Policarpio García Durán
Expediente 885/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 34 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 885/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 34
- Última actuación
- 26/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Policarpio García Durán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 34.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve. Informe justificado Agréguese el oficio signado por el Jefe de Departamento en la Dirección de Asuntos Contenciosos del Instituto de Administración y Avalúos y Bienes Naciones, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a nombre de la Unidad; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido su informe justificado respecto de la ampliación de demanda. Vista a las partes Con el contenido de los informes de cuenta, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Pruebas de autoridad responsable De igual forma, se tiene a la autoridad oficiante, ofreciendo las pruebas instrumentales de actuaciones y la presuncional legal y humana, asimismo remitiendo la documental, que anexa, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, las cuales serán relacionadas en la audiencia constitucional, en términos del numeral 119, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo. Delegados y domicilio Asimismo, de conformidad con el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de la autoridad responsable a los profesionistas que indica; y por lo que hace al domicilio que señala para oír y recibir notificaciones, dígasele que en términos del artículo 28, fracción I, del ordenamiento legal en cita, éstas se harán en el domicilio de su oficina principal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.jmv
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve. Estado de autos Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que aún se encuentra transcurriendo el plazo de quince días otorgado a las autoridades responsables para que rindan su informe justificado, respecto de la ampliación de demanda. Diferimiento de audiencia constitucional. Por tanto, para dar margen a ello y no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y OCHO MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para su verificativo.
- Principal
Vista la diligencia de veintinueve de agosto del año que transcurre, en donde el quejoso Policarpo García Drurán, cumple con lo requerido mediante proveído de veinte de agosto de dos mil diecinueve (foja 318), por medio de la cual ratifica el escrito de ampliación de demanda presentada el diecinueve del mismo mes y año. Ampliación de demanda. En razón a lo anterior se tiene al quejoso, desahogando la vista que le fue conferida mediante proveído de cinco de agosto de dos mil diecinueve (fojas 296 y 297), con motivo del informe justificado rendido por la autoridad responsable; y, consecuentemente, se tiene por ampliada la demanda de amparo respecto de las autoridades responsables: Dirección General de Avalúos y Obras adscrito al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales; e Ingeniero Alfredo Sánchez Pasten, en su carácter de Perito responsable Técnico Valuador 0113 adscrito al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. Respecto de los siguientes actos reclamados: ".IV.- ACTO RECLAMADO: De forma adicional a los actos reclamos en mi escrito de demanda de amparo inicial, procedo a señalar como nuevos actos reclamados los siguientes: A) De la Dirección General de Avalúos y Obras adscrita al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, autoridad señalada como ordenadora y ejecutora reclamo la ilegal orden, elaboración y emisión del Dictamen Con Número Genérico C-15085 ZNC y Secuencial 03-17-1925, conforme al cual se determinó el monto indemnizatorio por concepto de expropiación, respecto de la superficie de 0-16-46 hectáreas, correspondiente a la parcela número 210 ubicada en el ejido de Santiago Tlalpan, Municipio de Hueyotlipan, Tlaxcala, por contravenir lo establecido en el artículo 27 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 94 de la Ley Agraria y 70 y 71 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural. Así mismo, reclamo la falta de notificación a la suscrita para la realización la diligencias de fechas 12 de julio de 2017 y 31 de julio del 2017, mediante las cuales supuestamente se llevaron a cabo los trabajos de campo en la parcela materia de la litis. B).- De la autoridad señalada como ejecutora ING. ALFREDO SÁNCHEZ PASTEN, en su carácter de Perito responsable Técnico Valuador 0113 adscrito al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, reclamo la realización de los ilegales trabajos de campo que le fueron ordenados por la Dirección General de Avalúos y Obras adscrita al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, que presuntamente se efectuaron en la parcela materia de la litis y que supuestamente se llevaron a cabo los días 12 de julio de 2017 y 31 de julio del 2017, en virtud de que para la realización de los mismos no se contó con la presencia de la suscrita, al no haber sido notificada de la realización de dichas diligencias. B) Así mismo, reclamo la realización del ilegal Dictamen con Número Genérico C-15085 ZNC y Secuencial 03-17-1925, por