Rafael Espinosa Manzo

Expediente 26/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
26/2017
Año
2017
Actuaciones
7
Última actuación
28/04/2017

Partes del expediente

  • Rafael Espinosa Manzo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Visto...se aprecia que ha transcurrido el termino...y no se recurrió la sentencia...se declara que ha causado ejecutoria...archívese este asunto...es susceptible de depuración...

  2. Principal

    CITATORIO. SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA AUTORIZADA EL TRES DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE MISMA QUE DICE: VISTOS los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo número 26/2017; y R E S U L T A N D O : PRIMERO.- Por escrito recibido el doce de enero de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, remitido ese día por razón de turno a este Juzgado Octavo, Rafael Espinosa Manzo, por propio derecho, presentó demanda de amparo contra la autoridad y por el acto que enseguida se menciona: AUTORIDADES RESPONSABLES: H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, con sede en esta ciudad. ACTO RECLAMADO: "(.) se reclama la reiterada dilación y ralentización procesal en que incurre la autoridad responsable en cubrirme la cantidad de $2´091,578.45 (DOS MILLONES NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 45/100 M.N.), por concepto de condena líquida por resultar perdedor el Municipio demandado decretada en el laudo de fecha dieciséis de marzo del año dos mil dieciséis, así como en el auto de ejecución de fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis, dictados ambos en los autos del juicio laboral número de expediente 478/2009, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, interpuesto por el suscrito quejoso Rafael Espinosa Manzo, en contra del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, por lo que al figurar como patrón en el natural, se encuentra obligado a cubrir dicha cantidad y al no cubrirla transgrede las garantías individuales de justicia pronta y expedita". SEGUNDO.- Por acuerdo de trece de enero de dos mil dieciséis, se radicó la demanda de amparo en el libro de gobierno respectivo con el número 26/2017, y se admitió a trámite; se solicitó de la autoridad responsable rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual después de diversos diferimientos, se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede, y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclama una omisión suscitada dentro de un procedimiento que se tramita ante una autoridad laboral con residencia en la jurisdicción de este órgano de control constitucional, que tiene sobre las personas una ejecución de imposible reparación. SEGUNDO. Precisión y certeza del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del estudio integral de la demanda en relación con las demás constancias que obran en autos se precisa que Rafael Espinosa Manzo, reclama la omisión de acatar voluntariamente la sentencia dictada en el expediente laboral 487/2009. ES CIERTO el acto que se reclama al Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, no obstante que al rendir su informe justificado negó la existencia del acto omisivo que se le reprocha; ello es así, porque tal negativa queda desvirtuada, ya que de las constancias que obran en el presente juicio de amparo, se obtiene que el laudo pronunciado en el juicio laboral de origen, no ha sido acatado. TERCERO. Oportunidad. En atención a la naturaleza del acto reclamado a la autoridad responsable Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, que versa sobre la abstención de cumplir con el laudo dictado en el expediente laboral 478/2009 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, es innecesario realizar el cómputo para verificar si el escrito de demanda se presentó dentro del plazo a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, en virtud de que la violación reclamada es de tracto sucesivo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, del contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA INTERPONERLA TRATÁNDOSE DE ACTOS NEGATIVOS Y OMISIVOS. En los primeros la autoridad se rehúsa o rechaza expresamente obrar a favor de la pretensión del gobernado; en tanto que en los omisivos se abstiene de contestar la petición del particular ya sea en forma afirmativa o negativa. En ese contexto, se afirma que contra los actos negativos sí corre el término que prescribe el artículo 21 de la Ley de Amparo, en la medida de que el gobernado resiente una afrenta con la actitud de la autoridad de no complacerlo en los términos que éste pretende, situación que se consuma en el instante de la negativa y es lo que da la pauta para establecer, a partir de que se tenga conocimiento del mismo, el plazo a que alude el referido precepto; lo que no sucede con los actos omisivos, puesto que la abstención de actuar por parte de la autoridad, que es lo que produce el perjuicio, no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, razón por la cual en esta clase de actos no corre el término de referencia". CUARTO. Causales de improcedencia. Una vez verificada la certeza del acto reclamado, procede ahora dilucidar sobre la actualización