Porfirio Andrade Rosas
Expediente 1224/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1224/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Porfirio Andrade Rosas
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1224/2021. Puebla, Puebla, veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja1 contra el proveído de dos de diciembre de dos mil veintiuno, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional....se declara previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo. Resguardo del expediente. se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. Revisión del expediente. De igual modo, se ordena a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se habrá de notificar al quejoso por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1224/2021-IV. Puebla, Puebla, dos de diciembre de dos mil veintiuno. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales,1 signada por el quejoso Porfirio Andrade Rosas, por derecho propio, contra actos del ".Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla." y otras autoridades responsables. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, , se exhorta al quejoso a que continúe la tramitación del presente asunto en el esquema de "juicio en línea", Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo,3 establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. En el presente caso se observa que la demanda de protección recibida, debe subsumirse en la hipótesis normativa prevista en el artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. Para demostrarlo, se hace notar que la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, permitió detectar que el reclamo del quejoso contra las autoridades responsables, comprende los actos siguientes: ".Orden de Detención que las autoridades responsables han decretado en mi contra.", y la supuesta ejecución de la citada orden. Sólo que las únicas autoridades responsables ordenadoras, son: ".I.- Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación IV.- .". Mientras las autoridades señaladas como ejecutoras, son:".I.- Ciudadano Director General de la Policía Ministerial II.- .". 4 Tesis jurisprudencial I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado Así que el quejoso no señaló a jueces penales como autoridades responsables ordenadoras ni ejecutoras; y tampoco manifestó en su demanda, la existencia de alguna causa penal instruida en su contra. Entonces, si el quejoso no señaló a jueces penales como autoridades ordenadoras ni ejecutoras, y tampoco manifestó la existencia de alguna causa penal instruida en su contra, es válido deducir que la detención reclamada a las transcritas ordenadoras y la consecuente ejecución imputada a las restantes autoridades, en realidad corresponden a una orden de presentación con fines de investigación. Máxime que las autoridades ministeriales señaladas como responsables ordenadoras, no tienen facultades para librar órdenes de aprehensión, cateo, arraigo ni de comparecencia para audiencia inicial en causa penal, motivo por el cual puede afirmarse que el carácter de autoridades ministeriales -de las responsables señaladas en la demanda como ordenadoras-, implica el reclamo de una orden de presentación con fines de investigación, en alguna carpeta de investigación donde el quejoso tiene el carácter de imputado. De hecho, porque la emisión de órdenes de aprehensión y de comparecencia, está reservada para las autoridades judiciales en términos de los artículo 16 de la constitución federal, y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De modo que el reclamo planteado en la demanda, está circunscrito en realidad a una orden de presentación con fines de investigación, porque las mencionadas autoridades ordenadoras únicamente podrían haber instruido la detención de aquél para que sea presentado a un agente del Ministerio Público, con el propósito de que le sea recabada su entrevista en una carpeta de investigación. En efecto, las autoridades ministeriales señaladas en la demanda como responsables ordenadoras, sólo pueden instruir la detención del quejoso para que le sea recabada declaración en una carpeta de investigación; y al tratarse de autoridades de una institución ministerial, no pueden visualizarse órdenes de aprehensión ni comparecencia para audiencia inicial, porque estas corresponden en forma exclusiva a autoridades judiciales, y como se dijo, ninguna fue señalada en la demanda. Por consiguiente, se arriba a la convicción de que los actos reclamados en la demanda, convergen en forma exclusiva a la figura de la orden de presentación atribuida a diferentes autoridades ministeriales, que actúan bajo las reglas del sistema penal acusatorio previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, debe indicarse que una orden de presentación instruida por autoridades ministeriales, no implica la restricción de la libertad para el quejoso aun cuando vaya dirigida a este, pues dicha restricción únicamente se genera con la aprehensión, la detención en flagrancia, la prisión preventiva o la pena, que constituyen figuras jurídicas distintas a la presentación. Asimismo, es menester precisar que la actuación emitida por la autoridad ministerial, en la que ordena la presentación de un imputado, no contraviene lo dispuesto por el artículo 20 de la constitución federal, porque la orden de presentación solamente se libra para el imputado con el propósito de que comparezca ante el fiscal investigador. En otras palabras, la orden de presentación