contravenir lo establecido en el artículo 27 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 94 de la Ley Agraria y 70 y 71 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural (.)" En consecuencia, al haber sido presentada en tiempo y forma, en términos de lo establecido en los artículos 108 y 111 de la Ley de Amparo. Requerimiento de informes justificados Atento a lo anterior, con copia del escrito de ampliación de demanda, pídase a las autoridades responsables su informe con justificación que deberán rendir dentro del plazo de quince días, de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad de los actos reclamados o la improcedencia del juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.A.E.62 K, del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones; Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. SI SE ADMITE LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO EN CUANTO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, DEBE REQUERIRSE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES QUE RINDAN UNO NUEVO. Del artículo 117, quinto párrafo, de la Ley de Amparo, destaca que en el informe justificado se expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. En ese sentido, el hecho de que las autoridades responsables hayan rendido un informe justificado con motivo de la demanda de amparo inicial, en el cual se pronunciaron en torno a la existencia de los actos reclamados, no trae como consecuencia que, si con posterioridad se admite la ampliación de demanda formulada por el quejoso en cuanto a los conceptos de violación, no se les deba requerir un nuevo informe respecto de esa ampliación, pues de conformidad con la porción normativa enunciada, el informe justificado no se reduce a que las responsables se manifiesten en torno a la certeza o inexistencia del acto reclamado, sino que también pueden hacer valer motivos de improcedencia, así como argumentos para sostener la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y acompañar, en su caso, copia de las constancias necesarias para apoyarlo; de ahí que deba requerirse, nuevamente, dicho informe y, en caso de que sea rendido, debe darse vista al quejoso con la oportunidad debida, a fin de garantizar su derecho de defensa. Intervención del Agente del Ministerio Público de la Federación De igual forma, córrase traslado a las demás partes -Agente del Ministerio Público de la Federación- adscrito a este Juzgado Federal y terceros interesados, a efecto de que dentro del referido plazo de quince días, manifieste lo que a su derecho convenga. Al caso tienen aplicación, por las razones que la sustentan, las tesis aisladas III.2°.P.2K(10ª) y X.A.T.5.K(10ª), emitidas respectivamente, por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativas y de Trabajo del Décimo Circuito y del Segundo Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, publicadas, respectivamente, en la página 1319, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2 y página 2370, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, mismas que señalan: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SI SE REALIZA RESPECTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN ORIGINALMENTE PLANTEADOS, EL JUEZ QUE LA ADMITA DEBE EMPLAZAR A LAS PARTES CON EL ESCRITO RELATIVO, PUES DE NO SER ASÍ SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN. En relación con la figura de la ampliación de la demanda de amparo indirecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en diversas jurisprudencias, que procede cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, siempre y cuando se realice dentro del término del que dispone para promover el juicio de garantías, conforme a los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo y se haga valer antes de que se celebre la audiencia constitucional; por tanto, cuando se realiza respecto de los conceptos de violación originalmente planteados, esto implica la ampliación formal y material de la demanda, porque aquéllos son parte integrante de ésta; de ahí que el Juez de Distrito que la admita debe emplazar a las partes con el escrito en el que se contienen esos novedosos motivos de inconformidad contra el acto reclamado, pues si no lo lleva a cabo, se actualiza una violación a las reglas esenciales del procedimiento, que da lugar a que la autoridad revisora ordene su reposición." "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. LA OMISIÓN DE NOTIFICAR Y CORRER TRASLADO AL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 120 Y 146 DE LA LEY DE LA MATERIA ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS DEL PROCEDIMIENTO QUE ORIGINA SU REPOSICIÓN. La obligación que establecen los numerales 120 y 146 de la Ley de Amparo, que también son aplicables a la ampliación de la demanda, se refiere a la notificación a las partes del escrito de demanda, entre los que se encuentra la notificación al Ministerio Público para que, si lo desea, formule alegatos por escrito en los que puede destacar la improcedencia del amparo o de su ampliación o, en su caso, promover los recursos de revisión que sean procedentes, ya que conforme a la jurisprudencia 1a./J. 66/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, octubre de 2010, página 43, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA EXHIBICIÓN DE COPIAS DE ÉSTA PARA EL TRASLADO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, NO CONSTITUYE UN FORMALISMO SIN SENTIDO O UN OBSTÁCULO PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la intención del legislador, al establecer el artículo 120 de la invocada ley, fue prever mecanismos que proporcionen a las partes todos los elementos para intervenir en el juicio, a fin de garantizar el respeto a la garantía de seguridad jurídica y, dentro de ésta, a las de legalidad e igualdad en los procedimientos. De ahí, que si no se le da la intervención que legalmente le compete al representante social respecto de las ampliaciones de demanda, ello evidencia que se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de garantías, conforme al artículo 91, fracción IV, de la citada ley, al no haberse llamado a juicio a una de las partes, que por disposición legal debe tener conocimiento de su tramitación, ya que la prosecución del sumario es una cuestión de orden público, por lo que debe reponerse el procedimiento para ese efecto." Quejosa ofrece pruebas Asimismo, con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas las documentales públicas que refiere en escrito de ampliación de demanda, las cuales serán tomadas en consideración en el período correspondiente, al momento de celebrarse la audiencia constitucional en este juicio. Se desecha prueba pericial Por cuanto hace a la prueba pericial en materia de avalúo de inmuebles ofrecida por la parte quejosa, no ha lugar a admitirla de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 119 y 121 de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 119. (.) Las pruebas testimonial, pericial, inspección judicial o cualquier otra que amerite desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar, cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. (.)". "Artículo 121. A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, los servidores públicos tienen la obligación de expedir con toda oportunidad, las copias o documentos que aquellos les hubieren solicitado. Si no lo hacen, la parte interesada una vez que acredite haber hecho la petición, solicitará al órgano jurisdiccional que requiera a los omisos y difiera la audiencia, lo que se acordará siempre que la solicitud se hubiere hecho cinco días hábiles antes del señalado para su celebración, sin contar el de la solicitud ni el señalado para la propia audiencia. El órgano jurisdiccional hará el requerimiento de que se le envíen directamente los documentos o copias dentro de un plazo que no exceda de diez días. De los artículos antes descritos se advierte que dicho medio de convicción se encuentra fuera del plazo, ya que la impetrante desde la presentación de la demanda tuvo conocimiento respecto al dictamen valuatorio del cual se adolece. Además, el conocimiento de dicho acto señalado no se produjo a virtud de los informes rendidos por las autoridades responsables, y si en esta instancia constitucional se duele de dicho dictamen, es inconcuso que desde la presentación de la demanda de amparo tenía conocimiento de los actos que ahora pretende combatir mediante la experticia ofrecida, aunado a que, en su demanda de amparo ya ofreció la prueba pericial en materia de avalúo de bienes inmuebles, respecto a la misma parcela identificada con el número 229, ubicada en el ejido de "Santiago Tlalpan", Municipio de Hueyotlipan, Estado de Tlaxcala. De ahí que deba desecharse la misma, aunado a que resultaría ocioso su desahogo. Autorizado Finalmente, como lo solicita el promoverte, se tiene como autorizado en términos amplios del articulo 12 a German Portilla Alba, por sí contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de treinta de agosto de dos mil diecinueve: Vista la diligencia de veintinueve de agosto del año que transcurre, en donde el quejoso Policarpo García Drurán, cumple con lo requerido mediante proveído de veinte de agosto de dos mil diecinueve (foja 318), por medio de la cual ratifica el escrito de ampliación de demanda presentada el diecinueve del mismo mes y año. Ampliación de demanda. En razón a lo anterior se tiene al quejoso, desahogando la vista que le fue conferida mediante proveído de cinco de agosto de dos mil diecinueve (fojas 296 y 297), con motivo del informe justificado rendido por la autoridad responsable; y, consecuentemente, se tiene por ampliada la demanda de amparo respecto de las autoridades responsables: Dirección General de Avalúos y Obras adscrito al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales; e Ingeniero Alfredo Sánchez Pasten, en su carácter de Perito responsable Técnico Valuador 0113 adscrito al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. Respecto de los siguientes actos reclamados: ".IV.