Presidente Municipal de Apatzingán, Michoacán
Expediente 626/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 626/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Presidente Municipal de Apatzingán, Michoacán
Actuaciones
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto el oficio número 15731, signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, mediante el cual acusa recibo del comunicado 11095/2020, de treinta de septiembre de dos mil veinte, por el cual se le remitió la demanda de amparo que dio origen al presente cuaderno de antecedentes formado con motivo del returno planteado para continuar conociendo, tramitar y resolver la demanda de amparo promovida por ..., contra actos del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este cuaderno como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este Juzgado. Vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Séptimo, numeral 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo séptimo, artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Vista la demanda de amparo promovida por ..., contra actos del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, que hace consistir en: ".ACTO RECLAMADO.- Lo constituye el auto de fecha 02 de marzo del ario 2020, dictado en Periodo de ejecución, dentro del expediente identificado bajo el número J. A. 0917/2014 que sigue..., por conducto de su Presidente, así como al Tesorero del mismo, dentro del cual la responsable lleva a cabo una indebida actualización por supuesto adeudo de gastos financieros, a los que fue condenada la parte demandada, los cuales son requeridos en pago en beneficio de la parte actora dentro del juicio del que deviene el acto reclamado, sin que pase desapercibido el apercibimiento que se realizó por la responsable para el caso de no cumplir la sentencia o que su cumplimiento sea excesivo o defectuoso, en el sentido de que se le aplicara una multa de entre QUINIENTAS CINCUENTA CINCO MIL VECES (sic.) el valor diario de la unidad de medida y actualización, pues tal apercibimiento no encuentra sustento en ninguna porción que conforma el Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo; así como los acuerdos que en relación con tal ejecución se deriven del que constituye el acto reclamado.". Regístrese el presente asunto en el libro de gobierno con el número 626/2020-I. Ahora bien, del libelo de amparo se advierte, que el aquí quejoso manifiesta bajo protesta de decir verdad, en el apartado correspondiente a los antecedentes del acto reclamado, que tiene conocimiento, que ..., en su calidad de quejosa, promovió ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, el juicio de amparo registrado con el número 598/2018, que con la tramitación de ese juicio, el procedimiento administrativo 0917/2014-II, de donde emana el acto reclamado estuvo suspendido aproximadamente diecisiete meses. Anterior juicio de amparo, en donde el acto reclamado se hizo consistir, en esencia, en la diligencia de requerimiento de pago y embargo de fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, realizada dentro del exhorto número 255/2017, emitido en el juicio laboral 2569/2011, en la que se declaró embargado el crédito decretado a favor de la quejosa dentro del juicio administrativo JA-0917/2014, hasta por la cantidad de $343,607.86, (trescientos cuarenta y tres mil seiscientos siete pesos 86/100 Moneda Nacional), por concepto de gastos financieros, reclamado a la Junta Especial Número Nueve con residencia en Apatzingán, Michoacán. Además de la ejecución del laudo dictado dentro del juicio ordinario laboral de origen 2569/2011, atribuido a los Magistrados que integran el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, y al Actuario adscrito a la Secretaría General de Acuerdos; así como al Magistrado instructor de la Segunda Sala Administrativa Ordinaria del propio Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y al Actuario de su adscripción, acto realizado en el procedimiento administrativo JA-0917/2014. Lo que se advierte de la sentencia definitiva de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, dentro del juicio de amparo número 598/2018, resolución se encuentra publicada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), misma que genera un conocimiento completo y veraz de la emisión y sentido en que fue pronunciada, por ser un hecho notorio, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°. Sirve de apoyo la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, visible en la página 2181, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "HECHOS NOTORIOS. PUEDEN INVOCARSE COMO TALES, LOS AUTOS O RESOLUCIONES CAPTURADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), AL SER INFORMACIÓN FIDEDIGNA Y AUTÉNTICA. De acuerdo con la doctrina, cabe considerar notorios a aquellos hechos cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal o general propia de un determinado círculo social en el tiempo en que se produce la decisión, excluyendo de éstos las características de universalidad, conocimientos absoluto y efectivo, así como la permanencia del hecho, pues no se requiere que éste sea objeto de un conocimiento multitudinario; resulta suficiente el conocimiento relativo, es decir, la posibilidad de verificar la