Piedad Monterrubio Tomás
Expediente 1015/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1015/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 10/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Piedad Monterrubio Tomás
- Avisaí Iván Martínez Vázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Incidental
RESOLUCIÓN Mediante la que se resuelven los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo indirecto 1015/2023, promovido por ***, por propio derecho y en representación de su menores hijos de iniciales *., *. y *., de apellidos *.*. en contra del acto de la responsable, juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Idelfonso Villa Alta, Oaxaca. I. ANTECEDENTES 1. A juicio de la parte quejosa, la responsable mediante audiencia de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en el incidente de modificación de guarda y custodia **/*** de su estadística, ordenó la entrega y el resguardo en forma provisional de sus hijos menores de edad identificados con las iniciales *.*., *.*. y *.*., de apellidos *.*., a favor de ***, así como, suspender la pensión alimenticia convenida en diversa audiencia de veinte de octubre de dos mil veintidós. 2. Es por ello que considera que viola en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 4, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE 3. La demanda de amparo se presentó el dos de octubre de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4. La demanda se envió a este juzgado por razón de turno el tres de octubre siguiente, en donde quedó registrada con el número 1015/2023 y se admitió el cuatro de octubre de dos mil veintitrés. En dicho acuerdo se ordenó tramitar el incidente de suspensión y se concedió la medida provisional solicitada. 5. La audiencia incidental se llevó a cabo el día de hoy en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA 6. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver sobre la suspensión definitiva solicitada, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 125, 128, 144 y 157 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO 7. En el caso concreto, la promovente controvierte del juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Idelfonso Villa Alta, Oaxaca, lo siguiente: La audiencia de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, dictada en el incidente de modificación de guarda y custodia ***/*** de su estadística, donde ordena la entrega y el resguardo en forma provisional de sus hijos menores de edad identificados con las iniciales *.*., *.*. y *.*., de apellidos *.*., a favor de ***, así como, suspender la pensión alimenticia convenida en audiencia de veinte de octubre de dos mil veintidós. V. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO 8. Al rendir su informe previo, el juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Idelfonso Villa Alta, Oaxaca, aceptó la existencia del acto reclamado. 9. La anterior circunstancia, se corrobora con copia certificada de diversas constancias del expediente incidental **/*** del índice del juzgado responsable, a las que se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. VI. ESTUDIO DE LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA 10. Ahora bien, para determinar si procede conceder o negar la suspensión definitiva, debe considerarse que la parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados para los efectos siguientes: a) Se suspenda el juicio incidental **/*** para el efecto que la autoridad responsable se abstenga de realizar la entrega de los menores *.*., *.*. y *.*., de apellidos *.*., a favor de *****. b) Se siga proporcionando la pensión alimenticia a favor de los infantes de identidad reservada con las iniciales *.*., *.*. y *.*., de apellidos *.*., menores antes citados. 11. Derivado de lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte la necesidad de reiterar la decisión tomada en el proveído de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, en donde se concedió la suspensión provisional, porque aún existen razones para conceder esa medida, pero ahora en forma definitiva. 12. En normativo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. 13. Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el numeral 125 de la Ley de Amparo, la suspensión es una medida cautelar que puede decretarse de oficio o a petición del quejoso; en el segundo caso para que proceda la suspensión del acto reclamado además de que sea solicitada por el disidente es necesario que concurran los requisitos siguientes: El acto combatido sea cierto. El acto impugnado sea susceptible de ser suspendido. Que con la concesión de la medida no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. 14. La certeza del acto reclamado no es un requisito exigido de manera expresa en los preceptos que regulan a dicha institución; sin embargo, ello obedece a que es un presupuesto lógico, porque no tendría ningún caso conceder la suspensión sobre actos inexistentes. 15. La necesidad de que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido, también constituye un presupuesto lógico, pues ningún fin práctico tendría conceder la medida cautelar sobre un acto que por su propia naturaleza no es susceptible de ser suspendido. 16. La exigencia relativa a que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público es un requisito que a diferencia de los anteriores sí se encuentra previsto en la ley de la materia, en su ordinal 128 que estatuye: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes:- I. Que la solicite el quejoso; y- II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.- La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado.- Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial.- Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva". 17. Por otra parte, el legislador estableció diversos supuestos en los que invariablemente de concederse la suspensión se seguiría perjuicio al interés social o se contravendrían disposiciones de orden público. 18. En efecto, en el precepto 129 de la Ley de Amparo se establece lo siguiente: "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión:- I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos;- II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos;- III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos;- IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario;- V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país;- VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción;- VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense;- VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico;- IX. Se impida el pago de alimentos;- X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional;- XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad;- XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión;- XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social". 19. De la inserción anterior se advierte que las hipótesis en las que el legislador consideró que se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público sólo son enunciativas, pues al indicar que, entre otros casos, en los supuestos referidos se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público de concederse la suspensión es evidente que el creador de la norma otorgó al Juzgador la libertad de ponderar en qué otros casos se podría perjudicar el interés social o contravenir disposiciones de orden público. 20. En ese orden, la afectación al interés social o a normas de orden público se identifica, por regla general, con que el otorgamiento de la medida suspensional prive a la colectividad de un beneficio que obtendría de no otorgarse la suspensión. 21. A efecto de demostrar lo anterior, conviene destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al razonar respecto de las nociones de interés social o público a que alude el artículo 128 de la Ley de Amparo, sostuvo la jurisprudencia en materia común 8, publicada en el Informe 1973, Parte II, séptima época, página 44 y registro 805484, de contenido siguiente: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (jurisprudencia común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuando, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría.". 22. Ahora bien, el otorgamiento de la suspensión está proscrito a aquellos casos en los que con su concesión se transgredan normas de orden público o se lesione el interés social; en principio, la estimación del orden público corresponde al apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan a su consideración para la obtención de un fallo; sin embargo, la ejemplificación que contienen el artículo en cita para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realiza esas contravenciones, revela que se puede razonablemente inferir en términos generales, que se dan esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le ocasiona un daño que de otra manera no resentiría. 23. En respaldo de lo anterior, se invoca la jurisprudencia en materia administrativa I.3o.A. J/16, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, enero de 1997, novena época, página 383 y registro 199549, que señala: "SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad." 24. Además, debe tenerse presente que se trata de nociones íntimamente vinculadas, en tanto que el orden público tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el interés social se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno. 25. Por disposiciones de orden público deben entenderse aquellas contenidas en los ordenamientos legales cuyo fin, inmediato y directo, sea el de tutelar los derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja, o bien, para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporten a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. 26. En conclusión de estos razonamientos, se considera que el "orden público" y el "interés social", se afectan cuando con el otorgamiento de la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. 27. De manera que la afectación o no del interés púbico no depende de que se justifique o no la apariencia del buen derecho (requisito que se identifica con la existencia real y jurídica del derecho legítimamente reconocido cuya tutela se pretende con la medida cautelar), pues como se dijo esos requisitos involucran temas de estudio diverso que no deben confundirse. 28. Ahora, en el caso se advierte que los requisitos indicados se encuentran colmados. 29. Bien, de las documentales valoradas con anterioridad, se advierte lo siguiente: Por auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, tuvo al aquí tercero interesado ***** demandando en la vía de controversias del orden familiar, la convivencia familiar con sus menor hijos de iniciales *.*., *.*. y *.*., de apellidos *.*., así como, la guardia y custodia, radicándose bajo el expediente familiar **/***. En audiencia de carácter familiar llevada a cabo el veinte de octubre de dos mil veintidós, las partes formularon un convenio respecto a la convivencia de los citados infantes con el progenitor, así como, la guardia y custodia y pensión alimenticia a favor de la quejosa y menores. El ocho de febrero de dos mil veintitrés, el tercero interesado demandó en la vía incidental a la aquí promovente la modificación del convenio antes referido, específicamente respecto a la guardia y custodia de sus menores hijos. Seguida de la secuela procesal, en audiencia de carácter familiar celebrada el veintisiete de septiembre del año en curso, acordó decretar la guardia y custodia provisional de los menores de edad de iniciales *.