- ACTO RECLAMADO: De forma adicional a los actos reclamos en mi escrito de demanda de amparo inicial, procedo a señalar como nuevos actos reclamados los siguientes: A) De la Dirección General de Avalúos y Obras adscrita al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, autoridad señalada como ordenadora y ejecutora reclamo la ilegal orden, elaboración y emisión del Dictamen Con Número Genérico C-15085 ZNC y Secuencial 03-17-1925, conforme al cual se determinó el monto indemnizatorio por concepto de expropiación, respecto de la superficie de 0-16-46 hectáreas, correspondiente a la parcela número 210 ubicada en el ejido de Santiago Tlalpan, Municipio de Hueyotlipan, Tlaxcala, por contravenir lo establecido en el artículo 27 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 94 de la Ley Agraria y 70 y 71 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural. Así mismo, reclamo la falta de notificación a la suscrita para la realización la diligencias de fechas 12 de julio de 2017 y 31 de julio del 2017, mediante las cuales supuestamente se llevaron a cabo los trabajos de campo en la parcela materia de la litis. B).- De la autoridad señalada como ejecutora ING. ALFREDO SÁNCHEZ PASTEN, en su carácter de Perito responsable Técnico Valuador 0113 adscrito al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, reclamo la realización de los ilegales trabajos de campo que le fueron ordenados por la Dirección General de Avalúos y Obras adscrita al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, que presuntamente se efectuaron en la parcela materia de la litis y que supuestamente se llevaron a cabo los días 12 de julio de 2017 y 31 de julio del 2017, en virtud de que para la realización de los mismos no se contó con la presencia de la suscrita, al no haber sido notificada de la realización de dichas diligencias. B) Así mismo, reclamo la realización del ilegal Dictamen con Número Genérico C-15085 ZNC y Secuencial 03-17-1925, por contravenir lo establecido en el artículo 27 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 94 de la Ley Agraria y 70 y 71 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural (.)" En consecuencia, al haber sido presentada en tiempo y forma, en términos de lo establecido en los artículos 108 y 111 de la Ley de Amparo. Requerimiento de informes justificados Atento a lo anterior, con copia del escrito de ampliación de demanda, pídase a las autoridades responsables su informe con justificación que deberán rendir dentro del plazo de quince días, de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad de los actos reclamados o la improcedencia del juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.A.E.62 K, del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones; Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. SI SE ADMITE LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO EN CUANTO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, DEBE REQUERIRSE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES QUE RINDAN UNO NUEVO. Del artículo 117, quinto párrafo, de la Ley de Amparo, destaca que en el informe justificado se expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. En ese sentido, el hecho de que las autoridades responsables hayan rendido un informe justificado con motivo de la demanda de amparo inicial, en el cual se pronunciaron en torno a la existencia de los actos reclamados, no trae como consecuencia que, si con posterioridad se admite la ampliación de demanda formulada por el quejoso en cuanto a los conceptos de violación, no se les deba requerir un nuevo informe respecto de esa ampliación, pues de conformidad con la porción normativa enunciada, el informe justificado no se reduce a que las responsables se manifiesten en torno a la certeza o inexistencia del acto reclamado, sino que también pueden hacer valer motivos de improcedencia, así como argumentos para sostener la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y acompañar, en su caso, copia de las constancias necesarias para apoyarlo; de ahí que deba requerirse, nuevamente, dicho informe y, en caso de que sea rendido, debe darse vista al quejoso con la oportunidad debida, a fin de garantizar su derecho de defensa. Intervención del Agente del Ministerio Público de la Federación De igual forma, córrase traslado a las demás partes -Agente del Ministerio Público de la Federación- adscrito a este Juzgado Federal y terceros interesados, a efecto de que dentro del referido plazo de quince días, manifieste lo que a su derecho convenga. Al caso tienen aplicación, por las razones que la sustentan, las tesis aisladas III.2°.P.2K(10ª) y X.A.T.5.K(10ª), emitidas respectivamente, por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativas y de Trabajo del Décimo Circuito y del Segundo Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, publicadas, respectivamente, en la página 1319, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2 y página 2370, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, mismas que señalan: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SI SE REALIZA RESPECTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN ORIGINALMENTE PLANTEADOS, EL JUEZ QUE LA ADMITA DEBE EMPLAZAR A LAS PARTES CON EL ESCRITO RELATIVO, PUES DE NO SER ASÍ SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN. En relación con la figura de la ampliación de la demanda de amparo indirecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en diversas jurisprudencias, que procede cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, siempre y cuando se realice dentro del término del que dispone para promover el juicio de garantías, conforme a los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo y se haga valer antes