Porfirio Fernandez Contreras

Expediente 712/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
712/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
29/06/2023

Partes del expediente

  • Porfirio Fernandez Contreras

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio que remite la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que acompaña los autos del juicio de amparo ******************** y testimonio de la resolución emitida el quince de junio de dos mil veintitrés, de la que se advierte que modificó la sentencia dictada por este juzgado y en la materia de revisión determinó conceder el amparo a la parte quejosa en los términos siguientes: "PRIMERO. En la materia de la revisión, se modifica la sentencia de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, dictada por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, al resolver el juicio de amparo indirecto ********************. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, en contra de los actos reclamados al Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Michoacán, así como de la Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, Director de Prestaciones y Subdirector de Jubilados y Pensionados de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, para los efectos señalados en el considerando octavo de esta ejecutoria" Para los efectos precisados siguientes: / / Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y acúsese el recibo respectivo, y en virtud de lo anterior, resulta innecesario glosar a los autos el cuaderno que se formó con motivo de la remisión del expediente original al Tribunal Colegiado, por lo que se ordena destruir desde ahora el mismo, previa integración al juicio de las constancias originales que obren en éste, toda vez que el principal ya fue devuelto a este juzgado y dicho cuaderno no se considera de antecedentes al contar con los autos originales. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente cumpla con la sentencia ejecutoriada de referencia, apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, se les impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización de conformidad con las hipótesis que prevén los artículo 192 y 193 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 238 y 258 del propio ordenamiento. Además, se remitirán los autos al tribunal colegiado que corresponda, a efecto de que determine lo que corresponda en torno al incidente de inejecución respectivo. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2007914, de rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Finalmente, remítase a la autoridad responsable copia de la ejecutoria emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, a efecto de que estén en condiciones de cumplir con dicha resolución. Notifíquese por lista, personalmente a las partes y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María Victoria Sánchez Méndez, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, doce de junio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido la demanda promovida por Porfirio Fernández Contreras, contra actos del Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número III-712/2023. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, faculta al órgano jurisdiccional para examinar el escrito de demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia desechar de plano. En ese sentido, por ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de amparo, pues conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 del ordenamiento legal invocado, se analizarán de oficio. Ahora, del escrito de demanda se advierte que el acto reclamado consiste en: * Los acuerdos de cuatro y dieciséis de mayo del año en curso, emitidos dentro del juicio ejecutivo oral mercantil 132/2021, y su acumulado 432/2021, en los que el juez responsable ordena la ejecución forzosa del convenio celebrado entre las partes, previo certificado de gravámenes de los bienes inmuebles controvertidos en dicho asunto y por el cual ordena rematar dichos bienes inmuebles, respectivamente. Al respecto, el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, instituye que en los procedimientos en ejecución de sentencia y de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación, o bien, la entrega real y material del bien rematado. Interpretada en sentido contrario dicha disposición, el juicio de amparo resultará improcedente cuando se advierta que no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento. En ese sentido, si la parte quejosa no reclama la última resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, el amparo indirecto resultará improcedente, ya que la intención del legislador fue la de evitar la proliferación de un número indefinido de amparos promovidos contra resoluciones intermedias en la fase ejecutiva, limitando a la última resolución la oportunidad para solicitar la protección federal. Es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 32/2001, publicada en la página treinta y uno del tomo XII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de abril de dos mil uno, novena época, materia común, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA." Ahora bien, los acuerdos dictados dentro del juicio ejecutivo oral mercantil 132/2021, y su acumulado 432/2021, que reclama el promovente del amparo en los que se ordena la ejecución forzosa del convenio celebrado entre las partes, previo certificado de gravámenes de los bienes inmuebles controvertidos en dicho asunto y por el cual se ordena rematar dichos bienes inmuebles, respectivamente, no constituyen la última resolución en la etapa ejecutiva, la cual debe ser entendida como aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados. De tal suerte que, al no estar en presencia de la última resolución dictada dentro de la etapa de ejecución de sentencia, se acredita la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, párrafo tercero de la Ley de Amparo. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 1ª.J.29/2003, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página once, Tomo XVII, junio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA." Asimismo, en la lógica de que al culminar la etapa de ejecución en que se encuentra el juicio de origen, la parte quejosa tiene expedito su derecho en vía de tutela judicial para señalar todas las violaciones cometidas durante el procedimiento respectivo, sin limitarse únicamente a lo relativo al remate y adjudicación del bien inmueble respectivo. Tiene aplicación en lo conducente la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo I, septiembre de 2019, página 110, registro 2020631, de rubro: "ESCRITURACIÓN EN EL REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA SU OTORGAMIENTO EN FORMA VOLUNTARIA". Por todo lo anterior, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa por su notoria e indudable improcedencia. Robustece lo expuesto, y en lo conducente la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1515, Libro X, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de texto siguiente: "ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SUSTANCIADO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO, DIVERSO AL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y AL DE REMATE. DEBEN IMPUGNARSE EN EL AMPARO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE PONGA FIN A AQUÉL. Se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para recibir notificaciones en esta ciudad y como autorizadas para tal efecto a las personas que designa, quienes podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo que se verificará una vez que promuevan con dicho carácter; o bien, hasta que acrediten dentro del presente expediente, con documento idóneo, estar facultadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho, ya que en caso contrario, solamente se les tendrá como autorizadas para recibir notificaciones e imponerse de los autos. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones relativas al presente juicio, aun en horas y días inhábiles. En tal virtud, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista de autos, lo cual constituye un sistema de notificación que se publica en Internet con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, y con apoyo además en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 2002576, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable; caso en el cual, de no ser halladas en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), la sentencia, el proveído y/o resolución de 12 de junio de dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo

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