Pilar Jimenez Bernardo

Expediente 501/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
501/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
08/06/2021

Partes del expediente

  • Pilar Jimenez Bernardo

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 501/2021-I Puebla, Puebla, ocho de junio de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO Vista la certificación de cuenta y el estado procesal del presente expediente, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo; sin embargo, el quejoso no se inconformó contra el auto de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, dictado en este juicio, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo. La notificación al quejoso del referido auto, se realizó el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno -de manera personal-, por lo cual la notificación surtió efectos al siguiente día hábil, de manera que el plazo para impugnarlo transcurrió del veintisiete de mayo al dos de junio del año en curso. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, se declara que el referido auto ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. ARCHIVO En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1- publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve-, se ordena el archivo como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años2. Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo; pues, se trata de un asunto en el cual se desechó de plano la demanda. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN En virtud de que en el presente juicio no se aperturó incidente de suspensión con relación a los actos reclamados, debido a que se desechó de plano la demanda, se descarta realizar mayor pronunciamiento al respecto. RESGUARDO DEL EXPEDIENTE. Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. REVISIÓN DEL EXPEDIENTE. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento con el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 501/2021-I Puebla, Puebla, veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. Radicación de la demanda. Se recibe el oficio 11192/2021, signado por el secretario del Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. Con él remite copia certificada de las actuaciones que obran en el expediente 660/2021 de ese juzgado, y un cuaderno auxiliar, con motivo de la separación de juicios respecto de la demanda de amparo presentada por la quejosa *, por propio derecho. En tal virtud, con dicho escrito, remitido como demanda de amparo, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno con el número que corresponda y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). , se exhorta a las partes para efectos de que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Sobre todo porque la tramitación del juicio bajo dicha modalidad, les permitirá la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones por la misma vía (electrónica). En ese sentido, es necesario destacar que, de conformidad con el artículo 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el acceso otorgado a las partes o sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos, no implica el permiso para notificar resoluciones judiciales de manera electrónica. De ahí que, para estar en aptitud de tramitar el presente juicio bajo el esquema de "juicio en línea", no basta que se solicite la consulta del expediente electrónico, pues, para ello, es indispensable que, en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del referido acuerdo general, se solicite expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a través del "nombre de usuario" creado para acceder al portal....El artículo 1131 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Ahora, en relación a los actos indicados en los puntos II, III y IV se actualiza la causa de improcedencia relacionada a la fracción XXIII del numeral 61 con la fracción V del diverso 107, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo y el artículo16 constitucional3. Bien, respecto de la orden de presentación, se tiene lo siguiente: El agente del Ministerio Público, tiene la facultad constitucional de investigar los delitos y ese proceso de investigación para conocer determinados hechos no debe ser obstaculizado por cada acto de investigación que se pretenda llevar a cabo, como es la entrevista de quien es señalado como la persona que de manera probable participó en algún hecho que la ley señale como delito. Sin embargo, para que el agente del Ministerio Público pueda llevar a cabo ese tipo de actuaciones, se requiere de la insaculación estricta del Juez de Control a través de un test de proporcionalidad, tal como lo prevé el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, si el quejoso reclama como actos las órdenes que el agente del Ministerio Público ha dado para realizar algún acto de investigación como recabársele su entrevista, con independencia de la calidad con la que lo cite u ordene su presentación (testigo o imputada); es inconcuso que, ese acto de molestia no le produce afectación alguna a sus derechos fundamentales de manera directa e inmediata.....Lo que evidencia de manera indudable que, si acaso, como lo supone la quejosa, podría desarrollarse una investigación en su contra, pero no que el representante social ordenara detenerla; además, por la temporalidad y cronología en que se narran los hechos, se diluye cualquier posibilidad de que se trate de una orden de detención por caso urgente. Además, aun si el representante social la llegara a citar con la calidad de persona investigada, primero, tendría que cumplir con la obligación de darle a conocer los registros de la investigación tal como lo dispone el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir con los principios y derechos de adecuada defensa, igualdad ante la ley y debido proceso. Incluso, después de haber cumplido con tales exigencias, el agente del Ministerio Público sólo podría recabarle su entrevista a fin de incorporarla como dato de prueba, y no su declaración porque en el sistema penal acusatorio el representante social carece de facultades para obtener pruebas de manera unilateral, como lo hacían en el sistema penal mixto; ahora, para obtener algún tipo de prueba de lo que una persona imputada llegue a decir, es indispensable que se cumplan con los principios de inmediación y contradicción, lo que en el caso, evidentemente no sucede. Es menester precisar que la actuación emitida por la autoridad ministerial, en la que ordena la presentación de un inculpado, no contraviene lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución General de la República, toda vez que a virtud de la orden de presentación, solamente se impele a la inculpada a comparecer ante la fiscalía, pero ello no implica que se le obligue a ser entrevistada, pues al encontrarse ante la autoridad ministerial, la presentada puede manifestar su voluntad