Priscila Osorio Vega
Expediente 407/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 407/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 01/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Priscila Osorio Vega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Morelia, Michoacán, a uno de octubre de dos mil veintiunoComo se advierte de la certificación secretarial de cuenta, que el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas recurrieran el auto de catorce de julio pasado, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de garantías, transcurrió para la parte tercero interesada y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, del diecinueve siguiente al treinta de dicho mes, y para la parte quejosa, del veintinueve de julio del año en curso al once de agosto pasado, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno ni manifestación bajo protesta de decir verdad de las partes en el sentido de haberlo interpuesto ante la superioridad; por tanto, se declara que el proveído de mérito ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que se haga referencia al cómputo respecto de la autoridad responsable, en virtud de que no está legitimada para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, de título: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA." Por otra parte, como de la constancia secretarial se obtiene que el presente juicio de amparo se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN, dado que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de garantías, de conformidad con lo establecido en el artículo y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; e) Medidas precautorias, siempre que no sean en materia penal. f) Impedimentos; g) Recusaciones; h) Excusas; i) Returnos; j) Incompetencias; k) Conflictos competenciales. En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. No serán valorados como destruibles aquellos expedientes que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en este Acuerdo General...". Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni el suscrito, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.
- Principal
con esta fecha se notifica por lista a la quejosa... del auto de catorce de julio de dos mil veintiuno... Como de la constancia secretarial de cuenta, se aprecia que en proveído de veintiuno de junio pasado, se acordó el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, al que adjuntó copia certificada relativa al expediente laboral -, de donde emana el acto reclamado. Ahora bien, de autos se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: ".EL DERECHO DE LA QUEJOSA DE VIOLENTAR SU DERECHO FUNDAMENTAL QUE TIENE A UN PROCESO SIN DILACIONES Y A OBTENER ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA, AL SER OMISA LA RESPONSABLE EN OBSERVAR Y APLICAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 735 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, YA QUE DENTRO DEL EXPEDIENTE -, EN LA AUDIENCIA DE OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS, PREVISTA POR EL ARTÍCULO 880 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, CELEBRADA EL 21 VEINTIUNO DE ABRIL DEL AÑO 2021, DOS MIL VEINTIUNO, UNA VEZ DESAHOGADA ESTA, LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE RESERVÓ EL ACUERDO DE ADMISIÓN Y/O DESECHAMIENTO DE PRUEBAS, SIENDO OMISA A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, EN EMITIR DICHO ACUERDO DE ADMISIÓN Y/O DESECHAMIENTO DE PRUEBAS.". En ese sentido, la procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el Juez de Distrito aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia II.1o. J/5, octava época, registro 222780, cuyo rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". En virtud de lo anterior, cabe destacar que el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, instituye lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" La cesación de efectos se ha interpretado como la circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica, de tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías. Ello torna improcedente el juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de garantías desapareció o por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduciría analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del peticionario es constitucional o no. De la lectura del criterio invocado se arriba a la convicción, de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo generaba deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación o actúa ante la omisión que se le reclama, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo y restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura se reitera que, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo o como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 54/2001 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ochocientos ochenta y dos, Tomo XIII, Abril de dos mil uno, Materia Constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS. La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que en tratándose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria." Ahora bien, de las constancias que acompañó a su informe justificado la autoridad responsable, consistentes en copia certificada de constancias relativas al expediente laboral -, de donde deriva el acto reclamado, se advierte que en determinación de quince de junio de dos mil veintiuno, la autoridad responsable acordó lo siguiente: "...I.- En atención a las pruebas ofrecidas por las partes, se provee: II.- Se ADMITEN las pruebas CONFESIONALES marcadas con los números 1 y 2 ofrecidas por la parte ACTORA, que estarán a cargo de ... y ..., señalándose para su desahogo las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA VEINTICUATRO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.". (.) III.- Se ADMITE la prueba TESTIMONIAL ofrecida por la parte ACTORA, marcada con el número 3, a cargo de -, señalándose para su desahogo las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA SEIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.". (.) IV.- Por lo que ve a la DOCUMENTAL PRIVADA, marcada con el número 4 ofrecida por la parte ACTORA, de conformidad con los artículos 735 y 784 en relación con el 804 de la Ley Federal del Trabajo, se REQUIERE a la parte demandada para que dentro del término legal de TRES DÍAS HABILES, contado a partir de que surta efectos la notificación que se realice del presente proveído, exhiba ante esta Junta los documentos a que se refiere el artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo.". (.) V.- Se ADMITE la PRUEBA DOCUMENTAL, marcada con el número 5 ofrecida por la parte ACTORA, consistente en siete recibos de nómina en copia simple, los cuales se encuentran glosados de la foja 81 a la 84 de autos, quedando sujeta al resultado del COTEJO Y7O COMPULSA, ofrecido como medio de perfeccionamiento, señalándose las DIEZ HORAS DEL DIA CINCO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.". (.) VI.- Por lo que ve a las pruebas ofrecidas de la PARTE DEMANDADA se ADMITEN en su TOTALIDAD, teniendo por admitidas y desahogadas las marcadas con los números III, IV, V, VI, y VI Bis, dada su naturaleza jurídica y por obrar en autos.". VII.- Se ADMITE la prueba CONFESIONAL que estará a cargo de PRISCILA OSORIO VEGA, señalándose para su desahogo las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA VEINTICUATRO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.". (.) VII.- Se ADMITE la prueba TESTIMONIAL ofrecida por la parte DEMANDADA, marcada con el número II, a cargo de ... y ..., señalándose para su desahogo las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA CATORCE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.". Documental que merece pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Por lo cual, se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en razón a que la omisión aquí reclamada ha dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Lo anterior es así, dado que si bien es cierto, que en el presente juicio de garantías, la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de la responsable de emitir el acuerdo relativo a la admisión y/o desechamiento de pruebas; también lo es que la autoridad responsable, el quince de junio pasado, acordó lo procedente a la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por la parte actora y demandada, motivo al acto reclamado, en los términos antes precisados. Por lo cual, al existir una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede SOBRESEER en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Asi como la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Finalmente, se ordena dejar sin efectos la fecha señalada dentro del presente juicio, para la celebración de la audiencia constitucional de mérito, fijada para las once horas del veintiséis de julio de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente... LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.
- Principal
Morelia, Michoacán, a catorce de julio de dos mil veintiuno. Como de la constancia secretarial de cuenta, se aprecia que en proveído de veintiuno de junio pasado, se acordó el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, al que adjuntó copia certificada relativa al expediente laboral -, de donde emana el acto reclamado. Ahora bien, de autos se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: ".EL DERECHO DE LA QUEJOSA DE VIOLENTAR SU DERECHO FUNDAMENTAL QUE TIENE A UN PROCESO SIN DILACIONES Y A OBTENER ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA, AL SER OMISA LA RESPONSABLE EN OBSERVAR Y APLICAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 735 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, YA QUE DENTRO DEL EXPEDIENTE -, EN LA AUDIENCIA DE OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS, PREVISTA POR EL ARTÍCULO 880 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, CELEBRADA EL 21 VEINTIUNO DE ABRIL DEL AÑO 2021, DOS MIL VEINTIUNO, UNA VEZ DESAHOGADA ESTA, LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE RESERVÓ EL ACUERDO DE ADMISIÓN Y/O DESECHAMIENTO DE PRUEBAS, SIENDO OMISA A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, EN EMITIR DICHO ACUERDO DE ADMISIÓN Y/O DESECHAMIENTO DE PRUEBAS.". En ese sentido, la procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el Juez de Distrito aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia II.1o. J/5, octava época, registro 222780, cuyo rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". En virtud de lo anterior, cabe destacar que el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, instituye lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" La cesación de efectos se ha interpretado como la circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica, de tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías. Ello torna improcedente el juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de garantías desapareció o por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduciría analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del