Prisco Gutiérrez Esquivel
Expediente 458/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 61 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 458/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 61
- Última actuación
- 29/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Prisco Gutiérrez Esquivel
- Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en esta ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 61.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2o, únicamente agréguese para que obre como corresponda, el oficio de cuenta signado por la actuaria judicial del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito, a través del cual, en lo que interesa informa que se admitió a trámite la demanda de amparo promovida .... por conducto de su apoderado .... de lo que queda enterado este órgano jurisdiccional. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Aceptó competencia. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, téngase recibido y agréguese a los presentes autos para los efectos legales a que hubiere lugar el oficio que remite la actuaria judicial del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito, a través del cual acusa recibo de la misiva 1392/2023 y anexos, asimismo informa que el referido órgano constitucional aceptó la competencia declinada por este Juzgado, y se avocó al conocimiento del asunto, mismo que radicó bajo el número de amparo directo laboral ********************. Archivo y anotaciones en el libro de gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental cuaderno principal. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, una vez transcurrido el plazo de tres años a que refiere dicho punto, destrúyase este expediente, dado que no existen documentos originales y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. Cuaderno incidental original. Por otra parte, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo, el original del cuaderno incidental es depurable, en virtud de que cuenta con valor jurídico al haberse concedido la suspensión provisional y definitiva y dado que no existen documentos originales, remítase físicamente al archivo de este Juzgado junto con el expediente principal. Transcurrido el plazo de tres años que se establece en el penúltimo párrafo del referido artículo 18, este órgano jurisdiccional procederá a la depuración del citado expediente, conservando las constancias relativas que sirvieron de base para conceder la medida cautelar. Cuaderno incidental duplicado. Por lo que respecta al duplicado del cuaderno incidental procédase a su destrucción dentro del plazo de seis meses, en términos de lo previsto en los artículos 20, fracción II, inciso a) y 24 del indicado Acuerdo. Consecuentemente, anótese en la carátula que este expediente y en el duplicado del incidente de suspensión que son destruibles; en el original del incidente que es depurable y la fecha en que se ordena el archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese. Lo proveyó y firma Marcela Guadalupe Castro Núñez, Jueza Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, ante Itzel Aguilar Hernández, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, nueve de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guarda el juicio en que se actúa, se advierte que mediante proveído de veintiuno de diciembre del dos mil veintidós, se reservó proveer acerca de la razón asentada por la Actuaria de la adscripción, respecto de la imposibilidad de notificar en forma personal al tercero interesado ************** lo anterior hasta en tanto se dictara la sentencia correspondiente, cuestión que ya aconteció. Ahora, de la certificación que antecede que ha transcurrido el plazo otorgado para que la moral tercero interesada C**************señalara domicilio para oír y recibir notificaciones ante este Juzgado Federal, sin que lo hubiera hecho; en tal virtud, háganse las notificaciones ordenadas en autos, por lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional. Finalmente, como esta ordenado en proveído de diecinueve de diciembre del dos mil veintidós, glósese el cuaderno de antecedentes a los presentes autos; a fin de que sean remitidos al Tribunal que conocerá del presente asunto, con motivo de la incompetencia planteada por este Juzgado. Notifíquese.
