Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Expediente 1015/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1015/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
13/09/2019

Partes del expediente

  • Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Actuaciones

  1. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.Agréguese únicamente para que obre como legalmente corresponda el oficio 529-III-DACAA-AB-90532 1626992 signado por Director General de Amparos contra actos Administrativos de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del Presidente de la República, con sede en la ciudad de México, por medio del cual informa la fecha en que recibió el oficio 7364/2019, toda vez que en proveído de nueve de septiembre del presente año se tuvo a dicha autoridad remitiendo dicha información, lo anterior para constancia legal.Ahora bien, como ya se encuentran notificadas las partes del auto de tres de septiembre de dos mil diecinueve, en que se tuvo al Director General de Amparos contra Actos Administrativos en representación del Presidente de la República y del Subprocurador Fiscal Federal de Amparos, todos con residencia en Ciudad de México, interponiendo recurso de queja en contra del auto de diez de mayo de dos mil diecinueve, dictado por este juzgado.Por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso b), fracción I, 98, fracción I, 101, segundo párrafo y 155 de la Ley de Amparo, en relación con el 37, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ríndase informe materia de la citada queja y remítase al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo Décimo Primer Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, el original del escrito de queja y copia certificada del cuaderno de antecedentes relativo al impedimento en que se actúa, para su tramitación.NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    En atención a lo ordenado en auto de veinte de febrero de dos mil diecinueve, dictado dentro del impedimento número 1015/2018, promovido por P MOISÉS DUARTE BRIZ, SALVADOR TAPIA GARCÍA, UBALDO GARCÍA ARMAS, OCTAVIO ALARCÓN TERRÓN, J. JESÚS CONTRERAS CORIA, JOSÉ VALLE HERNÁNDEZ, MARÍA PATRICIA AGUILAR ALVARADO, FROYLÁN MUÑOZ ALVARADO, GANTHER ALEJANDRO VILLAR CEBALLOS, FERNANDO LÓPEZ TOVAR, EDUARDO CASTILLO ROBLES, OSCAR HERNÁNDEZ PERAZA, MARTHA CRUZ GONZÁLEZ, MARIO OSCAR LUGO RAMÍREZ, VICTORINO ROJAS RIVERA, JAIME URIEL TORRES HERNÁNDEZ, ULISES TORRES BALTAZAR, GUILLERMO ESPARZA ALFARO, JOSÉ MA. ALVARO NAVARRO, HILDA ELIZABETH PLASCENCIA CARRASCO, PATRICIA MÚJICA LÓPEZ, HÉCTOR FEDERICO GUTIÉRREZ DE VELASCO ROMO, JUAN GARCÍA OROZCO y RUBÉN GARCÍA MATEOS, contra actos del contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, con motivo de la queja interpuesta por el Presidente de la República, contra del proveído de fecha veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, dictado por este juzgado, rindo a usted el siguiente informe: Es cierto el acto reclamado, toda vez que con fecha veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, se dictó un proveído que en lo conducente dice: "MORELIA, MICHOACÁN, VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la demanda de amparo promovida por MOISÉS DUARTE BRIZ, SALVADOR TAPIA GARCÍA, UBALDO GARCÍA ARMAS, OCTAVIO ALARCÓN TERRÓN, J. JESÚS CONTRERAS CORIA, JOSÉ VALLE HERNÁNDEZ, MARÍA PATRICIA AGUILAR ALVARADO, FROYLÁN MUÑOZ ALVARADO, GANTHER ALEJANDRO VILLAR CEBALLOS, FERNANDO LÓPEZ TOVAR, EDUARDO CASTILLO ROBLES, OSCAR HERNÁNDEZ PERAZA, MARTHA CRUZ GONZÁLEZ, MARIO OSCAR LUGO RAMÍREZ, VICTORINO ROJAS RIVERA, JAIME URIEL TORRES HERNÁNDEZ, ULISES TORRES BALTAZAR, GUILLERMO ESPARZA ALFARO, JOSÉ MA. ALVARO NAVARRO, HILDA ELIZABETH PLASCENCIA CARRASCO, PATRICIA MÚJICA LÓPEZ, HÉCTOR FEDERICO GUTIÉRREZ DE VELASCO ROMO, JUAN GARCÍA OROZCO y RUBÉN GARCÍA MATEOS, contra actos de las siguientes autoridades: Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Congreso de la Unión, por conducto de las Cámaras de Diputados y Senadores. Secretario de Gobernación. Legislaturas de los Estados. Congreso de la Ciudad de México, otrora Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Director del Diario Oficial de la Federación. Senador Ricardo Monreal Ávila -MORENA-. Diputada María Chávez Pérez -MORENA-. Diputado Jorge Luis Montes Nieves -MORENA-. Diputado Javier Salinas Narváez -PRD-. Diputado Mario Delgado Carrillo -MORENA-. Benjamín Saúl Huerta Corona -MORENA-. Procurador General de la República. Consejo de la judicatura Federal. Director General de Recursos Humanos del Consejo de la judicatura Federal. Director de Nómina del Consejo de la judicatura Federal. Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales del Consejo de la Judicatura Federal. Delegado Regional de Administración del Consejo de la judicatura Federal Jefe del Servicio de Administración Tributaria. Regístrese el presente asunto en el libro de gobierno con el número 1015/2018; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y fórmese cuaderno de antecedentes. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo promovida por los referidos quejosos, se advierte que se señalan como actos reclamados los siguientes: ".6. A manera de introducción, tenemos que la demanda consta de varios ACTOS RECLAMADOS destacados, sus efectos y consecuencias, que se analizarán en forma separada, a saber: a. Inconstitucionalidad del Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75 y 127 constitucionales; así como sus artículos Transitorios Primero a Quinto, del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2009. b. Inconstitucionalidad del Decreto que por un lado, expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el lunes 5 de noviembre de 2018, que entró en vigor al día siguiente, y por el otro, adiciona un Capítulo V Bis al Título Décimo, Libro Segundo, del Código Penal Federal, con la denominación "Del pago y recibo indebido de remuneraciones de los Servidores Públicos", con los artículos 217 Bis y 217 Ter, así como sus artículos Primero y Segundo Transitorios. De manera enunciativa mas no limitativa los artículos 1 a 17, ya que la ley se reclama como sistema normativo. c. Los efectos y consecuencias, tanto de hecho como de derecho, que derivan de los anteriores actos reclamados, y que corresponde llevar a cabo a las autoridades señaladas como ejecutoras, de entre los que destacan: l. La aplicación en nuestro perjuicio de los efectos y consecuencias de los artículos 75 y 127 Constitucionales reclamados, así como los artículos 1 al 17 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de dichos dispositivos constitucionales, de manera enunciativa y no limitativa. II. La aplicación en nuestro perjuicio de los efectos y consecuencias de la adición a un Capítulo V Bis al Título Décimo, Libro Segundo, del Código Penal Federal, con la denominación "Del pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos", con los artículos 217 Bis y 217 Ter. Lo anterior con el objeto de que prevalezca la situación jurídica, financiera, económica, personal, administrativa, fáctica, familiar, y de entorno social e institucional que impera para nuestra calidad de juzgadores federales, con especial referencia: I. A que se paguen en nuestro beneficio las remuneraciones nominales, adicionales y cualquier otra que percibamos actualmente en nuestra calidad de juzgadores federales conforme al Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal de 2018, bajo la vigencia de los montos, conceptos, términos y plazos previo a la entrada en vigor de los Decretos reclamados, y se impida que se vean menoscabadas, reducidas o alteradas en nuestro perjuicio, que de manera enunciativa más no limitativa, consisten:  Remuneraciones nominales y adicionales a las nominales, en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, como son los seguros de gastos médicos mayores, de vida y de separación individualizada, los descuentos de pago de impuestos sobre la renta que absorbe el Consejo de la Judicatura Federal. II. Se exima de responsabilidad penal o administrativa por el pago que se reciba sobre esos conceptos, tal y como inconstitucional e inconvencionalmente lo prevén las disposiciones que derivan de los Decretos reclamados. Aun cuando estos últimos actos tienen la calidad de futuros e inminentes, respecto de los cuales, es procedente el juicio de amparo, se estima pertinente respecto de ellos, que su análisis se esté a la regla que hasta el dictado en audiencia constitucional se realice, como lo prevé la Jurisprudencia 1a./J.25/2003 sustentada por la Primera Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación. d. Inconstitucionalidad de las siguientes iniciativas: i. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma los artículos 94 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ii. Iniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona y reforma el artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por el que se adiciona un tercer párrafo y se reforman los actuales párrafos segundo y tercero. iii. Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 112, recorriéndose los subsecuentes, y se adiciona una fracción XV, recorriéndose la actual, al artículo 131, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. iv. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo séptimo del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se adiciona un artículo 105 Bis a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. v. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 81 y 112 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. vi. Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Austeridad Republicana del Estado, suscrita por Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). vii. Estas iniciativas se reclaman como parte integrante de un sistema de medidas en el procedimiento legislativo que involucran transgresiones directas a los principios de división de poderes e independencia judicial, como se prueba en el desarrollo de esta demanda. e. La integración de cualquier carpeta de investigación por la probable comisión de los delitos previstos en el Capítulo V Bis al Título Décimo, Libro Segundo, del Código Penal Federal, con la denominación "Del pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos", con fundamento en los artículos 217 Bis y 217 Ter. f. La inminente aprobación y publicación del Presupuesto de Egresos de la Federación Para el Ejercicio Fiscal 2019, cuyos artículos y anexos disminuyan la remuneración anual de los quejosos en relación con la remuneración total anual del Presidente de la República. 7. Leyes o actos reclamados: Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Congreso de la Unión, Secretario de Gobernación, Legislaturas de los Estados, Congreso de la Ciudad de México, otrora Asamblea legislativa del Distrito Federal; y Director del Diario Oficial de la Federación. a. La discusión, aprobación, sanción, expedición, promulgación, refrendo y publicación, en el ámbito de sus respectivas competencias, del Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75 y 127 constitucionales; así como sus artículos Transitorios Primero a Quinto, del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2009. b. El acto de aplicación de la Reforma a los artículos 75 y 127 constitucionales, se materializó con motivo de la entrada en vigor del Decreto que por un lado, expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otro, adiciona un Capítulo V Bis al Título Décimo, Libro Segundo, del Código Penal Federal, con la denominación "Del pago y recibo indebido de remuneraciones de los Servidores Públicos", con los artículos 217 Bis y 217 Ter. Del Congreso de la Unión, Secretario de Gobernación y Director del Diario Oficial de la Federación: a. La discusión, aprobación, sanción, expedición, promulgación, refrendo y publicación, en el ámbito de sus respectivas competencias, del Decreto que, por un lado, expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el lunes 5 de noviembre de 2018, que entró en vigor al día siguiente, y por el otro, adiciona un Capítulo V Bis al Título Décimo, Libro Segundo, del Código Penal Federal, con la denominación "Del pago y recibo indebido de remuneraciones de los Servidores Públicos", con los artículos 217 Bis y 217 Ter, así como sus artículos Primero y Segundo Transitorios. De manera enunciativa más no limitativa, los artículos 1 a 17 de dicha Ley, ya que la ley se reclama como sistema normativo. De estos tres actos reclamados sus efectos y consecuencias, tanto de hecho como de derecho, ya precisados. Del Senador Ricardo Monreal Ávila -MORENA-, Diputados María Chávez Pérez - MORENA-, Jorge Luis Montes Nieves -MORENA-, Javier Salinas Narváez -PRD- Mario Delgado Carrillo -MORENA- y Benjamín Saúl Huerta Corona -MORENA-, así como de las bancadas de ambos partidos: a. Las iniciativas con proyecto de decreto por el que adicionan y reforman; el artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por el que se adiciona un tercer párrafo y se reforman los actuales párrafos segundo y tercero; un tercer párrafo al artículo 112, recorriéndose los subsecuentes, y se adiciona una fracción XV, recorriéndose la actual, al artículo 131, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el párrafo séptimo del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se adiciona un artículo 105 Bis a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; los artículos 81 y 112 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; los artículos 94 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el que se expide la Ley Federal de Austeridad Republicana del Estado, suscrita por Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Iniciativas impugnadas como parte del sistema legislativo que atenta en contra de la división de poderes y la independencia judicial, así como que se abstengan de emitir cualquier acto encaminado a socavar al Poder judicial de la Federación; b. Así como los efectos y consecuencias, tanto de hecho como de derecho, de las referidas iniciativas, que impactan en la división de poderes e independencia judicial. Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y de la Cámara de Diputados, la inminente aprobación y publicación del Presupuesto de Egresos de la Federación Para el Ejercicio Fiscal 2019, cuyos artículos y anexos disminuyan la remuneración anual de los quejosos en relación con la remuneración total anual del Presidente de la República Del Procurador General de la República en su doble carácter de autoridad ordenadora y ejecutora se reclama: La integración de cualquier carpeta de investigación por la probable comisión de los delitos previstos en el Capítulo V Bis al Título Décimo, Libro Segundo, del Código Penal Federal, con la denominación "Del pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos", de los artículos 217 Bis y 217 Ter. De las autoridades ejecutoras Consejo de la judicatura Federal, Director General de Recursos Humanos, Director de Nómina, Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales, y Delegado Regional de Administración, todas estas del Consejo de la judicatura Federal, así como al jefe del Servicio de Administración Tributaria, en el ámbito de sus respectivas competencias, la aplicación de los Decretos reclamados en los términos señalados en el párrafo 6, inciso c), de manera enunciativa más no limitativa:  El Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75 y 127 constitucionales; así como sus artículos Transitorios Primero a Quinto, del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2009; así como el Decreto que, por un lado, expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el lunes 5 de noviembre de 2018, que entró en vigor al día siguiente, y por el otro, adiciona un Capítulo V Bis al Título Décimo, Libro Segundo, del Código Penal Federal, con la denominación "Del pago y recibo indebido de remuneraciones de los Servidores Públicos", con los artículos 217 Bis y 217 Ter, así como sus artículos Primero y Segundo Transitorios.". Atento a ello, este juzgador estima que se encuentra impedido para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con lo previsto en la fracción VI del artículo 51 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: [.] VI. Si figuran como partes en algún juicio de amparo semejante al de su conocimiento.". En ese sentido, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone a la letra, en lo que interesa, que: "Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho [...] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales, que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales...". El citado precepto constitucional tutela el derecho fundamental de acceso a la justicia, que debe impartirse a los gobernados de manera pronta, completa e imparcial. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 2a./J. 192/2007, consultable en la página 209, del Tomo XXVI, octubre de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "ACCESO A LA IMPARTICION DE JUSTICIA. EL ARTICULO 17 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTIA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ES TAN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES"; ha precisado que esas características tienen las siguientes connotaciones: Justicia pronta, se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto, emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, Justicia gratuita, estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobraran a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. En lo atinente a la característica detallada en el tercer punto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado que el principio de "imparcialidad", propio del derecho de acceso a la justicia, es una condición esencial que debe revestir a los juzgadores que tienen a su cargo el ejercicio de la función jurisdiccional, la cual consiste en el deber que tienen de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y de dirigir y resolver el juicio sin favorecer, indebidamente, a ninguna de ellas. Igualmente, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 1/2012 (9a.), consultable en la página 460, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: "IMPARCIALIDAD. CONTENIDO DEL PRINCIPIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL", ha señalado que el referido principio debe entenderse en dos dimensiones: a) Subjetiva: que es la relativa a las condiciones personales del juzgador, la cual en buena medida se traduce en los impedimentos que pudieran existir en los negocios de que conozca y los que lo obligan a inhibirse del conocimiento del asunto sometido a su jurisdicción; y, b) Objetiva: que se refiere a las condiciones normativas respecto de las cuales debe resolver el juzgador, es decir, los presupuestos de ley que deben ser aplicados por el Juez, al analizar un caso y resolverlo en un determinado sentido, observando el marco jurídico de que se trate. Por su parte, la Segunda Sala del Alto Tribunal de Justicia del País ha establecido que la "imparcialidad" a que se refiere el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. De lo expuesto se obtiene que una de las condiciones que debe reunir el juzgador para estar en aptitud de impartir justicia, es la ausencia de hechos o circunstancias personales que le impidan ser objetivo, a fin de cumplir con el principio de imparcialidad que consigna el artículo 17 constitucional. El legislador ha buscado asegurar el cumplimiento de la aludida característica de imparcialidad, a través de la precisión de causas de impedimento por virtud de las cuales los operadores del derecho, en el caso de incurrir en alguna de ellas, deben manifestarlo y excusarse para conocer del asunto; ya que esas causas, hechos o circunstancias, constituyen una forma particular de incapacidad de los sujetos llamados a asumir la calidad de órgano de la función jurisdiccional del Estado o de titulares de las funciones jurisdiccionales; puesto que el solo hecho de actualizarse alguna causa de impedimento, prevista por la ley, lleva a presumir parcialidad, respecto de ciertas personas o situaciones, por encontrarse vínculos de afecto o animadversión, o incluso, un interés directo en el asunto. La trascendencia de los impedimentos se justifica con tan solo mencionar su finalidad, esto es, la preservación y defensa del derecho a ser juzgado por personal imparcial. Tales instituciones aseguran, así, que el órgano judicial carezca de cualquier interés para la resolución del litigio que no sea la estricta aplicación del ordenamiento jurídico o, dicho de otro modo, garantizan que la pretensión sea resuelta únicamente por un tercero ajeno a las partes y a la cuestión litigiosa, y que esté sometido exclusivamente al ordenamiento jurídico como regla de juicio. En esas condiciones, el impedimento se configura como un mecanismo a través del cual el legislador aspira a preservar tanto el derecho al juez imparcial del justiciable, como la confianza pública en la imparcialidad judicial. Ello es de ese modo, debido a que con dichas figuras procesales no se trata únicamente de proteger la legalidad de las decisiones judiciales, sino también preservar la credibilidad de las decisiones judiciales. El impedimento para que cierto juzgador pueda conocer de un determinado asunto es un aspecto que está íntimamente vinculado con la competencia subjetiva, consistente en la idoneidad del titular de un órgano jurisdiccional para resolver un cierto asunto. La Enciclopedia Jurídica Mexicana y el Diccionario Jurídico Mexicano, ambos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, establecen que el ejercicio de la función jurisdiccional se ve limitada, por un lado, por la competencia propia de órgano; en otro, por lo que a la persona del juzgador se refiere, ésta se encuentra limitada objetivamente por los requisitos legales que deben satisfacer para ser designado juez y, subjetivamente, por todas esas relaciones personales que permiten presumir parcialidad, si tuviera que juzgar a ciertas personas o situaciones a las cuales le unen vínculos de afecto o animadversión e, incluso, un interés directo en el negocio. Pues bien, a todas estas relaciones e intereses personales que permiten presumir parcialidad en el juzgador se les denomina genéricamente impedimentos. Ahora, tratándose de los funcionarios que tienen encomendada esa tarea, en los juicios de amparo, como lo son ministros, magistrados o jueces del Poder Judicial de la Federación, existen ocasiones en las que la función jurisdiccional se ve limitada y afecta el requisito de imparcialidad con el que debe actuar. Estas razones contingentes constituyen una forma particular de imposibilidad de los sujetos llamados a asumir la calidad de órgano de la función jurisdiccional del Estado o de titulares de las funciones jurisdiccionales, ya que esa función jurisdiccional, se ve limitada y permiten presumir parcialidad, respecto de ciertas personas o situaciones, por encontrarse vínculos de afecto o animadversión o, incluso, un interés directo en el asunto. Así, cualquiera de tales circunstancias dan lugar a lo que se conceptúa como conflicto de intereses, por pugnar el interés público que conlleva el ejercicio de la función jurisdiccional con el interés personal de quien debe ejercerla, en determinado caso concreto; siendo estas relaciones o intereses personales, que puedan conllevar a que exista presunción de parcialidad en el juzgador, se les ha denominado impedimentos y se encuentran prescritos en el artículo 51 de la Ley de Amparo, que a la letra dispone: "Artículo 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: I. Si son cónyuges o parientes de alguna de las partes, de sus abogados o representantes, en línea recta por consanguinidad o afinidad sin limitación de grado; en la colateral por consanguinidad dentro del cuarto grado, o en la colateral por afinidad dentro del segundo; II. Si tienen interés personal en el asunto que haya motivado el acto reclamado o lo tienen su cónyuge o parientes en los grados expresados en la fracción anterior; III. Si han sido abogados o apoderados de alguna de las partes en el asunto que haya motivado el acto reclamado o en el juicio de amparo; IV. Si hubieren tenido el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo, o hubieren emitido en otra instancia o jurisdicción el acto reclamado o la resolución impugnada, excepto cuando se trate del presidente del órgano jurisdiccional de amparo en las resoluciones materia del recurso de reclamación; V. Si hubieren aconsejado como asesores la resolución reclamada; VI. Si figuran como partes en algún juicio de amparo semejante al de su conocimiento; VII. Si tuvieren amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes; y VIII. Si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que implicaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad". Del precepto legal transcrito se advierte que el legislador estableció siete supuestos específicos de impedimento, además de la diversa situación hipotética que señala la fracción VIII. Así, de satisfacerse cualquiera de esos supuestos, resulta forzosa la excusa del funcionario, a fin de asegurar una garantía de neutralidad en el proceso, y es por ello que el legislador le niega taxativamente idoneidad al juzgador, dando por hecho que no existe independencia para que conozca del negocio en los casos previstos en el numeral 51 de la ley reglamentaria de los numerales 103 y 107 constitucionales acabado de reproducir. La fracción VI del articulo 51 ya citado dispone, en lo conducente, -que los Jueces de Distrito "deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: . VI. Si figuran como partes en algún juicio de amparo semejante al de su conocimiento". En tanto que el artículo 5° de la propia Ley de Amparo establece que son partes en el juicio constitucional: El quejoso. La autoridad responsable. El tercero interesado, y El Ministerio Público Federal. Luego, al figurar el quejoso entre las partes de un juicio de amparo, ello lleva a colegir que si un juez de Distrito está promoviendo una contienda con ese carácter en un procedimiento constitucional, similar al que le es turnado para su integración y resolución, si versa sobre un acto reclamado semejante; en ese supuesto, se configura la causa de impedimento prevista en la fracción VI del artículo 51 de la ley de la materia, que obliga al juzgador a declararse impedido del conocimiento del juicio de derechos fundamentales, con la finalidad de cumplir a cabalidad con la Ley de Amparo. Entonces, a la luz de lo expresado, es preciso resaltar que no tengo algún tipo de interés personal respecto a lo que se llegue a resolver respecto a los quejosos en este asunto. Cierto, en el suscrito juzgador no concurre el impedimento relativo por interés personal en el asunto, previsto en la fracción II del artículo 51 de la Lev de Amparo, puesto que no tengo interés material ni económico en este asunto, ni es mi intención obtener algún provecho de la materia del litigio, o sea, alguna participación de los asuntos controvertidos. Empero, acatando la normatividad de la materia es que me declaro impedido al haber promovido un juicio de amparo con actos reclamados idénticos, contra las mismas autoridades responsables y con una demanda de similar contenido. En efecto, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que justo el veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho promoví tal demanda, que es muy similar a la que ahora se provee cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, misma que se registró con el número 1000/2018, lo que puede ser corroborado por el tribunal de alzada que califique el impedimento, al consultar el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Es así que, derivado de mi función como garante de la Carta Magna y de las leyes que de ella emanan, me obliga a su irrestricto cumplimiento, deba declararme impedido, acatando la fracción VI del numeral 51 de la Ley de Amparo, al haber promovido el suscrito un juicio de amparo casi idéntico al de los ahora peticionarios de la tutela federal. Hipótesis que, por cierto, se genera, insisto, no por interés personal, sino más bien por el hecho de evitar que se dicte un precedente que pudiera afectar el amparo del que soy parte. Como se desprende, en lo que aquí interesa, del espíritu de la jurisprudencia 60/2018, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (pendiente de publicar), al resolver la contradicción de tesis 48/2018, del rubro y texto siguiente: "IMPEDIMENTO. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO UN JUEZ DE DISTRITO ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN UN JUICIO DE AMPARO SEMEJANTE AL DE SU CONOCIMIENTO. Los juzgadores siempre deben ser imparciales, lo cual significa que deben ser ajenos a los intereses de las partes en controversia y resolver el juicio sin favorecer indebidamente a alguna de ellas, así el artículo 51 de la Ley de Amparo, reguló los impedimentos como un mecanismo para asegurar el principio referido. Ahora bien, la fracción VI de dicho artículo señala que los jueces de amparo deben excusarse si figuran como parte en un juicio de amparo semejante al de su conocimiento; esto con la finalidad de evitar que evadan sentar un precedente que pudiera afectar la resolución del juicio de amparo en el que son parte. Si bien de una interpretación literal de dicha fracción debería concluirse que los juzgadores deben impedirse de conocer un juicio de amparo cuando sean autoridades responsables en un asunto similar; lo cierto es que esa no es una interpretación muy satisfactoria. En efecto, el hecho de que un juez de Distrito se haya pronunciado en un asunto semejante actuando como juez de instancia no configura un riesgo de pérdida de su imparcialidad. Además, los elementos que se toman en consideración para resolver un juicio de amparo son distintos a los aspectos que se ponderan en un juicio de instancia ordinaria, por lo tanto, el Juez de Distrito no se encuentra vinculado a resolver en el mismo sentido en que lo hizo anteriormente. Por lo tanto, se debe hacer una interpretación teleológica del artículo en cuestión y estimar que únicamente se actualiza la fracción VI, del artículo 51 de la Ley de Amparo cuando el juzgador tenga el carácter de quejoso o tercero interesado en un juicio de amparo similar al de su conocimiento. Es importante señalar que esta interpretación no implica que un Juez de Distrito que no esté en ese supuesto específico, no deba, con fundamento en la referida fracción del artículo 51 de la Ley de Amparo, declararse impedido si las circunstancias particulares de su situación así lo ameritaran". En consecuencia, este juzgador estima que se encuentra impedido para conocer del amparo que nos ocupa, de conformidad con lo previsto en la fracción VI del artículo 51 de la ley de la materia. Por tanto, en observancia a los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad y profesionalismo que rigen la carrera judicial, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, fracción VI, 52, 54, fracción III, inciso c) y 55, párrafo segundo, de la Ley de la materia, remítase el presente juicio al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, para el efecto de que califique los hechos y determine en definitiva la procedencia del impedimento mencionado y considere que este funcionario judicial se encuentra impedido para conocer de la demanda de garantías de que se trata, sin que con ello pueda considerarse que se aparta de él sin causa justificada. Por otra parte, toda vez que del contenido del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados, en términos de lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Amparo en vigor, resuélvase sobre tal medida cautelar solicitada, el cual establece, incluso, que el que se excuse deberá, en su caso, proveer sobre la suspensión de los actos reclamados, excepto cuando se aduzca tener interés personal en el asunto; sine embargo, este juzgador estima que no se actualiza esta última hipótesis, toda vez que, como se mencionó en párrafos que anteceden, no se está en la hipótesis de impedimento consistente en tener interés personal en el asunto, la cual se encuentra establecida en la fracción II del numeral 51 de la Ley de la materia, sino en la diversa fracción VI del mismo precepto, que de suyo no conlleva tal interés, sino, como se patentizó reproduciendo lo dicho por la Primera Sala del Máximo Tribunal en la jurisprudencia 60/2018, esta última hipótesis tiene como fin no sentar un precedente que pudiera afectar la resolución del juicio de amparo en el que son parte. A lo anterior conviene agregar que para asegurar que la administración de justicia efectivamente sea imparcial, el Estado procura que las personas llamadas a impartirla, no sólo tengan los conocimientos, cultura y capacidad intelectual necesarios para llevar a cabo esa tarea, sino, además, exige que tengan reconocida una amplia moralidad y una aguda responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes. No obstante, en algunas ocasiones las funciones atribuidas a dichas personas sufren limitaciones que, por razones particulares a los propios juzgadores, les impiden ejercer la tarea que se les encomienda con la debida imparcialidad, objetividad e independencia, ya que también son personas físicas que, como tales, viven dentro de un conglomerado social y son, por consiguiente, sujetos de derecho, de intereses, con relaciones humanas, sociales y familiares, titulares de bienes propios, situaciones de vida personal, etcétera, por lo que aun cuando su designación como funcionarios judiciales esté rodeada de una serie de garantías que procuran asegurar su máxima idoneidad en el cumplimiento de sus