Presidente Municipal de Puruándiro, Michoacán
Expediente 1271/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1271/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 13/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Presidente Municipal de Puruándiro, Michoacán
- Síndico Municipal de Puruándiro, Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se desprende que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra el auto de cinco de octubre de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, mismo que transcurrió del treinta de octubre al ocho de noviembre del año en curso en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Luego, tomando en consideración que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Quinto Transitorio, Titulo Segundo, Capítulo Primero, artículo 6; Capítulo Segundo, ordinal 8; Capítulo Tercero numeral 14, fracción III, y, Capítulo Sexto, numeral 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Sexto, artículo 20, fracción IV, del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por ********* apoderado jurídico del Presidente y Síndico Municipal del Ayuntamiento de Puruándiro, Michoacán, carácter que se le reconoce en términos del instrumento notarial que en copia certificada acompaño a su escrito de cuenta y que este juzgado le reconoce de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Amparo, a través del cual en cumplimiento a la prevención realizada a su demanda, abunda en los antecedentes del acto que reclama, respecto al juicio administrativo ********************, del índice del juzgado Tercero Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, con sede en esta ciudad. Ahora bien, del análisis integral de la demanda, se advierte que resulta notoriamente improcedente pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la XXIII del artículo 61, en relación con los preceptos 1° y 7°, aplicados estos últimos en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, que disponen respectivamente lo siguiente: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;" "Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta Ley se exige a las partes.". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". Del artículo 1o. de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo se estableció como un medio de control constitucional que tiene por objeto dilucidar si las normas generales, actos u omisiones de la autoridad que hayan sido reclamados, transgreden los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El juicio de amparo únicamente puede ser promovido por quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De lo que resulta que el juicio de amparo fue concebido como un medio de defensa constitucional para proteger a los particulares contra la acción del Estado que sea perjudicial a sus derechos fundamentales y por ese motivo, los órganos del Estado, por regla general, no se encuentran legitimados para promover juicio de amparo, dado que no gozan de ese tipo de prerrogativas, es decir, no son titulares de derechos fundamentales susceptibles de ser afectados por la actuación de alguna autoridad. No obstante, dicha regla acepta una excepción, esto es, el juicio de amparo promovido por personas morales de derecho público será procedente únicamente en los casos previstos expresamente en el artículo 7 de la Ley de Amparo, cuando se reúnan los siguientes requisitos: a) El acto de autoridad o norma general reclamadas menoscaben su patrimonio. b) Ese menoscabo se surta respecto relaciones jurídicas en las que se encuentre en un plano de igualdad con los particulares. Es decir que a efecto de que se surta la excepción de que se habla, el menoscabo patrimonial que resienta la persona moral oficial, necesariamente debe darse respecto de una relación jurídica de coordinación, cuando realiza actividades como persona moral particular o de carácter privado, o bien, contrario sensu, cuando esas relaciones jurídicas no están íntimamente relacionadas con el quehacer público que la Constitución y Leyes le encomiendan. Así, una persona moral oficial cuenta con legitimación para promover el juicio de amparo en contra de normas generales o actos de autoridad, siempre y cuando la afectación a sus intereses patrimoniales sean derivados o tengan su origen en actos jurídicos que realiza como particular o gobernado, bajo un plano de igualdad en una relación de coordinación frente a otro gobernado. Por cuanto hace a la posibilidad de que las personas morales oficiales puedan instar el juicio de amparo contra actos emitidos en un juicio contencioso administrativo, al resolver la contradicción número 374/2016, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció el criterio de jurisprudencia en el sentido de que: El simple hecho de que una persona moral oficial acuda como litigante en el juicio contencioso administrativo de origen no implica que se despoje de su investidura de autoridad, ni que deba gozar de los mismos derechos que el particular, para estar en una situación de igualdad, al estimar que si el particular actúa como litigante y tiene a su favor el juicio de amparo, del mismo modo deberá tener acceso al mismo la autoridad. Que por consiguiente, cuando las personas morales oficiales pretenden reclamar cualquier acto que derive de un juicio contencioso administrativo -sea sustantivo o adjetivo-, lógicamente, por ese sólo hecho carecerán