Pilar Larissa Galan López

Expediente 601/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
601/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
24/06/2022

Partes del expediente

  • Pilar Larissa Galan López

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 601/2022-I.. Conste. Puebla, Puebla, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Declaración de firmeza procesal. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de ocho de junio de dos mil veintidós, en el cual fue desechada su demanda de amparo. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo ha causado estado. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y al oficial judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 601/2022-I En trece de junio de dos mil veintidós, se da cuenta a la jueza con la razón actuarial que antecede. Conste. Puebla, Puebla, trece de junio de dos mil veintidós. Se agrega al expediente la razón suscrita por la actuaria judicial adscrita, por la cual manifiesta su imposibilidad para notificar el auto de ocho de junio de dos mil veintidós, a la quejosa ++++, pues manifiesta que al constituirse en la Calle cinco oriente, colonia Centro de la ciudad de Puebla, y cerciorada de ser el correcto por así desprenderse de la nomenclatura que indica el nombre de la calle y colonia, hizo un recorrido sobre dicha calle en busca del inmueble marcado con el número trescientos once, advirtiendo que ese número no existe en esa calle. Ahora, como en el domicilio indicado por la parte quejosa para oír y recibir notificaciones no fue localizado, se revoca el mismo y con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena a la actuaria encargada de este expediente realizar la notificación del auto de ocho de junio de los corrientes, a la parte quejosa por medio de lista; y, las subsecuentes notificaciones que deban realizarse de manera personal, hasta en tanto señale un nuevo domicilio. Notifíquese; y por lista el auto de ocho de junio de dos mil veintidós