actividades, puede ocurrir, por circunstancias particulares, que revistan situaciones de excepción, que quien desempeña la función de impartir justicia, no sea la persona más idónea en relación con una litis determinada, no por incapacidad del órgano o del oficio, sino por una incapacidad propia y personal de los sujetos que asumen la calidad de órgano que desempeña la función judicial. Por esa razón y para evitar que la administración de justicia se vea limitada subjetivamente por la parcialidad que pueda asumir el juzgador, la mayoría de las legislaciones procesales han establecido una figura jurídica denominada impedimento, cuya finalidad consiste en limitar las funciones del juzgador para intervenir en aquellos casos en que el legislador considera que puede verse afectada su imparcialidad, objetividad e independencia. Así, como se ha señalado, los impedimentos son un aspecto que está íntimamente vinculado con la función de un Ministro, Magistrado o Juez y con la competencia subjetiva, consistente en la idoneidad e imparcialidad del sujeto para ser titular de un órgano jurisdiccional, puesto que los sujetos que asumen la calidad de órganos jurisdiccionales del Estado o que desempeñan la función jurisdiccional, en cuanto revisten este cargo en forma permanente y no ocasional, están ligados, respecto del Estado, por una relación de empleo o de servicio, que surge en el acto mismo del nombramiento, esto es, en el momento en que tales sujetos entran a formar parte de los funcionarios del orden judicial. En el citado artículo 51, fracción II, de la Ley de Amparo, se contempla la hipótesis en que el juzgador tenga interés personal en el asunto que haya motivado el acto reclamado. El ejercicio de la función jurisdiccional, por lo que a la persona del juzgador se refiere, se ve limitado subjetivamente por todas esas relaciones personales que pudieran afectar su imparcialidad si tuviera que resolver litis relacionadas con ciertas personas o situaciones a las cuales le unen vínculos de afecto, conflictos o enemistad, etcétera, lo que da lugar a un conflicto de intereses, por pugnar el interés público que conlleva el ejercicio de la función jurisdiccional con el interés personal de quien debe ejercerla. De ahí que los intereses personales propicien en los juzgadores un impedimento que puede desestabilizar la objetividad e imparcialidad que debe imperar en la resolución de los conflictos. Para demostrar tal aserto, es necesario tener presente que la Constitución garantiza que los gobernados, quienes acuden a los órganos jurisdiccionales a dirimir sus controversias, tengan un acceso efectivo a la justicia, ponderando que ésta se materialice sin alguna causa externa que pudiera afectar la parcialidad de los fallos. Atinente a dicho supuesto normativo, la entonces Tercera Sala del Alto Tribunal del país, al emitir la tesis visible en la página 1374, Tomo XLIX, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "JUECES DE DISTRITO, IMPEDIMENTO DE LOS"; sostuvo que: El interés personal debe entenderse como el material y económico que tenga el juez en el asunto que originó el amparo. Como la ley no puede en manera alguna estimar como causa de impedimento el interés que un juzgador tenga en sostener determinado criterio en su resolución, porque ello es propio y natural de la interpretación que le dé a los preceptos legales aplicables al caso, debe estimarse ilegal el impedimento fundado en esta causa. De igual manera, el indicado órgano, al emitir la tesis visible en la página 4281, Tomo XLVI, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "IMPEDIMENTO DE LOS JUECES, INTERES COMO CAUSA DE", estableció que tal hipótesis se refiere a que los juzgadores obtengan algún provecho en la materia del litigio, es decir, alguna participación de los asuntos controvertidos, en el sentido de un interés económico en el negocio. Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que cuando un juzgador alegue tener interés indirecto en el negocio, ese argumento no llena los requisitos de la ley, la cual exige que el interés de los funcionarios debe ser afectado directamente y no en la forma indirecta y general que se deriva de la solución de un problema de derecho, que sólo en forma remota interesa al que se excusa; ello, dado que las resoluciones que se dictan en los juicios de amparo, no tienen efectos sino en las partes que intervienen y nunca valen como declaraciones generales que afecten a terceros. También la referida Tercera Sala determinó que si no se alude a un interés que directamente tenga el juzgador que va a resolver el caso, debe considerarse infundada la referida causal de impedimento, en virtud de que ello le quitaría el carácter de personal a dicho interés. De esa manera, el artículo 53 de la Ley de Amparo, al establecer que quien se excusa debe proveer sobre la suspensión, excepto cuando se aduzca tener interés personal en el asunto, debe interpretarse desde una óptica restrictiva, conforme a la cual no puede haber una sobre inclusión de formulaciones normativas con respecto a las que se consideraron relevantes para la regla, porque, en caso contrario, se tornaría nugatoria la facultad jurisdiccional. A las normas que contienen excepciones no puede dárseles un alcance de regla general, debido a que la regla es exactamente al contrario, puesto que de otra manera lo excepcional se vuelve general. Eso supone, igualmente, que la tutela jurisdiccional tiene como regla general que debe ser tramitada y que su rechazo in limine debe ser excepcional, por lo que tal rechazo es una figura jurídica de naturaleza excepcional y restrictiva, por lo que esto ha demandado un papel activo de los jueces de tutela en la utilización de los poderes y facultades procesales de los que se encuentran investidos para esclarecer la situación fáctica que ha originado la presentación de la acción. En este sentido, el rechazo de la solicitud de tutela sólo procede en los eventos en que ella no ofrece claridad, la situación no fue corregida por el actor en su oportunidad y, adicionalmente, el juzgador llegó al convencimiento que ni siquiera haciendo uso de sus poderes y facultades podrá esclarecer la situación de hecho objeto de la acción. En el mismo orden de ideas, las normas de inhabilidades, en cuanto crean excepciones a la regla general, que es la capacidad de las personas, son de interpretación restrictiva. Las inhabilidades son impedimentos establecidos por la Constitución o la ley que restringen el ejercicio de ciertos derechos o facultades, en este caso, el de actuar de una autoridad que conoce de un amparo. Por ello, su interpretación es restrictiva, de suerte que no puede darse aplicación extensiva a casos o personas que no se encuentren dentro de las inhabilidades estrictamente establecidas en la ley. Tal doctrina aplicada al caso que se examina arroja la conclusión de que el juez de tutela está en la obligación constitucional de emitir una resolución sobre la suspensión del acto reclamado, salvo el caso en particular establecido por el legislador. De ahí que, si la norma que regula los supuestos de impedimento para conocer de la demanda y proveer sobre la suspensión tiene carácter exceptivo, es de interpretación restrictiva, por lo cual se deben enumerar y mencionar en forma muy precisa los eventos que quedan por fuera de la regla general. Así, por razones de técnica legislativa, se impone al legislador ser muy claro, nombrando específicamente los casos exceptuados y, por ello, se mencionan expresamente y de manera separada. Ahora, es conveniente recapitular que el amparo que en este ejercicio se plantea, si bien se encuentra promovido por funcionarios del Poder Judicial de la Federación, contra diversas disposiciones, entre ellas, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que estiman que con ella se violentaría la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación; la acción que se insta es a título personal. Lo precedente es relevante para el tema, habida cuenta que con ello se pone de manifiesto que el juez de Distrito que pudiere conocer de un asunto así, no debería declararse impedido con fundamento en la fracción II del numeral 51 de la Ley de Amparo, puesto que no se presenta un interés material y económico del juzgador en este asunto, en razón a que, en lo personal no me encuentro implicado en él, al no guardar vínculo de tal índole con los peticionarios de la tutela federal, aunado a que este juzgador no obtendrá algún provecho o participación en la materia del litigio, puesto que este caso únicamente correspondería a los titulares de la acción ejercitada y su solución sólo beneficiaría o afectaría a ellos. Es así, dado que, como se explicó, la legislación exige que el interés de los funcionarios debe ser afectado directamente y no en la forma indirecta y general que se deriva de la solución de un problema de derecho, que sólo en forma remota interesa al que se excusa, dado que las resoluciones que se dictan en los juicios de amparo, dado el principio de relatividad, tienen efectos sólo a favor de las partes que intervienen y nunca valen como declaraciones generales que favorezcan a terceros. Dicho en otras palabras, a este juzgador federal no importa que el asunto se resuelva de una manera en particular de los aquí quejosos, sino que la solución del problema jurídico, la cual es propia y natural de la interpretación que le diera a los preceptos legales aplicables al caso, no es de un interés personal. En esa medida, es evidente que no se actualiza la causa de impedimento por interés personal para conocer del caso, y por ende, tampoco para resolver sobre la suspensión, dado que un Juzgador federal, en su encomienda jurisdiccional, al conocer sobre la impugnación constitucional de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, únicamente demuestra su criterio jurídico, pero sin que, por sí solo, implique que tales decisiones graviten en torno a un interés personal, material o económico, al no resentir algún menoscabo u obtener beneficio directo en esos ámbitos. Por el contrario, la suerte del suscrito como parte en el diverso juicio no está supedita a lo que sucede en el presente caso y, en todo evento, quedará a resultas de lo que en su autonomía e independencia decida el juzgador a quien corresponda su conocimiento, por más que haya identidad de reclamos en ambos procesos constitucionales. El argumento anterior encuentra apoyo en la tesis sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1001, del Tomo VII, Junio de 2003, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "IMPEDIMENTO POR INTERÉS PERSONAL EN AMPARO. DEBE SER DIRECTO, MATERIAL Y ECONÓMICO. La causa de impedimento por interés personal en el asunto, prevista en la fracción II del artículo 66 de la Ley de Amparo, ha sido entendida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el interés que muestre el funcionario sobre el asunto que va a fallar de manera directa desde el momento en que tuviese conocimiento del mismo, y debe entenderse como el interés material y económico que tenga el juzgador en el asunto, de tal manera que pueda obtener algún provecho de la materia del litigio, o sea, alguna participación de los asuntos controvertidos, sin que tal interés pueda derivarse del que tenga otra persona con la que el funcionario tenga alguna vinculación." En consecuencia, ante la falta de actualización del interés personal de este juzgador en el caso, se debe proveer lo correspondiente en relación con la suspensión que del acto reclamado se solicita, al no existir obstáculo legal al efecto. Máxime que no debe perderse de vista que en nuestro sistema jurídico es inadmisible que un conflicto se quede sin solución, pues ello traería como consecuencia hacer nugatorio el contenido del artículo 17 constitucional. A lo que resulta importante agregar que no se inadvierte la consideración del suscrito que los promoventes resultan ser jueces y magistrados de diversos órganos jurisdiccionales, que tienen la misma residencia del juzgado en el que se encuentra adscrito este juzgador y que pudiera conocer a algunos de ellos; empero, ello tampoco implica la existencia de interés personal, como se desprende de las razones que informan la siguiente tesis del rubro: "IMPEDIMENTO. LAS CAUSAS DE AMISTAD ESTRECHA Y DE INTERÉS PERSONAL NO SE CONFIGURAN POR EL SOLO HECHO DE QUE EL JUZGADOR CONOZCA A DIVERSAS PERSONAS CON MOTIVO DE SU LABOR JURISDICCIONAL O DE SU CONVIVENCIA CON LAS MISMAS EN DIVERSAS ACTIVIDADES". También se precisa que al referir el citado artículo 53 a "interés personal", es claro que con base en el sistema de impedimentos de la Ley de Amparo, alude al propio "interés personal" a que se contrae la fracción II del precepto 51 del mismo ordenamiento legal (en esa medida y alcance) y no a cualquier otra fracción, como la VI, en razón de que al ser un supuesto de excepción no puede dársele, como se vio, una interpretación extensiva para aplicarse a otras hipótesis. Máxime que la literalidad de ese dispositivo 53, respecto al "interés personal", no deja duda en cuanto a que se refiere a la causal de excusa de la referida fracción II, por lo que, ante ello, no está sujeta a interpretación alguna, menos de carácter extensivo. Por último, debe destacarse que tomando en consideración que el citado artículo 53 de la Ley de Amparo, establece que "El que se excuse deberá, en su caso, proveer sobre la suspensión", sin mencionar expresamente si en el caso de plantearse un impedimento, debe proveerse sobre la medida cautelar en una sola determinación o si debe abrirse y tramitarse un incidente de suspensión para tal efecto, se estima que es más acorde a los principios de imparcialidad y certeza jurídica de la partes, que lo relativo a la medida cautelar se provea en un sola determinación, pues de esa forma se evita que el juzgador que se declare impedido emita diversas resoluciones que necesariamente implicarían el trámite un incidente. Precisión de la litis suspensional. El análisis de procedencia de la medida provisional solicitada y, en su caso, alcances será exclusivamente en relación con los efectos de los actos reclamados que se desprende justamente del apartado de la demanda intitulado "EFECTOS DE LA CONCESIÓN DE LA MEDIDA", por lo que se provee al respecto, con apoyo, por identidad de razón, en la Jurisprudencia número 2a./J. 111/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 98, tomo XVIII, Diciembre de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos". Naturaleza suspendible de los efectos de los actos reclamados cuya suspensión se solicita. Cabe hacerse mención que los efectos para los cuales se solicita la medida cautelar son: "1. Que el parámetro para el cálculo de las remuneraciones para el ejercicio fiscal 2019 y subsecuentes, de Juzgadores y Juzgadoras Federales en activo, en retiro y pensionados, no lo sea el salario del Presidente de la República. 2. En el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019, por lo menos se conserven el conjunto de conceptos que conforman el total de ingresos monetarios, prestaciones y beneficios que reciben los servidores públicos por sus servicios prestados en el Poder Judicial de la Federación de conformidad con el "Manual que Regula las Remuneraciones de los Servidores Públicos del Poder Judicial de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho", que es un hecho notorio al encontrarse publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de este año. 3. Se continúe pagando los haberes de retiro y pensiones, para los titulares jubilados y pensionados, conforme al propio presupuesto de 2018 y disposiciones administrativas del Consejo de la Judicatura Federal. 4. Se impida la integración de cualquier carpeta de investigación por la probable comisión de los delitos previstos en el Capítulo V Bis al Título Décimo, Libro Segundo, del Código Penal Federal, con la denominación "Del pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos", de los artículos 217 Bis y 217 Ter. 5. De llegar a seguir el proceso legislativo las iniciativas reclamadas -nepotismo, controles de confianza, movilidad y Ley Federal de Austeridad Republicana del Estado-, hasta la promulgación, se suspenda su aplicación. 6. Se impidan la aplicación, efectos y consecuencias, de normas que, aun cuando no se hayan reclamado, tengan concordancia y supongan la operatividad de las reclamadas. 