Policarpo Fernando Acevedo Ramírez
Expediente 1034/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 16 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1034/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 04/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Policarpo Fernando Acevedo Ramírez
- Magistrados Manuel de Jesús López López, Luis Enrique Cordero Aguilar y Alejandro Magno Gonzalez Antonio, Magistrado Presidente y Magistrados Integrantes de la Sala de Justicia indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, mediante el cual transcribe el contenido del auto de tres de abril del año en curso, del cual se advierte que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra de la sentencia dictada en autos, radicando dicho medio de impugnación con el número de toca 116/2023 de su índice. Al respecto, se toma nota de lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. En otro aspecto, se ordena a la analista jurídico SISE habilitar los permisos correspondientes del expediente electrónico en que se actúa a efecto de que sea vinculado el amparo en revisión 116/2023 del control del colegiado oficiante. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese el ocurso de cuenta, por medio del cual, el quejoso ***, interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos; en consecuencia, téngasele interponiendo el medio de impugnación que hace valer, atento a su contenido, se provee: Con fundamento en lo dispuesto por los arábigos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo distribúyase entre las demás partes copia del escrito mediante el cual se interpone el medio de impugnación señalado y dentro del plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que se integre el expediente remítase el original del escrito de expresión de agravios, una copia y este expediente, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Trabajo del Décimo Tercer Circuito en turno. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo con las constancias que revelen la historia procesal del sumario. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
". S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1034/2021, promovido por Policarpo Fernando Acevedo Ramírez. En este juicio de amparo se analiza la legalidad de la resolución de diez de agosto de dos mil veintidós, dictada por los magistrados integrantes de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en el toca penal 96/2019. I. ANTECEDENTES 1. Aduce la parte quejosa que en su contra se inició la carpeta de investigación 16619/FNSC/MIAHUATLAN/2019, en la que se le libró orden de aprehensión por el hecho que la ley señala como delito de abuso sexual agravado, previsto en el artículo 241, párrafo primero, del Código Penal del Estado de Oaxaca, cometido en agravio de las menores identificadas con las iniciales I.D.S.L. e Y.M.S.L. 2. Con motivo de dicho mandamiento fue detenido el veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, por lo que el veintinueve siguiente se celebró la audiencia inicial y se acogió al beneficio del plazo de seis días para que se resolviera su situación jurídica. 3. En audiencia de tres y cuatro de junio de dos mil diecinueve, el Juez de Control del circuito judicial de la Sierra Sur, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, resolvió vincularlo a proceso en la causa penal 61/2019 por el mencionado hecho e imponerle como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa. 4. Contra esa determinación, el imputado Policarpo Fernando Acevedo Ramírez interpuso recurso de apelación, conociendo del citado medio de impugnación la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, registrándolo con el toca JOTP/96/2019. 5. Mediante resolución de uno de octubre de dos mil diecinueve, los magistrados integrantes de la Sala citada, declararon procedente en cuanto al fondo el recurso de apelación hecho valer por el imputado, revocaron el auto de vinculación a proceso de tres de junio de dos mil diecinueve, dictado en la causa penal 61/2019, dictaron auto de no vinculación a proceso a favor del citado imputado por los referidos hechos y libraron la correspondiente boleta de libertad al director del Centro de Reinserción Social número dos en la Villa de Etla, Oaxaca, a fin de que se pusiera en inmediata libertad a Policarpo Fernando Acevedo Ramírez. 6. Contra la resolución de uno de octubre de dos mil diecinueve, Eulalia Isabel López González, en representación de las menores I.D.S.L. e Y.M.S.L., promovió juicio de amparo indirecto, el que por razón de turno correspondió a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, el que se radicó con el número 960/2019, y por sentencia de veintinueve de mayo de dos mil veinte, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la quejosa. 7. Inconforme con esa determinación, por auto de uno de septiembre de dos mil veinte, interpuso recurso de revisión, el que correspondió al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, quienes por ejecutoria de diez de agosto de dos mil veintiuno, dictada en el amparo en revisión 156/2020, revocaron la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional y concedieron el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa. 8. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, los magistrados de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, emitieron la resolución de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, en la que, por una parte declararon improcedente en cuanto al fondo el recurso de apelación hecho valer por el imputado, por otra, confirmaron las resoluciones de tres y cuatro de junio de dos mil diecinueve y ordenaron al juez de Control del circuito judicial de la Sierra Sur con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, proveyeran lo relativo al cumplimiento de esa determinación. 9. Contra la resolución de cuatro de octubre de dos mil veintidós, Policarpo Fernando Acevedo Ramírez, promovió juicio de amparo indirecto, el que por razón de turno correspondió a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, el que se radicó con el número 1177/2021, y que por sentencia de treinta de junio de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por el quejoso, determinación que quedó firme en auto de diecinueve de julio de dos mil veintidós. 10. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, los magistrados de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, emitieron la resolución de diez de agosto de dos mil veintidós, en la que, por una parte declararon improcedente en cuanto al fondo el recurso de apelación hecho valer por el imputado, por otra, dejaron insubsistente la resolución de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, dictada dentro del Toca Penal JOTP/96/2019, relativa al recurso de apelación interpuesto por el imputado Policarpo Fernando Acevedo Ramírez, contra las resoluciones de tres y cuatro de junio de dos mil diecinueve, modificaron las resoluciones de tres y cuatro de junio de dos mil diecinueve, dictaron auto de vinculación a proceso al aquí quejoso y dejaron sin efectos la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta a Policarpo Fernando Acevedo Ramírez. Esta resolución es la que constituye el motivo de disenso en esta instancia constitucional. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO 11. Policarpo Fernando Acevedo Ramírez, promovió juicio de amparo en contra de la resolución de diez de agosto de dos mil veintidós, en el toca penal JOTP/96/2019, mediante escrito presentado el cinco de septiembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12. El quejoso precisó como derechos fundamentales violados los consagrados en los artículos 1, 14 párrafo segundo, 16 párrafo primero; 103, fracción I, 107 fracciones I, II inciso b), XII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. 13. Por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda de amparo a éste órgano jurisdiccional; por auto de siete de septiembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda y la registró bajo el expediente 1034/2022; asimismo, solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al juzgado y ordenó el emplazamiento de los terceros interesados, apersonándose únicamente la agente del Ministerio Público adscrita a la Vicefiscalía General de Control Regional, en auto de veinte de septiembre de dos mil veintidós. 