jamás genera la obligación de que declare, pues al encontrarse ante el Ministerio Público, siempre puede el imputado manifestar su voluntad de abstenerse de declarar. Además, con la orden de presentación, lejos de coartarse algún derecho al imputado, la autoridad investigadora satisface sus derechos constitucionales de audiencia y defensa, porque al requerirle que se presente a ser entrevistado en la carpeta de investigación, aquel puede conocer el nombre de su acusador, así como de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación. Incluso se le da la oportunidad al imputado de exponer lo que a su derecho corresponda, y obtener todos los datos que solicite para su defensa y que consten en las actuaciones de la carpeta de investigación, con lo que de considerarlo conveniente, estará en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo. De lo anterior resulta patente que una orden de presentación no constituye un acto restrictivo de la libertad personal, dado que en realidad corresponde a un acto de investigación legítimo, porque todo ciudadano está obligado a comparecer ante el Ministerio Público que integre una carpeta de investigación, sin que ello implique una afectación a la libertad personal porque de considerarlo así, se llegaría al extremo de entorpecer la obligación de investigar los hechos con apariencia de delitos que es de orden público. Más aún, de considerar que la presentación para recabar entrevista puede ser un acto ilegal, se contravendría lo dispuesto por el artículo 21 de la constitución federal, dado el interés de la sociedad en que el Ministerio Público cumpla su función investigadora a fin de que se persigan y castiguen los delitos. Luego, es válido afirmar que la orden reclamada por el quejoso, encuentra una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual se obtiene de relacionar la fracción XXIII del numeral 61, con el primer párrafo del artículo 20 aplicado a contrario sensu, y con el primer párrafo de la fracción IV del diverso 107, también a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. Máxime que la regulación de la orden de presentación, traducida en un acto de investigación de la autoridad ministerial, ni siquiera está prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales,6 el cual contempla las formas en que un imputado debe comparecer ante un juez de control. Es más, de la lectura de las fracciones I y II del precepto legal antes citado, es posible establecer que la presentación de la persona investigada en la carpeta, incluso ante un juez, donde habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte la libertad personal del gobernado, al tratarse de una simple comunicación del juez a solicitud del Ministerio Público, de requerir la presencia del investigado para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación seguida en su contra y se formulará la imputación respectiva. De modo que la circunstancia de que conforme a la fracción II del artículo 141, del código procesal penal en comento, en caso de dejar de comparecer el imputado sin causa justa, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, tampoco es suficiente para estimar que la orden de presentación afecte la libertad personal, dado que esa comparecencia forzosa constituye un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el imputado no asista, sin justificación, y el agente del Ministerio Público solicite que se ordene su comparecencia a través de la fuerza pública. Por consiguiente, los actos reclamados en la demanda consistentes en la orden de presentación y la ejecución de la misma, constituyen actos fuera de juicio que no afectan la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, también a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra sustento en lo conducente, en la tesis jurisprudencial 1a./J. 78/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a foja 239, del Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Materia Común, Penal, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el epígrafe: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO En apoyo a lo considerado, también se invoca por analogía la tesis : "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PUBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACIÓN DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA". Por tanto, de conformidad con los artículos 20, primer párrafo, aplicado a contrario sensu, 61, fracción XXIII, 107, fracción IV, primer párrafo, también a contrario sensu, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo del quejoso Porfirio Andrade Rosas, porque los actos que reclama conforme a la esfera de competencia legal de las autoridades responsables -orden de presentación con fines de investigación-, actualizaron una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas con antelación. Decisión que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana DERECHOS HUMANOS". Domicilio procesal y autorizados del quejoso. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, el inmueble que designó para ese propósito al inicio de su demanda (ubicado en la ciudad de Puebla). Por otro lado, quedan autorizadas en términos restringidos del numeral 24 de la Ley de Amparo, las personas que nombró aquél al principio de su demanda, porque sólo las designó para recibir notificaciones, es decir, no les otorgó facultades amplias. Notifíquese; en forma personal al quejoso (en su domicilio procesal, con las medidas de protección sanitarias); y cúmplase.