7. Que a la remuneración que percibimos en función de nuestro cargo, no sea vinculada conforme el sistema que señalan las normas reclamadas, por lo que no podrá eliminarse prestación ordinaria o extraordinaria alguna que, actualmente recibimos". Respecto a los efectos de los actos reclamados que se acaban de enumerar en los puntos 2, 3, 5 y 6, antes transcritos, de acuerdo con su naturaleza, exigencia prevista en el arábigo 107, fracción X, párrafo primero, constitucional, se estima que no son susceptibles de suspender. Dentro de las distintas clases de esencia de actos reclamados para efectos de la suspensión, doctrinal y jurisprudencialmente se han identificado, entre otros, los futuros e inciertos. Así, es conveniente hacer una distinción entre los actos futuros inminentes y los actos futuros contingentes, remotos o inciertos. Tanto en la doctrina como en la jurisprudencia sustentada por los Tribunales federales, se ha establecido la distinción entre estos dos tipos de actos, para determinar la procedencia del otorgamiento de la medida cautelar. En el primer caso, se trata de actos de cuya existencia es indudable y sólo falta que se cumplan determinadas formalidades para que se ejecute, resultando procedente la suspensión solicitada; en cambio, tratándose de actos futuros, probables, remotos o inciertos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización, la suspensión es improcedente, ya que al no producir algún efecto, dada su inexistencia material, no provocan algún agravio en la esfera jurídica del particular. De manera que la distinción entre estos dos tipos de actos para que proceda el otorgamiento de la suspensión, radicará en la certidumbre de su realización. Entonces, se estima que los efectos de los actos reclamados referidos y enumerados en los puntos 2, 3, 5 y 6, antes trascritos, son de naturaleza futura e incierta, precisamente debido a que los actos en relación con los cuales encuentran vinculación, por sí mismos, no son susceptibles de generar perjuicio alguno. Cierto, tales efectos están relacionados con los siguientes actos reclamados: ".d. Inconstitucionalidad de las siguientes iniciativas: i. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma los artículos 94 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ii. Iniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona y reforma el artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por el que se adiciona un tercer párrafo y se reforman los actuales párrafos segundo y tercero. iii. Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 112, recorriéndose los subsecuentes, y se adiciona una fracción XV, recorriéndose la actual, al artículo 131, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. iv. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo séptimo del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se adiciona un artículo 105 Bis a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. v. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 81 y 112 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. vi. Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Austeridad Republicana del Estado, suscrita por Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). vii. Estas iniciativas se reclaman como parte integrante de un sistema de medidas en el procedimiento legislativo que involucran transgresiones directas a los principios de división de poderes e independencia judicial, como se prueba en el desarrollo de esta demanda. [.] f. La inminente aprobación y publicación del Presupuesto de Egresos de la Federación Para el Ejercicio Fiscal 2019, cuyos artículos y anexos disminuyan la remuneración anual de los quejosos en relación con la remuneración total anual del Presidente de la República. Como se ve, lo anterior se trata, por una parte, de iniciativas de ley y de reformas constitucionales y, en otra, de la inminente aprobación del citado presupuesto; luego, como son normas no aprobadas, menos publicadas, tampoco tienen vigencia; de ahí que al encontrarse dichas iniciativas dentro de la creación de un proceso legislativo y el aludido presupuesto en proceso de creación, pueden considerarse que estos son actos futuros e inciertos, merced de que si bien cabe la posibilidad de que se aprueben, también lo es que no ocurra así o, incluso, que se aprueben en forma distinta o no exactamente igual a la que motiva el reclamo de los quejosos. De ahí que eventos tales como la aplicación de los exámenes de control y confianza que se pudieran establecer como medida de control para la función jurisdiccional, cambios de adscripción conforme son propuestos en lo impugnado, por el momento no tienen como consecuencia necesaria, directa e inmediata que sean aplicados, ya que es indispensable la entrada en vigor de la normativa de referencia, para establecer si son susceptibles de perjudicar a los quejosos; máxime que, se insiste, no existe un contenido cierto de lo referido, en virtud de que apenas son iniciativas de reformas o proyecto de presupuesto, cuyo resultado final se desconoce y que puede variar en relación con lo originalmente propuesto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.7o.A.784 A, visible en la página 1597, Tomo XXXIII, Junio de 2011 Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LAS CONSECUENCIAS DERIVADAS DEL ACUERDO POR EL QUE SE RECONOCEN COMO EQUIVALENTES A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO DE INSUMOS PARA LA SALUD Y A LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA REALIZADOS POR LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS PARA EL OTORGAMIENTOS DEL REGISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, DIVERSOS REQUISITOS ESTABLECIDOS Y PRUEBAS E INSPECCIONES REALIZADAS POR AUTORIDADES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y CANADÁ, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 26 DE OCTUBRE DE 2010, AL SER FUTURAS DE REALIZACIÓN INCIERTA. Cuando en el amparo se señale como acto reclamado el mencionado acuerdo, emitido con fundamento, entre otras disposiciones, en el artículo 161 Bis del Reglamento de Insumos para la Salud y se solicite la suspensión definitiva contra sus consecuencias, traducidas en que la autoridad competente no expida registros sanitarios, es improcedente conceder la medida cautelar, en tanto que aquéllas son futuras de realización incierta, porque para obtener dichos registros la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios requerirá de los particulares que opten por presentar su solicitud en los términos del señalado acuerdo, diversa información y documentación para emitir su resolución en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que se entregó lo requerido y, en la hipótesis de que no esté completo, lo hará saber al solicitante dentro de un plazo de diez días hábiles cuando la documentación sea de tipo administrativo y de veinte cuando sea de carácter técnico; finalmente, en el supuesto de que el solicitante no proporcione en el término concedido los documentos, aclaraciones o información faltante, se tendrá por no presentada su solicitud. Así, tales exigencias denotan que la expedición del acuerdo de equivalencia no se traduce en que de manera inminente la autoridad emitirá registros sanitarios a los solicitantes, en tanto que para ello es necesario que se lleven a cabo los actos mencionados. Además, las consecuencias del señalado acuerdo no serán ejecutadas sino hasta que entre en vigor, de conformidad con su artículo primero transitorio, circunstancia que pone de manifiesto que su ejecución resulta remota y depende de la actividad previa y eficaz del solicitante". Así como la tesis I.3o.A. 590 A, consultable en la foja 273, Tomo XV-1, Febrero de 1995, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SUSPENSION. NO PROCEDE CONCEDER LA MEDIDA CAUTELAR RESPECTO A LA ORDEN DE PUBLICACION DE LA SOLICITUD DE UNA CONCESION. El acuerdo que manda publicar una solicitud de concesión constituye, únicamente, un trámite dentro del procedimiento administrativo correspondiente. Si bien dicho procedimiento podrá concluir con el otorgamiento o negativa de la concesión solicitada, esta circunstancia no permite conocer con certeza cuál será la resolución emitida; suponer, de antemano, que la concesión será otorgada (o negada) implicaría prejuzgar sobre un acto futuro. La suspensión, respecto a los efectos y consecuencias del acuerdo reclamado, debe negarse a fin de que continúe la tramitación del procedimiento administrativo y se dicte la resolución correspondiente, ya que el único efecto que pudiera motivar la concesión de la medida cautelar, sería el otorgamiento, a un tercero, de la concesión solicitada. Dado que no ha sido emitida resolución alguna, debe considerarse como acto consumado el acuerdo de publicación y, sus efectos y consecuencias como actos futuros e inciertos, por lo que no existe materia para otorgar la suspensión del procedimiento administrativo iniciado, sin que pueda alegarse que el procedimiento en sí mismo constituya una afectación irreparable en perjuicio del quejoso". De la misma forma, la tesis consultable en la página 808, Tomo III, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SUSPENSION IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL FUNCIONAMIENTO DE UNA PLANTA NUCLEOELECTRICA. ACTOS FUTUROS E INCIERTOS. Es improcedente la concesión de la suspensión solicitada, en contra del acto consistente en la autorización de funcionamiento de una planta nucleoeléctrica y las consecuencias que pueden derivarse de dicho funcionamiento; porque si bien es cierto que conforme a lo dispuesto por el artículo 123, fracciones I y II de la Ley de Amparo, procede la suspensión de oficio, en contra de actos que importen peligro de privación de la vida, o cuando se trate de algún otro acto, que de llegar a consumarse, haga físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada; también lo es que, en la especie, los actos combatidos son futuros e inciertos, toda vez que su realización se encuentra sujeta no sólo al funcionamiento de la referida planta, sino al acontecimiento de actos contingentes, pues es inexacto que con el solo funcionamiento de ésta, se causen los daños señalados por el recurrente, ya que ello dependería en todo caso, de un inadecuado funcionamiento de la planta nucleoeléctrica de que se trata, la que se supone fue construida con el cuidado técnico necesario para evitar daños irreparables". Y la Jurisprudencia 2a./J. 88/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 858, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo I, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. Resulta improcedente otorgar la suspensión en el juicio de amparo respecto de los efectos y las consecuencias de la aplicación del citado numeral, consistentes en el eventual dictado de una segunda resolución que establezca de manera definitiva la inexistencia de las operaciones celebradas por el contribuyente, para que no surtan efectos los comprobantes que amparan las operaciones ahí reflejadas, en términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación; ello es así, porque constituye un acto futuro de realización incierta ya que, de acuerdo con el referido procedimiento, antes de que se publique la resolución que defina la situación del contribuyente respecto del cual -en un primer momento- se presumió la inexistencia de las operaciones respaldadas en los comprobantes fiscales (y obviamente, antes de que la autoridad en ejercicio de sus facultades de comprobación emita un crédito fiscal), se prevé un plazo para que los interesados manifiesten lo que a su derecho convenga y aporten información y documentación para desvirtuar los hechos objeto de la presunción; lo cual implica que no existe certidumbre de su realización, porque ello dependerá de su conducta a fin de desvirtuar la presunción de inexistencia de operaciones atribuida por la autoridad fiscal. Además, arribar a una posición contraria afectaría el interés social y contravendría disposiciones de orden público, acorde con los artículos 128, fracción II y 129, fracción III, de la Ley de Amparo, pues de concederse la medida cautelar se generaría la falsa creencia de que el contribuyente investigado ya desvirtuó la presunción de inexistencia de las operaciones amparadas a través de los comprobantes fiscales, lo cual podría acarrear un daño a la colectividad, al desconocer la situación fiscal de los contribuyentes a quienes se atribuye la realización de este tipo de operaciones, aunado a que ocasionaría la imposibilidad -por los terceros relacionados- de acreditar la existencia de las operaciones amparadas en el documento fiscal, o bien, de corregir su situación fiscal. Por su parte, se permitiría la consumación o continuación de un ilícito o sus efectos, ya que los comprobantes expedidos por este tipo de contribuyentes aún estarían en el comercio, no obstante que tal conducta podría actualizar el delito de defraudación fiscal, conforme a los artículos 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación". En razón de lo expresado, dada su naturaleza de futuros o inciertos de los efectos de los actos reclamados referidos y enumerados en los puntos 2, 3, 5 y 6, antes transcritos, debe negarse la suspensión respecto a ellos, con apoyo en el aludido precepto 107, fracción XI, párrafo primero, de la Ley Fundamental. Cabe precisar que de los anexos que los quejosos acompañaron a la demanda, se advierte que todos ellos son Magistrados y Jueces federales, según el caso, en activo, por lo que de momento no les son aplicables las disposiciones que pudieran afectar derechos de jubilación, pensión o retiro. En cambio, en relación a los demás actos reclamados, por su naturaleza, son susceptibles de suspenderse, debido a que versan sobre consecuencias de los actos positivos a los que están vinculados. Naturaleza suspendible del decreto reclamado. Previamente a abordar el análisis de la procedencia o improcedencia de la suspensión solicitada, conviene reproducir el contenido de algunas de las normas reclamadas. LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 75 Y 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. "Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular las remuneraciones que perciben los servidores públicos de los poderes de la Unión y todos los demás entes públicos federales incluidos aquellos dotados de autonomía constitucional". "Artículo 2. Para los efectos del presente ordenamiento, es servidor público de la Federación toda persona que de manera temporal o permanente desempeña una función, empleo, cargo o comisión en los órganos, unidades y demás áreas en que se organizan: I. El Poder Legislativo Federal; II. El Poder Judicial de la Federación; III. Los demás entes públicos federales incluidos aquellos a los que la propia Constitución reconoce autonomía o independencia; IV. Los tribunales administrativos de la Federación; V. La Procuraduría General de la República; VI. La Presidencia de la República; VII. Las dependencias federales, y VIII. Los organismos, empresas y fideicomisos del sector paraestatal federal y aquellos entes no sujetos al régimen paraestatal cuando la remuneración respectiva esté afecta directa o indirectamente al presupuesto federal". "Artículo 3. Todo servidor público debe recibir una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que es proporcional a sus responsabilidades. No podrá cubrirse ninguna remuneración mediante el ejercicio de partidas cuyo objeto sea diferente en el presupuesto correspondiente, salvo el caso de que las transferencias se encuentren autorizadas en el propio presupuesto o en la ley aplicable. En todo caso la remuneración se sujeta a los principios rectores siguientes: I. Anualidad: La remuneración es determinada para cada ejercicio fiscal y los sueldos y salarios no se disminuyen durante el mismo; II. Reconocimiento del desempeño: La remuneración reconoce el cumplimiento eficaz de las obligaciones inherentes al puesto y el logro de resultados sobresalientes; III. Equidad: La remuneración es proporcional a la responsabilidad del puesto; IV. Fiscalización: La remuneración es objeto de vigilancia, control y revisión por las autoridades competentes; V. Igualdad: La remuneración compensa en igualdad de condiciones a puestos iguales en funciones, responsabilidad, jornada laboral y condición de eficiencia, sin perjuicio de los derechos adquiridos; VI. Legalidad: La remuneración es irrenunciable y se ajusta estrictamente a las disposiciones de la Constitución, esta Ley, el Presupuesto de Egresos, los tabuladores y el manual de remuneraciones correspondiente, y VII. Transparencia y rendición de cuentas: La remuneración es pública y toda autoridad está obligada a informar y a rendir cuentas con veracidad y oportunidad, privilegiando el principio de máxima publicidad". "Artículo 4. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. No forman parte de la remuneración los recursos que perciban los servidores públicos, en términos de ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo, relacionados con jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, liquidaciones por servicios prestados, préstamos o créditos, ni los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado". "Artículo 6. Para la determinación de la remuneración de los servidores públicos se consideran las siguientes bases: I. Ningún servidor público recibe una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación. II. Ningún servidor público puede tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, salvo que el excedente sea consecuencia de: a) El desempeño de varios puestos, siempre que el servidor público cuente con el dictamen de compatibilidad correspondiente con antelación al desempeño del segundo o subsecuentes puestos, ya sean federales o locales; b) El contrato colectivo o las condiciones generales de trabajo; c) Un trabajo técnico calificado, considerado así cuando su desempeño exige una preparación, formación y conocimiento resultado de los avances de la ciencia o la tecnología o porque corresponde en lo específico a determinadas herramientas tecnológicas, instrumentos, técnicas o aptitud física y requiere para su ejecución o realización de una certificación, habilitación o aptitud jurídica otorgada por un ente calificado, institución técnica, profesional o autoridad competente, o d) Un trabajo de alta especialización, determinado así cuando las funciones conferidas resultan de determinadas facultades previstas en un ordenamiento jurídico y exige para su desempeño de una experiencia determinada, de la acreditación de competencias o de capacidades específicas o de cumplir con un determinado perfil y, cuando corresponda, de satisfacer evaluaciones dentro de un procedimiento de selección o promoción en el marco de un sistema de carrera establecido por ley. Bajo las anteriores excepciones, la suma de las retribuciones no excede la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación. III. En ningún caso se cubre una remuneración con efectos retroactivos a la fecha de su autorización, salvo resolución jurisdiccional. Las contribuciones causadas por concepto de las remuneraciones a cargo de los servidores públicos se retienen y enteran a las autoridades fiscales respectivas de conformidad con la legislación aplicable y no son pagadas por los órganos públicos en calidad de prestación, percepción extraordinaria u otro concepto. IV. Las unidades de administración de los órganos públicos a que se refiere el artículo 2 de esta Ley, dictaminan la compatibilidad entre funciones, empleos, cargos o comisiones conforme a lo siguiente: a) Toda persona, previo a su contratación en un ente público, manifiesta por escrito y bajo protesta de decir verdad que no recibe remuneración alguna por parte de otro ente público, con cargo a recursos federales, sea nivel federal, estatal, del Distrito Federal o municipal. Si la recibe, formula solicitud de compatibilidad al propio ente en la que señala la función, empleo, cargo o comisión que pretende le sea conferido, así como la que desempeña en otros entes públicos; las remuneraciones que percibe y las jornadas laborales. La compatibilidad se determina incluso cuando involucra la formalización de un contrato por honorarios para la realización de actividades y funciones equivalentes a las que desempeñe el personal contratado en plazas presupuestarias, o cuando la persona por contratar lo ha formalizado previamente en diverso ente público; b) Dictaminada la incompatibilidad, el servidor público opta por el puesto que convenga a sus intereses, y c) El dictamen de compatibilidad de puestos es dado a conocer al área de administración del ente público en que el interesado presta servicios, para los efectos a que haya lugar. Cuando se acredita que un servidor público declaró con falsedad respecto de la información a que se refiere este artículo para obtener un dictamen de compatibilidad favorable a sus intereses, queda sin efectos el nombramiento o vínculo laboral conforme a las disposiciones aplicables. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes. La falta de dictamen se subsana mediante el mismo procedimiento descrito, incluyendo la necesidad de optar por uno u otro cargo cuando se determina la incompatibilidad". CÓDIGO PENAL FEDERAL. "Artículo 217 Bis. Además de las responsabilidades administrativa y política, incurre en el delito de remuneración ilícita: I. El servidor público que apruebe o refrende el pago, o que suscriba el comprobante, cheque, nómina u orden de pago, de una remuneración, retribución, jubilación, pensión, haber de retiro, liquidación por servicios prestados, préstamo o crédito, no autorizado de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley; II. Quien reciba un pago indebido en los términos de la fracción anterior sin realizar el reporte dentro del plazo señalado en el artículo 5 de la presente Ley, excepto quien forme parte del personal de base y supernumerario de las entidades públicas que no tenga puesto de mando medio o superior, así como el personal de tropa y clases de las fuerzas armadas". "Artículo 217 Ter. Por la comisión del delito señalado en el artículo precedente se impondrán las siguientes penas: I. Si el beneficio otorgado u obtenido en contravención de las disposiciones de esta Ley no excede del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de tres meses a dos años de prisión y multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito; II. Si el beneficio otorgado u obtenido en contravención de las disposiciones de esta Ley excede el equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito pero no es mayor que el equivalente a mil veces dicha unidad, se impondrán de seis meses a tres años de prisión y multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito; III. Si el beneficio otorgado u obtenido en contravención de las disposiciones de esta Ley excede el equivalente a mil veces pero no es mayor que el equivalente a tres mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de tres a cinco años de prisión y multa de trescientas a mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, y IV. Si el beneficio otorgado u obtenido en contravención de las disposiciones de esta Ley excede el equivalente a tres mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de cinco a catorce años de prisión y multa de quinientas a tres mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito. Se impondrá también la destitución y la inhabilitación para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos de seis meses a catorce años". De las disposiciones transcritas se advierte que la citada legislación es de carácter general, cuyo objeto es regular las remuneraciones de los servidores públicos de los poderes de la Unión, sin excepción, así como todos los demás entes públicos federales, incluidos aquellas dotados de autonomía constitucional. Asimismo, los citados numerales definen al servidor público como la persona que de manera temporal o permanente desempeña una función, empleo, cargo o comisión en los órganos, unidades y demás áreas en que se organizan el Poder Legislativo Federal, el Poder Judicial de la Federación, los demás entes públicos federales incluidos aquellos a los que la propia Constitución reconoce autonomía o independencia; los tribunales administrativos de la Federación, entre otros. También, las normas reproducidas señalan que todo servidor público debe recibir una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que es proporcional a sus responsabilidades; que no podrá cubrirse ninguna remuneración mediante el ejercicio de partidas cuyo objeto sea diferente en el presupuesto correspondiente, salvo el caso de que las transferencias se encuentren autorizadas en el propio presupuesto o en la ley aplicable. Por otra parte, se prevé que, en todo caso, la remuneración estará sujeta a los principios rectores de anualidad, reconocimiento del desempeño, equidad, fiscalización, igualdad, legalidad, así como de transparencia y rendición de cuentas; además de que se establecen los conceptos que deben considerarse como remuneración o retribución, sus excepciones y aquellos recursos que no forman parte de la remuneración de los servidores públicos. Aunado a lo anterior, en las disposiciones reclamadas se precisan las bases que se considerarán para la determinación de la remuneración de los servidores públicos, como son: No recibir una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación. No tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, con las salvedades ahí descritas, así como que la suma de las retribuciones no exceda la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación. No cubrir una remuneración con efectos retroactivos a la fecha de su autorización, salvo resolución jurisdiccional. Dictaminación de la compatibilidad entre funciones, empleos, cargos o comisiones conforme a los aspectos ahí precisados. También debe mencionarse la adición que en dicha legislación se hace al Código Penal Federal, relativa a los artículos 217 Bis y 217 Ter, que señalan como delito el pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos, en los términos precisados en los mismos. Por otra parte, respecto a las iniciativas reclamadas, debe decirse que su contenido esencial es que se reforme los actuales párrafos segundo y tercero del artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para que todos los Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito, sin hacer distinción alguna, sean cambiados de adscripción después de permanecer tres años como mínimo en la misma adscripción y sin que pasen más de seis años en ésta. Asimismo, otra de las iniciativas de reforma a los artículos 81 y 112 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, implica que el ingreso, permanencia y promoción a la carrera judicial, se sujete a la aplicación y acreditación de evaluaciones de control de confianza que se integrarán con los exámenes patrimonial y de entorno social, médico, psicométrico y psicológico y toxicológico. Por su parte, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo décimo primero del artículo 94 y su correlativo del artículo 116, ambos de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, pretende derogar una garantía de la división de poderes, de la independencia judicial y de la estabilidad de los Juzgadores federales, consistente en que las remuneraciones que perciban no pueden ser disminuidas durante su encargo. La diversa iniciativa sobre la Ley Federal de Austeridad Republicana del Estado, tiene esencialmente el siguiente contenido: En su artículo 1° señala que es aplicable a todos los órganos de los Poderes de la Unión, y en su artículo 3, fracción VII, en relación con el 13, último párrafo y 25 que las remuneraciones que perciban todos los servidores públicos deberán ajustarse a las disposiciones contenidas en los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su ley reglamentaria. En el artículo 27 prohíbe establecer o cubrir con recursos públicos haberes de retiro o regímenes especiales de jubilación o pensión, así como la contratación de seguros privados de gastos médicos, de vida o de separación individualizada o colectiva por parte de los entes públicos federales para beneficio de cualquier servidor público. En el artículo Segundo Transitorio dispone: Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto. Por último, la iniciativa de reforma del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que adiciona el 105 bis a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, básicamente pretende establecer que "no se podrá otorgar nombramiento, a personas que fuesen cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado de algún titular de un órgano jurisdiccional o área administrativa del Consejo". Situación de la parte quejosa frente a las normas reclamadas. Sentado lo anterior, se tiene que la naturaleza de las normas reclamadas permite ser objeto de suspensión, en razón de que los efectos y consecuencias de éstas son de carácter positivo, en razón a que se prescriben remuneraciones de ciertos sujetos, quienes no pueden recibir un pago mayor que el Presidente de la República; de hacerlo, los conmina a realizar un reporte y, en caso de omisión, tales sujetos podrían configurar un delito. Los quejosos acuden al amparo, con motivo de que ostentan el cargo, según el caso, de Magistrados de Circuito y de Jueces de Distrito, por lo que es evidente que son sujetos de los artículos que reclaman, pues éstos regulan su remuneración y, en ciertas hipótesis, la ubican en la configuración de un delito. Ahora bien, acorde con el artículo 148 de la Ley de Amparo, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, sin señalar un acto concreto de aplicación, la suspensión se otorgará para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del impetrante, lo que acontece en la especie, dado que se reclaman diversos dispositivos que, desde una base objetiva (como se detallará en párrafos posteriores), transgreden su esfera jurídica desde su sola entrada en vigor, por ejemplo: el referente a la base que se considerará para determinar las remuneraciones de los servidores públicos, entre ellas, no percibir mayores ingresos que el Ejecutivo Federal, o bien, el que establece como principio rector de las percepciones de los servidores públicos, la sujeción a la anualidad en el presupuesto de egresos; de ahí que los efectos y consecuencias de éstas sean de carácter positivo, susceptibles de suspenderse. Además, precisamente por esa calidad de juzgadores federales, los quejosos también resentirían los efectos de las iniciativas de reforma reclamadas, puesto que estarían sujetos a lo siguiente: A que su permanencia y progreso en la carrera judicial sería condicionado a la acreditación de los controles de confianza; A que deban ser cambiados de su actual adscripción después de permanecer tres años como mínimo en la misma adscripción, sin que pasen más de seis años en ésta, por el simple hecho de ser juzgadores federales; A quedar sujetos a la pérdida de prestaciones, ganadas con motivo de sus encargos, por lo establecido en la Ley Federal de Austeridad Republicana del Estado; A perder una garantía de los Juzgadores y las Juzgadoras federales, consistente en que las remuneraciones que perciban no pueden ser disminuidas durante su encargo; y, A que no se pueda otorgar ni recibir nombramiento alguno dentro del Poder Judicial de la Federación, por el simple hecho de que sea cónyuge o pariente consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado de algún otro titular de un órgano jurisdiccional o área administrativa del Consejo de la Judicatura Federal. Interés suspensional (pruebas). De inicio, debe señalarse que es un hecho notorio que el propio Presidente Electo de la República manifestó públicamente que su salario mensual sería de $108,000.00 (ciento ocho mil pesos 00/100 m.n.), cantidad que incluso podría llegar a ser mucho menor en caso de que se trate del sueldo bruto, por lo que, en cualquier caso, es evidente que dicho monto constituye el tope máximo que, por lo general, un servidor público podría percibir, con base en lo establecido en las normas reclamadas. Por su parte, a fin de acreditar el interés suspensional para el otorgamiento de la medida cautelar solicitada, los quejosos exhibieron con su demanda diversas constancias emitidas por la Administración Regional en Morelia, Michoacán, del Consejo de la Judicatura Federal, respecto a la calidad de la parte quejosa como juzgadores federales, su antigüedad y el salario que perciben por dicho encargo. Con las documentales descritas se estima acreditado presuntivamente el interés suspensional de los quejosos, las que adquieren valor probatorio respecto de la sujeción a las normas que impugnan, dado el cargo jurisdiccional que ostentan en la actualidad, esto es, Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, según el caso, adscritos al Décimo Primer Circuito, en esta ciudad. Asimismo, de tales documentales se advierte que el salario y las prestaciones que perciben los quejosos, son mayores al que devengará el ahora Presidente Electo de la República, por lo que es inconcuso que las normas reclamadas generan una afectación directa, cierta e inmediata a su esfera jurídica. Además, por su calidad de juzgadores federales estarían sujetos a los efectos de las iniciativas de reformas de diversas normas que también se reclaman. Por ello, son suficientes las pruebas aportadas para tener por demostrado, aunque sea presuntivamente, el aludido interés en el otorgamiento de la suspensión solicitada. Requisitos de procedencia de la medida. Ahora, para resolver sobre la medida suspensional, respecto a los efectos y consecuencias del decreto reclamado, en su naturaleza de autoaplicativo, en términos del artículo 148 de la Ley de Amparo, se debe analizar si se satisfacen los requisitos previstos en el numeral 128 de la ley de la materia, pues de no ser así, la medida debe negarse. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.18o.A. J/1 (10a.), sustentada por el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1824 Libro 19, Junio de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMEN DISPOSICIONES AUTOAPLICATIVAS, PARA RESOLVER SOBRE SU CONCESIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 148 DE LA LEY DE LA MATERIA, DEBE ANALIZARSE SI SE CUMPLEN LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 128 DEL PROPIO ORDENAMIENTO. De conformidad con el primer párrafo del artículo 148 de la Ley de Amparo, en los juicios de amparo en que se reclame una norma autoaplicativa -sin señalar un acto concreto de aplicación-, la suspensión se otorgará para impedir sus efectos y consecuencias en la esfera jurídica del quejoso; sin embargo, dicho dispositivo legal no debe interpretarse de manera aislada, sino sistemáticamente con el resto de los preceptos aplicables del propio ordenamiento que prevén diversas reglas para resolver la medida de que se trata. En consecuencia, cuando se reclamen disposiciones de carácter general por considerar que por su sola entrada en vigor causan perjuicio al gobernado, para resolver sobre la concesión de la medida cautelar solicitada, el juzgador debe analizar si se cumplen los requisitos previstos en el artículo 128 de la propia ley, ya que de advertir que no se satisface alguno de ellos, aquélla resultará improcedente. Petición de parte. En el caso, se satisface el requisito contenido en la fracción I del numeral 128 de la Ley de Amparo (que la soliciten los quejosos), con la presentación de la demanda y la petición de suspensión, aduciendo la afectación que les causa de manera directa e inmediata la sola entrada en vigor de las normas reclamadas, toda vez que, desde ese momento, se incorporan prohibiciones y obligaciones que inciden en la esfera jurídica de derechos de los quejosos, tales como la prohibición a todo servidor público de recibir una remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República, que se determinará en el presupuesto de egresos correspondiente, conforme al principio rector de anualidad, así como realizar reportes cuando se reciba un pago de los considerados como indebidos. No afectación al interés social y a las disposiciones de orden público. De igual manera, se estima satisfecho el requisito contenido en la fracción II del citado numeral, ya que no se causa afectación al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público. Entendiendo por interés social y orden público la referencia a las condiciones que aseguran el funcionamiento armónico y normal de las instituciones sobre un sistema coherente de valores y principios, estos últimos se traducen en el balance entre los derechos humanos y las libertades individuales, con los de la comunidad. Tales conceptos, para efectos de la suspensión, guardan una estrecha relación, puesto que el primero se refiere a disposiciones plasmadas en ordenamientos legales cuyo fin es el de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población; en tanto que el segundo alude al hecho, acto o situación que reporte una ventaja, un provecho, la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o mal público. En torno al tema, el numeral 129 de la ley de la materia no define los conceptos de orden público e interés social, sino que únicamente contiene (en forma enunciativa, mas no limitativa) un catálogo de supuestos, en los cuales se considera que se contravienen tales conceptos, como se aprecia de aquel texto normativo, al incluir el legislador la frase "se considera, entre otros casos". No obstante ello, el orden público y el interés social han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de manera ejemplificativa y, en ese matiz, ha sostenido que se afectan esas instituciones cuando, con la suspensión, se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. En ese tenor, corresponde al juez examinar la presencia de tales factores en cada caso, atendiendo desde luego, al contenido de los actos que se reclaman; ello teniendo presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución. Entonces, no se tendrá colmado el requisito previsto en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, cuando en caso de concederse la suspensión de los actos o las leyes reclamadas, implique que dejen de producirse actos o hechos tendentes a satisfacer necesidades colectivas, que reporten un beneficio a la sociedad, o bien, que eviten un trastorno o perjuicio público, esto es, que no procederá otorgar la referida medida precautoria cuando se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público. Al respecto, en lo que interesa, el artículo 129, fracción III, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: [.] III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos.". De la citada porción normativa se desprende, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando de concederse la suspensión se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos, por lo que, de un análisis superficial del asunto, eventualmente podría llegarse a pensar que no procedería conceder la medida cautelar en contra de las normas reclamadas, porque de esa forma se permitiría la consumación de un delito. Sin embargo, la citada impresión se desvanece al tomarse en cuenta que, entre otras disposiciones, precisamente se reclaman las normas que establecen el delito de remuneración ilícita, consistente en tener una percepción que rebase el salario del titular del Poder Ejecutivo Federal. Por tal circunstancia, de negarse la suspensión solicitada, considerando que se generarían perjuicios al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, porque se permitiría la consumación de un delito, se incurriría en el vicio lógico denominado como "petición de principio", pues incorrectamente se estaría dando por sentado que las normas que prevén el delito de referencia son constitucionales y que, por tanto, deben aplicarse respecto a la comisión del injusto de referencia, siendo que precisamente ello constituye una parte del análisis de fondo del asunto. Apoya a la anterior consideración, en lo conducente, la tesis I.15o.A.4 K (10a.), visible en la página 2081, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "PETICIÓN DE PRINCIPIO. LA MOTIVACIÓN DE UN ACTO JURISDICCIONAL SUSTENTADA EN ESE ARGUMENTO FALAZ ES CONTRARIA A LA GARANTÍA DE LEGALIDAD CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. La motivación del acto de autoridad es un requisito constitucional que obliga a su autor a señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tuvo en consideración para emitir su determinación, las que además de ser congruentes con la pretensión deducida, deben adecuarse a la norma aplicable; proceder que requiere del uso de la argumentación jurídica como un método en función del cual se exponen razones para demostrar que determinada decisión es coherente con el derecho, a partir de la interpretación de la norma correspondiente, los principios generales, la jurisprudencia o la doctrina. En el ámbito de la función jurisdiccional, la motivación está circundada por la libertad de apreciación y calificación de hechos y pruebas, así como por el arbitrio para elegir e interpretar la norma en la que se subsumen aquéllos; de ahí que un fallo judicial no es la conclusión necesaria de un silogismo, sino una decisión que, como tal, presupone la posibilidad de optar por una solución o elegir entre varias. Por tal motivo, si la conclusión alcanzada en una resolución judicial se construye a partir de argumentos falaces, como es la petición de principio, en virtud de la cual el operador jurisdiccional toma como principio de demostración la conclusión que se pretende probar o alguna proposición que de ella emane, es indudable que aquélla tendrá una motivación defectuosa que transgrede las exigencias que al respecto establece la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 constitucional. Además, tampoco es viable negar la suspensión de las normas reclamadas, con base en la presunción de constitucionalidad de la que gozan por lo general las leyes, puesto que de un análisis preliminar exclusivo para resolver lo conducente sobre la suspensión solicitada, resulta relevante que las normas combatidas no establezcan algún mecanismo que armonice lo previsto en los artículos 1, 14 y 94 de la Constitución Federal, sobre el principio de progresividad, la obligación de las autoridades de respetar los derechos humanos de los gobernados, la no retroactividad en perjuicio y sobre la independencia judicial. De tal forma que al no atenderse de manera expresa en las disposiciones reclamadas lo previsto en las citadas normas constitucionales, es factible considerar que la mencionada presunción de constitucionalidad se desvirtúa, para efecto de la concesión de la medida cautelar, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre ese tema, en relación con el fondo del asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. XXXIX/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 242, Tomo XIII, Junio de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. LOS ARTÍCULOS 57, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, Y 256 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, AMBOS DE DICHA ENTIDAD, QUE PERMITEN LA DISMINUCIÓN DE SU REMUNERACIÓN DURANTE LOS AÑOS NO ELECTORALES, VIOLAN LA GARANTÍA DE INDEPENDENCIA JUDICIAL TUTELADA POR LOS ARTÍCULOS 17 Y 116, FRACCIONES III Y IV, INCISO C), CONSTITUCIONALES. Dentro de la garantía de acceso a la justicia en favor de los gobernados, consignada originalmente en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y hecha extensiva en el diverso artículo 116, fracción III, de la propia Carta Fundamental, a los Poderes Judiciales de las entidades federativas, queda comprendida la de independencia de los órganos jurisdiccionales, la cual se sustenta, entre otros principios, en la tutela de la seguridad y estabilidad económica de los juzgadores. En esa tesitura, los artículos 57, último párrafo, de la Constitución Política del Estado de Baja California, y 256 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de esa entidad, contravienen la citada garantía de independencia de los órganos judiciales, al excluir a los Magistrados electorales locales, de la previsión en el sentido de que sus remuneraciones no podrán ser disminuidas durante su encargo, y al disponer la disminución de tales remuneraciones, en un cincuenta por ciento, durante los años no electorales, toda vez que si al fijar las bases conforme a las cuales deben regirse los Poderes Judiciales Locales, y contemplar, dentro de la garantía de independencia judicial, la relativa a que la remuneración de los Magistrados y Jueces no podrá ser disminuida durante su encargo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no formula distinción alguna, las Constituciones y leyes de las entidades federativas no pueden establecerla para limitar ese principio a algún funcionario de ese tipo. Por otra parte, si el fundamento para establecer la diferencia, se pretendiera encontrar en la materia de especialización del órgano jurisdiccional local, que es la electoral, tal consideración carece de sustento, en atención a que, por un lado, como antes se mencionó, el artículo 116, fracción III, párrafo segundo, de la Carta Magna, no formula distinción alguna; y, por el otro, porque en relación con dicha materia, ese mismo precepto, en su fracción IV, establece los principios que deben garantizar las Constituciones y leyes de las entidades federativas y, respecto de los órganos jurisdiccionales en la materia, se dispone, en su inciso c), como garantías a tutelar, el goce de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones; esto es, reitera la garantía de independencia de los órganos judiciales locales contenida en la fracción III del propio precepto". Por otra parte, cabe destacar que no pasa inadvertida la existencia de la jurisprudencia 2a./J. 36/2005, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 313, Tomo XXI, Marzo de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE RESPECTO DE LOS ACTOS DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE EN 2004, PORQUE SE PERMITIRÍA LA REALIZACIÓN DE UN DELITO. El artículo 124, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, señala que se considerará, entre otros casos, que se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando de concederse la suspensión se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos. En ese sentido, tratándose de los actos de aplicación del artículo 28, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, vigente en 2004, que establece la obligación para quienes enajenen gasolina, diesel, gas natural o licuado de petróleo para combustión automotriz en establecimientos abiertos al público, de llevar un registro contable, consistente en instalar controles volumétricos acorde con los equipos que para tal efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, no procede conceder dicha medida cautelar, pues de hacerlo se permitiría la realización de una conducta ilícita sancionada en el artículo 111, fracción VII, del mencionado código, toda vez que se permitiría a los contribuyentes no instalar tales equipos, cuando dicha omisión está sancionada penalmente. No obstante, se estima que dicho criterio no resulta aplicable al presente asunto, dado que, por una parte, no se refiere a la suspensión de las normas que aquí se reclaman, y por otro lado, no fue emitida conforme a lo previsto en la Ley de Amparo vigente, respecto a la posibilidad de otorgar la medida cautelar aun en los casos en los que se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, como se verá en el siguiente apartado de la presente resolución. Tampoco podría concluirse que se generarían perjuicios al interés social, por estimarse genéricamente que con la medida cautelar podrían afectarse algunos programas sociales, puesto que de las normas reclamadas no se desprende con exactitud el destino de los recursos correspondientes, ni que, específicamente, la afectación a las prestaciones de los quejosos sea estrictamente necesaria para tal destino. Además de que no debe perderse de vista que precisamente los principios de autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación, indirectamente también garantizan que las autoridades correspondientes utilicen los recursos públicos en beneficio de la sociedad. Mayor afectación al interés social. Por otra parte, es conveniente destacar que, incluso en el supuesto de que se llegara a considerar que con la suspensión de las normas reclamadas se permitiría la consumación de un delito, por las circunstancias particulares del presente asunto, también sería procedente otorgar la suspensión de las normas reclamadas, puesto que el último párrafo del artículo 129 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 129. [.] El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social". De lo transcrito se advierte que incluso en los casos previstos en la ley de la materia en los que se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, excepcionalmente podrá concederse la suspensión, si a juicio del juzgador, con la negativa pueda causarse mayor afectación al interés social. Entonces, al ponderar la afectación que la parte quejosa pretende evitar (vertiente objetiva) y el bien tutelado de la sociedad, se obtiene que de negarse la medida cautelar se ocasionaría un daño mayor a la sociedad que con el otorgamiento de la misma. Lo anterior, ya que de negarse la suspensión, previsiblemente, se atentaría contra el principio de independencia del Poder Judicial, considerado como una garantía de verdad, libertad, respeto de los derechos humanos y justicia imparcial, libre de influencias externas, ello, además, en transgresión directa al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce el derecho humano de acceso a la justicia, al prever que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Lo anterior resulta de suma relevancia, pues implica que los mencionados principios constitucionales se establecen no sólo como un derecho individual de la parte quejosa en su calidad de juzgador federal, sino que constituye un verdadero derecho fundamental para toda la sociedad mexicana de contar con tribunales totalmente independientes de las circunstancias y presiones políticas de sus gobernantes, que puedan defender sus derechos constitucionales y convencionales, lo que garantiza el equilibrio de los Poderes de la Unión y el acceso a la justicia para los ciudadanos. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 70/2006, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1477, Tomo XXIII, Mayo de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. SU PRESUPUESTO DE EGRESOS ESTÁ PROTEGIDO POR LA GARANTÍA DE IRREDUCTIBILIDAD, POR LO QUE NO PUEDE, VÁLIDAMENTE, FIJÁRSELE UNO CON MONTO INFERIOR AL APROBADO PARA EL EJERCICIO ORDINARIO ANUAL ANTERIOR. El artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias relativas, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. Por otra parte, en acatamiento a tal disposición, el segundo párrafo del artículo 90 de la Constitución de Baja California prevé que para garantizar la independencia económica del Poder Judicial, éste contará con un presupuesto propio, el que administrará y ejercerá en los términos que fijen las leyes respectivas, el cual no podrá ser inferior al aprobado por el Congreso para el ejercicio anual anterior. Ahora bien, de la interpretación relacionada de dichos preceptos se concluye que el Tribunal de Justicia Electoral, órgano integrante del Poder Judicial del Estado de Baja California, tiene garantizada la irreductibilidad presupuestaria, en el sentido de que jurídicamente no puede fijársele un presupuesto con monto inferior al aprobado para el ejercicio ordinario anual anterior, determinación que tiene la intención de proteger su autonomía, poniéndolo a salvo de todo tipo de presiones, para que cumpla con plena independencia las atribuciones encomendadas por la Constitución Federal. Además, en el ámbito internacional también se contemplan esos principios y derechos de los justiciables, pues basta acudir a la publicación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denominado "Garantías para la Independencia de las y los Operadores de Justicia" (consultable en la página web www.oas.org), cuyo párrafo treinta dispone que el principio de independencia del Poder Judicial ha sido reconocido como costumbre internacional y principio general del derecho y ha sido consagrado en numerosos tratados internacionales, por citar alguno, la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 8.1). De igual forma, sustenta que la independencia de todo órgano que realice funciones de carácter jurisdiccional es un presupuesto indispensable para el cumplimiento de las normas del debido proceso y su ausencia afecta el derecho de acceder a la justicia, además de generar desconfianza y hasta temor que orille a las personas a no recurrir a los tribunales. Lo anterior también se sostiene en la Observación General Número 32, emitida por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con relación al artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en cuyos puntos 18 y 19, establece que la competencia, independencia e imparcialidad de un tribunal, es un derecho absoluto que no puede ser objeto de excepción alguna y que el requisito de independencia se refiere, en lo de interés, a la independencia efectiva del poder judicial respecto de la injerencia política por los poderes ejecutivo y legislativo. Que los Estados deben adoptar medidas concretas que garanticen la independencia del poder judicial y proteger a los jueces de toda forma de influencia política en la adopción de decisiones por medio de la Constitución o la aprobación de leyes que establezcan procedimientos claros y criterios objetivos para el nombramiento, la remuneración, el mandato, la promoción, la suspensión y la destitución y las sanciones disciplinarias en relación con los miembros de la judicatura. Además, para salvaguardar la independencia judicial, la ley debe garantizar la condición jurídica de los jueces, incluida su permanencia en el cargo por los períodos establecidos, su independencia y su seguridad, así como una remuneración, condiciones de servicio, pensiones y una edad de jubilación adecuadas. De tal manera que la sociedad mexicana está interesada en el debido cumplimiento a las normas, que tiendan a proteger la independencia del poder judicial, como garante del derecho de acceso a la justicia, lo cual se mermaría de no acceder a la suspensión solicitada, en la medida en que se estaría desconociendo el contenido de los numerales 94 y 100 de la Carta Magna. En otras palabras, de negarse la medida cautelar, constituiría una permisión tácita de un altamente factible atentado contra la independencia del Poder Judicial de la Federación, en su variante objetiva, que se identifica con la ausencia de presiones externas, así como la exclusión de intromisiones indebidas de otros poderes y fuerzas del Estado. Ámbitos en los que se encuentra interesada la sociedad como miembros de un Estado de derecho democrático. Lo expuesto se fortalece, como ya se mencionó, debido a que los artículos reclamados podrían estar en colisión directa con el artículo 94 constitucional, ya que dicho numeral establece: "Artículo 94. [.] La remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema corte, Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y lo Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo.". Aunado a que la ley reclamada es reglamentaria de los numerales 75 y 127 de la Carta Magna, en donde el constituyente enuncia de manera genérica a los servidores públicos, cuestión que evidencia aún más la eventual contraposición de la Ley reglamentaria reclamada con el diverso arábigo 94 de la Constitución, que prevé de manera específica a los diversos funcionarios públicos, como los aquí quejosos (Magistrados y Jueces federales); en conclusión, este juzgador determina la interpretación y aplicación, por ende, su protección, a través de esta medida cautelar, del artículo 94 de la Carta Magna, esto es, se hace una interpretación de la ley específica por encima de la general. En abono a lo anterior, se destaca que de un análisis preliminar, únicamente para efectos de la suspensión, podría considerarse válidamente que el Congreso de la Unión carece de facultades para legislar en el caso preciso respecto a la Ley de Egresos correspondiente, entre otros, del Poder Judicial de la Federación al cual pertenecen los aquí quejosos, por consecuencia, lo inherente a las remuneraciones de los promoventes del amparo, entre otros, ya que esa es facultad exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, al así disponerlo el artículo 100 constitucional, que dice: "Artículo 100. (.) La Suprema Corte de Justicia elaborará su propio presupuesto y el Consejo lo hará para el resto del Poder Judicial de la Federación, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 99 de esta Constitución. Los presupuestos así elaborados serán remitidos por el Presidente de la Suprema Corte para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. La administración de la Suprema Corte de Justicia corresponderá a su Presidente (.)". Interpretación conforme. Aunado a lo anterior, cabe destacar que la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene por objeto, entre otros, resolver toda controversia que se suscite con motivo de normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la propia constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Esto es, la finalidad de dicha ley reglamentaria de la constitución, es proteger los derechos humanos consagrados en ésta y en los pactos internacionales en los que México sea parte, de las transgresiones de que fueren objeto con motivo de normas generales, actos y omisiones de las autoridades. En ese sentido, se recuerda que la referida fracción III del artículo 129 de la Ley de Amparo, establece que se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, entre otros, cuando de concederse la medida suspensional se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos. En el caso, el decreto tildado de inconstitucional prevé el delito de remuneración ilícita, cuando se reciba un pago no autorizado de conformidad con la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, o bien, cuando éste sea "indebido" en términos de la fracción I del artículo 217 Bis adicionado en el aludido decreto, sin realizar el reporte del mismo. Cabe mencionar que las descripciones punitivas que sancionan las conductas indicadas en la referida adición a la codificación penal federal, no se advierten de fácil comprensión. Ahora, es obligación de este juzgador realizar una interpretación conforme, como lo mandata el segundo párrafo del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: "Artículo 1. (.) Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favorablemente en todo tiempo a las personas la protección más amplia". En virtud de lo anterior, en acatamiento al mandato constitucional indicado, haciendo una interpretación conforme de la fracción III del artículo 129 de la Ley de Amparo, con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ejercicio que a su vez exige optar por aquella interpretación de la que derive un resultado más acorde al texto supremo a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se tiene que el artículo 94 constitucional establece la irreductibilidad de las remuneraciones de los servidores públicos Ministros de la Suprema Corte, Magistrados de Circuito, Jueces de Distrito y Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados Electorales, mientras dure su encargo, por lo que la transgresión al interés social y disposiciones de orden público por la actualización de la citada fracción, pudiera darse siempre y cuando el ilícito establecido en la ley secundaria, previsiblemente no sea contrario en forma directa al texto constitucional; por ende, no se configura el impedimento referido para la concesión de la medida cautelar solicitada. Sobre el tema de la interpretación conforme se citan las jurisprudencias del Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas". "VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. TIENE DERECHO A INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LAS SENTENCIAS INTERMEDIAS Y DEFINITIVAS EN EL PROCESO PENAL, AUN CUANDO LA LEY NO LO LEGITIME PARA ELLO (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 353 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO). El precepto citado que prevé que tienen derecho a apelar el Ministerio Público, el inculpado y los defensores, debe interpretarse conforme al derecho humano de acceso a la justicia contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en el caso involucra la existencia de un recurso efectivo, el derecho a la verdad y a la justicia, que en favor de la víctima u ofendido del delito son reconocidos por la Constitución, por lo que debe leerse en el sentido de que la víctima u ofendido del delito tiene derecho de apelar la sentencia, los autos o las resoluciones previstas en los artículos 354 y 355 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato, con la finalidad de defender directa o indirectamente los derechos que consagran en su favor el artículo 20, apartado B, de la Constitución Federal, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, y los tratados internacionales, de conformidad con el numeral 1o., párrafo primero, de la Norma Fundamental. Lo anterior, conforme al principio de supremacía constitucional contenido en el artículo 133 de la propia Constitución, el cual se configura como una directriz consustancial del sistema jurídico-político mexicano que descansa en la expresión primaria de la soberanía en la expedición de la Constitución y que por ello la coloca por encima de todas las leyes y de todas las autoridades. En este sentido, más que una facultad, la supremacía constitucional impone a toda autoridad un deber de ajustar los actos desplegados en el ejercicio de sus atribuciones a sus preceptos, por lo que el Poder Legislativo, al expedir las leyes, debe observar la Ley Suprema, de igual forma que el Ejecutivo y el Judicial al ejercer sus facultades. Así, considerar que la legitimación para impugnar las resoluciones intermedias y definitivas en el proceso penal está constreñida sólo al Ministerio Público, inculpado y defensores, como lo hace el artículo 353 del código referido, haría nugatorios los derechos humanos de la víctima u ofendido del delito contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya motivación legislativa fue la de rescatarlos del olvido en que se encontraban, factor que motivó a reconsiderar a nivel constitucional la posición que ocupan en la etapa preliminar de averiguación previa y el proceso penal, con el propósito de mejorar su situación jurídica y afianzar su participación activa, principalmente para obtener la reparación del daño que el hecho típico les originó; de ahí que los derechos fundamentales de la víctima u ofendido del delito derivados de un proceso penal, no pueden hacerse nugatorios por un deficiente o insuficiente desarrollo normativo por parte del legislador secundario. Las anteriores consideraciones no deben entenderse en el sentido de que las víctimas u ofendidos del delito deben agotar el recurso de apelación previo a acudir al juicio de amparo, porque precisamente la falta de legitimación normativa para hacerlo impide que les sea exigible agotar el principio de definitividad". Cabe señalar que este juzgador no desconoce que las normas reclamadas están contenidas en una legislación reglamentaria de la Constitución Federal, esto es, de los artículos 75 y 127 de la Carta Magna; sin embargo, al ser mandato constitucional realizar una interpretación conforme, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, se considera que la interpretación conforme del artículo 129, fracción III, respecto al artículo 94 constitucional -que consagra el derecho a la irreductibilidad de la remuneración de los servidores públicos indicados-, implica un espectro de protección más amplia para los peticionarios de amparo, en los términos referidos precedentemente. Apariencia del buen derecho. La apariencia del buen derecho, en términos del artículo 107, fracción X, constitucional y 138 de la Ley de Amparo, constituye un mandato de optimización de un fin perseguido constitucionalmente, que encomienda al juzgador adoptar la decisión más óptima a la luz de las circunstancias de cada caso concreto, para maximizar el fin de dar eficacia a la suspensión sin lastimar el interés social, sin que la norma constitucional otorgue libertad en sentido amplio o permiso en el sentido negativo para la toma de la decisión sobre suspender un acto, sino que responsabiliza al juzgador de seleccionar el medio más efectivo para la consecución del fin constitucional perseguido, en función de las particularidades de cada caso concreto. Al respecto, debe señalarse que al realizarse un juicio de verosimilitud, en el caso se actualiza la apariencia del buen derecho, puesto que los quejosos acreditaron ser titulares integrantes del Poder Judicial de la Federación, respecto de los cuales, como ya se indicó, debe atenderse a lo expresamente previsto en el artículo 94 de la Constitución Federal. Además, en el caso, la ejecución de las normas reclamadas puede tener consecuencias jurídicas de difícil reparación en la esfera de los quejosos, tanto a nivel personal, como en su cargo de Magistrado o Juez federal. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 18/2006, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1449, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES. SU SEGURIDAD ECONÓMICA ES UN PRINCIPIO CONSTITUCIONAL QUE GARANTIZA LA INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA JUDICIAL. El principio constitucional consagrado en el último párrafo de la fracción III del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en que los Jueces y Magistrados de los Poderes Judiciales Locales percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable que no podrá ser disminuida durante su encargo, garantiza la independencia y autonomía judicial, ya que evita preocupaciones de carácter económico y con ello la posibilidad de que sean objeto de presiones de esa índole en el desempeño de su función jurisdiccional e incentiva que profesionales capacitados opten por la carrera judicial". Afectación subjetiva. La parte quejosa es una persona con relación laboral-administrativa para con el Estado Mexicano, por lo que, en torno a ello y en el aspecto económico, se puede considerar que el principio de anualidad contenido en las disposiciones reclamadas, no producen, de momento, efectos materia de paralización, dado que el sueldo del Ejecutivo Federal se autoriza en el presupuesto anual, de ahí que previsiblemente dicha afectación recaiga en el siguiente ejercicio fiscal, siendo entonces cuando estará conminada a efectuar el reporte de sus percepciones de ser mayores que las del referido mandatario. Así, vista la afectación subjetiva de manera aislada, es decir, un particular que no desempeñe un cargo revestido de protección constitucional, cuya función se desenvuelve en un principio de división de poderes, pudiera pensarse que es necesario que materialmente resienta perjuicio económico. Pero como los quejosos son Magistrados y Jueces federales, según el caso, la sola vigencia de las normas reclamadas, por su contenido y fin, ya les irradia afectación, en tanto que su posición no se limita a sus proyectos de vida y conservación de sus situaciones personales, sino de protección inmediata de sus funciones jurisdiccionales, potencialmente menoscabadas con motivo de la sola vigencia de las normas reclamadas, como se explica a continuación. Afectación objetiva (probable violación a independencia judicial). En este aspecto, mediante la suspensión del acto que se reclama se evita la posible afectación de los derechos de la parte quejosa, ya que, en tanto se emite la resolución de fondo, su autonomía e independencia en la toma de decisiones judiciales, puede encontrarse menoscabada. Lo que acontece en el caso, puesto que del análisis prima facie que se realiza de las disposiciones tildadas de inconstitucionales, en un examen de mera aproximación, se advierte que no se tiene en cuenta a los artículos 94 y 100 constitucionales, que salvaguardan la independencia del Poder Judicial de la Federación, así como el derecho a la irreductibilidad de las percepciones de los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito, Consejeros de la Judicatura Federal y Magistrados Electorales, durante su encargo. Lo anterior, dado que la fracción I del artículo 3 de la ley reclamada, establece como principio rector de las remuneraciones de los servidores públicos la anualidad, consistente en que tal remuneración se determinará para cada ejercicio fiscal, lo que genera, de facto, la real posibilidad de que año con año, el Poder Legislativo varíe la remuneración de los servidores públicos a que alude el artículo 94 de la Carta Magna, ocasionando así el desconocimiento de la protección constitucional a las percepciones de los servidores públicos del Poder Judicial, así como a la independencia judicial. Sirven de sustento a lo anterior, las tesis y jurisprudencia aprobadas por el Pleno del Alto Tribunal, del tenor siguiente: "INDEPENDENCIA JUDICIAL. ES UN PRINCIPIO DE RANGO CONSTITUCIONAL. La independencia judicial constituye un rasgo distintivo de la regulación constitucional y legal que rige, entre otros aspectos, los relacionados con el nombramiento, duración en el cargo, remuneraciones y demás aspectos relevantes de los derechos y obligaciones de los titulares de los órganos jurisdiccionales, por lo que, al interpretar dicha regulación, las conclusiones a las que se arribe deben ser acordes con ese principio. "INDEPENDENCIA JUDICIAL. LOS DERECHOS QUE ASISTEN AL TITULAR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL TIENDEN A GARANTIZAR QUE RESUELVA SIEMPRE CONFORME A DERECHO, SIN INFLUENCIAS AJENAS. De la interpretación sistemática de los artículos 17, 94, párrafo octavo, 99, párrafo penúltimo, 100, párrafo séptimo, 101 y 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos debe concluirse que los titulares de los órganos jurisdiccionales se rigen por un sistema que garantiza su independencia, consistente en la actitud que debe asumir todo juzgador para emitir sus resoluciones con apego a derecho, al margen de todo tipo de presiones o intereses extraños, lo cual se protege mediante diversos mecanismos, como son la fijación de un plazo de duración en el cargo, la imposibilidad de disminuir sus remuneraciones y de que ocupen diverso empleo o encargo durante un periodo. "PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA. LA NORMATIVIDAD CONSTITUCIONAL Y LEGAL QUE RIGE EN ESA ENTIDAD NO GARANTIZA SU PLENA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA. Del análisis exhaustivo y pormenorizado de la normatividad constitucional y legal que rige en el Estado de Tlaxcala se advierte que no cumple con la mayoría de los principios constitucionales que para garantizar la independencia y autonomía de los Poderes Judiciales Locales se establecieron en el artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo de 1987. Ello es así, toda vez que no se observa que en dicha entidad federativa exista disposición alguna referida a: 1) el establecimiento de las características necesarias para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia; 2) la posibilidad de que al término de su encargo puedan ser reelectos y, consecuentemente, alcancen su inamovilidad; 3) la posibilidad de que gocen de seguridad o estabilidad en su cargo, y 4) el derecho a recibir una remuneración adecuada e irrenunciable que no podrá disminuirse durante su encargo. En ese sentido, la normatividad del Estado de Tlaxcala tiene carencias trascendentales; sin embargo, y no obstante que los aludidos principios constitucionales no se encuentran previstos en la normatividad estatal aludida, ello no significa que en dicha entidad no deban ser cumplidos, pues éstos deben garantizarse siempre por ser obligatorios al estar establecidos en la Constitución Federal. Así, a través de la suspensión del acto que se reclama, se evita el peligro en la demora, considerando esto como la posible frustración de los derechos de los pretendientes de la medida, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo, pues mientras ello no suceda, su autonomía e independencia en la toma de decisiones judiciales, puede resultar menoscabada. Luego, si los peticionarios de amparo acreditan con las documentales exhibidas, que ocupan los cargos de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, según el caso, por lo que a nivel subjetivo cuentan con dicha protección constitucional, esto es, a la prohibición de que se disminuyan sus remuneraciones durante su encargo, a nivel objetivo, tal protección se dirige a su independencia y autonomía en la toma de decisiones judiciales, así como a tener estabilidad en su empleo, para poder desarrollarlo de la mejor manera. Pronunciamiento en torno a la petición de declaratoria de inconstitucionalidad solicitada en torno a la materia de la suspensión. Los quejosos plantean la inconstitucionalidad de los numerales 128, fracción II y 129, fracción III, de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, se estima innecesario hacer pronunciamiento al respecto, ya que como condición para que ello fuera factible era menester, en todo caso, que en aplicación a los mismos se estimara improcedente conceder la suspensión, lo cual, como se vio, no es el caso. Apoya a lo anterior, en lo que aquí interesa, la jurisprudencia 1a./J. 44/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 296, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE SE LIMITAN A EXPONER LA INDEBIDA APLICACIÓN DE UN ARTÍCULO DE LA LEY DE AMPARO, SIN APORTAR ARGUMENTOS PARA DEMOSTRAR SU INCONSTITUCIONALIDAD. De conformidad con los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 81, fracción II, de la Ley de Amparo, es necesario que exista una cuestión propiamente constitucional para que sea procedente el recurso de revisión en amparo directo. Así, de manera excepcional, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las partes están legitimadas para plantear la inconstitucionalidad de las disposiciones de la Ley de Amparo que regulan la actuación de los órganos jurisdiccionales que conocen del juicio de garantías, para lo cual deben cumplirse tres requisitos: i) la emisión de autos o resoluciones concretas de los órganos que conozcan del juicio de amparo; ii) la impugnación de normas de la Ley de Amparo cuya aplicación se actualice efectivamente dentro de los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales que conocen del juicio de amparo, y que trasciendan al sentido de la decisión adoptada; y iii) la existencia de un recurso procedente contra el acto de aplicación de las normas de la Ley de Amparo tildadas de inconstitucionales, en el cual pueda analizarse tanto la legalidad de su acto de aplicación, como la regularidad constitucional de esas normas, en su caso. Aunado al cumplimiento de estos requisitos, para que sea procedente el recurso de revisión en amparo directo, es necesario que se formulen argumentos en los que se pretenda demostrar la transgresión de algún precepto de la Ley de Amparo a la Constitución, por lo que si se trata de argumentos en los que se hacen valer condiciones de aplicación o interpretación del precepto, no puede considerarse actualizada la procedencia excepcional del referido recurso de revisión; salvo que dicha interpretación incida o influya de manera directa en el tema de constitucionalidad". Efectos de la suspensión. Por tanto, en apariencia del buen derecho que asiste a los quejosos, se concede la suspensión provisional solicitada a los quejosos MOISÉS DUARTE BRIZ, SALVADOR TAPIA GARCÍA, UBALDO GARCÍA ARMAS, OCTAVIO ALARCÓN TERRÓN, J. JESÚS CONTRERAS CORIA, JOSÉ VALLE HERNÁNDEZ, MARÍA PATRICIA AGUILAR ALVARADO, FROYLÁN MUÑOZ ALVARADO, GANTHER ALEJANDRO VILLAR CEBALLOS, FERNANDO LÓPEZ TOVAR, EDUARDO CASTILLO ROBLES, OSCAR HERNÁNDEZ PERAZA, MARTHA CRUZ GONZÁLEZ, MARIO OSCAR LUGO RAMÍREZ, VICTORINO ROJAS RIVERA, JAIME URIEL TORRES HERNÁNDEZ, ULISES TORRES BALTAZAR, GUILLERMO ESPARZA ALFARO, JOSÉ MA. ALVARO NAVARRO, HILDA ELIZABETH PLASCENCIA CARRASCO, PATRICIA MÚJICA LÓPEZ, HÉCTOR FEDERICO GUTIÉRREZ DE VELASCO ROMO, JUAN GARCÍA OROZCO y RUBÉN GARCÍA MATEOS, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y no se les apliquen los artículos tildados de inconstitucionales, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva de los actos reclamados. Lo anterior implica, entonces, que no se produzcan los efectos y consecuencias del Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75 y 127 constitucionales, así como sus Transitorios Primero a Quinto, del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de agosto de dos mil nueve y el diverso Decreto que por un lado, expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, que entró en vigor, al día siguiente, y por el otro, adiciona un Capítulo V Bis al Título Décimo, Libro Segundo, del Código Penal Federal, con la denominación "Del pago y recibo indebido de remuneraciones de los Servidores Públicos", con los artículos 217 Bis y 217 Ter, así como sus artículos Primero y Segundo Transitorios. De manera enunciativa, mas no limitativa, los artículos 1 a 17, ya que la ley se reclama como sistema normativo. Por lógica y en aras de que se haga efectivo el alcance de la medida precautoria que se concede, según el espíritu del precepto 147 de la Ley de Amparo (que ordena que concedida la suspensión deben establecer la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar la medidas para conservar la materia del juicio), la suspensión también tiene por efecto específico que para que el cálculo de las remuneraciones del ejercicio fiscal de dos mil diecinueve y subsecuentes (se insiste, en tanto se resuelve la suspensión definitiva), a los quejosos no les aplique como parámetro el salario del Presidente de la Republica, así como para que con motivo de las disposiciones mencionadas no se elimine prestación ordinaria o extraordinaria que actualmente perciben; como reflejo protector de lo acabo de referir, además de que no se eliminen tampoco se vean disminuidas. Aparte de lo anterior, el suscrito Juez determina que si bien dentro de los indicados efectos para los que se pidió la suspensión (identificados con los puntos 1, 4 y 7), no se incluyó alguno en forma directa en lo concerniente al acto de ejecución imputado al Procurador General de la República, consistente en: "La integración de cualquier carpeta de investigación por la probable comisión de los delitos previstos en el Capítulo V Bis al Título Decimo, Libro Segundo, del Código Penal Federal, con la denominación "Del pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos", de los artículos 217 Bis y 217 Ter", no es posible soslayar, en alcance de la medida precautoria decretada, tal posible consecuencia de las normas reclamadas. Por tanto, también con sustento en el aludido precepto 147 de la Ley de Amparo, con el objeto de que la situación se conserve en el estado en que se encuentra, se vincula al cumplimiento de la suspensión concedida a las autoridades que en el ejercicio de sus funciones tengan intervención en la aplicación de las disposiciones aludidas, como el Procurador General de la República, en cuanto a la eventual tipificación del delito de remuneración ilícita, para que se abstenga de integrar carpetas de investigación en contexto de los artículos 217 bis y 217 ter del Código Penal Federal. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 204/2009, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 315, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: 'SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO', sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida. Salvedades. Cabe señalar que la presente medida cautelar no tiene de alguna manera el efecto de impedir el ejercicio de las facultades del Consejo de la Judicatura Federal o de las autoridades competentes, respecto a los eventuales cambios de adscripción, aplicación de sanciones a los quejosos, así como de la afectación del salario de los peticionarios del amparo, por cualquier motivo diverso a la estricta aplicación de las normas reclamadas, así como de aquellas que pudieran entrar en vigor, con motivo de la aprobación, expedición, promulgación y publicación de las iniciativas que aquí se combaten. Garantía. En la inteligencia que dicha medida surte sus efectos de inmediato y se otorga sin requerir garantía alguna, dada la naturaleza de los actos reclamados; además, porque no se advierte la existencia de terceros interesados. Finalmente, expídase a la parte quejosa copia certificada del presente proveído, previa razón que por su recibo se deje asentada en autos. Por otra parte, téngase a los quejosos de mérito oponiéndose, con relación a terceros, a la publicación de sus datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. En otro orden de ideas, como la demanda de amparo es promovida por veinticuatro quejosos, se les tiene designando como representante común de su parte a JOSÉ VALLE HERNÁNDEZ, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Amparo. Por otra parte, con los documentos que adjuntan los quejosos a su demanda de amparo, dado que contienen información confidencial y sensible, con especial resguardo se ordena formar por separado un cuaderno de pruebas, incluso, en el momento procesal oportuno, exclúyanse del traslado que se corra a las partes del juicio; sin que por el momento haya lugar a proveer lo conducente a la petición que formulan los quejosos, en el sentido de que dichos documentos se guarden en la caja de valores de este órgano jurisdiccional, en razón a que los mismos deberán remitirse, junto con el juicio de amparo en que se actúa, al Tribunal Colegiado correspondiente con motivo del impedimento planteado por el suscrito. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en Sierra de Tipítaro, número 136, colonia Puertas del Sol, de Tarímbaro, Michoacán. Sin que en el caso haya lugar a tener como autorizado con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a José Valle Hernández, toda vez que es quejoso y representante común de los quejosos dentro del presente juicio. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Por otro lado, tomando en consideración la solicitud de concentración que plantean los impetrantes del amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 3°, fracción I, del Acuerdo General 26/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el trámite al que se sujetarán las solicitudes de concentración de los juicios de amparo en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, así como su procedencia y declaración, mediante oficio, remítase copia certificada de la demanda de amparo a la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, para que tenga a bien determinar lo que corresponda respecto de la citada solicitud de concentración. Finalmente, agréguese el escrito signado por el representante común de los quejosos, José Valle Hernández, al que adjunta una copia más del escrito de demanda; atento al mismo, resérvese acordar lo conducente hasta en tanto sea resuelto el impedimento planteado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma el licenciado RODRIGO TORRES PADILLA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado CRISPÍN ERNESTO GAMBOA MENDOZA, Secretario que autoriza y da fe". Consideraciones que se estima no violan los derechos de la citada recurrente. Como justificación a este informe, se anexa copia certificada del cuaderno de antecedentes relativo al impedimento 1015/2018". Reitero a Usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

  3. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguense el oficio sin número, signado por el Secretario de Servicios Jurídicos de la Sexagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado de Durango, con sede en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual rinde informe previo, atento a lo anterior, dígasele que, por el momento, no ha lugar a tenerlo rindiendo el citado informe, toda vez que en proveído de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional se declaró impedido para conocer de la demanda de amparo que dio origen al presente asunto; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

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