14. La audiencia constitucional tuvo verificativo el treinta de noviembre de dos mil veintidós, en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA 15. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque la autoridad señalada como responsable tiene su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de amparo ejerce jurisdicción. IV. OPORTUNIDAD 16. Policarpo Fernando Acevedo Ramírez fue notificado, vía correo electrónico, de la resolución reclamada el quince de agosto de dos mil veintidós, tal como se aprecia de la constancia agregada al toca penal JOTP/96/2019, y como lo manifestó el propio promovente. 17. En ese contexto, la notificación de la resolución de diez de agosto de dos mil veintidós, surtió efectos al día siguiente. 18. Por tanto, el término de quince días que prevé el párrafo primero, del artículo 17, de la Ley de Amparo, para interponer la demanda transcurrió del diecisiete de agosto al siete de septiembre de dos mil veintidós. 19. Descontándose de dicho cómputo los días veinte, veintiuno, veintisiete, veintiocho de agosto, tres, cuatro, diez y once de septiembre, todos de dos mil veintidós, por ser días inhábiles de conformidad con lo estatuido en el artículo 19 del citado ordenamiento legal y de las circulares correspondientes, así como el cinco de septiembre del año en curso, que se declaró no laborable mediante oficio 96/2022 del Juez Coordinador de Jueces de Distrito y del Centro de Justicia Penal Federal del Décimo Tercer Circuito, por lo que no corrieron plazos. 20. En consecuencia, si la demanda de amparo se presentó el cinco de septiembre de dos mil veintidós, se considera que es oportuna. V. LEGITIMACIÓN 21. Policarpo Fernando Acevedo Ramírez se encuentra legitimado para promover el presente juicio de amparo, porque en autos del toca penal JOTP/96/2019, tiene reconocido el carácter de apelante, además de ser el imputado en la causa penal 61/2019, del índice del Juzgado de Control del circuito judicial de la Sierra Sur, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, y la determinación reclamada le es adversa, dado que la autoridad responsable confirmó el auto de vinculación a proceso que le fue dictado por el juez de la causa. VI. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO 22. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. 23. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir la quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. 24. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". 25. En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que el quejoso reclama: De los magistrados integrantes de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca: La resolución de diez de agosto de dos mil veintidós, dictada en el toca penal JOTP/96/2019. Del juez de Control del distrito judicial de la Sierra Sur, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca: La ejecución de dicha resolución. VII. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS 26. La existencia del acto reclamado a los magistrados integrantes de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal, así como al juez de Control del distrito judicial de la Sierra Sur, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, quedó legalmente acreditada a partir del informe justificado que rindieron el presidente de dicho órgano colegiado, el cual se tuvo por rendido en auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, así como el referido juez de control, el que se agregó en auto de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós; lo que se corrobora con las constancias que adjuntaron dichas autoridades, en cuatro discos versátiles digitales que contienen los registros de audio y video de las audiencias llevadas a cabo en la causa penal 61/2019, del índice del citado Juzgado de Control y en un tomo de pruebas, consistente en los autos originales del toca penal JOTP/96/2019. 27. Documentales públicas que adquieren valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. 28. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 226, consultable en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, cuyos epígrafe y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." 29. Así como la diversa jurisprudencia 1a./J. 43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 703, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyos epígrafe y texto son: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." VIII. PROCEDENCIA 30. Con fundamento en lo dispuesto por el normativo 62 de la Ley de Amparo se deben analizar las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y de estudio preferente. 31. Cobra aplicación la jurisprudencia II.1o. J/5 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito , que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." 32. En el presente asunto las partes no hicieron valer causa de improcedencia alguna, ni de oficio se advierte la actualización de ninguna a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo. Tampoco se advierte la concurrencia de causal de sobreseimiento previstas en el diverso artículo 63 de la misma ley reglamentaria que obliguen a dar por concluido el juicio sin hacer una declaratoria sobre el acto reclamado, por lo que, a consideración de este juzgador, el amparo es procedente en términos del artículo 107, fracción V, del citado ordenamiento legal, en relación al acto cuya certeza quedó declarada. IX. PERSPECTIVA DE GÉNERO 33. Toda vez que el presente juicio de amparo deriva de un procedimiento penal en el que las víctimas directas son mujeres que al parecer sufrieron violencia física y sexual ante una relación asimétrica con su agresor. 34. Razón por la que previo a enlistar y calificar los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, resulta indispensable precisar que el estudio de constitucionalidad que se efectuará en las siguientes páginas, se hará con perspectiva de género, con lo cual se atiende a las siguientes legislaciones: - Artículo 5º de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer , que dispone la obligación asumida por los Estados Partes, de tomar las medidas para eliminar los prejuicios y las prácticas consuetudinarias basadas en la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres, que precisa: - Numerales 3°, 4º, 5º y 6º, de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer , que establecen el derecho a la protección de la mujer, entre ellos, su vida, y; - La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, que en el numeral 5º, fracción IX que define la perspectiva de género como la visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres, eliminando las causas de opresión de género, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. 35. En efecto, el reconocimiento de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación y de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, exige que todos los órganos jurisdiccionales del país impartan justicia con perspectiva de género, que constituye un método que pretende detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo o género. 36. Es decir, implica juzgar considerando las situaciones de desventaja que, por cuestiones de género, discriminan e impiden la igualdad; cuestionando los estereotipos preconcebidos en la legislación respecto de las funciones de uno u otro género, así como actuar con neutralidad en la aplicación de la norma jurídica en cada situación. 37. Lo anterior, dado que el Estado debe velar porque en toda controversia jurisdiccional, donde se advierta una situación de violencia, discriminación o vulnerabilidad por razones de género, esta se tome en cuenta, a fin de visualizar claramente la problemática y garantizar el acceso a la justicia de forma efectiva e igualitaria, procurando en todo momento que los paradigmas imperantes de discriminación por razón de género no tengan una injerencia negativa en la impartición de justicia. 