existencia del hecho de que se trate mediante el auxilio de una simple información; es innecesaria la observación directa por todos los individuos pertenecientes al grupo social, y no obsta a la notoriedad de un hecho la circunstancia de haber acontecido con anterioridad, por considerarse que éste sea, al momento de desarrollarse el proceso, respectivamente. Por su parte, tratándose de los tribunales, los hechos notorios se definen como aquellos que el órgano judicial conoce institucionalmente con motivo de su propia actividad profesional; situación esta última que coincide con lo asentado en la ejecutoria de la contradicción de tesis 4/2007-PL, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, junio de 2007, página 285, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.", que determinó que un hecho notorio para un tribunal, es aquel del que conozca por razón de su propia actividad jurisdiccional y en la cual se dejó abierta la posibilidad de que un juzgador podía invocar como hecho notorio una ejecutoria recaída a un anterior juicio de amparo relacionado, pero del índice de un diverso órgano judicial, si se cuenta con la certificación previa de las constancias relativas, lo que permitiría sustentar una causa de improcedencia en la existencia de aquél. Ahora bien, en los Acuerdos Generales 28/2001 y 29/2007, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció la instauración del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), como programa automatizado de captura y reporte de datos estadísticos sobre el movimiento de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales y se indicó la obligatoriedad de utilizar el módulo "Sentencias" del referido sistema para la captura y consulta de las sentencias que dicten los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, respectivamente, y señala con precisión que la captura se realizaría el mismo día de su publicación, y sería supervisada y certificada por el secretario que al efecto designaran los titulares; por tanto, se concluye que la captura obligatoria y consulta de la información que los tribunales federales realizan a dicho sistema electrónico, si bien no sustituye a las constancias que integran los expedientes en que éstas se dictan, lo cierto es que genera el conocimiento fidedigno y auténtico de que la información obtenida, ya sea que se trate de autos o sentencias, coincide fielmente con la agregada físicamente al expediente; de ahí que la información almacenada en dicha herramienta pueda ser utilizada en la resolución de asuntos relacionados pertenecientes a órganos jurisdiccionales distintos, contribuyendo así al principio de economía procesal que debe regir en el proceso, a fin de lograr el menor desgaste posible de la actividad judicial y, como consecuencia, evitar el dictado de sentencias contradictorias, máxime que la información objeto de consulta en el referido sistema reúne, precisamente, las características propias de los hechos notorios en general, pues ésta es del conocimiento de las partes intervinientes en el juicio; es posible su verificación a través de la consulta en dicho sistema automatizado; para su validez es innecesaria la observación o participación directa de todos los intervinientes; y su captura aconteció en el momento en que se produjo la decisión.". Aunado a que el Juez de Distrito en el Estado, a efecto de resolver la aludida resolución tuvo a la vista los autos del juicio administrativo número J.A. 0917/2014-II, del índice del índice del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, que tramitó CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES OCHOA, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra del Ayuntamiento Constitucional de Apatzingán, Michoacán, pues de la aludida resolución se desprende lo siguiente: "De igual forma, es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Magistrados que integran el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán; Actuario adscrito a la Secretaría General de Acuerdos; así como al Magistrado instructor de la Segunda Sala Administrativa Ordinaria del propio Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y el Actuario de su adscripción, consistente en la ejecución del laudo dictado en el juicio ordinario laboral 2569/2011. Lo anterior se corrobora con las pruebas documentales que acompañaron a su informe dichas autoridades responsables, consistentes en copia autorizada del juicio ordinario laboral 2569/2011, así como del exhorto J-IX-255/2017, y del juicio administrativo JA-0917/2014-II [constantes de cinco tomos]. Pruebas con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así también, es aplicable al caso por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Es así, no obstante que las autoridades del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, al rendir su informe justificado en forma conjunta negaron la existencia del acto que se les atribuye, consistente en la ejecución del laudo dictado en el juicio ordinario laboral 2569/2011 [fojas 135 a 140]. Ello porque refieren que no obstante que dentro del juicio administrativo citado la Secretaría General de Acuerdos, por conducto de su Actuario, notificó a la persona moral quejosa el acuerdo de doce de junio de dos mil dieciocho, en