de las causas de improcedencia que se adviertan oficiosamente o que hagan valer las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, la autoridad responsable, sostiene que en el caso se actualizan las causas de improcedencia previstas en las fracciones X y XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, causales que se estiman infundadas, pues de la consulta al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que los amparos a que hace referencia la autoridad responsable ya fueron resueltos por los órganos jurisdiccionales a quienes correspondió conocer de los mismos, como se precisa a continuación: - Respecto del juicio de amparo indirecto número 768/2016, promovido por Rafael Espinoza Manzo, en contra de los actos atribuidos al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, consistente en la dilación procesal por no dictar las medidas necesarias para la ejecución del laudo de dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, el mismo fue resuelto en sentencia de cuatro de agosto de dos mil dieciséis, en el sentido de negar la protección constitucional al peticionario del amparo. - En relación al juicio de amparo directo número 600/2016, promovido por el Ayuntamiento Municipal Constitucional de Acapulco, Guerrero, en contra del laudo de dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, dictado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, fue resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Chilpancingo Guerrero, en sesión ordinaria de ocho de febrero de dos mil diecisiete, en el sentido de sobreseer en el juicio de garantías. Así, resulta válido concluir que al momento de emitir la presente resolución, los juicios antes referidos no se encuentran pendientes de resolución, circunstancias éstas que constituyen un hecho notorio para quien aquí resuelve y por ende se le concede valor probatorio pleno, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 79, párrafo segundo, 80 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 2o., párrafo segundo, de la Ley de Amparo, de ahí lo infundado de las causales de improcedencia invocadas por la autoridad responsable. Orienta lo anterior, el criterio sustentado por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, número I.10o.C.2 K (10a.), cuyo contenido es el siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE SE REGISTRAN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE).- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 74/2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, junio de 2006, página 963, de rubro: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO.", sostuvo que conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, un hecho notorio en su aspecto jurídico, se conceptúa como cualquier acontecimiento de dominio público que es conocido por todos o por casi todos las miembros de un círculo social en el momento en que se pronuncie la decisión judicial, el cual no genera duda ni discusión y, por tanto, la ley exime de su prueba. Por otra parte, con la finalidad de estar a la vanguardia en el crecimiento tecnológico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de Judicatura Federal, emitieron el Acuerdo General Conjunto 1/2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre de dos mil catorce, y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 10, Tomo III, septiembre de 2014, página 2769, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la firel, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, con el objeto de generar una infraestructura suficiente para salvaguardar el derecho fundamental de una administración de justicia pronta, expedita, completa e imparcial, por lo que se implementaron las bases para el uso eficiente de las tecnologías de la información disponibles, con miras a generar en los juicios de amparo certeza a las partes de los mecanismos, mediante los cuales se integra y accede a un expediente electrónico; lo anterior, en congruencia con el contenido de los diversos Acuerdos Generales 29/2007 y 28/2001, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXVI, septiembre de 2007, página 2831 y XIII, mayo de 2001, página 1303, respectivamente, que determinan el uso obligatorio del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En ese sentido, se concluye que las resoluciones de los órganos del Consejo de la Judicatura Federal que se registran en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en términos del precepto legal en cita, constituyen un hecho notorio para resolver los juicios de amparo, en tanto genera un conocimiento completo y veraz de la emisión y sentido en que se dictó un auto o una sentencia que, además, son susceptibles de invocarse para decidir en otro asunto lo que en derecho corresponda". Así como el diverso criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, número I.1o.A.14 K (10a.), del contenido siguiente: "SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PUEDEN INVOCAR EN SUS RESOLUCIONES LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE ÉSTE COMO HECHO NOTORIO Y CONCEDERLE VALOR PROBATORIO PLENO.