peticionario es constitucional o no. De la lectura del criterio invocado se arriba a la convicción, de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo generaba deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación o actúa ante la omisión que se le reclama, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo y restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura se reitera que, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo o como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 54/2001 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ochocientos ochenta y dos, Tomo XIII, Abril de dos mil uno, Materia Constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS. La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que en tratándose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria." Ahora bien, de las constancias que acompañó a su informe justificado la autoridad responsable, consistentes en copia certificada de constancias relativas al expediente laboral -, de donde deriva el acto reclamado, se advierte que en determinación de quince de junio de dos mil veintiuno, la autoridad responsable acordó lo siguiente: "...I.- En atención a las pruebas ofrecidas por las partes, se provee: II.- Se ADMITEN las pruebas CONFESIONALES marcadas con los números 1 y 2 ofrecidas por la parte ACTORA, que estarán a cargo de ... y ..., señalándose para su desahogo las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA VEINTICUATRO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.". (.) III.- Se ADMITE la prueba TESTIMONIAL ofrecida por la parte ACTORA, marcada con el número 3, a cargo de -, señalándose para su desahogo las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA SEIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.". (.) IV.- Por lo que ve a la DOCUMENTAL PRIVADA, marcada con el número 4 ofrecida por la parte ACTORA, de conformidad con los artículos 735 y 784 en relación con el 804 de la Ley Federal del Trabajo, se REQUIERE a la parte demandada para que dentro del término legal de TRES DÍAS HABILES, contado a partir de que surta efectos la notificación que se realice del presente proveído, exhiba ante esta Junta los documentos a que se refiere el artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo.". (.) V.- Se ADMITE la PRUEBA DOCUMENTAL, marcada con el número 5 ofrecida por la parte ACTORA, consistente en siete recibos de nómina en copia simple, los cuales se encuentran glosados de la foja 81 a la 84 de autos, quedando sujeta al resultado del COTEJO Y7O COMPULSA, ofrecido como medio de perfeccionamiento, señalándose las DIEZ HORAS DEL DIA CINCO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.". (.) VI.- Por lo que ve a las pruebas ofrecidas de la PARTE DEMANDADA se ADMITEN en su TOTALIDAD, teniendo por admitidas y desahogadas las marcadas con los números III, IV, V, VI, y VI Bis, dada su naturaleza jurídica y por obrar en autos.". VII.- Se ADMITE la prueba CONFESIONAL que estará a cargo de PRISCILA OSORIO VEGA, señalándose para su desahogo las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA VEINTICUATRO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.". (.) VII.- Se ADMITE la prueba TESTIMONIAL ofrecida por la parte DEMANDADA, marcada con el número II, a cargo de ... y ..., señalándose para su desahogo las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA CATORCE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.". Documental que merece pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Por lo cual, se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en razón a que la omisión aquí reclamada ha dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Lo anterior es así, dado que si bien es cierto, que en el presente juicio de garantías, la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de la responsable de emitir el acuerdo relativo a la admisión y/o desechamiento de pruebas; también lo es que la autoridad responsable, el quince de junio pasado, acordó lo procedente a la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por la parte actora y demandada, motivo al acto reclamado, en los términos antes precisados. Por lo cual, al existir una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede SOBRESEER en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Asi como la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Finalmente, se ordena dejar sin efectos la fecha señalada dentro del presente juicio, para la celebración de la audiencia constitucional de mérito, fijada para las once horas del veintiséis de julio de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, a ocho de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el pedimento signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, mediante el cual formula alegatos que a su parte corresponden, los que serán tomados en cuenta en la audiencia constitucional; asimismo, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, expídasele en su oportunidad las copias que solicita. Notifíquese.
Quedan 3 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,550 expedientes
- Presidente Municipal de Patzcuaro, Michoacan188/2020
- Prima Bernal Velazquez774/2021
- Primitivo Alvarez Rivera757/2023
- Primitivo Ortiz Garcia642/2012
- Priscila Camacho Maya247/2022
- Priscila Orozco Suarez765/2019
- Priscila Osorio Vega1073/2019
- Priscila Sanchez Correa859/2020
- Priscila Zacacarias Vega836/2021
- Promotora Turistica de Uruapan840/2018
- Prospero Garcia Campuzano793/2023
- Prudencio Velazquez Colin823/2018