Procurador General del Estado de San Luis Potosí y Otros.
Expediente 477/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 477/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Procurador General del Estado de San Luis Potosí y Otros.
- Procurador General del Estado de San Luis Potosí
- Abdias García Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo 477/2018-I-B, y atendiendo al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de queja en contra del proveído de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, dictado en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, aplicados los primeros de conformidad con el artículo 2, de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Por tanto, previo transcurso del plazo de cinco años que se establece en el primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo en comento, procédase a su destrucción. Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción y la fecha de archivo. Una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto Décimo Primero del Acuerdo en comento, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, catorce de diciembre de dos mil dieciocho. IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES Vista la demanda de amparo promovida por ....., contra actos del Procurador General del Estado de San Luis Potosí y otras autoridades, por trasgresión que estima de los artículos 14, 16 y 19 Constitucionales; regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 477/2018-I-B. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente de la demanda, de la que se advierte que la parte quejosa reclama la determinación de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, emitida en la carpeta de investigación ......., mediante la cual se revocó el no ejercicio de la acción penal. Analizada en su integridad la demanda de amparo que se plantea, se pone de manifiesto su notoria e indudable improcedencia por actualizarse en la especie, la causa que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XlV, en relación con el 17 y 18 todos de la Ley de Amparo. En efecto, el referido precepto legal, entre otras cosas, establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales como aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en la ley de la materia. Al respecto, en los citados numerales 17 y 18 de la ley de la materia, se dispone: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del texto de los numerales transcritos, se advierte que el término para promover el juicio de amparo es de quince días, contado desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; o desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En el caso, de la demanda de amparo se advierte que se reclama la determinación de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, emitida en la carpeta de investigación ......., mediante la cual se revocó el no ejercicio de la acción penal; resolución que de acuerdo con lo que expone en su demanda de garantías, se le notificó el dieciséis de octubre del año en curso. Ahora, si la demanda fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en la ciudad de San Luis Potosí, el trece de diciembre de dos mil dieciocho, según aparece del sello de recibo, es inconcuso que su presentación fue extemporánea, al haberse llevado a cabo fuera del término de quince días que se establece en el invocado artículo 17 de la Ley de Amparo, toda vez que de la fecha en que al quejoso se le notificó el acto que aquí se reclama, esto es, dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, se advierte que el plazo de quince días a que se refiere el citado numeral transcurrió de manera excesiva. En mérito de lo anterior, el acto de que se duele el peticionario del amparo en su demanda de amparo, se trata de consentido tácitamente, pues dada su inconformidad debió instar el juicio constitucional dentro del término que para tal efecto establece la Ley Reglamentaria y al no hacerlo así, se actualiza en la especie la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XlV, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, lo que obliga a desechar la demanda de que se trata, con apoyo además en el artículo 113 de la propia ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y como sus autorizados únicamente para oír notificaciones e imponerse de los presentes autos a la personas que menciona, toda vez que no tienen su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, que las autorice a ejercer la profesión de abogado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, en la inteligencia de que, conforme a su artículo transitorio segundo, hasta en tanto se dé cumplimiento a lo dispuesto en el primer párrafo del mismo, en lo que no se oponga, serán aplicables las disposiciones relativas de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis. De igual modo, en lo que se refiere a los datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva, en el entendido de que las partes tienen derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales. En esa tesitura, de acuerdo con lo establecido en los artículos 6 y 7 del Reglamento para la aplicación de la citada Ley, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro; 54, 55 y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígasele a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, en la inteligencia que será mediante la elaboración de una versión pública en la que deberán suprimirse los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista el auto de catorce de diciembre de dos mil dieciocho a la parte quejosa, que dice: "Ciudad Valles, San Luis Potosí, catorce de diciembre de dos mil dieciocho. IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES Vista la demanda de amparo promovida por ....., contra actos del Procurador General del Estado de San Luis Potosí y otras autoridades, por trasgresión que estima de los artículos 14, 16 y 19 Constitucionales; regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 477/2018-I-B. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente de la demanda, de la que se advierte que la parte quejosa reclama la determinación de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, emitida en la carpeta de investigación ......., mediante la cual se revocó el no ejercicio de la acción penal. Analizada en su integridad la demanda de amparo que se plantea, se pone de manifiesto su notoria e indudable improcedencia por actualizarse en la especie, la causa que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XlV, en relación con el 17 y 18 todos de la Ley de Amparo. En efecto, el referido precepto legal, entre otras cosas, establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales como aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en la ley de la materia. Al respecto, en los citados numerales 17 y 18 de la ley de la materia, se dispone: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del texto de los numerales transcritos, se advierte que el término para promover el juicio de amparo es de quince días, contado desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; o desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En el caso, de la demanda de amparo se advierte que se reclama la determinación de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, emitida en la carpeta de investigación ......., mediante la cual se revocó el no ejercicio de la acción penal; resolución que de acuerdo con lo que expone en su demanda de garantías, se le notificó el dieciséis de octubre del año en curso. Ahora, si la demanda fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en la ciudad de San Luis Potosí, el trece de diciembre de dos mil dieciocho, según aparece del sello de recibo, es inconcuso que su presentación fue extemporánea, al haberse llevado a cabo fuera del término de quince días que se establece en el invocado artículo 17 de la Ley de Amparo, toda vez que de la fecha en que al quejoso se le notificó el acto que aquí se reclama, esto es, dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, se advierte que el plazo de quince días a que se refiere el citado numeral transcurrió de manera excesiva. En mérito de lo anterior, el acto de que se duele el peticionario del amparo en su demanda de amparo, se trata de consentido tácitamente, pues dada su inconformidad debió instar el juicio constitucional dentro del término que para tal efecto establece la Ley Reglamentaria y al no hacerlo así, se actualiza en la especie la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XlV, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, lo que obliga a desechar la demanda de que se trata, con apoyo además en el artículo 113 de la propia ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y como sus autorizados únicamente para oír notificaciones e imponerse de los presentes autos a la personas que menciona, toda vez que no tienen su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, que las autorice a ejercer la profesión de abogado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, en la inteligencia de que, conforme a su artículo transitorio segundo, hasta en tanto se dé cumplimiento a lo dispuesto en el primer párrafo del mismo, en lo que no se oponga, serán aplicables las disposiciones relativas de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis. De igual modo, en lo que se refiere a los datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva, en el entendido de que las partes tienen derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales. En esa tesitura, de acuerdo con lo establecido en los artículos 6 y 7 del Reglamento para la aplicación de la citada Ley, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro; 54, 55 y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígasele a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, en la inteligencia que será mediante la elaboración de una versión pública en la que deberán suprimirse los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa."
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