*., *.*. y *.*., de apellidos *.*., a favor de ***, así como, la suspensión de la pensión alimenticia que convinieron las partes anteriormente, por lo que, se señalaron las once horas del dieciocho de octubre para llevar a cabo la entrega de los citados infantes a su progenitor. 30. Este juzgado federal advierte que modificó la cláusula segunda del convenio pactado, con el objeto de decretar la guardia y custodia provisional de los menores de edad de iniciales *.*., *.*. y *.*., de apellidos *.*., a favor de ****. 31. Empero, dicha determinación se materializaría hasta en tanto el progenitor de los menores acreditara con documentos idóneos la institución educativa donde cursaran su ciclo escolar los referidos infantes. 32. No obstante, suspendió la pensión alimenticia a favor de los mejores, a pesar de que seguían en custodia de su progenitora, lo cual evidentemente vulnera sus derechos fundamentales. 33. En ese sentido, se encuentran reunidos los requisitos que establece el artículo 128 de la Ley de Amparo, para la concesión de la suspensión provisional; es decir, que la solicite la parte agraviada, no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público y que sean de difícil reparación los daños que se pudieren causar a la parte quejosa con la ejecución del acto reclamado; y atendiendo los datos aportados por las partes, se concede la suspensión definitiva solicitada, para los efectos siguientes: a) Las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan; esto es, que la autoridad responsable se abstenga de privar la custodia a la parte quejosa de sus menores de identidad reservada con las iniciales *.*., *.*. y *.*., de apellidos *.*.; y, b) Se continúe proporcionado a la aquí quejosa la pensión alimenticia a favor de los citados infantes, a fin de que se garantice la alimentación y salud que deben percibir los menores agraviados. 34. Por ello, en atención al interés superior del niño, la autoridad judicial responsable debe dictar todas y cada una de las medidas necesarias y cerciorarse de que los menores reciban la alimentación adecuada y salud, además de la educación y sano esparcimiento. 35. Lo anterior, encuentra plena justificación, en la medida de que los aludidos derechos comprenden un conjunto de satisfactores necesarios para preservar la salud y subsistencia, entre otros, de los niños, cuyo interés, como derecho fundamental, debe ser tutelado a toda costa, y evitar, con ello, que ese derecho resulte nugatorio. 36. Con ello, se restablece de manera provisional a la impetrante el disfrute de los derechos que le son afectados, sin que ello implique la generación de un derecho o bien que deba resolver en algún sentido, ya que de acuerdo con sus facultades ponderando los elementos de convicción con los que cuenta, resolverá conforme a derecho. 37. Sirve de apoyo al efecto, la Tesis I.14º. C.74 C, visible en la página 3147, del Tomo XXXIII, del Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, Enero 2011, T.C.C., Novena Época, registro 163238, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ALIMENTOS. CUANDO SE INVOLUCRA EL DERECHO DE UN MENOR A RECIBIRLOS, NINGUNA RAZÓN FORMAL VÁLIDAMENTE LO PUEDE OBSTACULIZAR O HACER NUGATORIO. El interés superior de un menor debe encontrarse inmerso en toda consideración judicial que se pronuncie en la que pudieran afectarse, directa o indirectamente sus derechos, por lo cual los juzgadores tienen que tomar en cuenta los derechos preponderantes y de mayor jerarquía de los niños, como criterio rector para resolver lo que corresponda. Por tanto, si desde que se presenta una demanda incidental se solicita, en favor de un menor de edad, se fije una pensión alimenticia provisional y en su momento definitiva, ninguna razón formal puede constituir un obstáculo jurídico válido que impida pronunciarse respecto a la determinación del monto de la pensión de alimentos tomando como base la presentación de dicha demanda, independientemente de que en el auto que la admita no se decrete en contra del demandado una pensión alimenticia provisional y que esa resolución se hubiese consentido, porque no se impugnó oportunamente, en tanto que no es admisible reconocer un mayor peso a esta cuestión meramente formal, que a la concreción líquida del derecho de un menor a recibir alimentos, establecido en una sentencia firme, si tal pronunciamiento puede realizarse en la resolución definitiva del incidente, en la que se comprendan los alimentos adeudados desde que se presentó la demanda referida y los que se sigan venciendo hasta la fecha en que el menor ya no los necesite, o se declare la cancelación o suspensión del derecho a recibirlos. Esta postura encuentra plena justificación, en la medida de que el derecho a recibir alimentos comprende un conjunto de satisfactores necesarios para preservar la salud y subsistencia, entre otros, de un niño, cuyo interés, como derecho fundamental, debe ser tutelado a toda costa, y evitar, con ello, que ese derecho resulte nugatorio". 38. Esta medida cautelar en cuanto a su duración producirá efectos a partir del dictado de sentencia firme definitiva que se emita en el juicio principal. 39. Al respecto, es preciso señalar que esta determinación no prejuzga sobre la certeza del derecho, ya que esto únicamente puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con más información; por lo cual, la determinación tomada en relación con la suspensión no debe implicar necesariamente un resultado benéfico en la sentencia de fondo debido a que se funda en hechos y actuaciones con las que se cuentan en ese momento, y no en la certeza de la inconstitucionalidad del acto reclamado. 