- El Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en términos de los artículos primero y segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de mayo del dos mil uno en el Diario Oficial de la Federación, fue instaurado obligatoriamente en todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral, a fin de mantener un registro permanentemente actualizado y veraz de los movimientos relativos a los asuntos de su conocimiento, razón por la que tales órganos pueden invocar en sus resoluciones la información obtenida de éste como hecho notorio y concederle valor probatorio pleno, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 79, párrafo segundo, 80 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 2o., párrafo segundo, de la Ley de Amparo". QUINTO. Estudio. Al no existir otra causal de improcedencia del juicio de amparo invocada por las partes diversa a las atendidas en el considerando que antecede, ni se advierte que opere alguna que deba ser examinada de oficio tal y como lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, en este apartado se analizará si procede o no conceder la protección federal solicitada por la parte quejosa. El peticionario de amparo se duele esencialmente de la dilación procesal en que ha incurrido la autoridad responsable, al no cumplir de manera inmediata el laudo dictado dentro del expediente laboral 487/2009. Sin embargo, dicho motivo de disenso deviene infundado, sin que al ser suplido en su deficiencia en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, se obtenga diversa conclusión, en atención a las consideraciones siguientes: Del análisis de las constancias que envió el Tribunal de conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, se advierte lo siguiente: El dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, dictó el laudo relativo al expediente laboral 487/2009, promovido por el peticionario del amparo, en contra del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Acapulco, Guerrero; En proveído de nueve de mayo de la misma anualidad, la autoridad responsable, tuvo al Ayuntamiento demandado promoviendo amparo directo en contra del laudo dictado en el expediente laboral, y concedió al citado ayuntamiento, la suspensión solicitada del acto reclamado; Rafael Espinosa Manzo promovió recurso de queja en contra del auto de nueve de mayo de dos mil dieciséis dictado por el Presidente del Tribunal Laboral dentro de los autos del expediente número 487/2009, por el que se concedió la suspensión del acto reclamado al Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero; ello en virtud de que el Tribunal Laboral concedió la suspensión de forma total, sin acordar lo relativo a la subsistencia del actor hasta en tanto se resolviera el juicio de amparo directo (fojas 28-43). Dicho recurso de queja fue resuelto en sesión ordinaria de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, en el sentido de declarar fundado el recurso de queja y modificar el auto recurrido, dejando subsistente la suspensión del acto reclamado únicamente por lo que hace al excedente del monto de la condena respectiva, sin que otorgara garantía alguna por tratarse de persona moral oficial, en términos del artículo 137 de la Ley de Amparo; y fijó la cantidad de $128,255.40 (ciento veintiocho mil doscientos cincuenta y cinco pesos 40/100 moneda nacional), correspondiente al aseguramiento de los medios de subsistencia del trabajador durante la tramitación del juicio de amparo. Mediante diversos escritos presentados ante la responsable el veinte de octubre y nueve de diciembre de dos mil dieciséis, el actor en el juicio laboral solicitó se requiriera al Ayuntamiento demandado para que garantizara la subsistencia del trabajador durante la tramitación del juicio de amparo directo, exhibiendo la cantidad de $128,255.40 (ciento veintiocho mil doscientos cincuenta y cinco pesos 40/100 moneda nacional), determinada en la resolución del recurso de queja número 155/2016 emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito. En proveído de catorce de diciembre de dos mil dieciséis, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de la entidad, ordenó girar oficio al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, para informarle que el Ayuntamiento de Acapulco (parte quejosa en el amparo 600/2016), no exhibió ante la autoridad laboral la cantidad necesaria para garantizar la subsistencia del trabajador durante la tramitación del juicio de amparo; asimismo solicitó le informara con qué fecha fue notificada la resolución emitida en el recurso de queja 155/2016; y, finalmente, respecto de la petición que le formuló Rafael Espinosa Manzo, acordó esperar a que el Tribunal Federal le informara la fecha en que se notificó la resolución del recurso de queja al Ayuntamiento demandado, para acordar lo conducente. Mediante oficio 8877 de quince de diciembre de dos mil dieciséis, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, informó al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, que la resolución dictada en el recurso de queja interpuesto por Rafael Espinosa Manzo, le fue notificado al Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero el veintisiete de octubre de dos mil dieciséis. Precisado lo anterior, y retomando lo argumentado por el quejoso