  3. Principal

    --- . JUICIO DE AMPARO 601/2022-I, ocho de junio de dos mil veintidós. RADICACIÓN DEL EXPEDIENTE. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales que promueve++++, por derecho propio, contra actos del Agente del Ministerio Público Orientador de Casa de Justicia de Cholula, Puebla y otra autoridad. En consecuencia, se ordena formar el expediente de amparo, registrarlo en el libro de gobierno con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). EXHORTACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DEL JUICIO EN LÍNEA. Debido al fenómeno de salud pública que existe en la República Mexicana, ante la presencia del virus SARS-CoV-2 y las acciones extraordinarias tendentes a afrontarlo, se exhorta a las partes para efectos de que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Sobre todo porque la tramitación del juicio bajo dicha modalidad, les permitirá la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones por la misma vía (electrónica). En ese sentido, es necesario destacar que, de conformidad con el artículo 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el acceso otorgado a las partes o sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos, no implica el permiso para notificar resoluciones judiciales de manera electrónica. De ahí que, para estar en aptitud de tramitar el presente juicio bajo el esquema de "juicio en línea", no basta que se solicite la consulta del expediente electrónico, pues, para ello, es indispensable que, en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del referido acuerdo general, se solicite expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a través del "nombre de usuario" creado para acceder al portal. DESECHAMIENTO. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Ahora de la lectura integral de la demanda de amparo, se observa que el quejoso, señala como acto reclamado lo siguiente: "III.-AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: DE LA ORDENADORA LO SON: 1).- EL CIUDADANO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ORIENTADOR DE casa de justicia de Cholula, Puebla. DE LA EJECUTORA LO ES: ÚNICA.- EL CIUDADANO DIRECTOR DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE CHOLULA, PUEBLA., A TRAVÉS DE SUS ELEMENTOS, CON DOMICILIO OFICIAL AMPLIAMENTE CONOCIDO EN EL MUNICIPIO DE CHOLULA, PUEBLA. IV.-NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME." De la autoridad señalada como responsable ordenadora.; se le reclama la supuesta orden de búsqueda, aprehensión y detención dictada en mi contra. De la autoridad señalada como responsable ejecutora; se le reclama el cumplimiento que se le pretende dar a dicha orden." De la transcripción anterior se advierten como actos reclamados: orden de búsqueda, aprehensión y detención atribuidas al agente del ministerio público y director de la policía señalados como responsables, se actualiza una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual resulta de relacionar la fracción XXIII del numeral 61 con la fracción IV del diverso 107, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo y el artículo 21 constitucional. En efecto, el agente del Ministerio Público, tiene la facultad constitucional de investigar los delitos; y ese proceso de investigación se endereza a conocer determinados hechos no debe ser obstaculizado por cada acto de investigación que se pretenda llevar a cabo, como es la entrevista de quien es señalado como la persona que de manera probable participó en algún hecho que la ley señalada como delito. Sin pasar por alto que, durante la investigación inicial, de forma excepcional, la representación social puede ejecutar actos de investigación que pudieran quebrantar los derechos fundamentales, como la extracción de fluidos, la intervención de comunicaciones, las órdenes de cateos, entre otras. Sin embargo, para que el agente del Ministerio Público pueda llevar a cabo ese tipo de actuaciones, se requiere de la insaculación estricta del Juez de Control a través de un test de proporcionalidad, tal como lo prevé el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, si la quejosa reclama como actos las órdenes que las autoridades señaladas como responsables han dado para realizar algún acto de investigación para recabarle su entrevista, con independencia de la calidad que tenga en la investigación (testigo o imputado); es inconcuso que, ese acto de molestia no le produce afectación alguna a sus derechos fundamentales de manera directa e inmediata. Aunado a ello, es de precisar que en el sistema de justicia penal adversarial, el representante social carece de facultades legales y constitucionales para ordenar aprehensión de persona alguna, ya que esa potestad se encuentra reservada a la autoridad judicial, tal como lo prevén de manera expresa los artículos 16 constitucional y 141, fracciones II y III, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tampoco puede ordenar su detención salvo que se trate de causa urgente; sin embargo, para que ello sea posible se deben cumplir con los requisitos previstos en el artículo 16 Constitucional y 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, que existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y que exista la probabilidad de que el aquí quejoso lo cometió o participó en su comisión; exista riesgo fundado de que se sustraiga de la acción de la justicia, y que razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, el representante social no pueda ocurrir ante la autoridad judicial, o que de hacerlo, el aquí quejoso pueda evadirse. Situaciones que no se desprenden de los antecedentes narrados en la demanda, pues la quejosa, bajo protesta de decir verdad manifestó que el tres de junio de dos mil veintidós, se presentaron en su domicilio dos personas que se dijeron ser agentes ministeriales con la intención de privarla de la libertad por una orden de búsqueda y aprehensión que existe en su contra por el delito de amenazas y abuso de confianza; sin