Priscila Sanchez Correa

Expediente 859/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
859/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
19/02/2021

Partes del expediente

  • Priscila de Jesus Sanchez
  • Priscila Sanchez Correa
  • Luz Maria de Jesus Sanchez

Actuaciones

  1. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. Como de la certificación secretarial se aprecia que el término de cinco días para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído que desechó la demanda de garantías ha fenecido, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia se declara que dicho acuerdo queda FIRME, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, como de la citada constancia secretarial se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar, diligencia por practicar, ni constancias que devolver; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues, se desechó la demanda de amparo. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Notifíquese.

  2. Principal

    con esta fecha se notifica por lista a los quejosos... del acuerdo de fecha dieciséis de diciembre de dos mil veinte...Vista la demanda de amparo que promueve -, por propio derecho y en cuanto represente legal de su menores hijas de iniciales -, contra actos del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número II-859/2020-1. El artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Ahora bien, del análisis íntegro de la demanda, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la respuesta en sentido negativo contenida en el oficio - que recayó a su petición de veintiséis de octubre del año en curso, en el que el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado niega la reapertura del Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial de Michoacán, determinación que se sustentó en las siguientes consideraciones jurídicas que a continuación se sintetizan: Que no se estima viable la reapertura del citado Centro de Convivencia Familiar en razón de que la pandemia generada por la enfermedad Covid-19 no ha sido contralada; por el contrario, los casos de contagio siguen en aumento, pues conforme a los Semáforos de Control Epidemiológicos, el Estado de Michoacán se ha encontrado en semáforo naranja y amarillo, esto es, en alto riesgo y riesgo intermedio de contagio. Que debe continuarse atendiendo las recomendaciones y las medidas emitidas por las autoridades sanitarias, entre ellas, el resguardo o confinamiento domiciliario. Que ante tal escenario no es pertinente que los infantes sean trasladados de los domicilios de la persona que ejerce la custodia al Centro de Convivencia Familiar, ya que con dicha acción podrían ser expuestos o ser más propensos a contraer el virus señalado, lo que pondría en riesgo la salud y la vida de los infantes y adolescentes. Que atendiendo al interés superior de los menores de edad se debe privilegiar su derecho a la vida y a la salud sobre el de convivir con uno de sus progenitores y, por tanto, debe continuar suspendido el servicio de convivencias presenciales en el Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial; ello sin perjuicio de que los órganos jurisdiccionales que conocen de los asuntos de los que deriva la interacción respectiva puedan resolver, de así estimarlo y a solicitud de los comparecientes, la modificación de la forma en que puede llevarse a cabo la convivencia, a través de medios electrónicos, como se indicó en el punto tercero del Acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, que establece las disposiciones generales para retomar la totalidad de las actividades relacionadas con el servicio de impartición de justicia que presta el Poder Judicial, debido a la emergencia sanitaria generada por la pandemia de COVID-19, publicado el 1 de agosto del año en curso. Como se observa, el Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, en el oficio reclamado -, expuso las razones por las cuales resulta improcedente la reapertura del Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial de esta entidad federativa, mismas que tienen su sustento principalmente en una norma general, a saber el Acuerdo 64/2020 de uno de agosto de dos mil veinte del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, que establece las disposiciones generales para retomar la totalidad de las actividades relacionadas con el servicio de impartición de justicia que presenta el Poder Judicial, debido a la emergencia sanitaria generada por la pandemia de COVID-19, cuya observancia es general en esta entidad federativa y que en el lo que aquí interesa establece: "Acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, que establece las disposiciones generales para retomar la totalidad de las actividades relacionadas con el servicio de impartición de justicia que presenta el Poder Judicial, debido a la emergencia sanitaria generada por la pandemia de COVID-19. Considerando [.] Tercero. En aras de garantizar el derecho a la salud de los infantes y al tratare de un asesor vulnerable de contagio, el servicio de la convivencias presenciales en el Cetro de Convivencia Familiar del Poder Judicial dl Estado continuará suspendido, sin perjuicio del que el órgano jurisdiccional respectivo resuelva a solicitud de los interesados sobre la modificación de la forma en que puede llevarse a cabo la convivencia, por los medios electrónicos que se tengan al alcance, atendiendo a la situación emergente que sigue prevaleciendo por la contingencia sanitaria y para preservar la salud de los menores de edad.". El citado acuerdo, como se dijo, constituye una norma general, en términos del artículo 107, fracción I, inciso g) de la Ley de Amparo. Al respecto, de oficio se advierte que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 78 de la Ley de la materia, en razón de que, en caso de concederse el amparo a la parte quejosa por considerar que el oficio reclamado (cuyo sustento principal se encuentra en el citado acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán) contraviene derechos fundamentales, implicaría otorgar efectos generales a la ejecutoria de amparo, lo cual sería contrario al principio de relatividad de las sentencias. Ello, porque las sentencias dictadas en ese juicio no pueden tener efectos generales, aunado a que dichos efectos únicamente deben tener aplicación respecto de la parte quejosa en lo individual. En efecto, la porción normativa citada en primer término establece que el juicio de amparo no procede cuando la improcedencia resulte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución General, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) II.- Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda. Cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión se resuelva la inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión consecutiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a la autoridad emisora correspondiente. Cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo notificará a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria. Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no será aplicable a normas generales en materia tributaria. En el juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia de los conceptos de violación o agravios de acuerdo con lo que disponga la ley reglamentaria. Cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, deberán recabarse de oficio todas aquellas pruebas que puedan beneficiar a las entidades o individuos mencionados y acordarse las diligencias que se estimen necesarias para precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados. En los juicios a que se refiere el párrafo anterior no procederán, en perjuicio de los núcleos ejidales o comunales, o de los ejidatarios o comuneros, el sobreseimiento por inactividad procesal ni la caducidad de la instancia, pero uno y otra sí podrán decretarse en su beneficio. Cuando se reclamen actos que afecten los derechos colectivos del núcleo tampoco procederán desistimiento ni el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que el primero sea acordado por la Asamblea General o el segundo emane de ésta." El primer párrafo de la fracción II del precepto constitucional trascrito regula el principio de relatividad de las sentencias de amparo, el cual implica que las sentencias que se pronuncian en el juicio de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la controversia. De acuerdo con esa disposición constitucional, el artículo 5o, fracción I, de la Ley de Amparo, contempla el principio de parte agraviada, en los siguientes términos: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". Asimismo, en relación con los efectos de las sentencias de amparo en las que se reclama una norma general, como la disposición reclamada en el presente asunto, el ordinal 78 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 78. Cuando el acto reclamado sea una norma general la sentencia deberá determinar si es constitucional, o si debe considerarse inconstitucional. Si se declara la inconstitucionalidad de la norma general impugnada, los efectos se extenderán a todas aquellas normas y actos cuya validez dependa de la propia norma invalidada. Dichos efectos se traducirán en la inaplicación únicamente respecto del quejoso. El órgano jurisdiccional de amparo podrá especificar qué medidas adicionales a la inaplicación deberán adoptarse para restablecer al quejoso en el pleno goce del derecho violado". Así pues, de la lectura conjunta de los mencionados numerales se obtiene que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo únicamente se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado y el amparo que, en su caso, se otorgue debe limitarse al caso especial sobre el que verse la controversia; lo cual, a contrario sensu, se traduce en que las sentencias dictadas en el juicio de amparo no pueden tener efectos generales. Así, la sentencia que se dicte en un juicio de amparo solamente debe ocuparse del quejoso que lo hubiere solicitado y debe limitarse al caso particular sobre el cual verse la controversia; esto es, no es posible emitir una sentencia de amparo en la que se den efectos generales, pues respecto de dichas sentencias aún prevalece el principio de relatividad, conforme al texto actual del artículo 107, fracción II, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente. De ahí que haya precisado que, si el juzgador observa que la sentencia estimatoria que llegara a dictar tendría efectos más allá del caso concreto enjuiciado y, por tanto, generales, ello provoca la improcedencia del juicio. Dichas consideraciones se encuentran plasmadas en la jurisprudencia 2a./J. 35/2012 (10a.) pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página mil cincuenta y nueve, libro VII, abril de dos mil doce, tomo 2, materia común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que estatuye: "IMPROCEDENCIA. SE ACTUALIZA EN EL JUICIO DE AMPARO SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LOS EFECTOS DE UNA EVENTUAL SENTENCIA PROTECTORA PROVOCARÍAN LA TRANSGRESIÓN DE SUS NORMAS O PRINCIPIOS RECTORES. La técnica del juicio de amparo permite que, antes de examinar el fondo de un asunto, se anticipe el efecto de la eventual concesión de la protección constitucional en favor del quejoso, y así prever si la restitución en el goce del derecho violado resultaría alcanzable, pues carecería de lógica y sentido práctico analizar el acto reclamado, si de antemano se advierte que la declaración de inconstitucionalidad no tendría ejecutividad. El fundamento de este proceder se apoya, por regla general, en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con otras normas de ese mismo ordenamiento o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo enlace armónico ofrece una variedad de causas de improcedencia que impiden el dictado de sentencias estimatorias cuyo cumplimiento fuera inaccesible. En esos términos, si a partir de un ejercicio de previsibilidad sobre los efectos de una eventual sentencia protectora, el juzgador advierte que la restitución del derecho provocaría la infracción de normas o principios rectores del juicio de amparo, entonces la acción intentada resulta improcedente por dictar una sentencia carente de ejecutividad, porque el restablecimiento citado llegaría al extremo de desencadenar consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y, por ende, a la regularidad constitucional que busca preservar. En la especie, el reclamado consiste en la respuesta emitida por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, que recayó a la petición de la quejosa, entre otros, en el sentido de que se reaperture el Centro de Convivencia Familiar, solicitud que fue declarada improcedente y cuyo principal sustento se encuentra en una norma general, consistente en el Acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, que establece las disposiciones generales para retomar la totalidad de las actividades relacionadas con el servicio de impartición de justicia que presta el Poder Judicial, debido a la emergencia sanitaria generada por la pandemia de Covid-19, publicado el uno de agosto del año en curso, específicamente su punto tercero, que ya fue transcrito en párrafos precedentes. Ahora bien, cabe señalar que acorde con el contenido de la demanda y los términos en que solicita la suspensión del acto reclamado, la pretensión de la quejosa al promover el presente amparo es que se ordene al Consejo del Poder Judicial de la Federación que emita un acuerdo mediante el cual determine formas de convivencia en el Centro de Convivencia Familiar, garantizando las medidas de sanidad recomendadas por las autoridades sanitarias, esto es, pretende la reapertura del citado Centro a fin de que se efectúen convivencias físicas o presenciales, aunque garantizando las medidas de sanidad con motivo de la pandemia. Luego, es evidente que en un ejercicio de previsibilidad sobre los efectos de una eventual sentencia protectora, se advierte que la restitución del derecho, en el supuesto de que el oficio reclamado resultare inconstitucional o