38. Por el contrario, atendiendo precisamente a tales prejuicios o estereotipos, el juzgador debe considerar las situaciones de desventaja que tienen las mujeres, sobre todo cuando es factible que existan factores que potencialicen su discriminación. 39. Es aplicable la tesis aislada XX/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, septiembre de 2015, Tomo I, Materia Constitucional, página 235, registro 2009998, de rubro y texto siguientes: "IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO EN LA MATERIA. El reconocimiento de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación y de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, exige que todos los órganos jurisdiccionales del país impartan justicia con perspectiva de género, que constituye un método que pretende detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo o género, es decir, implica juzgar considerando las situaciones de desventaja que, por cuestiones de género, discriminan e impiden la igualdad. De ahí que los juzgadores deben cuestionar los estereotipos preconcebidos en la legislación respecto de las funciones de uno u otro género, así como actuar con neutralidad en la aplicación de la norma jurídica en cada situación, toda vez que el Estado debe velar por que en toda controversia jurisdiccional, donde se advierta una situación de violencia, discriminación o vulnerabilidad por razones de género, ésta se tome en cuenta, a fin de visualizar claramente la problemática y garantizar el acceso a la justicia de forma efectiva e igualitaria. Así, la obligación de impartir justicia con perspectiva de género debe operar como regla general, y enfatizarse en aquellos casos donde se esté ante grupos de especial vulnerabilidad, como mujeres y niñas indígenas, por lo que el juzgador debe determinar la operabilidad del derecho conforme a los preceptos fundamentales consagrados tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, procurando en todo momento que los paradigmas imperantes de discriminación por razón de género no tengan una injerencia negativa en la impartición de justicia; por el contrario, atendiendo precisamente a tales prejuicios o estereotipos, el juzgador debe considerar las situaciones de desventaja que tienen las mujeres, sobre todo cuando es factible que existan factores que potencialicen su discriminación, como lo pueden ser las condiciones de pobreza y barreras culturales y lingüísticas." 40. Respecto de dicho tópico, en la jurisprudencia 22/2016 (10a.) , la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que todo órgano jurisdiccional debe implementar un método, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si en la controversia de la que está conociendo existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria. 41. Para ello, el juzgador debe tomar en cuenta lo siguiente: I. Identificar si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia; II. Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género; III. En caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones; IV. De detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género; V. Para ello debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente de los niños y niñas, y; VI. Considerar que el método exige que, en todo momento, se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género. 42. Por tanto, con el objeto de remover esas barreras, los testimonios de las víctimas de la totalidad de delitos que involucren actos de violencia sexual contra la mujer deben ser valorados con una perspectiva de género a fin de evitar afirmaciones, insinuaciones y alusiones estereotipadas, que generen en el ánimo del juzgador una inadecuada valoración que reste credibilidad a la versión de las víctimas. 43. Esas reglas de valoración fueron sostenidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver los casos Fernández Ortega y Rosendo Cantú y por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. XXIII/2015 de rubro: "TORTURA EN SU VERTIENTE DE VIOLACIÓN SEXUAL. EL ANÁLISIS PROBATORIO RELATIVO DEBE REALIZARSE CON PERSPECTIVA DE GÉNERO". X. ESTUDIO DE FONDO 44. La parte quejosa expresó como conceptos de violación los que se contienen en su escrito de demanda, sin que sea necesario transcribirlos pues no hay precepto legal que establezca la obligación de llevar a cabo tal trascripción; además, dicha omisión no deja en estado de indefensión al impetrante de amparo, dado que no se le priva de la oportunidad de recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma; máxime que en la parte correspondiente se dará respuesta, ya sea para justificar la legalidad o ilegalidad del acto reclamado; como así lo ilustra la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Visible en la foja 830, del tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro IUS 164618, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". 45. El quejoso señaló que con la emisión del acto reclamado la autoridad responsable violó los derechos fundamentales y garantías contenidos en los numerales 1, 14 y 19, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a título de conceptos de violación, en síntesis, expresó lo siguiente: 1) Que no asiste razón a la sala responsable al estimar que no es posible reclasificar del delito de abuso sexual agravado, por el delito de acoso sexual agravado, pues para arribar a dicha conclusión no realiza un análisis de los hechos por los cuales solicitó la vinculación el Ministerio Público partiendo del concepto de acto sexual para así determinar si la conducta encuadra en el tipo penal de abuso o de acoso sexual. 2) Refiere que le causa agravio que en la resolución se estableciera que el tipo penal de acoso sexual no se encontraba vigente al momento de los hechos -trece de mayo de dos mil diecinueve- en la forma que está redactado actualmente, por ello niegan la reclasificación a que alude, pues a su consideración, la conducta que se imputa al quejoso tampoco se encontraba establecida para el tipo de abuso sexual agravado. 3) Que es inexacto el argumento de la Sala responsable al determinar que no se puede reclasificar el hecho imputado al quejoso, en virtud que el anterior tipo penal de acoso sexual y el vigente contienen hipótesis y elementos distintos, no es que tipifiquen la misma conducta pero con una pena menor; sin embargo, el quejoso considera que dicha reclasificación si es posible porque la conducta que se le imputa se refiere a tocamientos que según la sala encuadran en el tipo penal de abuso sexual sin agravante en el elemento normativo "acto sexual que no sea la cópula", pero que en realidad ello no se encuentra fundado ni motivado puesto que no define lo que es cópula. 4) Considera que otra razón que justifica la reclasificación es que el bien jurídico tutelado en el tipo de abuso sexual es el normal desarrollo psicosexual de la víctima, por cuanto a que no está en la aptitud de disponer de esa libertad sexual, pero que en el caso la psicóloga Nora Sánchez Velasco, perito oficial del Instituto de Servicios Periciales de la Fiscalía General, que fue quien valoro a las supuestas víctimas preciso que los hechos les produjeron estrés agudo, y esto en psicología no afecta el normal desarrollo psicosexual, pues en la audiencia en la que la defensa con apoyo de la asistente técnico interrogó a la perito esta contestó que ese estrés se produce incluso porque las niñas asistieran a una audiencia, y que con 10 o 15 terapias lo superarían. 5) Que la autoridad ordenadora toma una determinación hecha solamente por inferencias, sin fundamento ni análisis técnico que pueda establecer un criterio técnico jurídico, apegado a derecho ya que concluye que el núcleo rector del tipo penal de abuso sexual vigente al momento de los hechos es el realizar un acto sexual distinto a la copula, con lo que violenta el principio de trazabilidad o exacta aplicación de la ley penal de acuerdo con lo cual, las conductas típicas deben estar expresamente establecidas en la ley, por lo que para su integración queda prohibida la analogía, la mayoría de razón y, por ende, también está prohibido establecer conductas por inferencias. 