Rafael Aguirre Díaz
Expediente 1203/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 26 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1203/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 03/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Rafael Aguirre Díaz
- Administradora Local Desconcentrada de Recaudación de Guerrero "1", del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda Y Crédito Público
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Acapulco, Guerrero; tres de mayo de dos mil diecinueve. Visto el escrito de cuenta signado por el quejoso Rafael Aguirre Díaz; en atención a su contenido, no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, en virtud de que en proveído de veintitrés de junio de dos mil diecisiete, se dejaron a su disposición los documentos que anexó a su escrito de demanda, y con fecha veintiséis de junio de la misma anualidad, le fueron devueltos por conducto de su autorizado Arquímedes Neri Pacheco. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero, a veintitrés de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y en igual termino es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y resolución en las cuales se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Finalmente, de autos se aprecia que la parte quejosa adjuntó a su escrito inicial de demanda diversas documentales; en tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo primero último párrafo último del capítulo tercero del acuerdo antes citado, se dejan a su disposición para que dentro del lapso de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerlos, previa identificación con credencial de validez oficial que contenga su fotografía, apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo indicado, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
VISTOS para pronunciar sentencia en los autos del juicio de amparo número 1203/2016. R E S U L T A N D O : PRIMERO.- Por escrito recibido el dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo, Rafael Aguirre Díaz, por su propio derecho, presentó demanda de garantías contra las autoridades y por los actos que enseguida se mencionan: AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. Administradora Desconcentrada de Recaudación de Guerrero "1", del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 2.- Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio ACTO RECLAMADO: "Reclamo de las autoridades responsable en el presente juicio de Garantías, los siguientes actos: a).- La emisión de la inconstitucionalidad e ilegal orden de embargo, sobre el inmueble y predio denominado "Piedra del Tigre, Municipio de Ometepec, Guerrero, inscrito en el folio registral electrónico 1502, del Distrito Judicial de Abasolo, a nombre del quejoso". SEGUNDO.- Por acuerdo de diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de amparo, registrada en el libro de gobierno respectivo con el número 1203/2016; se solicitó de las autoridades responsables rindieran su informe justificado; se dio la intervención que legalmente le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO.- Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII, de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclaman actos emanados dentro del procedimiento administrativo de ejecución, efectuados por autoridad hacendaria que tiene su residencia en la jurisdicción territorial de este Juzgado de Distrito, y que puede tener sobre las personas una ejecución de imposible reparación. SEGUNDO.- Precisión del acto. En atención a los lineamientos que para el dictado de las sentencias de amparo establece el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa, reclama: La orden de embargo sobre el inmueble y predio denominado "Piedra del Tigre", ubicado en el municipio de Ometepec, Guerrero, inscrito en el folio registral electrónico 1502 del Distrito Judicial de Abasolo que refiere el quejoso es de su propiedad. TERCERO.- Oportunidad. La quejosa bajo protesta de decir verdad en su demanda de amparo manifestó que tuvo conocimiento de los actos reclamados el catorce de diciembre de dos mil dieciséis, sin que de autos se advierta diversa fecha de conocimiento; en ese sentido, el término para promover el presente juicio de amparo transcurrió del quince de diciembre de dos milo dieciséis al cuatro de enero del año en curso, descontados los días diecisiete, dieciocho, veinticuatro, veinticinco, treinta y uno de diciembre pasado, así como uno de enero de este año por haber sido inhábiles; de ahí que, al haberse presentado la demanda el dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, según consta en la papeleta de turno que expide la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la ley de la materia. CUARTO.