el que entre otras cosas y en atención al oficio J-I-788/2018, únicamente se ordenó remitir a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, la información solicitada, lo cual se realizó mediante oficio TJA/SGA/3447/2018 de nueve de julio de dos mil dieciocho sin que, en su concepto, ello constituya ejecución alguna respecto del laudo pronunciado en el juicio laboral de origen. Sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, pues de las constancias del juicio administrativo referido, y en específico del oficio TJA/SGA/3447/2018, se desprende que la información que requirió la Junta responsable lo fue sobre si existe condena a favor de la persona moral aquí quejosa [parte demandada en el juicio laboral]; además, si existe cantidad depositada a favor de ésta; y de existir algún monto depositado, se pongan a disposición de esa autoridad laboral las sumas embargadas mediante diligencia de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho [$343.601.86 por concepto de adeudo, más $487,799.50 por concepto de gastos financieros], o en su caso, cuando dicho depósito se realice, se actúe en consecuencia a lo solicitado. Luego, después de proporcionar la información requerida, el Tribunal de Justicia responsable informó a la Junta responsable que con fechas doce y veintidós de junio y cinco de julio de dos mil dieciocho, se ordenó dar vista a esa Junta Especial Número Uno, a efecto de que tuviera conocimiento de las actuaciones recaídas en cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio administrativo, así como de la cantidad que fue depositada por la parte demandada, por lo que una vez desahogadas dichas vistas, ese tribunal proveería lo conducente a la puesta a disposición de la cantidad depositada por el demandado. Lo que evidencia que, si bien en ese comunicado aún no se acordó favorable lo relativo a la puesta a disposición de las cantidades solicitadas por la Junta responsable, lo cierto es que dicho tribunal indicó que desahogadas las vistas acordaría lo conducente; de ahí que es posible determinar que con posterioridad el tribunal administrativo puede poner a disposición de la Junta las cantidades embargadas que se le solicitaron. .". En consecuencia, este órgano jurisdiccional considera que el presente asunto debió turnarse al juzgado que cuenta con el antecedente más reciente, es decir, al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ya que en la especie se considera que se surte la hipótesis prevista por los artículos 45 y 46, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 45. Los asuntos se turnarán mediante el sistema computarizado que determine la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos, por conducto de la Dirección General de Estadística Judicial, previa aprobación de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, de la siguiente manera: I. Forma Aleatoria: Una vez capturados los datos de registro del asunto que no cuente con antecedente alguno en el sistema computarizado, éste lo distribuirá aleatoriamente, y de manera equilibrada entre los órganos jurisdiccionales; y II. Forma Relacionada: Si al capturar los datos de registro del asunto, el sistema computarizado arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad, ya sea por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación, general o específico, de los contenidos en el propio sistema, se turnará al mismo órgano jurisdiccional que conoce o conoció de aquél. Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: I. La demanda de amparo adhesivo, que debe turnarse al órgano jurisdiccional que recibió el amparo principal; II. El juicio de amparo directo o indirecto, promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos; REFORMADA POR ACUERDO GENERAL S/N, PUBLICADO EN EL D.O.F, EL 14/03/2016. III. Los recursos de revisión, queja y reclamación relacionados con un juicio de amparo, al que tenga el antecedente del que derivan, conocido por cualquier vía; con excepción de la queja prevista en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo; IV. Cuando se promuevan demandas de amparo o interpongan recursos, que se refieran a una misma averiguación previa o ejercicio de la acción penal o acto de autoridad, al que tenga el último antecedente del asunto, aunque las partes no sean las mismas; V. Las demandas de amparo que se promuevan respecto del cumplimiento de una ejecutoria; VI. Los recursos de revisión fiscal, al que conozca o haya conocido del juicio de amparo directo; VII. Los recursos de apelación, al tribunal unitario de Circuito que haya conocido del o los anteriores; DEROGADA POR ACUERDO GENERAL S/N, PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 13/12/2016. VIII. Degorada. IX. En el caso de los procedimientos penales, así como sus recursos, que cuenten con antecedentes, se turnarán de manera relacionada; X. Tratándose del ejercicio de la acción penal se observará lo siguiente: a) Cuando sea por delito grave, perfeccionada la averiguación o subsanadas las omisiones y el Ministerio Público las vuelva a presentar, lo hará directamente ante el juzgado que conoció en primer término, quien deberá recibirla y dar aviso a la oficina de correspondencia común para que el asunto le sea contabilizado según el motivo de la devolución; y