en su concepto de violación, en el cual esencialmente sostiene que la autoridad responsable, vulnera su derecho a la administración de justicia porque ha sido omisa en cumplir el laudo dictado en el juicio laboral 478/2009, se concluye que tal circunstancia debe ser estudiada a la luz del artículo 17 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil". De la lectura de dicha norma constitucional, se aprecia que la impartición y administración de justicia en el sistema jurídico mexicano es un derecho público subjetivo que todo gobernado tiene a su favor, de tal forma que en un breve lapso los órganos encargados de ésta deben resolver concretamente la situación jurídica y dirimir, en su caso, la litis que se plantea ante ellos. El periodo en el cual debe emitirse la sentencia y su cumplimiento, está determinado conforme a los plazos y términos que la ley secundaria que rige el acto o procedimiento del cual forma parte el gobernado, establece a fin de que, se dicte y cumpla, conforme a derecho, la resolución que debe ser completa e imparcial. Las prerrogativas que se estatuyen a favor de los gobernados en el precepto constitucional invocado se extienden a todos los órganos que materialmente están dotados de funciones y atribuciones jurisdiccionales lato sensu, es decir, que de una u otra forma determinan la situación jurídica de los sujetos que están sometidos a su potestad. En ese sentido, de las constancias que allegó el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, se advierte que la ejecución del laudo que reclama por esta vía el quejoso, quedó suspendida a virtud del amparo directo promovido por la responsable en contra del laudo de dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, por lo que la autoridad responsable se encontraba legalmente imposibilitada para ejecutar el laudo de mérito, a virtud de la concesión de la suspensión que le fue otorgada por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en auto de nueve de mayo de dos mil dieciséis, que fue modificado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el recurso de queja número RQL155/2016. Al respecto, el artículo 190, en relación con el diverso 7º de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 190. La autoridad responsable decidirá, en el plazo de veinticuatro horas a partir de la solicitud, sobre la suspensión del acto reclamado y los requisitos para su efectividad. Tratándose de laudos o de resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales del trabajo, la suspensión se concederá en los casos en que, a juicio del presidente del tribunal respectivo, no se ponga a la parte trabajadora en peligro de no subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales sólo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia. Son aplicables a la suspensión en amparo directo, salvo el caso de la materia penal, los artículos 125, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136,154 y 156 de esta ley." "Artículo 7º. La Federación, los estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta ley se exige a las partes." La interpretación de ambos artículos lleva a establecer que la suspensión de la ejecución de un laudo favorable al trabajador se rige por un mecanismo que contiene tanto principios generales como específicos, que deben tomarse en cuenta para conceder tal medida cautelar, dado que su objeto es conservar o salvaguardar derechos; es decir, la suspensión dentro del juicio de amparo, busca resguardar la materia de fondo, consiguiendo que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran al solicitarse la protección de la Justicia Federal, cuestión que no ocurriría si la suspensión se niega o no se solicita, pues en ese caso, la sentencia reclamada es susceptible de ser ejecutada. En esa tesitura, si se promueve y se obtiene la suspensión, ésta no sólo concierne a la ejecución del fallo reclamado, sino también a todos los efectos que sean consecuencia de aquél y, por tanto, mientras esté vigente la suspensión, la sentencia reclamada no puede ejecutarse, lo que es una consecuencia propia de la concesión de la suspensión del acto reclamado, conforme a las reglas que establece la Ley de Amparo. Orienta lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1ª./J.51/2006, cuyo contenido es el siguiente: "COSA JUZGADA. LAS SENTENCIAS DE SEGUNDA INSTANCIA EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES ORDINARIOS CONSERVAN ESA CALIDAD AUN CUANDO SEAN RECLAMADAS EN AMPARO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE JALISCO). Conforme a los artículos 420, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco y 426, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, las sentencias de segunda instancia, esto es, aquellas contra las cuales las leyes comunes que rigen en la jurisdicción local no conceden algún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser confirmadas, modificadas o revocadas, causan estado o ejecutoria por ministerio de ley y producen los efectos de cosa juzgada. Ahora bien, lo anterior debe entenderse en el sentido de que dichas sentencias no admiten medios de defensa establecidos en la legislación ordinaria y no así un medio extraordinario como