que hubiera hecho referencia a las circunstancias extraordinarias previstas en el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo que evidencia de manera indudable que, si acaso, como lo supone la quejosa, se desarrolla una investigación en su contra, pero no que el representante social ordenara detenerla; ya que una orden de detención o aprehensión sólo puede ser emitida por una autoridad jurisdiccional. Por consiguiente, es improcedente el juicio de amparo contra el libramiento de una orden de búsqueda, aprehensión o detención, o cualquier otra determinación similar, reclamada a la autoridad ministerial. Resulta aplicable la tesis de rubro, texto y datos de localización siguientes: "MINISTERIO PÚBLICO. ASUME EL CARÁCTER DE AUTORIDAD DURANTE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO, POR LO QUE SUS ACTOS U OMISIONES SON IMPUGNABLES POR EL IMPUTADO O SU DEFENSOR EN AMPARO INDIRECTO, SIEMPRE QUE AFECTEN DE MANERA DIRECTA E INMEDIATA SUS DERECHOS FUNDAMENTALES. De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 21, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 127, 211, fracción I, inciso b), 213, 216, 321, 324 y 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se obtiene que en el procedimiento penal acusatorio, la etapa de investigación complementaria comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación, para lo cual, antes de finalizar la audiencia inicial el Juez de control determinará, previa propuesta de las partes, el plazo en que el Ministerio Público deberá concluir el cierre de la investigación complementaria; de lo que se colige que la representación social reasume la dirección de la investigación y, por ende, actúa con el carácter de autoridad, porque cuenta con facultades para reunir indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para que pueda sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado, la reparación del daño, solicitar el sobreseimiento parcial o total, o bien, la suspensión del proceso. Así, durante el desarrollo de dicha fase, el imputado o su defensor podrá solicitar al órgano técnico la realización de todos aquellos actos de investigación que estime pertinentes para el esclarecimiento de los hechos, a lo que el Ministerio Público, en uso de la potestad conferida y atento al principio de buena fe, decidirá si los lleva a cabo o no; cuya determinación podrá impugnarse en el juicio de amparo indirecto, siempre que afecte de manera directa e inmediata los derechos fundamentales del quejoso, en el entendido de que su procedencia estará supeditada a la satisfacción de los requisitos, presupuestos y cargas procesales exigidos constitucional y legalmente, lo que dependerá del caso concreto." (Registro digital: 2020800, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias(s): Común, Penal, Tesis: I.6o.P.146 P (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 71, Octubre de 2019, Tomo IV, página 3527, Tipo: Aislada). Por tanto, de conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo, pues se actualizó la referida causa de improcedencia manifiesta e indudablemente, conforme a las razones y fundamentos expuestos con antelación. ANOTACIONES INTERNAS. Se instruye al oficial encargado de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial A, que realicen las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADO. Se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones el indicado en el escrito de cuenta (ubicado en esta ciudad) y como autorizado para tales efectos, la persona que señala en los términos restringidos que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, porque así fue solicitado expresamente. MEDIOS DE COMUNICACIÓN EXTRAPROCESAL CON LAS PARTES. A fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes para que en el plazo de tres días proporcionen un correo electrónico y número de teléfono por medio del cual puedan ser contactadas. Sin embargo, se hace la precisión que los referidos medios electrónicos de comunicación sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran; sin embargo, las notificaciones que en derecho les correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. AUTORIZACIÓN PARA LA TOMA DE FOTOGRAFÍAS. Se autoriza desde este momento la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia, pero bajo los lineamientos para el ingreso a los órganos jurisdiccionales, que implican obtener una cita en los términos delimitados por el Consejo de la Judicatura Federal. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE. Se hace saber a los intervinientes en este sumario constitucional que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 (reformado por el diverso 9/2021) del Pleno del Consejo d la Judicatura Federal, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. Sin embargo, dado que el acceso del público a las instalaciones de este juzgado se encuentra restringido como una medida de contingencia ante el fenómeno de salud pública derivada de virus COVID-19, dicha consulta podrá realizarse hasta que la normatividad aplicable (acuerdos generales) así lo permita ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se informa a la quejosa el derecho que le asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Pero de cualquier forma se habrán de salvaguardar sus datos personales y la información reservada, como lo exigen los lineamientos actuales en materia de acceso a la información. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. DIGITALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes procédase en su momento a la digitalización del presente asunto a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. REGISTRO DE PARTES EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES. Se instruye a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que realice las anotaciones correspondientes a las partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional pronta, oportuna y expeditA. Notifíquese en forma personal a la quejosa