b) Cuando el Ministerio Público presente de nuevo un ejercicio de la acción penal por delito clasificado como no grave y que le fue devuelto con antelación por algún órgano jurisdiccional, deberá presentarlo por conducto de la oficina de correspondencia común para que se turne en forma relacionada al mismo juzgado de la siguiente manera: 1. Si se trata de un ejercicio de la acción penal en el que se negó la orden de aprehensión se le asignará un nuevo número de registro en el rubro de ejercicio de la acción penal sin detenido; y 2. Si el juzgado la devolvió por omisión de formalidades, se capturará para efectos de control, en el tipo de asunto ejercicio de la acción penal devuelto; XI. Los que provengan de una averiguación previa identificada con el mismo número de índice y autoridad, de otra ya asignada; así como, los recursos o medios de impugnación, que se refieran a una misma averiguación previa o acto de autoridad, aunque promuevan diversas partes, se turnarán al órgano jurisdiccional que haya conocido den antecedente registrado; XII. Los casos en los que por disposición legal aplicable a la materia, se establezca el conocimiento de asuntos diversos a cargo de un solo órgano jurisdiccional; y XIII. Los demás que determine el Pleno. [.] Cuando se turne un asunto al órgano jurisdiccional y éste estime que es a otro al que corresponde conocer del asunto por razón de turno, lo remitirá con sus anexos, al juzgado o tribunal que considere debe conocer; recibido dicho asunto por el órgano requerido éste decidirá si acepta o no el conocimiento del mismo. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación a las partes y dará aviso a la oficina de correspondencia común a fin de equilibrar las cargas de trabajo. En caso contrario, de no aceptar, devolverá el asunto al requirente, quien resolverá si insiste en no conocer del asunto por razón de turno, si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido. Si persiste en ello, sin suspender el trámite y únicamente con copia certificada de las constancias que acrediten lo argumentado; así como, la propuesta que se plantee, formulará consulta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, la que resolverá de plano. De los preceptos transcritos se advierte que existen dos formas de turnar los asuntos, en forma aleatoria y relacionada, así como los criterios generales de relación. Por su parte, la fracción II del artículo 46 del citado Acuerdo Plenario, establece que tratándose de juicios de amparo promovidos contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnarán al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos. De la interpretación de dichos preceptos se advierte que sólo los asuntos que no tengan antecedentes, se turnarán en forma aleatoria por la Oficina de Correspondencia Común correspondiente. Fuera de dicha hipótesis, el encargado de la citada oficina verificará si un asunto está relacionado con otro por provenir de un expediente administrativo, jurisdiccional o averiguación previa identificado con el mismo número de índice y autoridad que otro ya asignado, para turnarlo al juzgado que haya tenido previo conocimiento. Por tanto, si el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, conoció del diverso juicio de amparo 598/2018, en donde el acto reclamado y autoridad responsable, derivan del mismo juicio administrativo número J.A. 0917/2014-II, del que también surge el acto reclamado de dos de marzo de dos mil veinte, por el ayuntamiento quejoso en la presente demanda de amparo, es inconcuso que corresponde al citado órgano jurisdiccional el conocimiento del presente juicio. En tal virtud, en atención al artículo 46, párrafo sexto y Séptimo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remítase el presente expediente al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, para que tenga a bien determinar si acepta o no el conocimiento del asunto, siendo que dicha determinación la deberá de hacer del conocimiento de este juzgado. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente para los efectos legales a que haya lugar. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en el número 149-10, altos diez, Portal Galeana, Centro Histórico, en esta ciudad, autorizando para tal efecto a Vital Wilfrido Cardona Medina, quien gozará de todas las facultades que confiere el numeral 12 de la Ley de Amparo, toda vez que al realizar una búsqueda en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales se encontraron los registros de la cédula profesional número 1549747, que acredita a los autorizados como licenciado en derecho, lo anterior por ser el presente asunto de naturaleza administrativa y únicamente para oír y recibir notificaciones a Claudia Ivone Cardona Marroquín, toda vez que en esos términos fue autorizada. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hace referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de octubre de dos mil veinte. Agréguese el oficio número 161/2020, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad; sin mayor acuerdo, toda vez que mediante auto de treinta de septiembre de dos mil veinte, causo ejecutoria y se ordenó el archivo del presente asunto como definitivamente concluido Cúmplase.
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