6) Que no asiste razón a la responsable cuando determina que son infundados los agravios que expresó el quejoso en cuanto al fondo del asunto respecto a los hechos, pues para ello se dejó de realizar un análisis de todos los datos de prueba que se incorporaron en la audiencia de manera libre y lógica en términos del artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con base a una interpretación conjunta, integral y armónica, pues de haberlo hecho podría establecer que no se pueden dar por acreditados ni siquiera en grado de probabilidad los hechos que le imputa el ministerio público. 7) Que la responsable viola sus derechos fundamentales al valorar libremente las pruebas sin reglas estrictas para cada medio de prueba, pues dicha libertad debe ser relativa al encontrarse limitado por la lógica, pero además, considera que ello es inexacto porque existen criterios bien determinados, para realizar la valoración de los datos de prueba, los que se deberán analizarse de manera libre y lógica en términos del artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con base en una interpretación conjunta, integral y armónica de todos ellos, se puede establecer el hecho y que este tiene apariencia del de delito. 8) Considera equivocado que la Sala responsable coincida con la valoración realizada por el Juez de Control, porque los datos de prueba incorporados por el fiscal no fueron idóneos, ni pertinentes, mucho menos congruentes y suficientes para establecer en grado probable que se cometió el hecho que la ley señala como el delito de abuso sexual, en agravio de las menores de edad identificadas con las iniciales I.D.S.L. e Y.M.S.L., pues con independencia de que versan sobre el hecho que se busca esclarecer, no resultan fiables dadas sus inconsistencias, contradicciones, divergencias y falta de veracidad. 9) Lo mismo acontece con la valoración que se hace de la declaración de Eulalia Isabel López González, a la que se le otorga valor probatorio pleno, en concordancia con las entrevistas de las menores víctimas, pues presentan diversas contradicciones e inconsistencias. 10) El quejoso trata de evidenciar diversas contradicciones en las declaraciones de las menores víctimas y de su madre, así como de los testigos de cargo, considerando inexacto el valor probatorio que otorga la sala responsable, justificado en que por tratarse de menores puede existir variación en su dicho, aunado a que no tomó en consideración que precisamente por tratarse de menores pueden ser manipuladas o violentadas por su madre para declarar con falsedad. 11) Que la determinación de la sala responsable se torna voluble e incoherente pues varía los hechos al asentar que el imputado tocó los glúteos de la menor que se encontraba sentada, cuando lo declarado por la testigo fue que le tocó la parte baja de la espalda, lo que la sala considera como una apreciación de carácter subjetivo. 12) Que es incorrecto que la sala indique que por la edad de las menores no se les puede exigir precisiones en sus declaraciones, pues considera trascendente la edad con la que contaban las menores víctimas y la testigo para apreciar su dicho, el cual debe sujetarse a un escrutinio acucioso y ubicarlas en un plano de igualdad con el ofendido para que la autoridad no cometa una arbitrariedad. 13) Considera el quejoso que los magistrados resolvieron sin revisar el material probatorio, pues no existe registro del actuar de las diligencias de los dictámenes psicológicos de las menores realizados por la psicóloga Nora Sánchez Velasco, pues el agente del Ministerio Público solamente presentó los dictámenes pero ningún registro de las pruebas que realizó la perito, no obstante que la fiscalía cuenta con todos los elementos para ser video grabadas las diligencias realizadas a fin de que exista el soporte del método o técnicas aplicadas. Por todo lo anterior, la parte quejosa considera que la responsable debió sostener la revocación del auto de vinculación apelado como lo hizo en la resolución de primero de octubre de dos mil diecinueve. 46. Los motivos de reclamo resultan infundados, sin que se advierta deficiencia que amerite ser suplida en términos del inciso a), de la fracción III, del artículo 79 de la Ley de Amparo. 47. Es de precisarse que la determinación materia de la litis de este asunto, fue emitida en cumplimiento a la diversa pronunciada en los autos del juicio de amparo 1177/2021, promovido por Policarpo Fernando Acevedo Ramírez, del índice de este órgano de control constitucional; cuyos efectos fueron los siguientes: En tales condiciones, como quedó demostrado, el acto reclamado evidencia la violación a los derechos fundamentales en perjuicio del quejoso por lo que, en términos de lo previsto por el artículo 77, de la Ley de Amparo, procede conceder el amparo, para el efecto de que la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, deje insubsistente la resolución de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el toca penal JOTP/96/2019 y con plenitud de jurisdicción dicte una nueva, que puede ser en el mismo sentido subsanando el vicios formal destacado en esta sentencia. Lo que implica que realice un análisis exhaustivo sobre los elementos del tipo penal de acoso sexual agravado contenido en el artículo 241 Ter del Código Penal para el Estado de Oaxaca en vigor, el tipo penal vigente al momento de la consumación del hecho penal (abuso sexual) y partiendo de ello determine si en el caso opera o no la reclasificación solicitada por el apelante, o en su caso la traslación del tipo. En su caso, la Sala responsable podrá dictar con libertad de jurisdicción una resolución en sentido diverso, bajo su más estricta responsabilidad. 48. Bajo tales lineamientos, por resolución de diez de agosto de dos mil veintidós, los magistrados de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, resolvieron en los términos siguientes: "VII. Resolución del recurso, Primero. Se declara improcedente en cuanto al fondo el recurso de apelación formulado el imputado Policarpo Fernando Acevedo Ramírez. Segundo. Se deja insubsistente la resolución de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, dictada dentro del toca penal JOTP/96/2019, relativa al recurso de apelación interpuesto por el imputado Policarpo Fernando Acevedo Ramírez, en contra de las resoluciones de tres y cuatro de junio de dos mil diecinueve, en las que el licenciado Víctor Hugo Javier Agustín, Juez de Control del Circuito Judicial de la Sierra Sur, sede Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, resolvió vincular a proceso al referido imputado por el hecho que la ley señala como el delito de abuso sexual agravado, cometido en agravio de las menores de edad identificadas con las iniciales I.D.S.L. e Y.M.S.L., y derivado de ello determinó imponerle la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, dentro de la causa penal 61/2019. Tercero. Se modifican las resoluciones de tres y cuatro de junio de dos mil diecinueve, en las que el licenciado Víctor Hugo Javier Agustín, Juez de Control del Circuito Judicial de la Sierra Sur, sede Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, resolvió vincular al imputado Policarpo Fernando Acevedo Ramírez por el hecho que la ley señala como el delito de abuso sexual agravado, cometido en agravio de las menores de edad con iniciales I.D.S.L. e Y.M.S.L., y determinó imponerle la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, respectivamente, dentro de la causa penal 61/2019. Cuarto. Se dicta auto de vinculación a proceso al imputado Policarpo Fernando Acevedo Ramírez, por el hecho que la ley señala como el delito de abuso sexual, previsto y sancionado por el artículo 241, primer párrafo, del Código Penal del Estado vigente en la época de los hechos, cometido en agravio de las menores de edad identificadas con las iniciales I.D.S.L. e Y.M.S.L., dentro de la causa penal 61/2019. Quinto. Se deja sin efectos la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al imputado Policarpo Fernando Acevedo Ramírez, por el hecho que la ley señala como el delito de abuso sexual agravado, cometido en agravio de las menores de edad identificadas con las iniciales I.D.S.L. e Y.M.S.L., dentro de la causa penal 61/2019. Sexto. Se ordena al Juez de Control del Circuito Judicial de la Sierra Sur, sede Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, continuar con el procedimiento penal ordinario dentro de la causa penal 61/2019 con base en la presente determinación. Séptimo. Remítase copia certificada de esta nueva resolución al Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 1177/2021. Octavo. Remítase testimonio autorizado de la presente resolución al juzgado de origen, y en su oportunidad, archívese el presente toca como asunto concluido. Noveno. Notifíquese y cúmplase. [.]" 