de legitimación para promover el juicio de amparo, en virtud de que las actuaciones que son materia de controversia en los procedimientos contenciosos administrativos, provienen precisamente del ejercicio de las facultades que las leyes les otorgan, para el cumplimiento de las funciones públicas que les son encomendadas. No pasa inadvertido, el que los juicios contenciosos administrativos -ya federales, ya estatales-, se encuentran sujetos a diversas reglas de legalidad y formalidades del procedimiento, empero, ello de suyo no llega al extremo de que se faculte a la persona moral oficial para acudir al juicio de amparo, cada vez que la autoridad demandada o actora considere que existió una violación a las formalidades del procedimiento; pues tal situación equivaldría a equipar al juicio de amparo a un mero recurso de casación o nueva instancia dentro del juicio de nulidad, el cual, ni por razón de origen, ni por razón de su finalidad, puede reducirse a tal naturaleza jurídica. Por lo anterior, la Segunda Sala concluyó que la excepción prevista en el artículo 7º de la Ley de Amparo, no puede ser interpretada de manera amplia, sino que es de estricta aplicación, a fin de asegurar que las personas morales oficiales únicamente puedan acceder al juicio de amparo en aquellos casos en que actúen como persona de derecho privado, es decir, "cuando al igual que los individuos particulares ejecutan actos civiles que se fundan en derechos del propio Estado, vinculados a sus intereses particulares, ya celebrando contratos o promoviendo ante las autoridades en defensa de sus derechos patrimoniales", esto es, en tratándose de "relaciones jurídicas que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares". Lo anterior dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 128/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1022, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2015321, que dice: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, CON INDEPENDENCIA DE LAS VIOLACIONES QUE ADUZCAN. La excepción contenida en el artículo 7o. de la Ley de Amparo es de aplicación estricta y constituye el único fundamento para que las personas morales oficiales promuevan el juicio de amparo. En esa tesitura, si el objeto del juicio constitucional es resolver toda controversia suscitada por actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, no puede hacerse extensivo a las personas de derecho público, sino cuando opere la excepción a esta regla, es decir, cuando actúan como cualquier particular y en defensa de su patrimonio; de ahí que cuando lo hacen en su carácter de autoridad carecen de legitimación para promover el amparo, con independencia de la naturaleza sustantiva o adjetiva de las violaciones que pretendan hacer valer ante el Juez o tribunal federal, pues el indicado medio de control constitucional no debe operar para resolver controversias entre organismos públicos, ni como un simple recurso de casación, sino para la eficaz protección de los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano; habida cuenta que, siendo en esencia los derechos humanos restricciones al poder público, queda al margen de toda discusión que la autoridad no goza de éstos." Con base en lo anterior, se tiene entonces que cuando las personas morales oficiales figuran como demandadas en un juicio contencioso administrativo o proceso administrativo, carecerán de legitimación para promover el juicio de amparo contra cualquier acto que se emita en dicho juicio, por la propia naturaleza de esos procedimientos, en la que se ventilan actos de autoridad, en los que al figurar como demandadas, no es posible que puedan cuestionar esos actos o resoluciones jurisdiccionales, por actuar precisamente como entes de derecho público en ejercicio del poder autoritario que es inherente al imperio del cual están investidas. Ello, con independencia de las violaciones que aduzcan; porque, como se tiene visto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció en el sentido de que el sólo hecho de que figuren como demandados en el juicio contencioso o proceso administrativo, implica que no puedan acudir al amparo en reclamo de cualquier acto que se emita en dichos juicios, entre ellos, evidentemente, los actos o resoluciones que dirimen cuestiones relativas a la nulidad de notificaciones, puesto que el Máximo Tribunal del País, no estableció ninguna excepción al respecto. En ese sentido, al resolver la referida contradicción, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció el criterio jurisprudencial en el sentido de que cuando las personas morales oficiales pretenden reclamar cualquier acto que derive de un juicio contencioso administrativo -sea sustantivo o adjetivo-, lógicamente, por ese solo hecho carecerán de legitimación para promover el juicio de amparo, con independencia de la violación que aduzcan; en otras palabras, las personas morales oficiales que figuren como demandadas en un juicio contencioso administrativo, no se encuentran legitimadas para acudir al amparo, cualquiera que sea el acto que reclamen. En atención a lo expuesto, cabe destacar que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: "..IV.- RESOLUCIÓN RECLAMADO: a).