- Existencia del acto. Son ciertos los actos reclamados atribuidos a la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Guerrero "1" y al Delegado del Registrito Público de la Propiedad, del Comercio y del Crédito Agrícola, residentes en esta ciudad, toda vez que al rendir su respectivo informe con justificación -la primera por conducto del Administrador Local Jurídico- reconocieron expresamente la existencia de los actos que se les reprochan, lo que es bastante para tener por plenamente evidenciadas las conductas reclamadas. Certeza que se corrobora además, con las constancias que en copia certificada allegaron dichas autoridades responsables como apoyo a su informe justificado, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2. QUINTO.- Improcedencia. Previo al estudio de fondo de la constitucionalidad de los actos reclamados, procede analizar las causas de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes o que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62, de la Ley de Amparo; en ese sentido, se advierte que respecto de los actos reclamados en esta instancia, se surte la causal de improcedencia del juicio de garantías a que se refiere la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual es del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado." De la exégesis del precepto legal antes inserto se obtiene que el juicio de garantías deviene improcedente cuando ante los Tribunales ordinarios se esté tramitando un medio ordinario de defensa propuesto por la propia parte quejosa que pueda tener como efectos modificar, revocar o nulificar los actos reclamados que combate en la vía constitucional, en el entendido de que este precepto no exige que el medio ordinario se haya promovido directamente contra los actos reclamados, sino que basta con que exista ese medio ordinario en trámite, cuyos efectos, en caso de que su resultado sea favorable a la parte quejosa, se proyecten sobre los actos reclamados por ser estos consecuencia de los actos materia del medio ordinario de defensa, modificándolos, revocándolos o nulificándolos. Para arribar a la anterior consideración, primeramente es necesario tener presente que, de las constancias allegadas por la autoridad responsable del Servicio de Administración Tributaria, al rendir su informe justificado, valoradas en el considerando que antecede, en concatenación con las remitidas por la Sala Regional del Pacífico del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con sede en esta ciudad, mediante oficio recibido el doce de mayo de dos mil diecisiete, a la cual se le otorga valor probatorio pleno, al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, se obtiene lo siguiente: 1.- El dieciocho de enero de mil novecientos noventa y nueve, se dictó sentencia definitiva en el procedimiento administrativo de determinación de responsabilidad instaurado entre otros en contra de Rafael Aguirre Díaz, radicado bajo el número 36/98, se le impuso como sanción administrativa la inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el Servicio Público Federal por el término de cuatro años y sanción económica por la cantidad de $192,173.50 (ciento noventa y dos mil ciento setenta y tres pesos 50/100 moneda nacional). 2.- La autoridad hacendaria inició el procedimiento económico-coactivo para hacer efectivo el crédito H-144684, iniciado con motivo de lo consignado en el documento número 36/98, en el que se embargó el predio rústico ubicado en el lugar denominado "La Piedra del Tigre", en el municipio de Ometepec, Guerrero, inscrito en el Registro Público de la Propiedad, bajo el folio de derechos reales número 1502 del año 1994, correspondiente al Distrito Judicial de Abasolo, con motivo del procedimiento administrativo de ejecución. 5. La parte quejosa promovió juicio de nulidad ante la Sala Regional del Pacífico del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de esta ciudad, en contra de las resoluciones que constituye la del crédito fiscal H-144684 y la dictada en el procedimiento administrativo de determinación de responsabilidad número 36/98, instaurado en contra del quejoso Rafael Aguirre Díaz, la cual fue admitida por acuerdo de veinticuatro de marzo del año en curso y se radico con el número 456/17-14-01-1, el cual aún se encuentra en trámite. Con base en lo anterior, se sostiene que en el caso concreto se surte la causal de improcedencia en estudio, toda vez que el aquí quejoso, demandó la nulidad de la resolución que constituye la del crédito fiscal H-144684 y la dictada en el procedimiento administrativo de determinación de responsabilidad número 36/98, instaurado entre otros en contra del quejoso Rafael Aguirre Díaz, ante la Sala Regional del Pacífico del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de esta ciudad, misma que se radicó con el número de expediente 456/17-14-01-1; por virtud del cual, en vía de consecuencia, se puede producir la declaración de nulidad de los actos reclamados en la presente instancia constitucional, bajo la premisa de que lo accesorio (aquí litis constitucional) sigue la suerte de lo principal (siendo esto último lo que constituye la materia de debate en el aludido juicio de nulidad y que es la génesis de los actos reclamados en sede constitucional). Es aplicable por las razones que la informan, la jurisprudencia número P./J. 