49. Ahora, la determinación de la que se duele el solicitante de amparo está prevista en el artículo 19 constitucional, el cual contiene los requisitos mínimos que debe reunir este tipo de resoluciones a fin de que se justifiquen los actos de molestia derivados del mismo, por lo que la constitucionalidad del acto que aquí se reclama se analizará a la luz del mencionado precepto constitucional . 50. Por su parte, el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que para el dictado del auto de vinculación a proceso deben satisfacerse requisitos de forma y de fondo . ? Requisitos de forma. Que se haya formulado imputación; se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; y, la precisión del delito que se le imputa. ? Requisitos de fondo. Existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; y, que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. 51. En ese tenor, en cuanto a los requisitos señalados en primer lugar, debe destacarse que fueron motivo de escrutinio constitucional en las diversas resoluciones emitidas en los juicios de amparo 960/2019 y 1177/2021 del índice propio, de lo que se coligió que, de la reproducción de los discos versátiles digitales que contienen los registros de audio y video de las audiencias de comunicación de la imputación en cumplimiento a una orden de aprehensión, emitidas el tres y cuatro de junio de dos mil diecinueve, en la causa penal 61/2019 de la estadística del Juzgado de Control del circuito judicial de la Sierra Sur, sede Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, se puso de manifiesto que el agente del Ministerio Público formuló imputación al quejoso por los hechos que la ley señala como delitos de abuso sexual agravado cometido en agravio de las menores de iniciales I.D.S.L. e Y.M.S.L. 52. La clasificación jurídica para esos hechos dijo la representación social, está prevista en el artículo 241, primer párrafo, primera parte y penúltimo párrafo del Código Penal del Estado de Oaxaca, y así lo consideró la sala responsable en la resolución materia de escrutinio, de acuerdo con la época en que acontecieron los hechos. 53. Asimismo, en esa audiencia, se dio oportunidad de declarar al impetrante de amparo o contestar el cargo, posteriormente, la representación social solicitó la vinculación a proceso del imputado y una vez expuestos los datos de prueba, el justiciable solicitó que su situación jurídica se resolviera dentro de la duplicidad del plazo constitucional, lo que así se hizo. 54. Este juzgado de distrito apreció que el derecho a una defensa técnica se respetó, ya que el quejoso fue asistido por abogada titulada en cada una de las etapas que comprendieron la audiencia inicial, de conformidad con el artículo 116 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 55. Por otra parte, la Sala responsable constató que fueron observados los principios rectores del proceso penal de corte acusatorio. 56. Por lo que respecta a las máximas de inmediación y continuidad, en la resolución reclamada se menciona el desarrollo de las audiencias estuvieron a cargo del juez Víctor Hugo Javier Agustín, Juez de Control del Circuito judicial de la Sierra Sur, con residencia en Miahuatlán, Oaxaca, quien vinculó a proceso al imputado y dictó la medida cautelar. 57. En ese contexto, puede apreciarse que en el caso se respetaron las exigencias constitucionales que disponen los artículos 14 y 19 de la Constitución Federal, así como 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 58. Por otra parte, en cuanto a los requisitos de fondo, cabe precisar que en el auto de vinculación a proceso el derecho fundamental de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional, se satisface con una correcta y sana crítica de los datos de prueba relacionados, observando las reglas de la lógica, conjugado con los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia en la valoración de aquellos elementos (individual y global), que han servido de base, y que llevan a establecer si los datos de prueba son suficientes para establecer la existencia de un hecho calificado por la ley como delito y, después, la probabilidad de que el imputado lo cometió. 59. Sobre el particular, del análisis de la resolución de diez de agosto de dos mil veintidós, se adelanta que ésta se encuentra debidamente fundada y motivada, en razón que, como atinadamente lo puntualizó la Sala responsable, los datos de prueba son idóneos y eficaces para demostrar la probable responsabilidad de Policarpo Fernando Acevedo Ramírez. 60. Lo anterior es así, dado que se advierte que la potestad responsable correctamente dijo que los hechos materia de imputación se describen como delito de abuso sexual agravado, el cual, en la época de los hechos se encontraba previsto y sancionado en el numeral 241, párrafo primero, primera parte y penúltimo párrafo del Código Penal vigente al momento de los hechos en el Estado de Oaxaca. 61. Sin embargo, actualmente, al haber sido transformado mediante decreto número 2457, aprobado por la LXIV Legislatura del Estado el 24 de marzo del 2021 y publicado en el Periódico Oficial número 21, Octava sección de 22 de mayo del 2021, este precepto dicta: "ARTÍCULO 241.- Comete el delito de abuso sexual, quien sin consentimiento de una persona ejecute en ella o la haga ejecutar un acto sexual, que no sea la cópula, o la obligue a observar cualquier acto sexual aun a través de medios electrónicos. Al responsable de tal hecho, se le impondrá de tres a seis años de prisión y multa de cien a doscientas veces el valor de la unidad de medida y actualización. La pena prevista en esté delito, se aumentará en una mitad en su mínimo y en su máximo cuando: I.- Sea cometido por dos o más personas; II.- Se hiciera uso de violencia física o moral; y III.- Se hubiera administrado a la víctima alguna sustancia tóxica. IV.- El delito fuere cometido en contra de una persona mayor de catorce años y menor de dieciocho años de edad o que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo; o V.- Sea cometido dentro de centros educativos, culturales, deportivos, religiosos o de trabajo; Cuando el delito fuere cometido por un servidor público, docente o ministro de culto y utilizare los medios o circunstancias que el encargo le proporcione, además de la pena de prisión impuesta, será inhabilitado, destituido o suspendido, de su empleo público o profesión, por un tiempo igual al que dure la pena de prisión impuesta. A los autores y partícipes del delito previsto en este artículo no se les concederá ningún beneficio preliberacional en ejecución de sentencia. 62. En ese sentido, no asiste razón al quejoso cuando alega, en sus primeros cuatro conceptos de violación, en los que medularmente aduce que la Sala responsable no actuó correctamente al negar la reclasificación de los hechos por los cuales el Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso, para encuadrarlos ahora en la hipótesis de acoso sexual prevista en el artículo 241 Ter del Código Penal vigente en el Estado , por considerar que el tipo penal de abuso sexual y el de acoso sexual contienen hipótesis y elementos distintos y que el segundo de dichos ilícitos no se encontraba vigente en la época de los hechos con su actual redacción. 63. Lo anterior es así, porque contrario a lo que alega el quejoso, en la resolución reclamada si se hizo un análisis pormenorizado de los hechos imputados, así como de las hipótesis normativas que prevén ambos tipos penales, llegando a la conclusión el órgano resolutor de que el anterior tipo penal de acoso sexual y el vigente contienen hipótesis completamente distintas, por ello no es posible reclasificar la conducta atribuida a Policarpo Fernando Acevedo Ramírez, pues el artículo 241 Ter en su actual redacción no sanciona la misma conducta que la prevista en el tipo penal de abuso sexual con una pena menor, sino que sanciona una conducta diversa con elementos distintos. 