- La Resolución donde se resuelve el incidente de Nulidad de Notificaciones, de fecha ******************** de Agosto del año ******************** dos mil veintitrés, dictado por el Juez Tercero Administrativo, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, asiento en la ciudad de Morelia Michoacán, dentro del Juicio Administrativo según expediente número ********************, mediante la cual emite una sentencia Incongruente, infundada e inmotivada y que no está apegada a derecho. b).- lo inconstitucional del auto de fecha ******************** de Septiembre del presente año, dentro del Juicio Administrativo según expediente número ********************, tramitado en el Juzgado Tercero Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Ocampo, el que se niega dar curso al recurso de revisión interpuesto dentro del incidente nulidad de notificaciones por no estar dictada conforme a derecho y viola el principio de coherencia e igualdad entre las partes, y acceso a la Justicia." Lo anterior, pone de manifiesto la actualización de la causal de improcedencia invocada, pues en el caso particular el Presidente y Síndico Municipal del Ayuntamiento de Puruándiro, Michoacán, tienen el carácter de autoridades demandada dentro del juicio administrativo ordinario ********************, del índice del Juzgado Tercero Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, de donde deriva el acto reclamado. En efecto de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad señala la parte impetrante, se desprende que las notificaciones de fechas trece de enero, veintiocho de febrero, diecisiete de marzo y once de mayo todos de dos mil veintitrés, dentro del juicio ********************, corresponde a los autos, en los cuales se requieren a las autoridades demandadas, cumplan con la sentencia dictada por el Juzgado Tercero Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. Lo anterior, pone en evidencia que el Presidente y Síndico Municipal del Ayuntamiento de Puruándiro, Michoacán, no se ubican en la hipótesis prevista en el artículo 7º de la Ley de Amparo, para acudir válidamente al juicio de amparo, en tanto que el acto que reclama, no surgió con motivo de una relación jurídica en la cual se encuentre en un plano de igualdad con los particulares; esto es, no deriva de una relación de coordinación por cuanto surgió de un proceso administrativo donde acudió en defensa de sus funciones o potestades públicas, es decir, en un plano de supra a subordinación. Así es, la parte impetrante no acudió al proceso administrativo de donde deriva el acto reclamado dentro de un plano de igual frente a la parte actora -aquí señalada como tercera interesada-, sino para defender un acto en ejercicio de sus facultades. De modo que las personas morales oficiales solicitantes de la protección de la Justicia Federal, acudieron al proceso administrativo, de donde deriva el acto reclamado, a defender un acto emitido en ejercicio de sus facultades, no así un derecho privado que afecte el patrimonio estatal dentro de una relación de igualdad con la parte actora en el controvertido de origen; de ahí que la demanda de amparo resulta improcedente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1º y 7º de la Ley de Amparo. Ya que, el sólo hecho de que la aquí impetrante tenga el carácter de parte demandada dentro del proceso administrativo de origen, dentro del cual debe respetarse la igualdad procesal, no elimina su potestad como ente público. Ilustra lo anterior en lo conducente la tesis 1a. CXIII/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 965, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 2003342, que dice: "PERSONAS MORALES OFICIALES. EL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE AMPARO, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA AL NEGARLE LEGITIMACIÓN A AQUÉLLAS PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO SI ACUDEN A UN PROCESO EN DEFENSA DE UN ACTO EMITIDO CON POTESTAD PÚBLICA. El hecho de que una autoridad acuda a un proceso en el que debe respetarse la igualdad procesal, como principio de la teoría general del proceso que otorga a las partes las mismas oportunidades de participación dentro de un procedimiento, de ninguna manera elimina la potestad de la autoridad involucrada. Esto es así, ya que en este caso se trata únicamente de una igualdad de tipo procesal, mientras que la igualdad que se requiere para que una autoridad pueda promover juicio es aquella en la que no haya relación de supra subordinación. Lo que delimita la procedencia del juicio de amparo no es la participación que se tenga dentro de un procedimiento, sino la pretensión que se relaciona con el mismo; y dicha pretensión necesariamente debe ser la tutela de derechos fundamentales y no la defensa de un acto emitido dentro de las funciones públicas encomendadas. Por todo lo anterior, el artículo 9o. de la Ley de Amparo es congruente con los principios constitucionales en materia de amparo y no vulnera el artículo 17 constitucional, al impedir que las personas morales oficiales promuevan juicio de amparo para defender la legalidad de un acto emitido dentro de sus funciones, aunque hubiesen participado en un procedimiento ordinario con igualdad de oportunidades de defensa frente a un particular." De igual manera cobra por vigencia la jurisprudencia 2a./J. 45/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 254, Tomo XVII, Junio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 184063, que dice: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR ACTOS RELACIONADOS CON SERVIDORES