- Principal
SE DEJO CITATORIO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA; POR TANTO, SE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.- JUICIO DE AMPARO 1224/2021-IV. Puebla, Puebla, dos de diciembre de dos mil veintiuno. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales,1 signada por el quejoso Porfirio Andrade Rosas, por derecho propio, contra actos del ".Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla." y otras autoridades responsables. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, , se exhorta al quejoso a que continúe la tramitación del presente asunto en el esquema de "juicio en línea", Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo,3 establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. En el presente caso se observa que la demanda de protección recibida, debe subsumirse en la hipótesis normativa prevista en el artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. Para demostrarlo, se hace notar que la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, permitió detectar que el reclamo del quejoso contra las autoridades responsables, comprende los actos siguientes: ".Orden de Detención que las autoridades responsables han decretado en mi contra.", y la supuesta ejecución de la citada orden. Sólo que las únicas autoridades responsables ordenadoras, son: ".I.- Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación IV.- .". Mientras las autoridades señaladas como ejecutoras, son:".I.- Ciudadano Director General de la Policía Ministerial II.- .". 4 Tesis jurisprudencial I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado Así que el quejoso no señaló a jueces penales como autoridades responsables ordenadoras ni ejecutoras; y tampoco manifestó en su demanda, la existencia de alguna causa penal instruida en su contra. Entonces, si el quejoso no señaló a jueces penales como autoridades ordenadoras ni ejecutoras, y tampoco manifestó la existencia de alguna causa penal instruida en su contra, es válido deducir que la detención reclamada a las transcritas ordenadoras y la consecuente ejecución imputada a las restantes autoridades, en realidad corresponden a una orden de presentación con fines de investigación. Máxime que las autoridades ministeriales señaladas como responsables ordenadoras, no tienen facultades para librar órdenes de aprehensión, cateo, arraigo ni de comparecencia para audiencia inicial en causa penal, motivo por el cual puede afirmarse que el carácter de autoridades ministeriales -de las responsables señaladas en la demanda como ordenadoras-, implica el reclamo de una orden de presentación con fines de investigación, en alguna carpeta de investigación donde el quejoso tiene el carácter de imputado. De hecho, porque la emisión de órdenes de aprehensión y de comparecencia, está reservada para las autoridades judiciales en términos de los artículo 16 de la constitución federal, y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De modo que el reclamo planteado en la demanda, está circunscrito en realidad a una orden de presentación con fines de investigación, porque las mencionadas autoridades ordenadoras únicamente podrían haber instruido la detención de aquél para que sea presentado a un agente del Ministerio Público, con el propósito de que le sea recabada su entrevista en una carpeta de investigación. En efecto, las autoridades ministeriales señaladas en la demanda como responsables ordenadoras, sólo pueden instruir la detención del quejoso para que le sea recabada declaración en una carpeta de investigación; y al tratarse de autoridades de una institución ministerial, no pueden visualizarse órdenes de aprehensión ni comparecencia para audiencia inicial, porque estas corresponden en forma exclusiva a autoridades judiciales, y como se dijo, ninguna fue señalada en la demanda. Por consiguiente, se arriba a la convicción de que los actos reclamados en la demanda, convergen en forma exclusiva a la figura de la orden de presentación atribuida a diferentes autoridades ministeriales, que actúan bajo las reglas del sistema penal acusatorio previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, debe indicarse que una orden de presentación instruida por autoridades ministeriales, no implica la restricción de la libertad para el quejoso aun cuando vaya dirigida a este, pues dicha restricción únicamente se genera con la aprehensión, la detención en flagrancia, la prisión preventiva o la pena, que constituyen figuras jurídicas distintas a la presentación. Asimismo, es menester precisar que la actuación emitida por la autoridad ministerial, en la que ordena la presentación de un imputado, no contraviene lo dispuesto por el artículo 20 de la constitución federal, porque la orden de presentación solamente se libra para el imputado con el propósito de que comparezca ante el fiscal investigador. En otras palabras, la orden de presentación jamás genera la obligación de que declare, pues al encontrarse ante el Ministerio Público, siempre puede el imputado manifestar su voluntad de abstenerse de declarar. Además, con la orden de presentación, lejos de coartarse algún derecho al imputado, la autoridad investigadora satisface sus derechos constitucionales de audiencia y defensa, porque al requerirle que se presente a ser entrevistado en la carpeta de investigación, aquel puede conocer el nombre de su acusador, así como de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación. Incluso se le da la oportunidad al imputado de exponer lo que a su derecho corresponda, y obtener todos los datos que solicite para su defensa y que consten en las actuaciones de la carpeta de investigación, con lo que de considerarlo conveniente, estará en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo. De lo anterior resulta patente que una orden de presentación no constituye un acto restrictivo de la libertad personal, dado que en realidad corresponde a un acto de investigación legítimo, porque todo ciudadano está obligado a comparecer ante el Ministerio Público que integre una carpeta de investigación, sin que ello implique una afectación a la libertad personal porque de considerarlo así, se llegaría al extremo de entorpecer la obligación de investigar los hechos con apariencia de delitos que es de orden público. Más aún, de considerar que la presentación para recabar entrevista puede ser un acto ilegal, se contravendría lo dispuesto por el artículo 21 de la constitución federal, dado el interés de la sociedad en que el Ministerio Público cumpla su función investigadora a fin de que se persigan y castiguen los delitos. Luego, es válido afirmar que la orden reclamada por el quejoso, encuentra una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual se obtiene de relacionar la fracción XXIII del numeral 61, con el primer párrafo del artículo 20 aplicado a contrario sensu, y con el primer párrafo de la fracción IV del diverso 107, también a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. Máxime que la regulación de la orden de presentación, traducida en un acto de investigación de la autoridad ministerial, ni siquiera está prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales,6 el cual contempla las formas en que un imputado debe comparecer ante un juez de control. Es más, de la lectura de las fracciones I y II del precepto legal antes citado, es posible establecer que la presentación de la persona investigada en la carpeta, incluso ante un juez, donde habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte la libertad personal del gobernado, al tratarse de una simple comunicación del juez a solicitud del Ministerio Público, de requerir la presencia del investigado para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación seguida en su contra y se formulará la imputación respectiva. De modo que la circunstancia de que conforme a la fracción II del artículo 141, del código procesal penal en comento, en caso de dejar de comparecer el imputado sin causa justa, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, tampoco es suficiente para estimar que la orden de presentación afecte la libertad personal, dado que esa comparecencia forzosa constituye un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el imputado no asista, sin justificación, y el agente del Ministerio Público solicite que se ordene su comparecencia a través de la fuerza pública. Por consiguiente, los actos reclamados en la demanda consistentes en la orden de presentación y la ejecución de la misma, constituyen actos fuera de juicio que no afectan la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, también a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra sustento en lo conducente, en la tesis jurisprudencial 1a./J. 78/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a foja 239, del Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Materia Común, Penal, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el epígrafe: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO En apoyo a lo considerado, también se invoca por analogía la tesis : "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PUBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACIÓN DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA". Por tanto, de conformidad con los artículos 20, primer párrafo, aplicado a contrario sensu, 61, fracción XXIII, 107, fracción IV, primer párrafo, también a contrario sensu, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo del quejoso Porfirio Andrade Rosas, porque los actos que reclama conforme a la esfera de competencia legal de las autoridades responsables -orden de presentación con fines de investigación-, actualizaron una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas con antelación. Decisión que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana DERECHOS HUMANOS". Domicilio procesal y autorizados del quejoso. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, el inmueble que designó para ese propósito al inicio de su demanda (ubicado en la ciudad de Puebla). Por otro lado, quedan autorizadas en términos restringidos del numeral 24 de la Ley de Amparo, las personas que nombró aquél al principio de su demanda, porque sólo las designó para recibir notificaciones, es decir, no les otorgó facultades amplias. Notifíquese; en forma personal al quejoso (en su domicilio procesal, con las medidas de protección sanitarias); y cúmplase.
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