64. Máxime que en la fecha en que acontecieron los hechos imputados al quejoso, en el artículo 241 Ter no se establecían como elementos del tipo de acoso sexual las conductas de rozar o frotar, por ello, es correcta la apreciación de la sala en que antes de la reforma al citado numeral, esas acciones se englobaban en el elemento normativo "acto sexual que no sea la cópula" que configura el ilícito de abuso sexual. 65. En ese mismo sentido se ha pronunciado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha señalado que en el caso del delito de abuso sexual, la expresión acto sexual debe entenderse como cualquier acción dolosa con sentido lascivo que se ejerza en el sujeto pasivo, sin su consentimiento, el cual podría ser desde un roce, frotamiento o caricia. 66. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 151/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Tomo XXIII, enero de 2006, página 11, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "ABUSO SEXUAL. ELEMENTOS PARA SU CONFIGURACIÓN. Debe señalarse que en el caso del delito de abuso sexual, la expresión acto sexual debe entenderse como cualquier acción dolosa con sentido lascivo que se ejerza en el sujeto pasivo, sin su consentimiento, el cual podría ser desde un roce, frotamiento o caricia, pues el elemento principal que se debe valorar para considerar que se actualiza el delito en mención, es precisamente la acción dolosa con sentido lascivo que se le imputa al sujeto activo, de tal manera que un roce o frotamiento incidental ya sea en la calle o en alguno de los medios de transporte, no serían considerados como actos sexuales, de no presentarse el elemento intencional de satisfacer un deseo sexual a costa del sujeto pasivo. En ese sentido y toda vez que la ley penal no sanciona el acto sexual por la persistencia, continuidad o prolongación de la conducta (tocamiento), sino por la imposición del acto lascivo, el cual debe ser examinado en el contexto de la realización de la conducta intencional para obtener aquel resultado, es indispensable acreditar esa intención lasciva del sujeto activo, independiente del acto que realice. 67. Tampoco asiste razón al quejoso en el sentido que considera necesario que la Sala responsable definiera lo que es cópula para de ahí determinar cuales son los actos sexuales que no sean la cópula; contrario a lo que estima, no es necesario entender el concepto cópula, dado que ese no es un elemento de los tipos penales en análisis, pues lo que aquí interesa es la definición de los roces o frotamientos sobre el cuerpo de la víctima, que son las conductas previstas implícitamente en el tipo penal de abuso sexual vigente en la época de los hechos y las descritas expresamente en el actual tipo penal de acoso sexual, lo que se advierte hizo la sala responsable en la resolución reclamada consultando el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española al no haber una norma que defina esos conceptos. 68. Además, la Sala resolutora apoyó su conclusión en la definición normativa que para el delito de abuso sexual establece el artículo 260 del Código Penal Federal, en el que se señala que para efectos de ese numeral se entiende por actos sexuales los tocamientos o manoseos corporales obscenos, o los que representen actos explícitamente sexuales u obliguen a la víctima a representarlos. 69. En ese tenor, contrario a las apreciaciones del quejoso, en la resolución sujeta a examen si se realizó el análisis de la conducta imputada a Policarpo Fernando Acevedo Ramírez a la que corresponde la calificación jurídica de abuso sexual previsto en el artículo 241 del Código Penal vigente en el Estado. 70. Por otra parte, es infundado el concepto de violación sintetizado con el número cuatro, relativo a que el quejoso considera que no se acreditó que en el caso se hubiere afectado el normal desarrollo psicosexual de las menores víctimas, dado que del dictamen psicológico que les fue practicado se concluyó que las niñas presentan estrés agudo y que con diez o quince terapias lo superarían, por lo que considera el disidente que eso no afecta el bien jurídico tutelado por la norma penal de abuso sexual; sin embargo, ello solo son apreciaciones subjetivas del quejoso que no se encuentran apoyadas en ningún medio de prueba que obre en la causa penal, pues la experta en ningún momento concluyó que no existiera afectación, de ahí lo infundado de su consideración pues trata de minimizar el daño psicológico causado a las menores. 71. Los restantes conceptos de violación que expresó el disidente son relativos a controvertir la parte de la resolución en la que la Sala responsable realizó el estudio de los agravios vertidos por el apelante, declarando infundados aquellos que versan sobre el fondo del asunto y los cuales están relacionados con la valoración libre de las pruebas rendidas por las menores I.D.S.L., Y.M.S.L., y de Eulalia Isabel López Gónzalez, pues refiere que los magistrados resolutores debieron restar valor probatorio a dichos atestados que se encuentran plagados de contradicciones e inconsistencias, lo que hace increíble que los hechos sucedieran como los narraron. 72. En cuanto a la valoración de los datos de prueba para establecer la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el aquí peticionario de amparo lo cometió, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que, en el auto de vinculación a proceso, para satisfacer el requisito relativo a que la ley señale el hecho imputado como delito, basta con que el juez encuadre la conducta prohibida por la norma penal, de manera que permita identificar las razones que lo llevan a determinar el tipo penal aplicable . 73. Sostuvo que el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal. 74. Lo anterior es así, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio. 75. Esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. 76. De ahí que, con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. 77. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito -sostuvo-, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. 78. Este nivel de exigencia -dijo- es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada; es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. 79. Precisado lo anterior, en el caso, la autoridad responsable correctamente estimó la existencia de los hechos que la ley señala como el delito de abuso sexual, ya que a título de probabilidad se demostró lo que sigue: "En ese tenor se advierte que en el auto a vinculación a proceso recurrido se establecieron en grado probable los siguientes hechos: I) En la época del hecho las niñas víctimas Y.M.S.L. e I.D.S.L., contaban con once y nueve años de edad, respectivamente. II) La señora Eulalia Isabel López González, es madre de las niñas antes mencionadas y se dedica a la preparación y venta de alimentos, teniendo su negocio en su domicilio particular ubicado en kilómetro 99, de la carretera federal Puerto Ángel, colonia la Merced, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. III) El día trece de mayo de dos mil diecinueve, aproximadamente a las veinte horas, cuando las niñas Y.M.S.L. e I.D.S.L., se encontraban sentadas en la barra de la cocina del domicilio antes señalado en compañía de su hermana Lourdes Isabel Serrano López, viendo la televisión, llegó hasta donde se encontraba el señor Policarpo o Policarpio Acevedo o Policarpo Fernando Acevedo Ramírez, en estado de ebriedad, se le acercó por detrás a la niña I.D.S.L. y le metió una de sus manos dentro de la blusa tocándole sus pechos, y posteriormente le mete su mano adentro del pantalón tocándole a la altura del vientre, después la suelta y la niña corre a esconderse debajo de la barra. IV) Después se acerca a la niña Y.M.S.L. y le toca los pechos por encima de su ropa con ambas manos y desliza su mano por detrás de su espalda y le toca las pompis o glúteos, luego la suelta y la niña se retira de la cocina. V) Con motivo a estos hechos las niñas Y.M.S.L. e I.D.S.L., presentan un trastorno de estrés agudo. 