- Principal
SENTENCIA VISTOS para resolver, los autos del juicio de amparo 458/2021-II-I, promovido por ********************apoderado legal de ********************, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. ********************apoderado legal de ********************, mediante escrito presentado el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad, remitido al día siguiente a este órgano jurisdiccional, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por los actos que a continuación se precisan: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- H. JUNTA ESPECIAL No. 1 DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO, ente que tiene su domicilio oficial ampliamente conocido en esta Ciudad. IV.- ACTOS RECLAMADOS.- La resolución de fecha 9 nueve de Julio del 2021 dos mil veintiuno, mediante la cual Declara al INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL como beneficiario de los derechos laborales que están en litigio, conforme lo dispone la fracción V, del artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo; y DECRETA EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO PRINCIPAL, ordenada en la audiencia de fecha 6 seis de Septiembre del 2018 dos mil dieciocho, y fija las 08:30 ocho horas con treinta minutos del día 4 cuatro de Agosto del 2021 dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DE DEMANDA Y EXCEPCIONES, PRUEBAS Y RESOLUCIÓN." SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Previa aclaración, por acuerdo de cinco de octubre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, se solicitó el informe con justificación a la autoridad señalada como responsable, se dio la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Seguidos los trámites de ley, se llevó a cabo la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede. TERCERO. Adscripción de Jueza. En auto de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, se hizo del conocimiento de las partes en este juicio, que mediante oficio ********************, de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó la adscripción de la suscrita juzgadora a este órgano constitucional, con efectos a partir del dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. CONSIDERANDO: ÚNICO. Incompetencia en razón de grado. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, resulta legalmente incompetente, en razón de grado, para conocer del presente juicio de amparo. Se afirma lo anterior, por los motivos expuestos a continuación. Consideraciones generales sobre amparo directo. En primer término, resulta pertinente precisar el contenido de los artículos 170, fracción I, y 176, de la Ley de Amparo, así como 38, fracción I, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control;. Artículo 176. La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes. La presentación de la demanda ante autoridad distinta de la responsable no interrumpe los plazos que para su promoción establece esta Ley. Artículo 38. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: .d) En materia laboral, de laudos o resoluciones dictadas por juntas o tribunales federales o locales." Por su parte, el artículo 47 de la Ley de Amparo, señala lo siguiente: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante una jueza o un juez de distrito o ante un tribunal colegiado de apelación, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. La presidenta o el presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará a la quejosa o al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que, en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre juezas o jueces de distrito o tribunales colegiados de apelación. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, la jueza o el juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta, en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." De la transcripción de los artículos anteriores, se advierte que el juicio de amparo, en la vía directa, procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio; entendiéndose por sentencias definitivas o laudos aquellas que lo decidan en lo principal, y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido; así como que la demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable. Asimismo, se desprende que en caso de que la competencia del tribunal colegiado de circuito se desprende del informe justificado de la responsable, el juez de distrito se declarará incompetente y remitirá los autos al tribunal que estime competente. Acto reclamado. Ahora, del análisis de la demanda de amparo y de las constancias que integran el presente juicio se advierte que el acto reclamado consiste en: La resolución de nueve de julio de dos mil veintiuno, dictada por la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, dentro del expediente ********************, a través de la que se declaró que el Instituto Mexicano del Seguro Social es el que tiene derecho a recibir la indemnización que pudiera cuantificarse con motivo del referido juicio, en términos del artículo 501, fracción V, de la Ley Federal del Trabajo y se ordenó levantar la suspensión del procedimiento en lo principal, fijando fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución. Naturaleza de la resolución que resuelve la declaración