PÚBLICOS MIEMBROS DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. Las personas morales oficiales pueden actuar con un doble carácter: como entes dotados de poder público y, esencialmente como personas morales de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de facultades de que se hallan investidos; en la segunda situación, obran en condiciones similares que los particulares, esto es, contraen obligaciones y adquieren derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. En consecuencia, si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales pueden ocurrir en demanda de amparo a través de los funcionarios o representantes que designen las leyes respectivas cuando el acto o la ley que se reclame afecten sus intereses patrimoniales, ello no ocurre cuando actúan como autoridades demandadas en el procedimiento contencioso administrativo con motivo de actos o resoluciones que conciernen a servidores públicos miembros de cuerpos de seguridad pública, dado que lo único que les otorga legitimación para acudir a la vía de amparo es que defiendan sus derechos patrimoniales, supuesto en el que no actúan en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado." También, sirve de apoyo a lo anterior por identidad de razón, la jurisprudencia número XVII.2o.P.A. J/3 A (11a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 2920, Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, Undécima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro ********************571, que dice: "LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. CARECEN DE ÉSTA LAS AUTORIDADES DEMANDADAS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (ANTES DE OPOSICIÓN) EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, PORQUE NO ACTÚAN EN UN PLANO DE IGUALDAD FRENTE AL ACTOR Y, POR ENDE, NO SE ENCUENTRAN DESPOJADAS DE IMPERIO." Del mismo modo, sirve de apoyo a lo anterior por identidad de razón, la jurisprudencia número XXI.2o.P.A. J/31, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 1334, Tomo XXX, correspondiente al mes de Diciembre de 20********************, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, con número de registro 165715 que dice: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO SI NO LO HACEN EN DEFENSA DE SUS INTERESES PATRIMONIALES, SINO COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON MOTIVO DE SU ACTUACIÓN COMO ENTES DOTADOS DE PODER PÚBLICO". Consecuentemente, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de amparo y, por ende, procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B, RESPECTIVAMENTE, DE LA LEY DE AMPARO, PUBLICADA EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS QUE SE PUBLICA EN ESTE JUZGADO FEDERAL, A LA PARTE QUEJOSA, EL(LA) ACUERDO Y/O RESOLUCIÓN, DE FECHA CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, EL(LA) CUAL EN LO CONDUCENTE SEÑALA: Morelia, Michoacán, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por ********* apoderado jurídico del Presidente y Síndico Municipal del Ayuntamiento de Puruándiro, Michoacán, carácter que se le reconoce en términos del instrumento notarial que en copia certificada acompaño a su escrito de cuenta y que este juzgado le reconoce de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Amparo, a través del cual en cumplimiento a la prevención realizada a su demanda, abunda en los antecedentes del acto que reclama, respecto al juicio administrativo ********************, del índice del juzgado Tercero Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, con sede en esta ciudad. Ahora bien, del análisis integral de la demanda, se advierte que resulta notoriamente improcedente pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la XXIII del artículo 61, en relación con los preceptos 1° y 7°, aplicados estos últimos en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, que disponen respectivamente lo siguiente: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;" "Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta Ley se exige a las partes.". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". Del artículo 1o. de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo se estableció como un medio de control constitucional que tiene por objeto dilucidar si las normas generales, actos u omisiones de la autoridad que hayan sido reclamados, transgreden los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El juicio de amparo únicamente puede ser promovido por quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De lo que resulta que el juicio de amparo fue concebido como un medio de defensa constitucional para proteger a los particulares contra la acción del Estado que sea perjudicial a sus derechos fundamentales y por ese motivo, los órganos del Estado, por regla general, no se encuentran legitimados para promover juicio de amparo, dado que no gozan de ese tipo de prerrogativas, es decir, no son titulares de derechos fundamentales susceptibles de ser afectados por la actuación de alguna autoridad. No obstante, dicha regla acepta una excepción, esto es, el juicio de amparo promovido por personas morales de derecho público será procedente únicamente en los casos previstos expresamente en el artículo 7 de la Ley de Amparo, cuando se reúnan los siguientes requisitos: a) El acto de autoridad o norma general reclamadas menoscaben su patrimonio. b) Ese menoscabo