144/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15, del Tomo XII, diciembre de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que ala letra dice: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo. Así las cosas, de la confrontación de los antecedentes descritos con antelación, en relación con la causal de improcedencia en estudio, no puede menos que concluirse que el presente juicio constitucional deviene improcedente, toda vez que resulta evidente que la propia parte interesada voluntariamente prefirió la vía ordinaria a la extraordinaria del juicio de amparo, vía ordinaria que está pendiente de resolverse. Mas aun, no puede soslayarse que necesariamente el resultado del juicio de nulidad instado en contra de la resolución dictada en el procedimiento administrativo de determinación de responsabilidad número 36/98 y la que constituye el crédito fiscal H-144684, podrá modificar o incidir en la situación jurídica de los actos reclamados en el presente juicio, ya que el primero es la génesis de los segundos, de modo que de suscitarse la invalidez de la resolución emitida en el procedimiento de responsabilidad y la que constituye el crédito fiscal, en vía de consecuencia también lo serán las actuaciones posteriores, entre las cuales se encuentran la orden de embargo sobre el inmueble y predio denominado "Piedra del Tigre", ubicado en el municipio de Ometepec, Guerrero, inscrito en el folio registral electrónico 1502 del Distrito Judicial de Abasolo que refiere el quejoso es de su propiedad; circunstancia que no es óbice para la actualización de la causa de improcedencia invocada, partiendo del hecho de que no se requiere que el medio de defensa ordinario sea instado en contra del mismo acto reclamado, sino que por virtud del mismo sea susceptible de modificarse o revocarse los actos reclamados en sede constitucional. Ilustra sobre el particular, la tesis aislada con número de registro 214074, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 883, del Tomo XII, diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. LA CAUSAL DE, PREVISTA POR LA FRACCIÓN XIV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO ORDENA QUE EL RECURSO O DEFENSA ORDINARIOS QUE PUDIERA MODIFICAR, REVOCAR O NULIFICAR EL ACTO RECLAMADO EN UN AMPARO DEBE SER NECESARIAMENTE RELATIVO A ESTE MISMO ACTO. Cuando de las actuaciones de un juicio de garantías se observa que se encuentra pendiente de tramitación un recurso de apelación, promovido en contra de un proveído que se pronunció antes de que se dictara la resolución reclamada y por virtud del cual no se admitió a trámite un incidente de nulidad de actuaciones hecho valer por el propio amparista, resulta indudable que existe la posibilidad de que el fallo reclamado pudiera ser nulificado al igual que diversas actuaciones del juicio natural, en el caso de resultar procedente la apelación aludida y con posterioridad la nulidad argumentada, por lo que indudablemente en este caso se surte la hipótesis normativa contenida en la fracción XIV del artículo 73 de la Ley de Amparo, para declarar la improcedencia del juicio de garantías respectivo, ya que incluso esa disposición legal no hace alusión a que el correspondiente recurso o defensa que pudiera modificar, revocar o nulificar el acto reclamado en un amparo, deba ser necesariamente relativo a ese mismo acto." En las narradas circunstancias antes reseñadas, al surtirse en el presente juicio de garantías la causal de improcedencia prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, se impone decretar el sobreseimiento en el juicio, en los términos de la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento legal. Sobreseimiento que procede hacer extensivo respecto al acto de ejecución que se reclamó a la autoridad designada como responsable ejecutora al no ser impugnado por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO.- Se SOBRESEE el juicio de amparo número 1203/2016, promovido por Rafael Aguirre Díaz. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el seis de junio de dos mil diecisiete, asistido por Marco Antonio Cuenca Zamora, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Acapulco, Guerrero; doce de mayo de dos mil diecisiete. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Presidente de la Sala Regional del Pacífico del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y por la Secretaria de Acuerdos adscrita a dicho tribunal, con sede en esta ciudad, a través del cual desahogan el requerimiento formulado en proveído de cuatro de mayo actual, y al efecto remiten en su numeración correcta copia certificada del juicio contencioso administrativo 456/17-14-01-1 de su índice, lo que habrá de tomarse en consideración en la audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, déjese sin efectos el oficio ordenado en proveído de once de mayo actual, a través del cual se requirió de nueva cuenta a la autoridad citada en el párrafo que antecede la documental que exhibe en su numeración correcta. Notifíquese.
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