80. Sobre esa base, la Sala responsable estableció que el juez responsable actuó legalmente al subsumir los hechos fácticos que calificó como delito de abuso sexual agravado, así como la probabilidad que el quejoso los haya cometido, derivó de la concatenación de los datos de prueba reseñados por la representación social. 81. No obstante, como el artículo 241 del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca sufrió modificaciones mediante decreto publicado en el Periódico Oficial número 21, Octava Sección, de veintidós de mayo de dos mil veintiuno, la Sala resolutora consideró que la agravante que contenía dicho numeral, consistente en que el delito fuera cometido contra persona menor de doce años, fue derogada, actualizó la calificación jurídica para quedar la conducta imputada prevista en el primer párrafo del artículo 241 del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca. 82. Los cuales, contrario a la pretensión de la parte quejosa, la Sala responsable constató que fueron apreciados correctamente por el juez de control de acuerdo con las reglas de la valoración de la prueba (sana crítica), en términos del numeral 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales , y atendiendo a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia. 83. Es en este numeral precisamente donde se establecen las reglas de valoración de la prueba y no como lo refiere el quejoso que ni el juez de control ni la sala responsable están facultados a realizar la valoración de la prueba de manera libre, dado que cada medio probatorio tiene reglas de valoración específicas. 84. Así, se estima acertado lo asentado en la resolución reclamada en relación a este agravio expresado, lo que se hizo de la siguiente manera: " (.) Ante lo que manifiesta el apelante que no realizó los hechos que se le imputan, que corresponde al Ministerio Público la carga de la prueba, que es indispensable que se analicen todos los datos de prueba que incorporó en la audiencia de manera libre y lógica en términos del artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con base a una interpretación conjunta, integral y armónica, para establecer el hecho y que este tiene apariencia del delito de abuso sexual; circunstancias que contrario a lo apreciado, fueron revisadas por el Juez de Control. 80. Es así, en virtud que el juzgador expuso los razonamientos por los cuales les concedió valor a cada elemento probatorio, y precisamente, la valoración libre y lógica de los datos de prueba, consiste en que el Juez tiene libertad para valorar, es decir, hay ausencia de reglas estrictas para cada medio de prueba sobre el valor que el juzgador deberá darle. Aunque cabe destacar que dicha libertad es relativa, ya que el Juez se encuentra limitado por la lógica. 81. Por esto, este cuerpo colegiado coincide con la valoración realizada por el Juez de Control, advirtiendo que los datos de prueba fueron idóneos, pertinentes, congruentes y suficientes para establecer en grado probable que Policarpo Fernando Acevedo Ramírez, cometió el hecho que la ley señala como el delito de abuso sexual agravado -actualmente hecho que la ley señala como abuso sexual-, en agravio de las menores de edad identificadas con las iniciales I.D.S.L. e Y.M.S.L., porque todos versan sobre el hecho que se busca esclarecer. 82. Sin que las inconsistencias o falta de información en las entrevistas a las menores puedan tomarse como contradicciones, por la naturaleza de su edad no están en condiciones de detallar minuciosamente el hecho sustancial y lo periférico, menos para la fase procesal que nos ocupa. 83. Debe decirse que el dato de prueba, con relación con al juicio de probabilidad (vincular a proceso), respecto a la característica de idoneidad debe referir sobre la probabilidad del hecho y del participe, por tanto, el dato de prueba debe ser necesario para demostrarlo, es decir, debe responder exactamente a la idea previa de algo requerido, la búsqueda de la verdad histórica o esclarecimiento de los hechos. 84. Por lo que hace a la pertinencia del dato, es lo que procede o es ajustado a una situación, o sea que guarda relación con el objeto del proceso, aquello que versa sobre las proposiciones y hechos que son verdaderamente objeto de prueba; en tanto que la congruencia es el enlace coherente que tiene en sí mismo y con otros datos de prueba; para arribar que en conjunto con otros tiene el grado de suficiencia requerido, según la etapa procesal que se analiza, en donde rige el mandato constitucional previsto en el artículo 20, apartado A, fracción II, consistente en la "valoración libre y lógica". 85. Se puntualiza que el grado de certeza no puede ser exigido por el Ministerio Público en la investigación, ni por el Juez o Jueza de Control al resolver sobre la vinculación a proceso, sino cuando ese dato se desahogue, cumpliendo con el principio de inmediación, esto es en presencia de las partes a través de la contradicción. 86. Este estándar de exigencia es acorde con la finalidad de dicha resolución, la cual se traduce en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, en la que el Juez debe controlar las actuaciones que pudieran afectar los derechos fundamentales; además, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, ya que esto se determina en el escrito de acusación. 87. Asociado a ello, el auto de vinculación a proceso no equivale a un adelanto a juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirven para su emisión, generalmente, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas por la ley. (.)". 85. Así, la sala correctamente coincidió en que analizados en su conjunto los datos de prueba expuestos y razonados por el Ministerio Público, se advierte que son idóneos y pertinentes para establecer a manera de probabilidad que el quejoso Policarpo Fernando Acevedo Ramírez perpetró los hechos que la ley describe como delito de abuso sexual agravado -actualmente calificado solo como abuso sexual-, como autor material de dichas conductas. 86. Sin que asista razón al quejoso en el sentido que los medios de prueba consistentes en los atestados de las menores víctimas, de su madre y de su hermana como testigos, no son idóneos en virtud que los mismos contienen serias contradicciones e inconsistencias lo que los hace poco creíbles y por ende se les debió restar valor probatorio, pues no comparte el criterio de la sala resolutora en el sentido que no se pueden tomar como contradicciones al tratarse de menores y que por la naturaleza de su edad no están en condiciones de detallar minuciosamente el hecho sustancial que nos ocupa. 87. A ese respecto, este órgano jurisdiccional es coincidente con lo resuelto por la sala en el sentido que en esta fase procesal en que se encuentra la causa, no es exigible el tipo de valoración que aduce el quejoso, pues en este momento el dato de prueba solamente debe referir la probabilidad de que se cometió un hecho y del participe, por lo que será en la etapa procesal cuando se desahoguen las pruebas en donde el imputado y su defensa estarán en condiciones de exigir el grado de certeza de las pruebas a través de los principios de inmediación y contradicción. 88. De ahí que resulte infundado el concepto de violación planteado, pues al margen de que sus deposados no se tratan de un dato aislado, al tratarse de un hecho que la ley señala como el delito de abuso sexual, debe atenderse a las reglas que sobre el tópico ha planteado nuestro Máximo Tribunal Constitucional y que encuentran sustento en lo previsto en el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. 89. Disposición que debe ser aplicada con la finalidad de que las mujeres víctimas de ello, puedan acceder a una justicia efectiva, sin enfrentarse a barreras extraordinarias. 90. Lo que conlleva a que, tal como lo aduce la Sala, su testimonio deba ser analizado con una perspectiva de género a fin de evitar afirmaciones, insinuaciones y alusiones estereotipadas, que generen en el ánimo del juzgador una inadecuada valoración que reste credibilidad a su versión, pues al tratarse de mujeres y además de ser niñas, presentan una doble vulnerabilidad, por lo que deben tomarse medidas para salvaguardar sus derechos fundamentales. 