el juicio de amparo, toda vez que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley de Amparo, o en los referidos Códigos procedimentales, no existe disposición alguna de la que se advierta que tales resoluciones no causan ejecutoria o que desaparece la autoridad de la cosa juzgada cuando se promueva el juicio constitucional en su contra. Esto es, al existir disposición legal que les otorga esa calidad y no haber norma de la que se desprenda que la pierden cuando se interponga en su contra un medio de defensa extraordinario, es inconcuso que la resolución reclamada -con su calidad de cosa juzgada- únicamente deja de existir jurídicamente cuando en el juicio de garantías se dicta sentencia firme en la que se concede la protección federal, declarando que aquélla transgredió derechos públicos subjetivos del gobernado protegidos por la Constitución Federal. Por consiguiente, la ejecución de la sentencia de segunda instancia sólo se interrumpe cuando se obtenga la concesión de la suspensión para impedir sus consecuencias, pues de esa medida cautelar deriva la ejecución o no del acto reclamado; pero de ninguna manera de la circunstancia de que esté transcurriendo el término legal para la promoción de la demanda de amparo, ni con la presentación de ésta o con su tramitación". De lo hasta aquí expuesto, deriva que el Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, no violó en perjuicio de la parte quejosa, la garantía de seguridad jurídica contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se insiste, el laudo dictado en el juicio de origen se impugnó en amparo directo por la parte patronal, a quien le fue concedida la suspensión en la ejecución de dicho fallo. No escapa a la consideración de quien aquí resuelve, la circunstancia de que en la resolución del recurso de queja 155/2016, dictada el diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, se haya determinado que la responsable Ayuntamiento Constitucional de Acapulco, exhibiera la cantidad de $128,255.40 (ciento veintiocho mil doscientos cincuenta y cinco pesos 40/100 moneda nacional), para asegurar la subsistencia del trabajador, y que de las constancias aportadas al presente juicio de amparo, no se advierte que la responsable hubiere cumplido con tal determinación; porque como se ha precisado, la ejecución del laudo quedó suspendida a virtud del amparo directo promovido por la responsable. Por ende, al quedar demostrado que el Ayuntamiento responsable, estuvo imposibilitado para ejecutar el laudo dictado en el juicio laboral de origen por virtud de la suspensión del acto reclamado, aun cuando el amparo directo ya fue resuelto, se estima que en el caso no existió dilación procesal injustificada que sea atribuible a dicha autoridad, pues no ha iniciado el procedimiento de ejecución correspondiente; por tanto, procede negar la protección constitucional solicitada. Por lo expuesto y fundado, además con apoyo en los artículos 103 y 107 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 74, 75, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a RAFAEL ESPINOSA MANZO, contra el acto que reclamó del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, por las razones que se indican en el considerando quinto de esta resolución. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el tres de abril de dos mil diecisiete, asistido por María del Rosario Romero Delgado, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; catorce de marzo de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede se advierte que la audiencia constitucional en el presente asunto se encuentra programada para este día; sin embargo, no se está en aptitud de celebrarla, en virtud de que el licenciado César Israel Santes Quevedo, Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargado del Despacho por ausencia del Titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, no está facultado para resolver en definitiva el presente asunto; en consecuencia, la audiencia de mérito se difiere para las DOCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; a veintidós de febrero de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que en proveído inmediato anterior, se tuvo al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, por remitiendo las constancias que le fueron solicitadas en el diverso acuerdo de veinticinco de enero pasado, las cuales no fueron conocidas con la anticipación a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, como lo establece el artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, para dar margen a lo estipulado en el numeral de referencia, se difiere la audiencia señalada para este día según se advierte de la certificación de cuenta, para las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CATORCE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE. Por otro lado, agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el autorizado de la parte quejosa, en atención a su contenido, con apoyo en el numeral 124 de la Ley de Amparo, téngase por formuladas las manifestaciones que realiza en vía de alegatos y con ellos dese cuenta en la audiencia constitucional. Notifíquese.

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