Policarpo Fernando Acevedo Ramírez

Expediente 1177/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 27 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1177/2021
Año
2021
Actuaciones
27
Última actuación
04/10/2022

Partes del expediente

  • Policarpo Fernando Acevedo Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de octubre de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, el suscrito determina lo siguiente: I. Se declara consentido el acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, donde se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este asunto, al no haberse interpuesto el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo. II. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. III. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. IV. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y como en este juicio de amparo se concedió la protección de la justicia federal a la parte disidente, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), de la fracción I, del numeral 18 del referido Acuerdo General. V. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la depuración de este expediente; por lo que deberá conservarse la demanda de amparo, la sentencia dictada en autos y este proveído. VI. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de octubre de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, el Juez determina lo siguiente: I. En este expediente por auto de doce de noviembre de dos mil veintiuno, se concedió la suspensión provisional y mediante interlocutoria pronunciada el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, se concedió la definitiva solicitada. II. En consecuencia, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. III. Ahora bien, debido a que se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva solicitadas, de acuerdo a los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del referido acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 1 relativo al tratamiento del incidente de suspensión (original) del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de depuración. IV. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. V. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico;ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. VI. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del cuaderno original, para lo cual se ordena conservar las resoluciones judiciales de veinte y veintiocho de abril de dos mil veintidós, mediante las cuales se negó y concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva solicitadas. VII. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos se advierte que transcurrió el plazo concedido a las partes para que expresaran lo que a sus intereses conviniera respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo que la autoridad responsable dio. Por tanto, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se ocupará de resolver lo que en derecho corresponde en cuanto al cumplimiento del fallo protector. Efectos de la concesión del amparo. ". DECISIÓN En tales condiciones, como quedó demostrado, el acto reclamado evidencia la violación a los derechos fundamentales en perjuicio del quejoso por lo que, en términos de lo previsto por el artículo 77, de la Ley de Amparo, procede conceder el amparo, para el efecto de que la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, deje insubsistente la resolución de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el toca penal JOTP/96/2019 y con plenitud de jurisdicción dicte una nueva, que puede ser en el mismo sentido subsanando el vicio formal destacado en esta sentencia. Lo que implica que realice un análisis exhaustivo sobre los elementos del tipo penal de acoso sexual agravado contenido en el artículo 241 Ter del Código Penal para el Estado de Oaxaca en vigor, el tipo penal vigente al momento de la consumación del hecho penal (abuso sexual) y partiendo de ello determine si en el caso opera o no la reclasificación solicitada por el apelante, o en su caso la traslación del tipo. En su caso, la Sala responsable podrá dictar con libertad de jurisdicción una resolución en sentido diverso, bajo su más estricta responsabilidad. Mediante proveído dictado el diecinueve de julio de dos mil veintidós, se declaró firme la sentencia dictada en autos; por tanto, se requirió el cumplimiento respectivo a la autoridad responsable. II. Acciones que la autoridad responsable realizó para acatar la ejecutoria de amparo. El doce de agosto de dos mil veintidós, se tuvo al Presidente de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, remitiendo copia certificada de la resolución dictada el diez de agosto de dos mil veintidós, en autos del Toca Penal JOTP/96/2019. Documentos que se les otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los normativos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto por su ordinal 2°. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. Estudio del cumplimiento del fallo protector. Del análisis del informe de cumplimiento de la ejecutoria de amparo y de las constancias que la autoridad responsable exhibió, se advierten los aspectos siguientes: El diez de agosto de dos mil veintidós, la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Oaxaca dejó insubsistente la sentencia pronunciada el cuatro de octubre de dos mil veintiuno, en el toca penal JOTP/96/2019, formado con motivo del recurso de apelación que Policarpo Fernando Acevedo Ramírez interpuso en contra de las resoluciones de tres y de cuatro de junio de dos mil diecinueve, en las que el Juez de Control del Circuito Judicial de la Sierra Sur, sede Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, vinculó a proceso al citado imputado por el hecho que la ley señala como el delito de abuso sexual agravado, cometido en agravio de las infantes identificadas con las iniciales I.D.S.L. e Y.M.S.L. e impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en la causa penal 61/2019. Posteriormente, dictó un diverso fallo, en el que, en la parte que interesa, realizó el análisis exhaustivo del tipo penal de acoso sexual agravado contenido en el artículo 241 Ter del Código Penal para el Estado de Oaxaca en vigor, del tipo penal de abuso sexual que se encontraba vigente al momento de la consumación del hecho y partiendo de ello determinó improcedente la reclasificación y la traslación del tipo penal al diverso de pederastía. Así, primeramente enfatizó lo que se entiende por clasificación y reclasificación del