91. Para ello es pertinente observar además los elementos siguientes: a) Se debe considerar que los delitos sexuales son un tipo de agresión que, en general, se producen en ausencia de otras personas más allá de la víctima y la persona o personas agresoras, por lo que requieren medios de prueba distintos de otras conductas. b) Se debe tener en cuenta la naturaleza traumática de los actos de violencia sexual. c) Se deben tomar en cuenta algunos elementos subjetivos de la víctima, como su edad, condición social, pertenencia a un grupo vulnerable o históricamente discriminado, entre otros; d) Se debe analizar la declaración de la víctima en conjunto con otros elementos de convicción, recordando que la misma es la prueba fundamental; y, e) Las pruebas circunstanciales, indicios y presunciones, deben ser utilizadas como medios de prueba siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos. 92. Sin que se requiera, tal como lo pretende el quejoso, que se ubique a las menores víctimas en un plano de igualdad frente al imputado, exigiendo para ello mayor precisión en sus declaraciones pues considera que incluso existe variación en los hechos porque en la resolución se asentó que el imputado le tocó los glúteos a la menor y la testigo refirió que le tocó la parte baja de la espalda, pues por la naturaleza del hecho y por la etapa del procedimiento, no es exigible tal precisión. 93. Además, debe destacarse que, este órgano de control constitucional no puede revisar el juicio de ponderación de los datos de prueba que se realizó, sino únicamente la legalidad y constitucionalidad del acto reclamado, no del dato de prueba en sí, pues su análisis se circunscribe única y exclusivamente a la valoración del juicio de prueba que llevó a cabo el Juez de Control y con el que coincidió la Sala responsable, dado que sólo se debe analizar la legalidad de la ponderación que se hizo, por ello, se concluyó que no existió infracción a las reglas fundamentales de la lógica, ni tampoco a las máximas de la experiencia. 94. De ahí que, como correctamente lo estimó la responsable, los datos de prueba relatados por el Ministerio Público sean aptos para acreditar, a título de probabilidad, las conductas desplegadas por el imputado; las cuales, desde luego, incursionan en el campo de lo ilícito, y por ende, hasta esta etapa procesal, son suficientes para vincularlo a proceso. 95. Ello, dado que el estándar probatorio exigido para la emisión de un acto de autoridad, como el ahora analizado, es mínimo, puesto que no se necesita comprobar plenamente el hecho delictivo, con cada uno de sus elementos típicos, sino que únicamente se requiere que existan indicios razonables, que representan un estado de convencimiento de probabilidad, a través de un hecho indicador (dato probatorio) de cada uno de sus elementos y no convencimiento fuera de toda duda razonable. 96. Lo anterior, es contrario a lo que acontece al emitir una sentencia definitiva dictada en juicio oral, pues esta determinación sí debe basarse en pruebas plenas desahogadas ante el juez de juicio, distinto de quien emitió la vinculación a proceso , y en esa etapa, la convicción de su culpabilidad debe ser más allá de toda duda razonable, como lo disponen los artículos 359 y 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales 97. Por ende, en el estado de investigación inicial (en el que actualmente se encuentra el procedimiento de origen), no se habla de prueba, sino de dato de prueba (fuente de prueba), que constituye la información que proporciona el Ministerio Público y que el Juez de Control no puede valorar, al no desahogarse ante su potestad, menos la Sala responsable. 98. Sirve de sustento la jurisprudencia 35/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 45, agosto de 2017, tomo I, página 360, que señala: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." 99. En ese contexto, en la especie no se apreció la existencia de ninguna inconsistencia o contradicción en los datos de prueba. 100. Conforme a lo que se ha expuesto en la presente sentencia, no puede estimarse que la autoridad responsable haya trastocado en perjuicio del quejoso su derecho fundamental al debido proceso, ni tampoco los principios de exacta aplicación de la ley penal y exhaustividad. 101. Finalmente, la Sala responsable, con acierto, determinó que, en el caso particular, no se actualizó causa de exclusión del delito por atipicidad o imperfección como lo hizo valer el apelante, el que además no probó sus afirmaciones, simplemente hace alegaciones dogmáticas sin sustento, además agregó la responsable que de oficio no se advirtió que se actualizara alguna causa de extinción de la acción penal, de conformidad con el artículo 316, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales. 102. A la luz de lo hasta aquí expuesto, en la especie no puede considerarse que la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, incumpliera con los requisitos previstos en el artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales , porque si bien hasta el momento, estimó que el quejoso intervino en ese hecho; cierto es, se trata de una clasificación provisional que podría ser precisada con posterioridad y objeto de pronunciamiento en una diversa etapa procesal. Además, derivado de la etapa procesal en la que se encuentra el procedimiento penal de origen, dicho extremo será objeto de la investigación complementaria. 103. Por último, se reitera que el auto de vinculación a proceso, solo abre la etapa de investigación judicializada, esto es, la investigación complementaria debe llevarse a cabo bajo vigilancia judicial, dentro de la cual pueden recabarse los medios de prueba idóneos y pertinentes para desvirtuar la imputación formulada en su contra y es hasta que se cierra la etapa complementaria en que habrá o no acusación, abriéndose la etapa intermedia, en la que la parte acusada puede ofrecer todos los medios de prueba que considere necesarios para su defensa. Siendo que su derecho a la presunción de inocencia se encuentra intocado hasta que exista sentencia condenatoria firme. XI. DECISIÓN 104. Por tanto, al resultar infundados los conceptos de violación, lo procedente es NEGAR a Policarpo Fernando Acevedo Ramírez, el amparo y protección de la Justicia de la Unión que solicitó, contra el auto de vinculación a proceso dictado en su contra el diez de agosto de dos mil veintidós, por los magistrados de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. 105. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se: RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión NO Ampara NI protege a Policarpo Fernando Acevedo Ramírez, contra la resolución dictada el diez de agosto de dos mil veintidós, en el toca penal JOTP/96/2019, por los magistrados integrantes de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, por las razones precisadas en el apartado X de este fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Agréguense el oficio y anexo señalados en la cuenta para que surtan sus efectos legales correspondientes, por medio del cual, la Juez Segundo Mixto de Primera Instancia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, informa que diligenció el despacho con número de orden 241/2022 y origen 139/2022, remitiendo copia de las constancias que lo acreditan; una vez que se reciba en este juzgado la promoción original, provéase lo conducente en relación a la baja de la citada comunicación. Ahora bien, de las constancias que remite se aprecia que el actuario judicial adscrito al Juzgado Segundo Mixto de Primera Instancia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, llevó a cabo el emplazamiento a la parte tercero interesada el día de hoy. En consecuencia, para dar oportunidad a que la tercera interesada se imponga de los autos con la debida anticipación de los ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional señalada para este día se reprograma para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. NOTIFÍQUESE.
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