de que se celebre la audiencia constitucional; por tanto, cuando se realiza respecto de los conceptos de violación originalmente planteados, esto implica la ampliación formal y material de la demanda, porque aquéllos son parte integrante de ésta; de ahí que el Juez de Distrito que la admita debe emplazar a las partes con el escrito en el que se contienen esos novedosos motivos de inconformidad contra el acto reclamado, pues si no lo lleva a cabo, se actualiza una violación a las reglas esenciales del procedimiento, que da lugar a que la autoridad revisora ordene su reposición." "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. LA OMISIÓN DE NOTIFICAR Y CORRER TRASLADO AL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 120 Y 146 DE LA LEY DE LA MATERIA ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS DEL PROCEDIMIENTO QUE ORIGINA SU REPOSICIÓN. La obligación que establecen los numerales 120 y 146 de la Ley de Amparo, que también son aplicables a la ampliación de la demanda, se refiere a la notificación a las partes del escrito de demanda, entre los que se encuentra la notificación al Ministerio Público para que, si lo desea, formule alegatos por escrito en los que puede destacar la improcedencia del amparo o de su ampliación o, en su caso, promover los recursos de revisión que sean procedentes, ya que conforme a la jurisprudencia 1a./J. 66/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, octubre de 2010, página 43, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA EXHIBICIÓN DE COPIAS DE ÉSTA PARA EL TRASLADO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, NO CONSTITUYE UN FORMALISMO SIN SENTIDO O UN OBSTÁCULO PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la intención del legislador, al establecer el artículo 120 de la invocada ley, fue prever mecanismos que proporcionen a las partes todos los elementos para intervenir en el juicio, a fin de garantizar el respeto a la garantía de seguridad jurídica y, dentro de ésta, a las de legalidad e igualdad en los procedimientos. De ahí, que si no se le da la intervención que legalmente le compete al representante social respecto de las ampliaciones de demanda, ello evidencia que se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de garantías, conforme al artículo 91, fracción IV, de la citada ley, al no haberse llamado a juicio a una de las partes, que por disposición legal debe tener conocimiento de su tramitación, ya que la prosecución del sumario es una cuestión de orden público, por lo que debe reponerse el procedimiento para ese efecto." Quejosa ofrece pruebas Asimismo, con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas las documentales públicas que refiere en escrito de ampliación de demanda, las cuales serán tomadas en consideración en el período correspondiente, al momento de celebrarse la audiencia constitucional en este juicio. Se desecha prueba pericial Por cuanto hace a la prueba pericial en materia de avalúo de inmuebles ofrecida por la parte quejosa, no ha lugar a admitirla de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 119 y 121 de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 119. (.) Las pruebas testimonial, pericial, inspección judicial o cualquier otra que amerite desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar, cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. (.)". "Artículo 121. A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, los servidores públicos tienen la obligación de expedir con toda oportunidad, las copias o documentos que aquellos les hubieren solicitado. Si no lo hacen, la parte interesada una vez que acredite haber hecho la petición, solicitará al órgano jurisdiccional que requiera a los omisos y difiera la audiencia, lo que se acordará siempre que la solicitud se hubiere hecho cinco días hábiles antes del señalado para su celebración, sin contar el de la solicitud ni el señalado para la propia audiencia. El órgano jurisdiccional hará el requerimiento de que se le envíen directamente los documentos o copias dentro de un plazo que no exceda de diez días. De los artículos antes descritos se advierte que dicho medio de convicción se encuentra fuera del plazo, ya que la impetrante desde la presentación de la demanda tuvo conocimiento respecto al dictamen valuatorio del cual se adolece. Además, el conocimiento de dicho acto señalado no se produjo a virtud de los informes rendidos por las autoridades responsables, y si en esta instancia constitucional se duele de dicho dictamen, es inconcuso que desde la presentación de la demanda de amparo tenía conocimiento de los actos que ahora pretende combatir mediante la experticia ofrecida, aunado a que, en su demanda de amparo ya ofreció la prueba pericial en materia de avalúo de bienes inmuebles, respecto a la misma parcela identificada con el número 229, ubicada en el ejido de "Santiago Tlalpan", Municipio de Hueyotlipan, Estado de Tlaxcala. De ahí que deba desecharse la misma, aunado a que resultaría ocioso su desahogo. Autorizado Finalmente, como lo solicita el promoverte, se tiene como autorizado en términos amplios del articulo 12 a German Portilla Alba, por sí contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales.
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