ilegal, provocaría la infracción del principio de relatividad de las sentencias que rige en el juicio de amparo, pues el restablecimiento citado llegaría al extremo de desencadenar consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y, por ende, a la regularidad constitucional que busca preservar, toda vez que de resultar ilegal o inconstitucional el oficio destacado, cuyo sustento toral es un acuerdo de observancia general, conllevaría la transgresión de dicho principio, pues cabe señalar que resultaría transgresor del principio de relatividad, una concesión de amparo en el que se ordene aperturar el Centro de Convivencia Familiar únicamente para la aquí quejosa a fin de que conviva presencialmente con sus menores hijas durante este periodo de contingencia y de pandemia, con todo el despliegue de recursos económicos y humanos que ello implica. Máxime que corresponde al órgano jurisdiccional ordinario que tenga radicado el juicio o procedimiento en el que se dilucide lo relativo al régimen de convivencia de la parte quejosa con sus descendientes, determinar o modificar la forma la forma en que puede llevarse a cabo la convivencia, incluso, haciendo uso de los medios electrónicos que se tengan al alcance, atendiendo las disposiciones generales que se establezcan para retomar la totalidad de las actividades relacionadas con el servicio de impartición de justicia del Poder Judicial, de ahí que el efecto de una posible concesión del amparo no podría constreñirse nada más a la parte quejosa. En consecuencia al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 78, de ese propio ordenamiento, procede desechar la demanda de garantías de cuenta, respecto de los actos ya precisados, con apoyo en lo establecido por el artículo 113, de la ley de la materia Se tiene a la quejosa por señalado domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, y por autorizado para ese efecto a las personas que señala, con excepción de -, a quien se le otorga todas las facultades que establece el numeral 12 de la Ley de la Materia. Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica o bien consultar el expediente electrónico, es necesario que primeramente realicen el trámite?correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que generen un nombre de usuario, hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado ese dato y solicitar expresamente la consulta del expediente y/o las notificaciones por vía electrónica, a fin de que este órgano jurisdiccional lo autorice, de conformidad con los artículos 3, fracción I, 6, 16 y 18 del Acuerdo General 12/2020 del?Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.???? En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se?exhorta?a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico?relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL,?e.firma?u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.???? Se?invita?a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Notifíquese personalmente el presente proveído, en el entendido de que el Actuario adscrito deberá acatar el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, así como los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Dicha encomienda podrá efectuarse de manera escalonada en los términos a que se refiere el artículo 2 fracción lV del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal... LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Como de la certificación que antecede se advierte que a la fecha transcurrió el término otorgado a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado por las autoridades responsables a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha haya realizado manifestación alguna al respecto. En consecuencia, se procede a realizar el pronunciamiento respectivo de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia número 26/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del tres de marzo del año dos mil, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el tomo XI, Marzo del año 2000, 26/2000, visible en la página 243, que literalmente dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Mediante resolución de doce de marzo de dos mil veinte, este juzgado CONCEDIÓ el amparo y protección de la justicia federal a -, en los términos siguientes: "Lleve a cabo la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones en la fecha pactada, solo de encontrarse debidamente emplazados los demandados, y en caso de que por algún motivo se difiera, acate los términos previstos en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo; además, deberá proveer lo que en derecho corresponda haciendo valer los medios de apremio necesarios a efecto de que se lleven a cabo las diligencias del emplazamiento de la parte demandada, lo que deberá realizar dentro del término señalado por el numeral referido de la citada Ley.." Por auto de veintisiete de octubre del año en curso, se declaró ejecutoriada la sentencia y se requirió a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, para que diera cumplimiento al fallo protector en el plazo de tres días. Mediante oficio número -, presentado en este órgano jurisdiccional el diez de noviembre pasado, la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, remitió copia certificada del acuerdo de fecha uno de octubre del presente año, mediante el cual señala fecha para el desahogo de la referida audiencia y ordenó el emplazamiento de la parte demanda mediante exhorto girado vía mensajería acelerada, lo que corroboró con copia de la guía respectiva, constancias que se agregaron en proveído de once de noviembre siguiente, y en la misma data, se requirió a la responsable a efecto de remitir las constancias de emplazamiento de la parte demanda, lo que realizó mediante oficio número -presentado el diecinueve de noviembre próximo a este tribunal federal, mismo que se agregó a los autos en proveído de veintitrés siguiente, dando la vista respectiva a la parte quejosa sobre el cumplimiento de la ejecutoria decretada en autos. Es así, que esta juzgadora estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, ya que señaló nueva fecha para el desahogo de la audiencia que se reclama y se emplazó a la parte demanda dentro del juicio de origen. Por consiguiente, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable en cita, a la ejecutoria en esta instancia Constitucional, con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se declara que el FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN LO ESENCIAL; sin que se advierta que la responsable, al dar cumplimiento a ello, haya incurrido en exceso o defecto en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Sobre el particular resulta aplicable la tesis 2ª. CXVI/97, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, de la Novena Época, consultable a fojas 144, Tomo: VI, Octubre de 1997 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- "El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal, u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución."

