Petra Otilia Vences Ruiz
Expediente 256/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 256/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 21/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Petra Otilia Vences Ruiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
El secretario certifica: Que feneció el plazo de quince días concedido a la parte quejosa para que inconformara contra el auto que declaró sin materia la ejecutoria de amparo, pues dicho término transcurrió del treinta y uno de mayo al veinte de junio del presente año, tomando en consideración únicamente los días hábiles correspondientes, de conformidad con los artículos 19 y 22 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno; asimismo, se hace constar que en el presente expediente la parte quejosa no exhibió documentos originales, lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Morelia, Michoacán, veintiuno de junio de dos mil diecinueve. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta al juez dentro del juicio de amparo 256/2019, con la certificación secretarial que antecede y el estado de autos. Conste. Morelia, Michoacán, veintiuno de junio de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de quince días, para que la parte quejosa se inconformara contra el auto de veintitrés de mayo del año en curso, en el cual se declaró sin materia el fallo protector otorgado a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, sin que lo haya hecho, por lo que se tiene por consentido. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, en razón de que se concedió la protección de la Justicia Federal. Por otra parte, con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX y décimo primero del mencionado acuerdo, se determina que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que haya sido impugnadas ante organismos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años, de conformidad con el punto décimo, fracción I, del acuerdo en cita. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 256/2019, sin la comparecencia de las partes. Enseguida el secretario da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio el secretario da cuenta con la documental que adjuntó a su informe de ley la junta responsable. Al respecto el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene por admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza la probanza antes descrita. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos se hace constar que ninguna de las partes los formuló. En relación con lo anterior el juez acuerda: Se declara precluido el derecho de las partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. V I S T O S los autos, para resolver, el juicio de amparo 256/2019, promovido por Petra Otilia Vences Ruiz, contra el acto de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, que estimó violatorio de los derechos contenidos en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y RESULTANDO: Primero. Mediante escrito presentado el ocho de marzo de dos mil diecinueve ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Petra Otilia Vences Ruiz, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra el acto de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, en los términos siguientes: IV.- ACTO RECLAMADO.- La omisión de Las Responsables de Administrar Justicia en los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo, ya que hasta la fecha, Autoridad responsable ha sido omisa en emitir el Laudo que ponga fin al Juicio Laboral número 3C-3619/2015, tramitado ante la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, conduciéndose la responsable con dilación y demora, fuera de los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo, principalmente en su artículo 838, que a la letra dice: "... Ia junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva, o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la fue reciba promociones por escrito.". Segundo. Por acuerdo de ocho de marzo de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio al Ministerio Público de la Federación la intervención que le corresponde; y se fijó fecha para la audiencia constitucional. Asimismo, una vez integrado el expediente, el día de hoy se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: Primero. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues se reclama un acto omisivo proveniente de una autoridad laboral con sede en esta ciudad, lugar donde este juzgado ejerce jurisdicción. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, esta juzgadora procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, debe decirse, que en la especie, el acto reclamado consiste en: La omisión de dictar laudo dentro el juicio ordinario laboral Número 3C-3619/2015. Tercero. Al rendir el informe que le fue requerido, el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, aceptó la actitud omisiva que se le atribuye, lo que constituye una confesión expresa con plena eficacia conforme a lo dispuesto por los numerales 95 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición del precepto 2º de ésta. Lo cual es suficiente para tener por ciertos los actos reclamados, tanto a la Junta responsable, lo que se robustece con las copias certificadas del juicio laboral de origen, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2°. Cuarto. Sin que se haya hecho valer por las partes, ni este juzgado advertir de oficio alguna causa de improcedencia del juicio, se procede al análisis del concepto de violación que hizo valer la parte quejosa, el cual consta en su escrito inicial de demanda, mismo que no se transcribe por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo, que prevé los requisitos formales que deben contener las sentencias dictadas en los juicios de amparo, ni por existir precepto legal alguno que establezca dicha obligación, además, de que con esa omisión, no se deja en estado de indefensión a las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del Tomo XXXI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a mayo de 2010, que a la letra dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Quinto. La peticionaria de amparo en el planteamiento formulado básicamente argumentó que la junta responsable vulnera el contenido del artículo 17 Constitucional, el cual establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En efecto, el artículo 17 Constitucional consagra la seguridad jurídica, al disponer que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Conforme a dicho precepto, las autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales están obligadas a impartir justicia pronta, lo cual implica resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la prontitud en la impartición de justicia comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva que dirima la controversia y que tales principios generales, aplicados a la materia laboral, se deben entender referidos al juicio laboral y al laudo. Asimismo, el máximo tribunal del país se ha pronunciado en el sentido de que en materia de términos y plazos existe una remisión de la norma fundamental a las leyes, las cuales regularán aquéllos conforme a mecanismos expeditos y eficaces. En la especie, el acto reclamado deriva de un juicio laboral, por lo que a efecto de determinar si la omisión de la autoridad responsable origina un retardo o dilación en el procedimiento se debe analizar lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo respecto de los términos y plazos para que la junta realice determinados actos procesales. Al respecto, los artículos 744, 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo disponen lo siguiente: "Artículo 744. Las ulteriores notificaciones personales se harán al interesado o persona autorizada para ello, el mismo día en que se dicte la resolución si concurre al local de la Junta o en el domicilio que hubiese designado y si no se hallare presente, se le dejará una copia de la resolución autorizada por el Actuario; si la casa o local está cerrado, se fijará la copia en la puerta de entrada o en el lugar de trabajo. El actuario asentará razón en autos. (.)". "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar de oficio declarará cerrada la instrucción, y dentro de los diez días siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo que deberá contener: (.) ". Artículo 886. Del proyecto del laudo formulado por el auxiliar, se entregará una copia a cada uno de los miembros de la junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes al de haber recibido la copia del proyecto, cualquiera de los miembros de la junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que no se hubieren llevado a cabo por causas no imputables a las partes, o cualquiera diligencia que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad. La Junta con citación a las partes, señalará en su caso, día y hora para el desahogo, dentro del término de ocho días, (.)". "Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior (.) el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan transcurrido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas." Por su parte, el artículo 889 de la Ley Federal del Trabajo establece: "Artículo 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta." En ese sentido, asiste razón a la parte quejosa al afirmar que la autoridad responsable no ha emitido el laudo respectivo dentro del plazo que marca la legislación aplicable, ya que de acuerdo a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad que realiza la parte quejosa en su escrito de demanda refiere que desde el cinco de diciembre de dos mil dieciocho, la junta responsable certificó que no quedaban pruebas por desahogar y hasta el cuatro de abril de presente año declaró cerrada la instrucción, por lo cual se advierte que no ha actuado con la celeridad necesaria a fin de realizar el pronunciamiento respectivo, esto es la emisión del laudo. Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en el sentido de que la omisión o el retardo de la autoridad en la tramitación y resolución del juicio actualiza la violación al derecho a la impartición de justicia pronta, lo cual afecta a todo el procedimiento, pues éste se configura por una serie de actos y etapas concatenadas o unidas entre sí, que se van desarrollando una tras otra en forma lógica y sistematizada para la consecución de un resultado que consiste en la emisión del laudo que dirima la controversia planteada. En consecuencia, está demostrada la violación del derecho aducido, por tanto, procede conceder a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal para que la junta responsable realice lo siguiente: a) De acuerdo con los artículos 886, 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo; ordene de inmediato la elaboración del proyecto de laudo, el cual deberá formularse dentro del plazo de diez días; en su momento, entregar copia del proyecto de laudo a los miembros de la junta responsable; b) De no solicitar la práctica de otras diligencias dentro del plazo de cinco días, citar a los miembros de la junta para la discusión y votación del proyecto de laudo dentro de los diez días siguientes; y c) Una vez aprobado el proyecto, elevarlo a la categoría de laudo y firmarlo de inmediato. Lo anterior, tomando en cuenta que la concesión del amparo abarca únicamente la dilación a estudio en el presente juicio y no respecto de aquellas futuras o inciertas que lleguen surgir en el procedimiento, toda vez que de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, existe jurisprudencia obligatoria aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, décima época, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Único. Por las razones expresadas en el considerando quinto de la presente resolución, la Justicia de la Unión ampara y protege a Petra Otilia Vences Ruiz, contra los actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de abril de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio y anexo que remite el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento realizado en auto uno de abril del presente año y al efecto remite copia autorizada del auto de cuatro de abril del presente año, por el cual se declaró cerrada la instrucción en el juicio laboral de origen. Atento lo anterior, con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada la prueba documental que remite la autoridad oficiante; asimismo, dése vista a las partes con dichas constancias para los efectos legales conducentes y relaciónese al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
Quedan 3 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,026 expedientes
- Percy Alejandro Buck Sánchez77/2018
- Percy Alejandro Buck Sánchez579/2020
- Perla María Pérez Pineda1239/2019
- Perla Rubi Gutierrez Montero1175/2021
- Perla Rubi Gutierrez Montero1131/2022
- Peter López Luna983/2017
- Petróleos de México785/2018
- Polito Gallegos Resendiz791/2019
- Porfirio Bejar Miranda1220/2017
- Porfirio Cortes Gómez662/2022
- Porfirio Fernandez Contreras997/2023
- Porfirio Fernández Contreras971/2022