  4. Principal

    EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE TRECE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, SE NOTIFA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE OCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. --- . JUICIO DE AMPARO 601/2022-I, ocho de junio de dos mil veintidós. RADICACIÓN DEL EXPEDIENTE. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales que promueve++++, por derecho propio, contra actos del Agente del Ministerio Público Orientador de Casa de Justicia de Cholula, Puebla y otra autoridad. En consecuencia, se ordena formar el expediente de amparo, registrarlo en el libro de gobierno con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). EXHORTACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DEL JUICIO EN LÍNEA. Debido al fenómeno de salud pública que existe en la República Mexicana, ante la presencia del virus SARS-CoV-2 y las acciones extraordinarias tendentes a afrontarlo, se exhorta a las partes para efectos de que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Sobre todo porque la tramitación del juicio bajo dicha modalidad, les permitirá la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones por la misma vía (electrónica). En ese sentido, es necesario destacar que, de conformidad con el artículo 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el acceso otorgado a las partes o sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos, no implica el permiso para notificar resoluciones judiciales de manera electrónica. De ahí que, para estar en aptitud de tramitar el presente juicio bajo el esquema de "juicio en línea", no basta que se solicite la consulta del expediente electrónico, pues, para ello, es indispensable que, en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del referido acuerdo general, se solicite expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a través del "nombre de usuario" creado para acceder al portal. DESECHAMIENTO. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Ahora de la lectura integral de la demanda de amparo, se observa que el quejoso, señala como acto reclamado lo siguiente: "III.-AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: DE LA ORDENADORA LO SON: 1).- EL CIUDADANO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ORIENTADOR DE casa de justicia de Cholula, Puebla. DE LA EJECUTORA LO ES: ÚNICA.- EL CIUDADANO DIRECTOR DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE CHOLULA, PUEBLA., A TRAVÉS DE SUS ELEMENTOS, CON DOMICILIO OFICIAL AMPLIAMENTE CONOCIDO EN EL MUNICIPIO DE CHOLULA, PUEBLA. IV.-NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME." De la autoridad señalada como responsable ordenadora.; se le reclama la supuesta orden de búsqueda, aprehensión y detención dictada en mi contra. De la autoridad señalada como responsable ejecutora; se le reclama el cumplimiento que se le pretende dar a dicha orden." De la transcripción anterior se advierten como actos reclamados: orden de búsqueda, aprehensión y detención atribuidas al agente del ministerio público y director de la policía señalados como responsables, se actualiza una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual resulta de relacionar la fracción XXIII del numeral 61 con la fracción IV del diverso 107, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo y el artículo 21 constitucional. En efecto, el agente del Ministerio Público, tiene la facultad constitucional de investigar los delitos; y ese proceso de investigación se endereza a conocer determinados hechos no debe ser obstaculizado por cada acto de investigación que se pretenda llevar a cabo, como es la entrevista de quien es señalado como la persona que de manera probable participó en algún hecho que la ley señalada como delito. Sin pasar por alto que, durante la investigación inicial, de forma excepcional, la representación social puede ejecutar actos de investigación que pudieran quebrantar los derechos fundamentales, como la extracción de fluidos, la intervención de comunicaciones, las órdenes de cateos, entre otras. Sin embargo, para que el agente del Ministerio Público pueda llevar a cabo ese tipo de actuaciones, se requiere de la insaculación estricta del Juez de Control a través de un test de proporcionalidad, tal como lo prevé el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, si la quejosa reclama como actos las órdenes que las autoridades señaladas como responsables han dado para realizar algún acto de investigación para recabarle su entrevista, con independencia de la calidad que tenga en la investigación (testigo o imputado); es inconcuso que, ese acto de molestia no le produce afectación alguna a sus derechos fundamentales de manera directa e inmediata. Aunado a ello, es de precisar que en el sistema de justicia penal adversarial, el representante social carece de facultades legales y constitucionales para ordenar aprehensión de persona alguna, ya que esa potestad se encuentra reservada a la autoridad judicial, tal como lo prevén de manera expresa los artículos 16 constitucional y 141, fracciones II y III, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tampoco puede ordenar su detención salvo que se trate de causa urgente; sin embargo, para que ello sea posible se deben cumplir con los requisitos previstos en el artículo 16 Constitucional y 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, que existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y que exista la probabilidad de que el aquí quejoso lo cometió o participó en su comisión; exista riesgo fundado de que se sustraiga de la acción de la justicia, y que razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, el representante social no pueda ocurrir ante la autoridad judicial, o que de hacerlo, el aquí quejoso pueda evadirse. Situaciones que no se desprenden de los antecedentes narrados en la demanda, pues la quejosa, bajo protesta de decir verdad manifestó que el tres de junio de dos mil veintidós, se presentaron en su domicilio dos personas que se dijeron ser agentes ministeriales con la intención de privarla de la libertad por una orden de