de beneficiarios. Precisada la resolución aquí combatida, se considera necesario analizar la naturaleza que tiene dicha determinación mediante la que se realizó la declaración de beneficiario. Los artículos 115, 501, 503, 892, 893, 894, 895, 896 y 898 de la Ley Federal del Trabajo, aplicable al caso de estudio, disponen lo siguiente: "Artículo 115. Los beneficiarios del trabajador fallecido tendrán derecho a percibir las prestaciones e indemnizaciones pendientes de cubrirse, ejercitar las acciones y continuar los juicios, sin necesidad de juicio sucesorio. Artículo 501. Tendrán derecho a recibir indemnización en los casos de muerte o desaparición derivada de un acto delincuencial: I. La viuda, o el viudo que hubiese dependido económicamente de la trabajadora y que tenga una incapacidad de cincuenta por ciento o más, y los hijos menores de dieciséis años y los mayores de esta edad si tienen una incapacidad de cincuenta por ciento o más; II. Los ascendientes concurrirán con las personas mencionadas en la fracción anterior, a menos que se pruebe que no dependían económicamente del trabajador; III. A falta de cónyuge supérstite, concurrirá con las personas señaladas en las dos fracciones anteriores, la persona con quien el trabajador vivió como si fuera su cónyuge durante los cinco años que precedieron inmediatamente a su muerte, o con la que tuvo hijos, siempre que ambos hubieran permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. IV. A falta de cónyuge supérstite, hijos y ascendientes, las personas que dependían económicamente del trabajador concurrirán con la persona que reúna los requisitos señalados en la fracción anterior, en la proporción en que cada una dependía de él; y V. A falta de las personas mencionadas en las fracciones anteriores, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Artículo 503. Para el pago de la indemnización en los casos de muerte por riesgo de trabajo, se observarán las normas siguientes: I. El Inspector del Trabajo que reciba el aviso de la muerte o de la desaparición por actos delincuenciales, o la Junta de Conciliación y Arbitraje ante la que se reclame el pago de la indemnización, mandará practicar dentro de las veinticuatro horas siguientes una investigación encaminada a averiguar qué personas dependían económicamente del trabajador y ordenará se fije un aviso en lugar visible del establecimiento donde prestaba sus servicios, convocando a los beneficiarios para que comparezcan ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, dentro de un término de treinta días, a ejercitar sus derechos; II. Si la residencia del trabajador en el lugar de su muerte o cuando sucedió la desaparición por actos delincuenciales era menor de seis meses, se girará exhorto a la Junta de Conciliación y Arbitraje o al Inspector del Trabajo del lugar de la última residencia, a fin de que se practique la investigación y se fije el aviso mencionado en la fracción anterior; III. La Junta de Conciliación y Arbitraje o el inspector del Trabajo, independientemente del aviso a que se refiere la fracción I, podrán emplear los medios publicitarios que juzguen conveniente para convocar a los beneficiarios; IV. El Inspector del Trabajo, concluida la investigación, remitirá el expediente a la Junta de Conciliación y Arbitraje; V. Satisfechos los requisitos señalados en las fracciones que anteceden y comprobada la naturaleza del riesgo, la Junta de Conciliación y Arbitraje, con audiencia de las partes, dictará resolución, determinando qué personas tienen derecho a la indemnización; VI. La Junta de Conciliación y Arbitraje apreciará la relación de esposo, esposa, hijos y ascendientes, sin sujetarse a las pruebas legales que acrediten el matrimonio o parentesco, pero no podrá dejar de reconocer lo asentado en las actas del Registro Civil; y VII. El pago hecho en cumplimiento de la resolución de la Junta de Conciliación y Arbitraje libera al patrón de responsabilidad. Las personas que se presenten a deducir sus derechos con posterioridad a la fecha en que se hubiese verificado el pago, sólo podrán deducir su acción en contra de los beneficiarios que lo recibieron. Artículo 892. Las disposiciones de este Capítulo rigen la tramitación de los conflictos que se susciten con motivo de la aplicación de los artículos 5o. fracción III; 28, fracción III; 151; 153, fracción X; 158; 162; 204, fracción IX; 209, fracción V; 210; 236, fracciones II y III; 389; 418; 425, fracción IV; 427 fracciones I, II y VI; 434, fracciones I, III y V; 439; 503 y 505 de esta Ley y los conflictos que tengan por objeto el cobro de prestaciones que no excedan del importe de tres meses de salarios. Artículo 893. El procedimiento se iniciará con la presentación del escrito de demanda, en el cual el actor podrá ofrecer sus pruebas ante la Junta competente, la cual con diez días de anticipación, citará a una audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, la que deberá efectuarse dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que se haya presentado la demanda o al concluir las investigaciones a que se refiere el artículo 503 de esta Ley. Artículo 894. La Junta, al citar al demandando, lo apercibirá que de no concurrir a la audiencia a que se refiere el artículo siguiente, dará por admitidas las peticiones de la parte actora, salvo que sean contrarias a lo dispuesto por la Ley. Artículo 895. La audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, se celebrará de conformidad con las normas siguientes: I. La Junta procurará avenir a las partes, de conformidad con las fracciones I y II del artículo 876 de esta Ley; II. De no ser posible lo anterior, cada una de las partes expondrá lo que juzgue conveniente, formulará sus peticiones y ofrecerá y rendirá las pruebas que hayan sido admitidas; III. Si se ofrece el recuento de los trabajadores, se observarán las disposiciones contenidas en el artículo 931 de esta Ley; y IV. Concluida la recepción de las pruebas, la Junta oirá los alegatos y dictará resolución. Artículo 896. Si no concurre el actor o promovente a la audiencia, se tendrá por reproducido su escrito o comparecencia inicial, y en su caso, por ofrecidas las pruebas que hubiere acompañado. Si se trata de la aplicación del artículo 503 de esta Ley, la Junta, dictará su resolución tomando en cuenta los alegatos y pruebas aportadas por las personas que ejercitaron derechos derivados de las prestaciones que generó el trabajador fallecido. Cuando se controvierta el derecho de los presuntos beneficiarios, se suspenderá la audiencia y se señalará su reanudación dentro de los quince días siguientes, a fin de que las partes puedan ofrecer y aportar las pruebas relacionadas con los puntos controvertidos. Si no concurren las demás partes, se hará efectivo el apercibimiento a que se refiere el artículo 894 de esta Ley. Artículo 898. La Junta, para los efectos del artículo 503 de esta Ley, solicitará al patrón le proporcione los nombres y domicilios de los beneficiarios registrados ante él y en las instituciones oficiales; podrá además ordenar la práctica de cualquier diligencia, o emplear los medios de comunicación que estime pertinente, para convocar a todas las personas que dependían económicamente del trabajador fallecido a ejercer sus derechos ante la Junta." Del estudio de los citados dispositivos legales se sigue que los beneficiarios del trabajador fallecido tendrán derecho a percibir las prestaciones e indemnizaciones pendientes de cubrirse, ejercitar las acciones y continuar los juicios sin necesidad de juicio sucesorio; que las personas que tienen derecho a recibir el resarcimiento económico a que se refiere el numeral 500 de la Ley Federal del Trabajo se encuentran señaladas en el ordinal 501 de tal ordenamiento legal, entre ellas, el Instituto Mexicano del Seguro Social; para el pago de dicho desagravio, el artículo 503 de la invocada normatividad establece un procedimiento a fin de determinar quién o quiénes y en qué proporción, en su caso, tienen derecho al pago de la compensación económica por la muerte del trabajador; en tanto que los numerales del 892 al 896 y 898 de la aludida legislación laboral, prevén la forma en la que deberá sustanciarse el citado procedimiento especial para la designación de beneficiarios del trabajador fallecido. Respecto al procedimiento especial de declaración de beneficiarios a que se refiere el artículo 892, en relación con el 503 de la Ley Federal del Trabajo, aplicable al caso de estudio, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 237/2016, determinó, en lo que aquí interesa, lo siguiente: Del artículo 892 de la Ley Federal del Trabajo se desprende que el procedimiento que tiene por objeto resolver la declaración de beneficiarios, a que hace referencia el artículo 503, fue contemplado por el legislador, no como procedimiento ordinario, sino como procedimiento especial. El procedimiento previsto en el ordinal 503 de la Ley Federal del Trabajo tiene un doble objetivo, a saber: i) determinar quién o quiénes y en qué proporción en su caso, tienen derecho al pago de la indemnización por la muerte del trabajador por riesgos de trabajo, esto es, si el cónyuge, hijos, ascendientes, concubino, dependientes económicos o Instituto Mexicano del Seguro Social; y, ii) liberar al patrón de responsabilidad hecho el pago en cumplimiento de la resolución de la Junta, pues las personas que se presenten a deducir sus derechos con posterioridad a la fecha en que se hubiese verificado el pago, sólo podrán deducir su acción en contra de los beneficiarios que lo recibieron. El citado procedimiento se contrae a: 1) publicar una convocatoria para que todas aquellas personas que se consideren con derecho a la indemnización, se presenten a deducirlo ante la Junta; 2) El término para esta presentación será de treinta días, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria; 3) los interesados acreditarán su calidad de beneficiarios; 4) la Junta ordenará abrir una investigación destinada a averiguar qué personas dependían económicamente del trabajador fallecido, para lo cual fijará un aviso en lugar visible del centro de trabajo, en donde aquél haya prestado sus servicios, con indicación a todos los interesados sobre la forma en que deban comparecer y la documentación que deban presentar; 5) en la audiencia fijada el día y la hora señalados para los fines anteriores, hecha la revisión de las constancias exhibidas y aceptadas por la Junta, ese tribunal hará la declaración de las personas beneficiarias de la indemnización. Los numerales 893, 896 y 898 de la Ley Federal del Trabajo revelan que el procedimiento especial de declaración de beneficiarios, previsto en el artículo 503 de la Ley Federal del Trabajo, admite controversia entre partes, esto es, entre las convocadas como personas que estimen contar con derecho o mejor derecho en su caso, para ser declarados como beneficiarios del extinto trabajador. En tal virtud, si el aludido procedimiento admite la controversia entre partes, tiene la naturaleza de juicio, cuya finalidad consiste en declarar quién o quiénes y en qué proporción en su caso, habrán de suceder al trabajador fallecido en el pago de dos meses de salario por concepto de gastos funerarios, y cinco mil días de salario, entre las personas que consideran les asiste el derecho a ser declaradas como beneficiarias, a fin de liberar al patrón de responsabilidad. Las citadas reglas demuestran la configuración de un procedimiento que tiene la naturaleza de juicio, pues se da la oportunidad a las partes interesadas de oponerse al derecho de los presuntos beneficiarios, exhibir pruebas y formular alegatos, así como el eventual dictado de una resolución que resuelva el punto sujeto a discusión, estando obligada la Junta a reconocer lo asentado en las actas de Registro Civil que se le presenten. No pasa inadvertido que habrá casos en los que no comparezcan convocados a la audiencia y sea una sola persona la que solicite ser declarada como beneficiaria, sin embargo, ello no desvirtúa la naturaleza del procedimiento especial de declaración de beneficiario, previsto en el artículo 503 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, que se estableció para admitir controversia entre partes, ya que, en todos los casos, se investiga y convoca a quienes estimen tener derecho o mejor derecho para ser declarados como beneficiarios. Dicho procedimiento especial no participa de la naturaleza de incidente o acto prejudicial o preparatorio, toda vez que no se trata de una etapa accesoria o preliminar del procedimiento judicial, dado que el patrón, una vez declarado quién o quiénes tienen derecho al pago de la compensación económica por la muerte del trabajador, puede pagar la indemnización en forma voluntaria, sin que se desarrolle necesariamente una controversia entre éste y los beneficiarios. El procedimiento especial que tiene como objetivo declarar beneficiarios, aplica tanto para aquel evento en el que fallece el empleado por un riesgo de trabajo, como para aquellos casos en los que se encuentra pendiente: 1) cubrir prestaciones, 2) cubrir indemnizaciones, 3) ejercitar las acciones o 4) continuar los juicios; lo que, aparentemente, en los últimos tres casos, admitiría pensar que la declaratoria de beneficiarios tiene naturaleza incidental -si está pendiente continuar un juicio o cubrir una indemnización decretada- o acto prejudicial o preparatorio -si está pendiente ejercitar una acción-. Sin embargo, el procedimiento especial a que se ha hecho referencia, en realidad, sólo tiene como objetivo determinar quién o quiénes y en qué proporción, tienen derecho al pago de las prestaciones o indemnizaciones del trabajador fallecido, liberando al patrón de responsabilidad hecho el pago en cumplimiento de la resolución correspondiente de la Junta. Si bien la resolución que dirime dicho procedimiento especial puede llegar a ser útil para iniciar o continuar un juicio laboral, lo cierto es que su naturaleza no es la de un incidente, o acto prejudicial o preparatorio, pues el objetivo de su sustanciación es, simplemente determinar quién o quiénes y en qué proporción, tienen derecho al pago de las prestaciones o indemnizaciones del trabajador fallecido, a fin de liberar al patrón de responsabilidad en caso de pago en cumplimiento de la resolución correspondiente de la Junta. Corrobora que la resolución que dirime el procedimiento especial no tiene la naturaleza de incidente, ni acto prejudicial o preparatorio, el hecho de que, en caso de muerte por riesgos de trabajo o prestaciones pendientes de cubrir al trabajador, una vez declarado quién o quiénes y en qué proporción habrán de suceder al trabajador, no necesariamente se desarrollará una controversia entre patrón y beneficiarios, dado que aquél, puede pagar la indemnización o prestación en forma voluntaria sin juicio de por medio. Se concluye que la resolución que recae al procedimiento especial de declaración de beneficiario, no constituye una actuación dictada en juicio, fuera de juicio o después de concluido, sino tiene la naturaleza de laudo en términos de la fracción III del artículo 837 de la Ley Federal del Trabajo, al decidir un asunto en el que se dirime, exclusivamente, quién o quiénes de los convocados, y en qué proporción en su caso, cuentan con mejor derecho al pago de las prestaciones o indemnizaciones que el patrón debe cubrir. Del criterio jurisprudencial que derivó de la aludida contradicción de tesis se desprende que dicho Tribunal Constitucional concluyó que si el citado procedimiento especial de declaración de beneficiarios a que se refiere el artículo 892, en relación con el 503, ambos de la Ley Federal del Trabajo, se estableció para admitir una controversia entre partes, y no constituye una incidencia ni un acto prejudicial o preparatorio a juicio, la