Porfirio Fernandez Contreras

Expediente 997/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
997/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
17/08/2023

Partes del expediente

  • Porfirio Fernandez Contreras

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés.****************************************Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera queja contra el auto mediante el cual se desechó la demanda que dio origen al expediente en que se actúa; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado.****************************************En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es destruible dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. ****************************************Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, consérvese el juicio, y transfiérase éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establece el Acuerdo General antes mencionado. ****************************************Devuélvase a Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en dos tomos de prueba, por considerar innecesaria su retención.****************************************Notifíquese por lista y mediante oficio al Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad.****************************************Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María Victoria Sánchez Méndez, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de 28 de julio de dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio del secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 132/2021 y su acumulado 432/2021, así como el expediente de amparo directo 592/2023, formado con motivo de la demanda que promueve Porfirio Fernández Contreras, contra actos de la Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número III-997/2023-DSS. Con las copias certificadas del juicio de origen se ordena formar dos tomos de pruebas. Ahora bien, del oficio de cuenta se advierte que el tribunal en cita, declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo referida con antelación; por tanto, con fundamento en los artículos 37 y 45 de la Ley de Amparo en vigor este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento del asunto. Por otro lado, el artículo 113 de la Ley de Amparo, faculta al órgano jurisdiccional para examinar el escrito de demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia desechar de plano. En ese sentido, por ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de amparo, pues conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 del ordenamiento legal invocado, se analizarán de oficio. Ahora, del escrito de demanda se advierte que los actos reclamados consisten en: Acuerdos de cuatro y dieciséis de mayo de dos mil veintitrés dictados en el ejecutivo mercantil 132/2021 y su acumulado 432/2021, los cuales en lo que aquí interesan dicen lo siguiente: Auto de cuatro de mayo de dos mil veintitrés: "Como lo indica la parte actora, efectivamente la parte demandada no dio ni acreditó haber dado cumplimiento al convenio signado en autos por las partes, dentro de la temporalidad concedida para dicho fin, tal como se desprende de la certificación que antecede al presente proveído-;por tanto, resulta procedente su ejecución forzosa.- Seguidamente, hágase saber a la promovente que para estar en condiciones de continuar con la etapa de ejecución forzosa del presente asunto, ordenando el remate de los bienes inmuebles embargados en autos, previamente deberá exhibir un certificado total de gravámenes respecto de dichos bienes, con la finalidad de estar en condiciones de cumplir el requisito previo previsto en el artículo 472 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio. Una vez exhibida la anterior documental, deberá insistir en su solicitud a fin de continuar con la ejecución forzosa del convenio celebrado en el presente juicio". Auto de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés: .se Ie tiene por exhibiendo los certificados de gravámenes de más de 20 veinte años respecto de los inmuebles embargados en autos, cumpliendo así con el requerimiento realizado mediante acuerdo de 4 cuatro de mayo del presente año, así como con el requisito establecido en el artículo 472 del Código Federal de Procedimientos Civiles; En este tomando en consideración el estado de ejecución que guardan las presentes actuaciones Csic)... es procedente y se ordena sacar a remate los siguientes inmuebles (sic)... Tomando en consideración que el remate de los inmuebles de referencia deberá de llevarse a cabo en los términos del artículo 1410 del Código de Comercio, conforme a su escrito de fecha 2 dos de mayo de la presente anualidad, se tiene a la promovente allegando el avalúo que a su parte corresponde, suscrito por el ingeniero Hazel Aguilera González, de quien exhibe copia certificada de la cédulas profesionales que lo acredita como experto en la materia, dictamen que se manda poner a la vista de su contraria mediante NOTIFICACIÓN PERSONAL, a fin de que dentro del término de 3 días manifieste lo que a sus interese convenga en relación a dicho avalúo.- En este tenor se requiere a la parte demandada mediante NOTIFICACIÓN PERSONAL para que dentro del término de 10 diez días exhiba el avalúo que a su parte corresponda". Luego, en el capítulo que el quejoso denominó como FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO, señaló lo siguiente: ".La fecha de notificación del acto que nos adolecemos lo es precisamente el día veintidós de mayo del año 2023, mediante cedula que se dejó fijada en la puerta." Sin embargo, no obstante que el quejoso señale que tuvo conocimiento de los dos actos reclamados el veintidós de mayo del año en curso, de la certificación secretarial realizada por el secretario de acuerdos del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad, se aprecia que respecto del primer acto reclamado, el mismo le fue notificado por lista el ocho de mayo de dos mil veintitrés: Documental que de acuerdo con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, adquiere valor probatorio pleno. Al respecto, el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, instituye que el juicio de amparo será improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en la ley. Por su parte, el artículo 17 de la Ley de Amparo señala que el plazo para presentar la demanda de amparo será de quince días, en tanto que el numeral 18 establece que los plazos se computaran en tres momentos. 