveído, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Es aplicable, por identidad jurídica, la Jurisprudencia de la Décima Época, con registro 2006184, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 926, del Tomo I, Libro 5, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Abril de 2014, Materia(s): Común, número de Tesis: 2a./J. 33/2014 (10a.), cuyo contenido es: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESTÁN FACULTADOS PARA AMPLIAR EL PLAZO OTORGADO PARA TAL FIN (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Tratándose del juicio de amparo indirecto, para garantizar que las autoridades responsables tengan el tiempo suficiente para analizar y materializar debidamente los alcances de las sentencias concesorias, esto es, sin excesos ni defectos, conforme al artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, el diverso numeral 193, párrafo tercero, de la propia ley, instituye una atribución para aquellos casos en los que las autoridades demuestren que la ejecutoria está en vías de cumplimiento, o bien justifiquen la causa del retraso, supuestos en los cuales podrá ampliarse cualquiera de los plazos inicialmente otorgados por una sola vez. Ahora, si bien dicha disposición está dirigida a normar la actuación de los Jueces de Distrito y de los Tribunales Unitarios de Circuito, nada impide que los Tribunales Colegiados de Circuito, con la misma finalidad de asegurar un cumplimiento efectivo de sus sentencias, también gocen de la facultad para prorrogar discrecionalmente los plazos que de inicio hubiesen otorgado para ello, sobre todo porque es un hecho notorio la frecuencia con la que se dictan ejecutorias en los juicios de amparo directo en las que la variedad y complejidad de las pretensiones planteadas en el juicio natural exigen de los tribunales comunes un análisis de fondo acucioso, cuyo tiempo de estudio difícilmente puede programarse a priori, sin el riesgo de incurrir en una previsión insuficiente para acatar con exhaustividad y profesionalismo la protección constitucional obtenida, ya que la premura con la que éstos deben actuar tampoco puede ni debe restar calidad al cumplimiento. Menos aún resulta factible prever con precisión el tiempo en que podría llevarse a cabo la reparación integral de las diversas violaciones procesales que, en muchos casos, son la fuente de la concesión del amparo, pues algunas de ellas se realizan en más de una sola diligencia, y tratándose de la restitución en el goce de la oportunidad defensiva, por lo común se requiere de fases de preparación y desahogo de pruebas, que suelen enfrentar vicisitudes procesales imprevistas que retrasan de manera justificada el procedimiento. En consecuencia, con el fin de robustecer no sólo el oportuno cumplimiento de las sentencias estimatorias, sino también su observancia puntual en forma reflexiva y, en su caso, procesalmente completa y satisfactoria de los intereses de las partes, debe admitirse que los Tribunales Colegiados de Circuito están facultados para extender con prudencia el plazo del cumplimiento conforme lo exijan las circunstancias propias de cada asunto y en correspondencia a esa discrecionalidad, dar respuesta fundada y motivada a las peticiones que en tal sentido les formulen las autoridades responsables, antes de declarar que han incurrido en desacato.".

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