Priscila Orozco Suarez
Expediente 765/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 765/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Priscila Orozco Suarez
Actuaciones
- Principal
Como de la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de ocho de julio en curso, que DESECHÓ la demanda de garantías promovida por P*****, por propio derecho, sin que hicieran uso de tal derecho; consecuentemente, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para los efectos procedentes. Por otra parte, como de los propios autos se aprecia que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que el presente juicio es susceptible de destrucción, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues, se desechó la demanda de garantías planteada por ****. Notifíquese.
- Principal
.CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA LA PARTE QUEJOSA.DEL PROVEIDO DE OCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE:" ...En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Haciendo un análisis integral de la demanda de garantías, se evidencía que procede desecharla, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que prevé: "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." La fracción transcrita establece la causa de improcedencia del juicio de amparo por inobservancia al principio de definitividad, es decir, que antes de presentar la demanda de amparo, deben agotarse los recursos ordinarios o medios de defensa que establece la ley que rige al acto reclamado. Asimismo, a fin de cumplir cabalmente con tal principio, el gobernado debe intentar el recurso idóneo para lograr la modificación, revocación o nulificación de la multa reclamada, pues no basta la mera interposición del medio de impugnación, sino que éste debe ser apto. Es así, porque la interposición de uno u otro recurso, no puede quedar a la voluntad del particular, sino que debe atenderse al medio de defensa específico previsto por la ley que rige el acto reclamado para la debida impugnación del acto. De lo contrario, es decir, de considerar agotado el principio de definitividad por impugnarse la audiencia intermedia dentro del proceso penal 60/2018, del índice del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de la Región de Zitácuaro, Michoacán, mediante recurso diverso al establecido por la ley, implicaría aceptar la posibilidad de que el gobernado altere el sistema de recursos previstos en las leyes, lo que es jurídicamente inaceptable, pues el establecimiento de los instrumentos procesales de impugnación no puede quedar al arbitrio del gobernado, sino en los casos en que específicamente lo permite la ley. Los elementos cuya configuración dan lugar a que se integre la causal de improcedencia en análisis, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y, d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Orienta lo anterior, la jurisprudencia 25, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1990, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73 fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada: Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquéllos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución." De igual manera, el la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época del Semanario judicial de la Federación, visible en la página 276, cuyo rubro y texto se precisan a continuación: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO, CUANDO LA LEY CONCEDA ALGÚN RECURSO O MEDIO DE DEFENSA. Ciertamente, conforme a la última parte de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, los quejosos, no están obligados a agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos ordinarios procedentes en contra del acto reclamado, si éste carece de fundamentación. Sin embargo para la hipótesis prevista en la fracción XIII del artículo 73 en cita, no opera la excepción al principio de definitividad del juicio de garantías antes indicado, pues de esta fracción sólo se infiere que en tratándose de resoluciones emitidas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales las leyes de la materia concedan algún recurso o medio de defensa; por los cuales podrán ser revocados, modificados o nulificados, los agraviados deberán agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, dichos medios de impugnación y que a ello no están obligados los terceros extraños a juicio; por ello, se impone considerar, que en la hipótesis en comento no opera la excepción al principio de definitividad antes precisada, al no indicarlo así la disposición de referencia." Ahora, es necesario precisar que el acto que aquí se reclama fue emitido en la audiencia intermedia celebrada el doce de junio del año en curso, dentro del proceso penal 60/2018, del índice del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de la Región de Zitácuaro, Michoacán, por medio del cual se admitieron las pruebas ofertadas por el licenciado -, sin que los imputados -, lo designará y ante la responsable aceptará y protestará el cargo conferido, misma que se encuentra regulada por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, los artículos 456 y 466, del Código Nacional de Procedimientos Penales, a la letra establecen lo siguiente: "Artículo 456. Reglas generales Las resoluciones judiciales podrán ser recurridas sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos en este Código. (ADICIONADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) Para efectos de su impugnación, se entenderán como resoluciones judiciales, las emitidas oralmente o por escrito. El derecho de recurrir corresponderá tan sólo a quien le sea expresamente otorgado y pueda resultar afectado por la resolución. En el procedimiento penal sólo se admitirán los recursos de revocación y apelación, según corresponda. Artículo 466. Trámite El recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, conforme a las siguientes reglas: I. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo, o II. Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita. El Órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite. La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia, deberá emitirse de inmediato; la resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los tres días siguientes a su interposición; en caso de que el Órgano jurisdiccional cite a audiencia por la complejidad del caso, resolverá en ésta." Tal precepto, en lo que aquí interesa, se tiene que si la parte quejosa reclama la audiencia intermedia celebrada el doce de junio del año en curso, dentro del proceso penal 60/2018; en ese sentido, la ley que rige el acto reclamado, establece un medio de defensa con la finalidad de que el Juez de Control ante quien se impone dicho medio, revise las decisiones u omisiones que definen el curso de la misma; por tanto, los promoventes tienen expedito su derecho de impugnar dicha audiencia. Así las cosas, antes de acudir al amparo la parte quejosa debió agotar el recurso de revocación que pudo interponer en términos de lo dispuesto por el numeral 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debiendo con ello agotar el principio de definitividad a que se ha hecho referencia, previo a promover el juicio de garantías, de ahí que cómo se dijo, al no haberlo hecho, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior por identidad de razón, jurisprudencia emitida por el Sexto Tribunal Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 902, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías" No se pasa por alto, que la Ley de Amparo establece ciertas excepciones al principio de definitividad, en las cuales no será necesario que se agoten los recursos ordinarios o medios de impugnación procedentes antes de acudir al juicio de amparo, esto es, cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; cuando el acto reclamado consista en alguna orden de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Sin embargo, el acto que aquí se reclama no se encuentra dentro de alguno de esos supuestos. Por tanto, se concluye que una de las finalidades del principio de definitividad es la de evitar los abusos en la promoción del juicio de amparo y, con ello, impedir que se utilice para retardar la administración de justicia; por ese motivo el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto a las resoluciones administrativas después de agotado el recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. Apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 128, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo XXIV, que a la letra reza: "RECURSOS ORDINARIOS. Los recursos ordinarios que, por no interponerse, hacen improcedente el amparo, son aquellos que concede la ley, y por los cuales, mediante determinado procedimiento, se obtiene que la autoridad misma o su superior, reformen o revoquen la resolución motivo del amparo; pero cuando este medio de modificar o reformar el acto que se reclama, está constituido por una verdadera contienda judicial, entonces no puede considerarse ya que existe el recurso ordinario que hace improcedente el amparo." En este orden de ideas y al no encontrarse en ningún caso de procedencia del amparo indirecto, se concluye que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, en relación con el diverso 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, y 124 de la Ley de Aguas Nacionales, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías, formulada por -, respecto de los actos que han quedado precisados. ";.LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO
- Principal
...En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Haciendo un análisis integral de la demanda de garantías, se evidencía que procede desecharla, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que prevé: "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." La fracción transcrita establece la causa de improcedencia del juicio de amparo por inobservancia al principio de definitividad, es decir, que antes de presentar la demanda de amparo, deben agotarse los recursos ordinarios o medios de defensa que establece la ley que rige al acto reclamado. Asimismo, a fin de cumplir cabalmente con tal principio, el gobernado debe intentar el recurso idóneo para lograr la modificación, revocación o nulificación de la multa reclamada, pues no basta la mera interposición del medio de impugnación, sino que éste debe ser apto. Es así, porque la interposición de uno u otro recurso, no puede quedar a la voluntad del particular, sino que debe atenderse al medio de defensa específico previsto por la ley que rige el acto reclamado para la debida impugnación del acto. De lo contrario, es decir, de considerar agotado el principio de definitividad por impugnarse la audiencia intermedia dentro del proceso penal 60/2018, del índice del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de la Región de Zitácuaro, Michoacán, mediante recurso diverso al establecido por la ley, implicaría aceptar la posibilidad de que el gobernado altere el sistema de recursos previstos en las leyes, lo que es jurídicamente inaceptable, pues el establecimiento de los instrumentos procesales de impugnación no puede quedar al arbitrio del gobernado, sino en los casos en que específicamente lo permite la ley. Los elementos cuya configuración dan lugar a que se integre la causal de improcedencia en análisis, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y, d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Orienta lo anterior, la jurisprudencia 25, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1990, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73 fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada: Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquéllos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución." De igual manera, el la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época del Semanario judicial de la Federación, visible en la página 276, cuyo rubro y texto se precisan a continuación: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO, CUANDO LA LEY CONCEDA ALGÚN RECURSO O MEDIO DE DEFENSA. Ciertamente, conforme a la última parte de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, los quejosos, no están obligados a agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos ordinarios procedentes en contra del acto reclamado, si éste carece de fundamentación. Sin embargo para la hipótesis prevista en la fracción XIII del artículo 73 en cita, no opera la excepción al principio de definitividad del juicio de garantías antes indicado, pues de esta fracción sólo se infiere que en tratándose de resoluciones emitidas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales las leyes de la materia concedan algún recurso o medio de defensa; por los cuales podrán ser revocados, modificados o nulificados, los agraviados deberán agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, dichos medios de impugnación y que a ello no están obligados los terceros extraños a juicio; por ello, se impone considerar, que en la hipótesis en comento no opera la excepción al principio de definitividad antes precisada, al no indicarlo así la disposición de referencia." Ahora, es necesario precisar que el acto que aquí se reclama fue emitido en la audiencia intermedia celebrada el doce de junio del año en curso, dentro del proceso penal 60/2018, del índice del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de la Región de Zitácuaro, Michoacán, por medio del cual se admitieron las pruebas ofertadas por el licenciado -, sin que los imputados -, lo designará y ante la responsable aceptará y protestará el cargo conferido, misma que se encuentra regulada por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, los artículos 456 y 466, del Código Nacional de Procedimientos Penales, a la letra establecen lo siguiente: "Artículo 456. Reglas generales Las resoluciones judiciales podrán ser recurridas sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos en este Código. (ADICIONADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) Para efectos de su impugnación, se entenderán como resoluciones judiciales, las emitidas oralmente o por escrito. El derecho de recurrir corresponderá tan sólo a quien le sea expresamente otorgado y pueda resultar afectado por la resolución. En el procedimiento penal sólo se admitirán los recursos de revocación y apelación, según corresponda. Artículo 466. Trámite El recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, conforme a las siguientes reglas: I. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo, o II. Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita. El Órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite. La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia, deberá emitirse de inmediato; la resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los tres días siguientes a su interposición; en caso de que el Órgano jurisdiccional cite a audiencia por la complejidad del caso, resolverá en ésta." Tal precepto, en lo que aquí interesa, se tiene que si la parte quejosa reclama la audiencia intermedia celebrada el doce de junio del año en curso, dentro del proceso penal 60/2018; en ese sentido, la ley que rige el acto reclamado, establece un medio de defensa con la finalidad de que el Juez de Control ante quien se impone dicho medio, revise las decisiones u omisiones que definen el curso de la misma; por tanto, los promoventes tienen expedito su derecho de impugnar dicha audiencia. Así las cosas, antes de acudir al amparo la parte quejosa debió agotar el recurso de revocación que pudo interponer en términos de lo dispuesto por el numeral 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debiendo con ello agotar el principio de definitividad a que se ha hecho referencia, previo a promover el juicio de garantías, de ahí que cómo se dijo, al no haberlo hecho, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior por identidad de razón, jurisprudencia emitida por el Sexto Tribunal Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 902, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías" No se pasa por alto, que la Ley de Amparo establece ciertas excepciones al principio de definitividad, en las cuales no será necesario que se agoten los recursos ordinarios o medios de impugnación procedentes antes de acudir al juicio de amparo, esto es, cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; cuando el acto reclamado consista en alguna orden de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Sin embargo, el acto que aquí se reclama no se encuentra dentro de alguno de esos supuestos. Por tanto, se concluye que una de las finalidades del principio de definitividad es la de evitar los abusos en la promoción del juicio de amparo y, con ello, impedir que se utilice para retardar la administración de justicia; por ese motivo el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto a las resoluciones administrativas después de agotado el recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. Apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 128, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo XXIV, que a la letra reza: "RECURSOS ORDINARIOS. Los recursos ordinarios que, por no interponerse, hacen improcedente el amparo, son aquellos que concede la ley, y por los cuales, mediante determinado procedimiento, se obtiene que la autoridad misma o su superior, reformen o revoquen la resolución motivo del amparo; pero cuando este medio de modificar o reformar el acto que se reclama, está constituido por una verdadera contienda judicial, entonces no puede considerarse ya que existe el recurso ordinario que hace improcedente el amparo." En este orden de ideas y al no encontrarse en ningún caso de procedencia del amparo indirecto, se concluye que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, en relación con el diverso 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, y 124 de la Ley de Aguas Nacionales, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías, formulada por -, respecto de los actos que han quedado precisados. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
1. RADICACIÓN DEMANDA Y PREVENCIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por - contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de la Región de Zitácuaro, Michoacán. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número VII-765/2019-1; previo admitirla o desecharla, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse cuando: Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y, No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda [.]". Atendiendo a lo establecido en dicho precepto, y a fin de estar en condiciones de acordar lo conducente en atención al principio de seguridad jurídica que rige el juicio de amparo, procurando la celeridad en el procedimiento en términos del artículo 17 constitucional y, además, con fundamento en los numerales 108, fracción IV, 112, 114, requiérase a los promoventes para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad y apercibidos de la responsabilidades en que incurren en caso de manifestar hechos falsos, manifiesten si los promoventes, o en su caso alguno de sus asesores jurídicos intervinieron en la audiencia intermedia celebrada a las diecinueve horas del doce de junio del año en curso, dentro del proceso penal 60/2018. 2. APERCIBIMIENTO. Bajo apercibimiento que de no cumplir con la prevención formulada, se proveerá lo que en derecho proceda. Además deberá exhibir tantas copias sean necesarias de su escrito aclaratorio para ser agregadas a todas y cada una de las copias de su libelo petitorio. 3. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. Ahora bien, se tiene al quejoso por señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, y por autorizados para tal efecto a las personas que indica. 4. AUTORIZACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Finalmente, se tiene a la parte quejosa por señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, el ubicado en -, y por autorizados con las facultades amplias que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo a -, virtud a que como se desprende tienen registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.
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