40. Finalmente, resulta importante destacar, que el suscrito, no realiza mayor pronunciamiento en relación con los alegatos hechos valer por las partes en este asunto, toda vez que la controversia incidental se configura con lo expresado en la demanda de amparo sobre los efectos para los cuales se pide la medida cautelar y con el informe previo rendido por la responsable. Sin que esto implique que no se hubieran analizado y considerado, sino sólo que no hay obligación de darles respuesta en esta resolución incidental. 41. Es aplicable la tesis de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. PARA DECRETARLA EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A PRONUNCIARSE SOBRE LOS ALEGATOS FORMULADOS EN EL INCIDENTE RESPECTIVO." 42. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva a ****, por propio derecho y en representación de su menores hijos de iniciales *., *. y *., de apellidos *.*., por las razones expresadas en el apartado VI de esta resolución. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. En atención al estado procesal de autos se advierte que la celebración de la audiencia constitucional se encuentra señalada para hoy; sin embargo, se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días al que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado y anexos que remitió la responsable, juez Mixto de Primera Instancia de San Ildefonso Villa Alta, Oaxaca, recibidas en auto del pasado siete de noviembre. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional para las diez horas del cuatro de diciembre de dos mil veintitrés para que tenga verificativo. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en los numerales 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado rendido por el juez Mixto de Primera Instancia de Villa Alta, Oaxaca, y se le tiene ofreciendo como medio de convicción tres tomos de pruebas, consistentes en los expedientes familiares 21/2022 y 9/2022 y cuaderno incidental 21/2022de su índice, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional; con lo anterior, dese vista a las partes. Asimismo, con las documentales antes referidas fórmese por separado los tomos III, IV y V, los cuales, formaran parte de este expediente y quedan disponibles en esta secretaría para su consulta. Notifíquese.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil veintitrés. (i) Con motivo del paro nacional de labores realizado por parte del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con lo indicado en la certificación de cuenta, se declaró inhábil el período comprendido del dieciocho al veintinueve de octubre del presente año; por tanto, se suspendieron los términos y plazos procesales durante ese plazo. Por otra parte, visto el estado de autos, se advierte que para las once horas con diez minutos del diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, se encontraba señalada la celebración de la audiencia incidental en este asunto; sin embargo, por las razones expuestas, no fue posible celebrar la citada audiencia. Por tanto, se fija como nueva fecha para la celebración de la audiencia incidental en el presente asunto, las once horas con diez minutos del diez de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. (ii) Por otro lado, agréguese el ocurso señalado en la cuenta al expediente en que se actúa por medio del cual, *************** se apersona al presente asunto como tercero interesado y quien aduce tener la representación de sus menores hijos de iniciales M.E.M., C.E.M. y A.E.M; en consecuencia, se acuerda: a) Con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se le reconoce tal carácter a ****************+. b) Se tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y como autorizados únicamente con las facultades establecidas en el precepto 24, segundo párrafo de la Ley de Amparo a las personas que refiere por así solicitarlo. c) Téngasele por hechas las manifestaciones que realiza, los cuales serán tomados en cuenta en el momento procesal oportuno. (iii) Ahora bien, en atención al contenido del escrito de Jesus Nahin Villafañe Zavala, autorizado de la quejosa Piedad Monterrrubio Tomas, se le tiene formulando diversas manifestaciones en vías de alegatos; en consecuencia, se toma nota de lo anterior y hágasele de su conocimiento que los mismos serán recepcionados en la fase respectiva de la audiencia incidental. Por otra parte, del referido ocurso se advierte que con la intención de allegar mayores datos probatorios, solicita se requiera a la responsable, juez mixto de primera instancia de Villa Alta, Oaxaca, para que remita copia certificada de la determinación de once de octubre del año en curso, dictada en el expediente ******************** de su índice. En consecuencia, conforme al numeral 143 de la Ley de Amparo, requiérase a la citada responsable para que, dentro del plazo de veinticuatro horas remita copia certificada del proveído antes referido. Apercibida que de no cumplir con lo ordenado o de no manifestar el impedimento legal que tenga, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá como medida de apremio una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización. (iv) Finalmente, con fundamento en el numeral 140 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio del juez mixto de primera instancia de Villa Alta, Oaxaca, mediante el cual rinde su informe previo; con lo anterior dese vista a las partes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES. SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA PREVIO AVISO QUE SE LE DEJO
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