1. A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; 2. A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o bien, 3. A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En ese sentido, de la demanda se advierte que Porfirio Fernández Contreras, fue sabedor del primer acto que reclama consistente en el acuerdo de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil 132/2021 y su acumulado 432/2021, el ocho de mayo de dos mil veintitrés, por lo que el término de quince días para promover el amparo respecto de dicho acto empezó a correr, el once de mayo de dos mil veintitrés, que es el día posterior hábil al que surte efectos del que tuvo conocimiento de dicho acto y feneció el día treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Descontándose los días diez, trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de mayo de dos mil veintitrés, por ser inhábiles, de conformidad con los artículos 19 y 22 de la Ley de Amparo; sin embargo, del sello de recibido estampado por la responsable, se advierte que la demanda fue presentada el doce de junio de dos mil veintitrés. En consecuencia, la promoción de la demanda resulta extemporánea, por lo que ve al primer acto reclamado, al haber sido presentada con posterioridad a los quince días que para tal efecto exige el artículo 17 de la Ley de Amparo; sin que se encuentre frente a alguno de los supuestos de excepción que establecen las fracciones I a la IV del mencionado artículo. Resulta aplicable al caso, por identidad de razón, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, Junio de mil novecientos noventa y tres, página doscientos treinta y cinco, que expresa: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita". Así las cosas, respecto de dicho acto se actualiza la causal de improcedencia materia de estudio en términos del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Por otra parte, en atención al diverso acto reclamado consistente en el acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés que a la letra dice: .se Ie tiene por exhibiendo los certificados de gravámenes de más de 20 veinte años respecto de los inmuebles embargados en autos, cumpliendo así con el requerimiento realizado mediante acuerdo de 4 cuatro de mayo del presente año, así como con el requisito establecido en el artículo 472 del Código Federal de Procedimientos Civiles; En este tomando en consideración el estado de ejecución que guardan las presentes actuaciones Csic)... es procedente y se ordena sacar a remate los siguientes inmuebles (sic)... Tomando en consideración que el remate de los inmuebles de referencia deberá de llevarse a cabo en los términos del artículo 1410 del Código de Comercio, conforme a su escrito de fecha 2 dos de mayo de la presente anualidad, se tiene a la promovente allegando el avalúo que a su parte corresponde, suscrito por el ingeniero Hazel Aguilera González, de quien exhibe copia certificada de la cédulas profesionales que lo acredita como experto en la materia, dictamen que se manda poner a la vista de su contraria mediante NOTIFICACIÓN PERSONAL, a fin de que dentro del término de 3 días manifieste lo que a sus interese convenga en relación a dicho avalúo.- En este tenor se requiere a la parte demandada mediante NOTIFICACIÓN PERSONAL para que dentro del término de 10 diez días exhiba el avalúo que a su parte corresponda". Se tiene que este juzgado estima actualizada la diversa causal de improcedencia, tomando en consideración que el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, instituye que en los procedimientos en ejecución de sentencia y de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación, o bien, la entrega real y material del bien rematado. Interpretada en sentido contrario dicha disposición, el juicio de amparo resultará improcedente cuando se advierta que no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento. En ese sentido, si la parte quejosa no reclama la última resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, el amparo indirecto resultará improcedente, ya que la intención del legislador fue la de evitar la proliferación de un número indefinido de amparos promovidos contra resoluciones intermedias en la fase ejecutiva, limitando a la última resolución la oportunidad para solicitar la protección federal. Es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 32/2001, publicada en la página treinta y uno del tomo XII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de abril de dos mil uno, novena época, materia común, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". En ese sentido, del acuerdo reclamado de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, se proveyó lo que a continuación se enlista: Se tuvo a la actora exhibiendo los certificados de gravámenes de los inmuebles embargados en autos del juicio natural; Ordenó sacar a remate los bienes inmuebles de la litis; Tuvo a la parte actora allegando el avalúo que a su parte corresponde; Se ordenó poner a la vista de la parte demandada mediante notificación personal, el dictamen de la parte actora para que dentro del término de tres días manifestara lo que a sus intereses convenga en relación a dicho avalúo; y, Requirió a la parte demandada mediante notificación personal para que dentro del término de diez días exhibiera el avalúo que a su parte corresponde. Determinación que de su contenido se aprecia que no constituye la última resolución en la etapa ejecutiva, la cual debe ser entendida como aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados. De tal suerte que, al no estar en presencia de la última resolución dictada dentro de la etapa de ejecución de sentencia, se acredita la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, párrafo tercero de la Ley de Amparo, por lo que ve al acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, dictado dentro del ejecutivo mercantil 132/2021 y su acumulado 432/2021. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 1ª.J.29/2003, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página once, Tomo XVII, junio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA." De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia , sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías. Asimismo, en la lógica de que al culminar la etapa de ejecución en que se encuentra el juicio de origen, la parte quejosa tiene expedito su derecho en vía de tutela judicial para señalar todas las violaciones cometidas durante el procedimiento respectivo, sin limitarse únicamente a lo relativo al remate y adjudicación del bien inmueble respectivo. Tiene aplicación en lo conducente la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo I, septiembre de 2019, página 110, registro 2020631, de rubro: "ESCRITURACIÓN EN EL REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA SU OTORGAMIENTO EN FORMA VOLUNTARIA".La interpretación gramatical, teleológica y funcional del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que en los procedimientos de remate, tratándose de la formalización de la venta judicial, la última resolución es aquella que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria. En la disposición apuntada, el legislador democrático dispuso que el juicio de amparo indirecto procede contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias, estipuló que únicamente procederá contra la última resolución dictada en esa etapa. Lo anterior refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que pretende dos objetivos, el primero, asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo y, el segundo, evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales. Ahora, en lo que ve al procedimiento de remate y en el preciso tema de la formalización de la adjudicación, la norma es precisa al definir la última resolución como aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura. Al respecto, la definitividad a la que se refiere el precepto en cuestión deriva de la inimpugnabilidad del acto y no de la actuación material que, frente a esa determinación, pueden adoptar las partes. En ese tenor, la circunstancia de que la resolución que ordena el otorgamiento voluntario de la escritura, con apercibimiento de que el Juez lo hará en caso de rebeldía, apela a la voluntad de la persona a la que va dirigida la orden, pero la eficacia de lo ordenado no depende de la actitud que pueda adoptar el ejecutado, si se considera que la eventual contumacia de éste, solamente dará lugar a que dicha facultad de otorgar la escritura pase al juzgador, con lo que se consolida el derecho sustantivo de propiedad en favor del adjudicatario y, en tal virtud, no existe razón fundada para esperar a que se haga efectivo el apercibimiento a fin de acudir al juicio de amparo, pues con motivo de aquel requerimiento, el quejoso estará en aptitud de hacer valer las violaciones que, en su concepto, se hubieren presentado durante el procedimiento de remate, sin el riesgo de incurrir en prácticas dilatorias indeseables ni contravenir los objetivos perseguidos por el legislador, en el sentido de impedir la promoción desmesurada de juicios de amparo". Por todo lo anterior, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa por su notoria e indudable improcedencia. Se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para recibir notificaciones en esta ciudad y como autorizadas para tal efecto a las personas que designa, quienes podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo que se verificará una vez que promuevan con dicho carácter; o bien, hasta que acrediten dentro del presente expediente, con documento idóneo, estar facultadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho, ya que en caso contrario, solamente se les tendrá como autorizadas para recibir notificaciones e imponerse de los autos. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones relativas al presente juicio, aun en horas y días inhábiles. En tal virtud, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista de autos, lo cual constituye un sistema de notificación que se publica en Internet con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, y con apoyo además en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 2002576, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable; caso en el cual, de no ser halladas en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con motivo del primer periodo vacacional correspondiente al año dos mil veintitrés, autorizado al titular, en sesión celebrada el tres de julio de dos mil veintitrés, por la Comisión de Carrera Judicial y comunicado en oficio CCJ/ST/3982/2023, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente, y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", quien actúa asistida de la licenciada María Victoria Sánchez Méndez, secretaria que autoriza y da fe.

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