hecho delictivo, y concluyó que dicha Sala se encuentra facultada para efectuar el análisis de la reclasificación que plantea el recurrente, para seguir el procedimiento por una hipótesis normativa en la que encuadren los hechos comunicados por la responsable. Posteriormente realizó el análisis de los elementos del delito de acoso sexual previsto en el arábigo 241 Ter del Código Penal vigente en el Estado; precisando que ese tipo penal, de acuerdo a su redacción actual, no se encontraba vigente al momento en que se consumó el hecho, pues fue hasta el veintinueve de agosto de dos mil veinte en que se adicionaron diversas conductas que en el presente constituyen el delito de abuso sexual. A ese respecto, concluyó la Sala resolutora que no es posible clasificar el hecho atribuido a Policarpo Fernando Acevedo Ramírez bajo las reglas del tipo de abuso sexual en su actual redacción, porque el tipo penal de acoso sexual vigente en la época de los hechos y el que contiene en la redacción actual prevé hipótesis completamente distintas, es decir, no se trata de un tipo que sancione la misma conducta con una pena menor, sino que sanciona diversas conductas con diversos elementos. Puntualizó que en la época de los hechos el artículo 241 Ter citado no establecía las conductas de frotar o rozar, lo que no significa que los hechos imputados no fueran constitutivos de delito, pues los mismos si se encontraban tipificados dentro del elemento normativo "acto sexual que no sea la cópula", la única diferencia es que ahora ya no se consideran graves. De ahí que no se puede realizar la clasificación de la conducta que se atribuye al quejoso en la hipótesis de acoso sexual porque la configuración de los ilícitos en mención requiere de la comprobación de elementos distintos, por lo que no podría tenerse como abrogado el primero de los mencionados frente al segundo, máxime que el delito de abuso sexual sigue estando previsto por el artículo 241 del Código Penal vigente. Asimismo, la resolutora acotó que tampoco es posible trasladar el tipo penal al de pederastía porque dicho antisocial ahora requiere una calidad específica en cuanto al sujeto activo, consistente en que se aproveche de la confianza dela víctima, que guarde alguna situación de subordinación o superioridad sobre la misma. Finalmente, después de realizar dicho análisis exhaustivo, determinó que la calificación jurídica por la que debe seguirse el proceso, al amparo del principio de irretroactividad de la ley en perjuicio del imputado, es por el antisocial de abuso sexual contemplado en el párrafo primero del artículo 241 del Código Penal vigente. Por lo que resolvió modificar las resoluciones apeladas y en su lugar, con plenitud de jurisdicción, vincular a proceso a Policarpo Fernando Acevedo Ramírez por el hecho que la ley señala como el delito de abuso sexual, previsto y sancionado por el artículo 241, primer párrafo, del Código Penal del Estado vigente en la época de los hechos, cometido en agravio de las menores de edad identificadas con las iniciales I.D.S.L. e Y.M.S.L., dentro de la causa penal 61/2019. Por otra parte, dejó sin efectos la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al imputado Policarpo Fernando Acevedo Ramírez, por el hecho que la ley señala como el delito de abuso sexual agravado, cometido en agravio de las menores de edad identificadas con las iniciales I.D.S.L. e Y.M.S.L., dentro de la causa penal 61/2019. Ordenó al Juez de Control del circuito judicial de la Sierra Sur, sede Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, continuar con el procedimiento penal ordinario dentro de la causa penal 61/2019. Con las actuaciones descritas que la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Oaxaca realizó en consideración de este órgano jurisdiccional acató el fallo protector, por lo que con fundamento en lo dispuesto por ordinal 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la ejecutoria dictada en este juicio constitucional. En el presente proveído se declara cumplido el fallo protector en términos de lo que dispone la jurisprudencia 2a./J. 201/2009 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." En otro aspecto, en autos consta que el quejoso Policarpo Fernando Acevedo Ramírez en atención a la vista dada en el proveído de doce de agosto de dos mil veintidós, realizó diversas manifestaciones a través de las cuales externó su desacuerdo con el informe de cumplimiento del fallo protector que la responsable rindió y estimó que esa autoridad incurrió en defecto al tratar de acatar la ejecutoria de amparo. El referido quejoso aduce que existe defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, porque la responsable ordenadora se apartó de los lineamientos dados en la ejecutoria, pues de acuerdo con la misma tenía que realizar un análisis exhaustivo sobre los elementos del tipo penal de acoso sexual agravado contenido en el artículo 241 del Código Penal para el Estado de Oaxaca, en vigor, el tipo penal vigente al momento de la consumación del hecho penal (abuso sexual), y partiendo de ello debió determinar si en el caso opera o no la recalificación solicitada por el impetrante del amparo, o en su caso, la traslación del tipo. Así también, considera que no se cumplió con la debida, suficiente y adecuada fundamentación y motivación, al determinar que los hechos atribuidos a su persona, encuadran en la conducta de abuso sexual y no de acoso sexual. Con base en lo anterior, el quejoso sostiene que la responsable no acató el fallo protector. Los argumentos aducidos por dicho impetrante son jurídicamente ineficaces, pues como quedó puntualizado, la Sala responsable si realizó el análisis de los elementos de los tipos penales involucrados en la ejecutoria de amparo que se cumple, además de explicar porque no es posible reclasificar ni trasladar la conducta que se imputa al aquí quejoso a un diverso tipo penal, motivo por el que se tuvo por cumplido el fallo protector. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Agréguese el escrito señalado en la cuenta para los efectos legales consiguientes; en relación a su contenido, se tienen por hechas las manifestaciones que realiza el quejoso respecto a la vista que se le dio en determinación emitida el pasado doce de agosto, las cuales serán tomadas en consideración al momento de efectuar el estudio al cumplimiento por parte de la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. NOTIFÍQUESE.

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