se surta respecto relaciones jurídicas en las que se encuentre en un plano de igualdad con los particulares. Es decir que a efecto de que se surta la excepción de que se habla, el menoscabo patrimonial que resienta la persona moral oficial, necesariamente debe darse respecto de una relación jurídica de coordinación, cuando realiza actividades como persona moral particular o de carácter privado, o bien, contrario sensu, cuando esas relaciones jurídicas no están íntimamente relacionadas con el quehacer público que la Constitución y Leyes le encomiendan. Así, una persona moral oficial cuenta con legitimación para promover el juicio de amparo en contra de normas generales o actos de autoridad, siempre y cuando la afectación a sus intereses patrimoniales sean derivados o tengan su origen en actos jurídicos que realiza como particular o gobernado, bajo un plano de igualdad en una relación de coordinación frente a otro gobernado. Por cuanto hace a la posibilidad de que las personas morales oficiales puedan instar el juicio de amparo contra actos emitidos en un juicio contencioso administrativo, al resolver la contradicción número 374/2016, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció el criterio de jurisprudencia en el sentido de que: El simple hecho de que una persona moral oficial acuda como litigante en el juicio contencioso administrativo de origen no implica que se despoje de su investidura de autoridad, ni que deba gozar de los mismos derechos que el particular, para estar en una situación de igualdad, al estimar que si el particular actúa como litigante y tiene a su favor el juicio de amparo, del mismo modo deberá tener acceso al mismo la autoridad. Que por consiguiente, cuando las personas morales oficiales pretenden reclamar cualquier acto que derive de un juicio contencioso administrativo -sea sustantivo o adjetivo-, lógicamente, por ese sólo hecho carecerán de legitimación para promover el juicio de amparo, en virtud de que las actuaciones que son materia de controversia en los procedimientos contenciosos administrativos, provienen precisamente del ejercicio de las facultades que las leyes les otorgan, para el cumplimiento de las funciones públicas que les son encomendadas. No pasa inadvertido, el que los juicios contenciosos administrativos -ya federales, ya estatales-, se encuentran sujetos a diversas reglas de legalidad y formalidades del procedimiento, empero, ello de suyo no llega al extremo de que se faculte a la persona moral oficial para acudir al juicio de amparo, cada vez que la autoridad demandada o actora considere que existió una violación a las formalidades del procedimiento; pues tal situación equivaldría a equipar al juicio de amparo a un mero recurso de casación o nueva instancia dentro del juicio de nulidad, el cual, ni por razón de origen, ni por razón de su finalidad, puede reducirse a tal naturaleza jurídica. Por lo anterior, la Segunda Sala concluyó que la excepción prevista en el artículo 7º de la Ley de Amparo, no puede ser interpretada de manera amplia, sino que es de estricta aplicación, a fin de asegurar que las personas morales oficiales únicamente puedan acceder al juicio de amparo en aquellos casos en que actúen como persona de derecho privado, es decir, "cuando al igual que los individuos particulares ejecutan actos civiles que se fundan en derechos del propio Estado, vinculados a sus intereses particulares, ya celebrando contratos o promoviendo ante las autoridades en defensa de sus derechos patrimoniales", esto es, en tratándose de "relaciones jurídicas que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares". Lo anterior dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 128/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1022, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2015321, que dice: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, CON INDEPENDENCIA DE LAS VIOLACIONES QUE ADUZCAN. La excepción contenida en el artículo 7o. de la Ley de Amparo es de aplicación estricta y constituye el único fundamento para que las personas morales oficiales promuevan el juicio de amparo. En esa tesitura, si el objeto del juicio constitucional es resolver toda controversia suscitada por actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, no puede hacerse extensivo a las personas de derecho público, sino cuando opere la excepción a esta regla, es decir, cuando actúan como cualquier particular y en defensa de su patrimonio; de ahí que cuando lo hacen en su carácter de autoridad carecen de legitimación para promover el amparo, con independencia de la naturaleza sustantiva o adjetiva de las violaciones que pretendan hacer valer ante el Juez o tribunal federal, pues el indicado medio de control constitucional no debe operar para resolver controversias entre organismos públicos, ni como un simple recurso de casación, sino para la eficaz protección de los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano; habida cuenta que, siendo en esencia los derechos humanos restricciones al poder público, queda al margen de toda discusión que la autoridad no goza de éstos." Con base en lo anterior, se tiene entonces que cuando las personas morales oficiales figuran como demandadas en un juicio contencioso administrativo o proceso administrativo, carecerán de legitimación para promover el juicio de amparo contra cualquier acto que se emita en