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Como se advierte de la constancia secretarial de cuenta, que no obra en autos el acuse del oficio 1456, dirigido al tercero interesado - a través del cual se ordenó su emplazamiento al presente juicio, ni constancia que evidencie que se encuentre notificado; por tanto, en obvio de mayores dilaciones, requiérase al Administrador Local de Correos, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contando a partir de la legal notificación del presente proveído, remita la pieza postal de referencia o bien informe el impedimento legal que tenga para ello, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá un multa de cincuenta veces la unidad de medida y actualización, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259 de la Ley de la Materia. No se soslaya que en diversos juicios de amparo que se tramitan en este juzgado, la autoridad requerida ha informado que tal solicitud, recae exclusivamente en la oficina de destino, ya que a ella corresponde realizar la entrega y controlar la devolución de las piezas postales referidas; empero, como la autoridad a que hace referencia, y la requerida actúan en coordinación y apoyo de la justicia Federal, en términos de lo dispuesto por el artículo 17 del Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, tal cuestión constituye una obligación, la cual no deberá inobservar dicha autoridad, so pena de incurrir en desacato. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TRES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. En términos del artículo 5, fracción II, del referido Acuerdo General 21/2020, la audiencia constitucional se llevará a cabo a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, para lo cual se hace de su conocimiento, que en caso de ofrecer pruebas o formular alegatos, para ser considerados en la audiencia, resulta necesario que presenten de manera física los escritos correspondientes ante la Oficialía de Partes Común un día antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia, lo anterior tomando en consideración que ante la pandemia el personal de este Juzgado solo puede recoger las promociones presentadas hasta el final del día, por lo que si la presentan en ese lugar el día de la audiencia sería extemporáneo porque se acordaría hasta el día siguiente cuando ya se habrá celebrado la audiencia constitucional; sin embargo, tales promociones, con la finalidad de que puedan ser consideradas en la audiencia podrán ser presentadas de manera electrónica si desean hacerlo el mismo día de la audiencia siempre y cuando sea previo a la hora señalada para su verificativo, apercibidas que de no hacerlo en los términos precisados, la promoción relativa se acordará con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese.

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