Rafael Alonso Espinoza Casarrubias
Expediente 758/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 758/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 17/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Rafael Alonso Espinoza Casarrubias
- Delegado Estatal En Guerrero del Instituto de Seguridad Y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Con Residencia En Esta Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Acapulco, Guerrero; diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo número 758/2016; y RESULTANDO PRIMERO. Por escrito recibido el veintidós de julio de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, remitido al día siguiente por razón de turno a este Juzgado Octavo, Rafael Alfonso Espinoza Casarrubias, por su propio derecho, presentó demanda de amparo contra las autoridades y por el acto que enseguida se menciona: AUTORIDADES RESPONSABLES Delegado Estatal en Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En esta ciudad. Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Residente en México, Distrito Federal. ACTOS RECLAMADOS: "a) Del C. DELEGADO ESTATAL EN GUERRERO DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, se le reclama la reiterada dilación, así como la falta de contestación a la solicitud que se le formulara por escrito ante dicha autoridad responsable presentado por Oficialía de Partes el día veinticuatro de junio de dos mil dieciséis. b) Del C. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, se le reclama la reiterada, así como la falta de contestación a la solicitud que se le formulara por escrito ante dicha autoridad responsable presentado por Oficialía de Partes el día nueve de junio de dos mil dieciséis". SEGUNDO. Por acuerdo de veinticinco de julio de dos mil dieciséis, se registró en el libro de gobierno respectivo la demanda de amparo con el número 758/2016 y se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede, y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama una omisión atribuida a autoridades administrativas. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama del: 1. Delegado Estatal en Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad. La omisión de dar contestación a la petición formulada en escrito presentado el veinticuatro de junio de dos mil dieciséis. 2. Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en México, Distrito Federal. La falta de contestación a la solicitud escrita exhibida ante la oficialía de partes el nueve de junio del año en curso. TERCERO. SON CIERTOS los actos reclamados al Delegado Estatal en Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad y al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en México, Distrito Federal, pese a la negativa que de ellos hicieron al rendir su informe con justificación, pues realizaron manifestaciones que evidencian su existencia. Máxime que el quejoso exhibió adjunto a su demanda, el acuse de los ocursos dirigidos a las citadas responsables; documento el sello de su recepción al cual se concede valor probatorio pleno de acuerdo a lo establecido en los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2. CUARTO. Una vez verificada la certeza del acto reclamado, previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 en relación con el diverso 64, ambos de la Ley de Amparo. En ese sentido, este juzgador oficiosamente advierte que en el presente caso se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II , ambos de la propia ley de la materia, éste último aplicado a contrario sensu, en atención a las siguientes consideraciones. El argumento de la parte quejosa para acudir a la presente instancia constitucional, se basa esencialmente en el hecho de que las autoridades transgredieron en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 8º Constitucional, puesto que no han dado respuesta a las solicitudes que por escrito les presentó. Así las cosas, del contenido de dichos ocursos y de las documentales remitidas por el Delegado responsable; estas últimas a las cuales dada su naturaleza de públicos, se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles; se advierte que las solicitudes elevadas están encaminadas a lograr el cumplimiento del laudo dictado en el juicio laboral 1260/2011, promovido por el quejoso en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Sin embargo, no puede soslayarse el hecho de que en aquél sumario el uno de agosto del año en curso, tuvo verificativo una diligencia en la cual el apoderado legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a efecto de dar cumplimiento al laudo, exhibió el cheque 0000146 de veintinueve de julio pasado, con cargo a la Institución Bancaria Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, por la cantidad de $218,294.48 (doscientos dieciocho mil doscientos noventa y cuatro pesos 48/100 moneda nacional), el cual aceptó de conformidad el quejoso por concepto de pago parcial al laudo dictado en el expediente laboral de referencia. Bajo ese contexto, partiéndose de la base que el juicio de amparo siempre debe tener una finalidad práctica, pues de otro modo no podría materializarse lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo; es inconcuso que a ningún fin práctico conduciría otorgar la protección de la justicia federal para el efecto sería vincular a que las responsables respetaran el derecho de petición del particular, materializado en la emisión de un acuerdo escrito y su notificación; y si bien es cierto en el caso aún no se da respuesta a lo peticionado por el quejoso, también lo es que, lo pretendido por éste se hizo tangible al darse cumplimiento al laudo en los términos propuestos por el apoderado legal del Instituto. Esto último, máxime que el artículo 8º Constitucional, establece que es obligación de toda autoridad respetar el derecho de petición de los particulares, de manera que una vez ejercido éste, el órgano del Estado a quien la petición vaya dirigida debe asumir precisamente dos conductas concretas, que son: a) emitir un acuerdo escrito; y b) darlo a conocer en breve término al peticionario; sin que para ello, se requiera que la respuesta emitida deba ser favorable a sus intereses. Lo anterior, pone de manifiesto que en este asunto opera la causal de improcedencia que resulta al relacionar el artículo 77, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Federal, en su interpretación a contrario imperio, con la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que -se insiste-, a ningún fin práctico conduciría otorgar la protección de la justicia federal que se solicita, y por ende, con fundamento en el arábigo 74 del mismo ordenamiento legal se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio a su respecto. Cobra actualidad sobre el particular la jurisprudencia número P./J 90/97, emitida por el Peno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Diciembre de mil novecientos noventa y siete, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente . Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 758/2016. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, quien actúa asistido de Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
... se tiene por rendido el informe justificado del Subdirector de lo Contencioso en suplencia por ausencia del Director Jurídico, quien actúa en representación del Director General como Titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en la Ciudad de México, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Asimismo, en términos del numeral 9 de la ley reglamentaria, se tienen como delegados de su parte a las personas que designa y por señalado el domicilio
- Principal
Acapulco, Guerrero, veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que no se cuenta con el informe justificado del Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ni con el acuse de recibo del oficio 20286, por medio del cual se le requirió; por tanto, requiérase por vía telegráfica a la aludida autoridad responsable, para que de no existir inconveniente alguno, se sirva informar por la misma vía, si recibió el oficio antes referido, y de ser así indique la fecha de su recepción, y en caso de no haber rendido su informe justificado lo haga por el mismo conducto, en la inteligencia de que el acto que le reclama el quejoso consiste en la falta de contestación a la solicitud formulada por escrito presentado ante su oficialía de partes el nueve del junio del año en curso. Para dar margen a lo anterior, la audiencia programada para el día de hoy, según se advierte de la certificación de cuenta se difiere para las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. Notifíquese.
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