dicho juicio, por la propia naturaleza de esos procedimientos, en la que se ventilan actos de autoridad, en los que al figurar como demandadas, no es posible que puedan cuestionar esos actos o resoluciones jurisdiccionales, por actuar precisamente como entes de derecho público en ejercicio del poder autoritario que es inherente al imperio del cual están investidas. Ello, con independencia de las violaciones que aduzcan; porque, como se tiene visto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció en el sentido de que el sólo hecho de que figuren como demandados en el juicio contencioso o proceso administrativo, implica que no puedan acudir al amparo en reclamo de cualquier acto que se emita en dichos juicios, entre ellos, evidentemente, los actos o resoluciones que dirimen cuestiones relativas a la nulidad de notificaciones, puesto que el Máximo Tribunal del País, no estableció ninguna excepción al respecto. En ese sentido, al resolver la referida contradicción, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció el criterio jurisprudencial en el sentido de que cuando las personas morales oficiales pretenden reclamar cualquier acto que derive de un juicio contencioso administrativo -sea sustantivo o adjetivo-, lógicamente, por ese solo hecho carecerán de legitimación para promover el juicio de amparo, con independencia de la violación que aduzcan; en otras palabras, las personas morales oficiales que figuren como demandadas en un juicio contencioso administrativo, no se encuentran legitimadas para acudir al amparo, cualquiera que sea el acto que reclamen. En atención a lo expuesto, cabe destacar que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: "..IV.- RESOLUCIÓN RECLAMADO: a).- La Resolución donde se resuelve el incidente de Nulidad de Notificaciones, de fecha ******************** de Agosto del año ******************** dos mil veintitrés, dictado por el Juez Tercero Administrativo, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, asiento en la ciudad de Morelia Michoacán, dentro del Juicio Administrativo según expediente número ********************, mediante la cual emite una sentencia Incongruente, infundada e inmotivada y que no está apegada a derecho. b).- lo inconstitucional del auto de fecha ******************** de Septiembre del presente año, dentro del Juicio Administrativo según expediente número ********************, tramitado en el Juzgado Tercero Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Ocampo, el que se niega dar curso al recurso de revisión interpuesto dentro del incidente nulidad de notificaciones por no estar dictada conforme a derecho y viola el principio de coherencia e igualdad entre las partes, y acceso a la Justicia." Lo anterior, pone de manifiesto la actualización de la causal de improcedencia invocada, pues en el caso particular el Presidente y Síndico Municipal del Ayuntamiento de Puruándiro, Michoacán, tienen el carácter de autoridades demandada dentro del juicio administrativo ordinario ********************, del índice del Juzgado Tercero Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, de donde deriva el acto reclamado. En efecto de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad señala la parte impetrante, se desprende que las notificaciones de fechas trece de enero, veintiocho de febrero, diecisiete de marzo y once de mayo todos de dos mil veintitrés, dentro del juicio ********************, corresponde a los autos, en los cuales se requieren a las autoridades demandadas, cumplan con la sentencia dictada por el Juzgado Tercero Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. Lo anterior, pone en evidencia que el Presidente y Síndico Municipal del Ayuntamiento de Puruándiro, Michoacán, no se ubican en la hipótesis prevista en el artículo 7º de la Ley de Amparo, para acudir válidamente al juicio de amparo, en tanto que el acto que reclama, no surgió con motivo de una relación jurídica en la cual se encuentre en un plano de igualdad con los particulares; esto es, no deriva de una relación de coordinación por cuanto surgió de un proceso administrativo donde acudió en defensa de sus funciones o potestades públicas, es decir, en un plano de supra a subordinación. Así es, la parte impetrante no acudió al proceso administrativo de donde deriva el acto reclamado dentro de un plano de igual frente a la parte actora -aquí señalada como tercera interesada-, sino para defender un acto en ejercicio de sus facultades. De modo que las personas morales oficiales solicitantes de la protección de la Justicia Federal, acudieron al proceso administrativo, de donde deriva el acto reclamado, a defender un acto emitido en ejercicio de sus facultades, no así un derecho privado que afecte el patrimonio estatal dentro de una relación de igualdad con la parte actora en el controvertido de origen; de ahí que la demanda de amparo resulta improcedente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1º y 7º de la Ley de Amparo. Ya que, el sólo hecho de que la aquí impetrante tenga el carácter de parte demandada dentro del proceso administrativo de origen, dentro del cual debe respetarse la igualdad procesal, no elimina su potestad como ente público. Ilustra lo anterior en lo conducente la tesis 1a. CXIII/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 965, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 2003342, que dice: "PERSONAS