resolución que lo dirime no constituye una actuación dictada en juicio, fuera de juicio o después de concluido, sino que tiene la naturaleza de laudo, en términos de la fracción III del artículo 837 de la Ley Federal del Trabajo, consecuentemente, en su contra procede el juicio de amparo directo. Incompetencia para conocer en la vía indirecta del acto reclamado. Pues bien, de lo reseñado en apartados precedentes se concluye que la resolución aquí reclamada de nueve de julio de dos mil veintiuno, dictada por la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, dentro del expediente ********************, que determinó, entre otras cuestiones, declarar al Instituto Mexicano del Seguro Social como el que tendrá derecho a recibir la indemnización que pudiera cuantificarse con motivo del juicio de origen; tiene naturaleza de laudo, conforme a lo estipulado en el numeral 837, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo. Ello resulta ser así, pues la citada determinación combatida deriva del procedimiento especial instaurado en términos de los artículos 501, 502, 503, 892 a 896 y 898 de la citada legislación laboral, a fin de determinar quiénes son las personas que, en su caso, tendrán derecho a recibir el pago de las prestaciones reclamadas por el finado actor ********************, por resultarles el carácter de beneficiarias de sus derechos; y que, en el caso, concreto, la autoridad responsable determinó que el Instituto Mexicano del Seguro Social es el que tendrá derecho a recibir la indemnización que pudiera cuantificarse con motivo del juicio de origen. En tal virtud, si la referida resolución reclamada derivada del procedimiento especial de declaración de beneficiario no constituye una actuación dictada en juicio, fuera de juicio o después de concluido, sino que tiene la naturaleza de laudo; entonces con apoyo en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, debe reclamarse en la vía directa. No obsta a la anterior conclusión, la circunstancia de que la autoridad responsable, por acuerdo emitido el seis de septiembre de dos mil dieciocho, dentro del expediente laboral de origen, tramitó vía incidental la declaración de beneficiarios del finado trabajador. Esto, en razón de que, como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la aludida contradicción de tesis 237/2016, si bien tal resolución de declaración de beneficiarios puede resultar útil para continuar un juicio laboral, lo cierto es que su naturaleza no es la de un incidente (aun cuando la responsable así lo haya considerado en el caso concreto), sino de un juicio cuyo objetivo es determinar quién o quiénes y en qué proporción, tienen derecho al pago de las prestaciones o indemnizaciones del trabajador fallecido, a fin de liberar al patrón de responsabilidad en caso de pago en cumplimiento de la resolución correspondiente de la Junta. En ese orden de ideas, la competencia para conocer del juicio de amparo promovido contra la resolución ahora reclamada que, como se vio, constituye un laudo, corresponde a un Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito, en atención al artículo 107, fracciones V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el ordinal 47 de la Ley de Amparo; por ende, este juzgado se declara legalmente incompetente para conocer del presente asunto, debido a que tal acto reclamado no es susceptible de ser analizado a través de esta vía biinstancial. En consecuencia, se ordena remitir los presentes autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Noveno Circuito, para que por su conducto, turne el mismo al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo. Se solicita al Tribunal Colegiado que conozca del asunto, que de no existir inconveniente, informe si acepta la competencia declinada en esta resolución. Con fotocopia del presente juicio de amparo, fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 47, 170 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, es legalmente incompetente por razón de grado, para resolver el amparo indirecto 458/2021-II-I, promovido por ********************apoderado legal de ********************, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando único de esta sentencia. SEGUNDO. Remítanse los presentes autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Noveno Circuito, para que, por su conducto turne el mismo al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, solicitando, de no existir inconveniente legal, informe si acepta la competencia planteada. Notifíquese personalmente y cúmplase. Lo resolvió y firma Marcela Guadalupe Castro Núñez, Juez Quinto de Distrito en el Estado con residencia en Ciudad Valles, San Luis Potosí, hasta el día de hoy siete de febrero de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado, asistida de Itzel Aguilar Hernández, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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- Primitiva Hernández Ramos142/2016
- Prisciliano Hernández Hernández419/2018
- Prisco Esquivel Gutiérrez91/2019
- Proceso López Martínez147/2023
- Procurador General del Estado de San Luis Potosí y Otros.477/2018
- Rafael Andrade Vitela151/2016
- Rafael Antonio Benitez Hernández391/2022
- Rafael Arellano Guevara224/2020
- Rafael Arellano Guevara367/2016