búsqueda y aprehensión que existe en su contra por el delito de amenazas y abuso de confianza; sin que hubiera hecho referencia a las circunstancias extraordinarias previstas en el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo que evidencia de manera indudable que, si acaso, como lo supone la quejosa, se desarrolla una investigación en su contra, pero no que el representante social ordenara detenerla; ya que una orden de detención o aprehensión sólo puede ser emitida por una autoridad jurisdiccional. Por consiguiente, es improcedente el juicio de amparo contra el libramiento de una orden de búsqueda, aprehensión o detención, o cualquier otra determinación similar, reclamada a la autoridad ministerial. Resulta aplicable la tesis de rubro, texto y datos de localización siguientes: "MINISTERIO PÚBLICO. ASUME EL CARÁCTER DE AUTORIDAD DURANTE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO, POR LO QUE SUS ACTOS U OMISIONES SON IMPUGNABLES POR EL IMPUTADO O SU DEFENSOR EN AMPARO INDIRECTO, SIEMPRE QUE AFECTEN DE MANERA DIRECTA E INMEDIATA SUS DERECHOS FUNDAMENTALES. De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 21, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 127, 211, fracción I, inciso b), 213, 216, 321, 324 y 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se obtiene que en el procedimiento penal acusatorio, la etapa de investigación complementaria comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación, para lo cual, antes de finalizar la audiencia inicial el Juez de control determinará, previa propuesta de las partes, el plazo en que el Ministerio Público deberá concluir el cierre de la investigación complementaria; de lo que se colige que la representación social reasume la dirección de la investigación y, por ende, actúa con el carácter de autoridad, porque cuenta con facultades para reunir indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para que pueda sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado, la reparación del daño, solicitar el sobreseimiento parcial o total, o bien, la suspensión del proceso. Así, durante el desarrollo de dicha fase, el imputado o su defensor podrá solicitar al órgano técnico la realización de todos aquellos actos de investigación que estime pertinentes para el esclarecimiento de los hechos, a lo que el Ministerio Público, en uso de la potestad conferida y atento al principio de buena fe, decidirá si los lleva a cabo o no; cuya determinación podrá impugnarse en el juicio de amparo indirecto, siempre que afecte de manera directa e inmediata los derechos fundamentales del quejoso, en el entendido de que su procedencia estará supeditada a la satisfacción de los requisitos, presupuestos y cargas procesales exigidos constitucional y legalmente, lo que dependerá del caso concreto." (Registro digital: 2020800, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias(s): Común, Penal, Tesis: I.6o.P.146 P (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 71, Octubre de 2019, Tomo IV, página 3527, Tipo: Aislada). Por tanto, de conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo, pues se actualizó la referida causa de improcedencia manifiesta e indudablemente, conforme a las razones y fundamentos expuestos con antelación. ANOTACIONES INTERNAS. Se instruye al oficial encargado de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial A, que realicen las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADO. Se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones el indicado en el escrito de cuenta (ubicado en esta ciudad) y como autorizado para tales efectos, la persona que señala en los términos restringidos que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, porque así fue solicitado expresamente. MEDIOS DE COMUNICACIÓN EXTRAPROCESAL CON LAS PARTES. A fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes para que en el plazo de tres días proporcionen un correo electrónico y número de teléfono por medio del cual puedan ser contactadas. Sin embargo, se hace la precisión que los referidos medios electrónicos de comunicación sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran; sin embargo, las notificaciones que en derecho les correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. AUTORIZACIÓN PARA LA TOMA DE FOTOGRAFÍAS. Se autoriza desde este momento la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia, pero bajo los lineamientos para el ingreso a los órganos jurisdiccionales, que implican obtener una cita en los términos delimitados por el Consejo de la Judicatura Federal. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE. Se hace saber a los intervinientes en este sumario constitucional que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 (reformado por el diverso 9/2021) del Pleno del Consejo d la Judicatura Federal, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. Sin embargo, dado que el acceso del público a las instalaciones de este juzgado se encuentra restringido como una medida de contingencia ante el fenómeno de salud pública derivada de virus COVID-19, dicha consulta podrá realizarse hasta que la normatividad aplicable (acuerdos generales) así lo permita ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se informa a la quejosa el derecho que le asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Pero de cualquier forma se habrán de salvaguardar sus datos personales y la información reservada, como lo exigen los lineamientos actuales en materia de acceso a la información. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. DIGITALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes procédase en su momento a la digitalización del presente asunto a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. REGISTRO DE PARTES EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES. Se instruye a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que realice las anotaciones correspondientes a las partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional pronta, oportuna y expeditA. Notifíquese en forma personal a la quejosa

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