MORALES OFICIALES. EL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE AMPARO, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA AL NEGARLE LEGITIMACIÓN A AQUÉLLAS PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO SI ACUDEN A UN PROCESO EN DEFENSA DE UN ACTO EMITIDO CON POTESTAD PÚBLICA. El hecho de que una autoridad acuda a un proceso en el que debe respetarse la igualdad procesal, como principio de la teoría general del proceso que otorga a las partes las mismas oportunidades de participación dentro de un procedimiento, de ninguna manera elimina la potestad de la autoridad involucrada. Esto es así, ya que en este caso se trata únicamente de una igualdad de tipo procesal, mientras que la igualdad que se requiere para que una autoridad pueda promover juicio es aquella en la que no haya relación de supra subordinación. Lo que delimita la procedencia del juicio de amparo no es la participación que se tenga dentro de un procedimiento, sino la pretensión que se relaciona con el mismo; y dicha pretensión necesariamente debe ser la tutela de derechos fundamentales y no la defensa de un acto emitido dentro de las funciones públicas encomendadas. Por todo lo anterior, el artículo 9o. de la Ley de Amparo es congruente con los principios constitucionales en materia de amparo y no vulnera el artículo 17 constitucional, al impedir que las personas morales oficiales promuevan juicio de amparo para defender la legalidad de un acto emitido dentro de sus funciones, aunque hubiesen participado en un procedimiento ordinario con igualdad de oportunidades de defensa frente a un particular." De igual manera cobra por vigencia la jurisprudencia 2a./J. 45/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 254, Tomo XVII, Junio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 184063, que dice: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR ACTOS RELACIONADOS CON SERVIDORES PÚBLICOS MIEMBROS DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. Las personas morales oficiales pueden actuar con un doble carácter: como entes dotados de poder público y, esencialmente como personas morales de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de facultades de que se hallan investidos; en la segunda situación, obran en condiciones similares que los particulares, esto es, contraen obligaciones y adquieren derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. En consecuencia, si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales pueden ocurrir en demanda de amparo a través de los funcionarios o representantes que designen las leyes respectivas cuando el acto o la ley que se reclame afecten sus intereses patrimoniales, ello no ocurre cuando actúan como autoridades demandadas en el procedimiento contencioso administrativo con motivo de actos o resoluciones que conciernen a servidores públicos miembros de cuerpos de seguridad pública, dado que lo único que les otorga legitimación para acudir a la vía de amparo es que defiendan sus derechos patrimoniales, supuesto en el que no actúan en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado." También, sirve de apoyo a lo anterior por identidad de razón, la jurisprudencia número XVII.2o.P.A. J/3 A (11a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 2920, Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, Undécima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro ********************571, que dice: "LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. CARECEN DE ÉSTA LAS AUTORIDADES DEMANDADAS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (ANTES DE OPOSICIÓN) EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, PORQUE NO ACTÚAN EN UN PLANO DE IGUALDAD FRENTE AL ACTOR Y, POR ENDE, NO SE ENCUENTRAN DESPOJADAS DE IMPERIO." Del mismo modo, sirve de apoyo a lo anterior por identidad de razón, la jurisprudencia número XXI.2o.P.A. J/31, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 1334, Tomo XXX, correspondiente al mes de Diciembre de 20********************, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, con número de registro 165715 que dice: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO SI NO LO HACEN EN DEFENSA DE SUS INTERESES PATRIMONIALES, SINO COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON MOTIVO DE SU ACTUACIÓN COMO ENTES DOTADOS DE PODER PÚBLICO". Consecuentemente, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de amparo y, por ende, procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, dos de octubre de dos mil veintitrés. Vista la razón levantada por la Actuaria adscrita a este Juzgado Federal el veintiocho de septiembre del año en curso, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para emplazar a juicio al tercero interesado ...; por los motivos que en la misma se expone; sin que en el caso haya lugar a requerir a la parte quejosa para que proporcione el domicilio correcto de dicho tercero, toda vez, que de autos se advierte que en proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, se giró atento exhorto 617/2023 (307/2023-E) al Juez de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, en turno, a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado, emplace al tercero interesado ..., en un domicilio diverso por lo que se deberá de estar a la espera de la devolución de dicho exhorto. Notifíquese.
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