de abstenerse de hacerlo; además, con ello, lejos de coartarle algún derecho, la autoridad investigadora satisface sus derechos constitucionales de audiencia y defensa, toda vez que al ordenar que el peticionario del amparo, en su caso, se apersone ante dicha autoridad, aquél se encuentra en condiciones de conocer el nombre de su acusador, así como el de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación; asimismo, se le da la oportunidad de exponer lo que a su derecho corresponda, aparte, de que le sean facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en las actuaciones de la indagatoria, con lo que de considerarlo conveniente, estará en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo. De lo que resulta patente que una orden de presentación, citación o comparecencia no constituye un acto restrictivo de la libertad personal, pues todo ciudadano está obligado a comparecer ante la autoridad ministerial que integra una indagatoria, sin que ello implique que se afecte su libertad, pues sostener lo contrario, implicaría entorpecer el procedimiento que es de orden público, además de contravenir lo dispuesto por el artículo 21 constitucional, dado el interés de la sociedad en que el Ministerio Público cumpla con su función investigadora a fin de que se persigan y castiguen los delitos. En lo que respecta a la orden de cateo, es inconcuso que la posible orden de cateo constituye un acto futuro e incierto, pues los antecedentes del acto la quejosa refiere que esto podría ser derivado con motivo de su negativa y falta de la entrega voluntaria de la posesión del bien inmueble controvertido, el cual le fue requerido en diligencia pública de veintiséis de abril del año en curso. En efecto, para que una orden de cateo sea librada en un procedimiento penal, es necesario cumplir con los requisitos previstos en el artículo 16 Constitucional y los diversos numerales 282 y 283 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, que se encuentre desarrollada una investigación penal y que de los datos de prueba se desprenda una suposición razonada de que en el domicilio de la quejosa se está preparando o ejecutando un hecho señalado por la ley como delito, o que en ese lugar pueden localizarse objetos o instrumentos de un delito o a alguna persona que deba detenerse para cumplir una orden judicial. Por ende, el hecho de que la quejosa suponga que existe una posible orden de cateo a realizar en el bien inmueble en el que actualmente habita, solo es una mera conjetura, pues de su relato de los hechos que constituyen los antecedentes de los actos reclamados no se advierten elementos que permitan inferir de manera razonable y objetiva que se pretendida ejecutar una orden de cateo. Cabe mencionar que, los referidos antecedentes, sí podrían dar lugar a la ejecución de un cateo civil, que se emite para evitar que un bien sea ocultado o dilapidado o, bien, para vencer la contumacia de alguna persona en entregarlo; sin embargo, esa determinación se rige por lo dispuesto en los parámetros establecidos en el artículo 17 constitucional y la legislación mercantil. Por otra parte, respecto del acto reclamado a la orden de inscripción derivada dentro de una base de datos criminal que controla la Unidad de Análisis de la Información de la Fiscalía General del Estado de Puebla (U.D.A.I.) y alimenta la base de datos del Sistema Único de Información Criminal (S.U.I.C.) comúnmente llamado Plataforma Federal México, también se encuentra en el supuesto de la causal de improcedencia invocado en párrafos anteriores, esto es, porque en el supuesto de que ese registro se llevara a cabo, no depararía un perjuicio a la quejosa, ya que no se trata de un antecedente penal o criminal, porque para que eso sea posible, es necesario que exista primero una sentencia condenatoria definitiva en su contra. Ahora, a criterio de esta juzgadora, el acto precisado en el punto I, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII5 del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ello, porque el inicio de una carpeta de investigación por la posible comisión de un delito, obedece al mandato que tiene el Ministerio Público de esclarecer los hechos delictivos, como lo ordena el artículo 21 de la constitución federal. Aunado a que el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé la reserva de los actos de investigación, lo cual alude a que los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en dicho código y demás disposiciones aplicables. Incluso refiere que la víctima u ofendido y su Asesor Jurídico son las únicas partes que podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento. En cambio, la imputada y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su defensor a fin de no afectar su derecho de defensa, lo cual no ha acontecido en este caso, pues en las manifestaciones bajo protesta de decir verdad realizadas por la quejosa en el capítulo de los antecedentes de los actos reclamados, no se desprende que este haya sido solicitada a comparecer ante alguna autoridad ministerial. En este sentido, es indudable que resulta improcedente el juicio de amparo indirecto respecto a dicho acto, pues no le irroga perjuicio alguno; aunado a que la integración de mérito, por sí misma, tampoco le afecta de manera directa e inmediata sus derechos sustantivos fundamentales de un modo que sea irreparable. En efecto, se desconoce de antemano cuál será el resultado de la investigación; por ello, el inicio o trámite no propicia afectación reparable por los medios de control constitucional. Pues la eventual afectación en su esfera jurídica que trajera consigo la investigación, se materializaría, en su caso, hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente la emisión de una orden de aprehensión. Estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, con la anteposición del interés particular al de la sociedad. Por consiguiente, se estima improcedente el juicio de amparo indirecto que se promueve contra el acto citado en párrafos anteriores, pues ello deriva de las facultades de investigación del Ministerio Público. Máxime que la etapa de investigación tiene por objeto que el representante social practique todas las diligencias necesarias para acreditar el hecho con apariencia de delito y la probabilidad de que el imputado haya participado en su comisión. En suma, se trata de una preparación para el ejercicio de la acción penal. Por todo lo anterior expuesto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente los actos reclamados por los cuales se originó la separación de juicios, por los motivos expuestos. Domicilio procesal. Se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda de amparo (ubicado en esta ciudad de Puebla). Notifíquese; de forma personal a la quejosa; y cúmplase.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 6,491 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano