Rafael Antonio Benitez Hernández

Expediente 391/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
391/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
10/08/2022

Partes del expediente

  • Rafael Antonio Benitez Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, diez de agosto de dos mil veintidós. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Téngase recibido el escrito de la parte quejosa, por medio del cual, solicita le sean devueltos los documentos que anexó a su escrito de demanda, por las razones que en el mismo expone. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2°, devuélvanse los documentos que refiere el ocursante en su escrito de cuenta, previa copia certificada y recibo que de los mismos se deje en autos, asimismo se le autoriza para que los reciba, así como a las diversas personas que señala en virtud de que así lo solicitó. Por ende, se precisa que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, deberá generar la cita correspondiente en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales", donde se localiza el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles de este Juzgado Federal, a efecto de que se le otorgue un código QR que le permitirá ingresar a este órgano jurisdiccional, en un horario de las ocho horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos de lunes a viernes, a fin de que acuda a solicitar la devolución de los documentos que refiere en el ocurso que se provee. En la inteligencia que, debido al límite máximo de la duración de la cita (25 minutos), así como al esquema de trabajo establecido en el Acuerdo General 21/2020, que limita la presencia física y el horario del personal de este Juzgado Federal, la entrega de las mismas se efectuara en una fecha posterior, en virtud de que primero se tiene que realizar el fotocopiado de dichas documentales para dejar constancia en el expediente, previa comunicación que entable con el secretario de acuerdos, al número de teléfono y/o correo electrónico que para el efecto se encuentra en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" apartado "consulta de directorio de los órganos jurisdiccionales" del citado Portal de Servicios en Línea. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, y atento al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que el artículo 98 de la Ley de Amparo, establece para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de diez de mayo de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se dictó un auto en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE. Previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción, y la fecha de archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del indicado Acuerdo General. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, diez de mayo de dos mil veintidós. IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES Y REGISTRO. Vista la demanda de amparo promovida por Antonio Agripino Zúñiga Verastegui, en su carácter de apoderado de Rafael Antonio Benítez Hernández, personalidad que se le tiene reconocida en términos del artículo 11 de la Ley de amparo, al tenor de la documental que acompaña, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial con residencia en Cárdenas, San Luis Potosí, por trasgresión que estima de los artículos 1, 14, 16 y 17, Constitucionales. Regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 391/2022-IV. RESGUARDO DE IDENTIDAD DE MENOR. Se informa a las partes que los menores de iniciales D. y J.G. de apellidos B.G., se les considera de identidad protegida en los presentes autos, en la inteligencia que tanto la identidad como los datos personales de los menores deben permanecer reservados en aras de proteger el resguardo de su intimidad, tal y como se previene en los artículos 76, 79, 83, fracción XIII y 86, fracción IV, todos de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, cuya observancia es obligatoria para todo el territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la invocada ley, en concordancia con lo previsto en la Ley de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí, en su preceptos 68, 75, fracción XIII y 78, fracción IV. Por ende, obténgase copia del ocurso de demanda que se provee, suprímanse los datos de identificación de los menores y déjese como original en el juicio de amparo que nos ocupa, en la inteligencia de que la demanda original será resguardada en el sigilo de la Secretaría como anexo uno. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de garantías que se recibe, de la que se advierte, de la que se advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia que se deriva de lo previsto en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en los que se dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". El segundo precepto transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones dictadas por un tribunal judicial, en los casos en los que la ley ordinaria conceda un recurso o medio de defensa, a través del cual el acto reclamado sea susceptible de ser nulificado, revocado o modificado. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Así, los recursos ordinarios son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses, es posible controvertirlo por medio del juicio de amparo. Bajo ese orden de ideas, previo a instar el presente juicio constitucional, la parte quejosa debió agotar contra la resolución que reclama, el recurso de queja previsto en el artículo 971, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí. En efecto, en los artículos 971, fracción III, 974 Bis y 974 Ter del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí, se dispone: "Artículo 971.- El recurso de queja procederá: (.) III.- Contra la resolución que niegue admitir una apelación; (.)" "Artículo 974 BIS.- La resolución del recurso a que se refiere este capítulo se fundará en derecho, y examinará todos y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la facultad de invocar hechos notorios; a menos que uno de ellos resulte fundado, deberá examinarlos todos antes de entrar al análisis de los que se planteen sobre violación de requisitos formales o vicios del procedimiento. La autoridad podrá corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos que se consideren violados, y examinar en su conjunto los agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el recurso. Igualmente podrá revocar los actos recurridos cuando advierta una ilegalidad manifiesta y los agravios sean insuficientes, pero deberá fundar cuidadosamente los motivos por los que consideró ilegal el acto y precisar el alcance de su resolución. No se podrán revocar o modificar los actos reclamados en la parte no impugnada por el recurrente. La resolución expresará con claridad los actos que se modifiquen y, si la modificación es parcial, se indicará la parte correspondiente de manera clara y precisa." "Artículo 974 TER.- La resolución que ponga fin al recurso podrá: I. Desecharlo por improcedente; tenerlo por no interpuesto; o sobreseerlo, en su caso; II. Confirmar el acto impugnado; III. Mandar reponer el procedimiento o que se emita una nueva resolución; IV. Dejar sin efectos el acto recurrido, o V. Modificar el acto recurrido, o dictar uno nuevo que lo sustituya, cuando el recurso interpuesto sea total o parcialmente resuelto a favor del recurrente." De los numerales transcritos, se obtiene que procede en recurso de queja en contra de la inadmisión de la apelación, y que la resolución que ponga fin al recurso podrá ser en el sentido de desecharlo, tenerlo por no interpuesto o sobreseerlo; confirmar el acto impugnado, reponer el procedimiento o que se emita una nueva resolución, dejar sin efecto el acto recurrido, modificar el acto recurrido o dictar uno nuevo que lo substituya. En la especie, del contenido de la demanda de garantías promovida por la parte quejosa, se advierte que reclama como acto destacado el acuerdo dictado el once de abril de dos mil veintidós, en los autos del juicio 442/2019, que inició en su contra Rosalva Garay Chavarría por el divorcio incausado y otras prestaciones, en el que, según lo narrado por la parte impetrante bajo protesta de decir verdad, se advierte que el treinta de septiembre de dos mil veinte, fue emplazado a través de carta rogatoria, el ocho de noviembre de ulterior produjo su contestación mediante escrito presentado ante la responsable, el cual se reservó proveer hasta en tanto fuera devuelta la carta rogatoria 16/2020 a fin de efectuar el computo correspondiente del término concedido para dar contestación a la demanda. Que luego, el cuatro de noviembre de dos mil veinte, compareció la actora de aquel juicio a desistirse de la acción de divorcio y demás prestaciones reclamadas, por lo que, previa ratificación de ello, en auto de seis de enero de dos mil veintiuno se le tuvo por desistida de la acción. Posteriormente, el veintinueve de abril de dos mil veintiuno se proveyó la llegada de la carta rogatoria 16/2020, debidamente diligenciada, por lo cual, el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, la parte quejosa solicitó se acordara la contestación de demanda que realizó, petición a la cual recayó el auto de veintiocho de marzo de la presente anualidad en el que la potestad responsable no proveyó de conformidad lo solicitado, atendiendo al desistimiento de la parte actora de la demanda y de la acción. Que en contra del referido auto de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, interpuso recurso de apelación mediante escrito de cinco de abril de la misma anualidad, mismo que la responsable determinó no admitir en acuerdo de once de abril de dos mil veintidós. Acuerdo éste último que constituye el acto reclamado. Con lo anterior, se pone de manifiesto que en contra de la determinación dictada el once de abril de dos mil veintidós, es procedente y obligatorio para la parte promovente, previo a ejercer la presente vía de amparo indirecto, en cumplimiento al principio de definitividad que lo rige, interponer el recurso de queja previsto en el citado numeral 971, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí, al tratarse de un acuerdo en el que se negó a dar trámite al recurso de apelación que planteó; medio de impugnación el cual, tiene por objeto modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, conforme con lo dispuesto en el citado artículo 974 Ter del citado ordenamiento procesal. En tales condiciones, al no haberse agotado el recurso de queja de que se trata, trae como consecuencia, que se actualice la causa de improcedencia que se prevé en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Sin que en el caso, el acto reclamado se encuentre en los supuestos de excepción que refiere la normativa, a saber, el acto reclamado, no constituye un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco consisten en orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; ni éste es tercero extraño al controvertido de origen; aunado a lo anterior de que dicho recurso es claro en su interpretación para la interposición. En mérito de lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de garantías origen de este asunto. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la mencionada ley, a Cecilia Hernández Martínez y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los presentes autos a María Isabel Loredo Reynaga, toda vez que no tiene su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, que la autorice a ejercer la profesión de abogado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que, de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN. Con fundamento en el artículo 3o de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Notifíquese y personalmente.

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