Porfiria Saldaña Vázquez
Expediente 876/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 876/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 27/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Porfiria Saldaña Vázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Tribunal Colegiado remite ejecutoria. Agréguese el oficio y anexo signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado de este Circuito Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja administrativa 129/2018; en consecuencia, comuníquese a la parte quejosa que la Superioridad confirmó el auto de cinco de octubre de dos mil dieciocho (fojas 94 a 102), y los puntos resolutivos de la ejecutoria en cita establecen lo siguiente: "PRIMERO. Se confirma el auto recurrido.- SEGUNDO. Se desecha la demanda de amparo, promovida por Porfiria Saldaña Vázquez, en contra de los reclamados, precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.- Notifíquese." Asimismo, se le tiene devolviendo el juicio de amparo 876/2018-I de este índice; en consecuencia, como lo solicita la autoridad oficiante acúsese recibo de estilo. Se ordena archivo. En tal virtud, agréguese a estos autos el cuaderno de antecedentes, háganse las anotaciones en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido.
- Principal
Agréguese el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito; atento a su contenido, se le tiene comunicando la admisión del recurso de queja interpuesto por Porfiria Saldaña Vázquez, por conducto de su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, Juan Tapia Pelcastre, en contra del auto de cinco de octubre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio de amparo 876/2018 del que deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa, radicándose con el número 129/2018 de su índice; de lo que se toma del conocimiento, para los efectos legales conducentes.
- Principal
Visto el escrito signado por Juan Tapia Pelcastre en su carácter de autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la quejosa Porfiria Saldaña Vázquez; en atención a su contenido, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del proveído de cinco de octubre del año en curso (fojas 94 a 102), mediante el cual se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de mérito y, por ende, remítase al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en turno, el presente expediente, para la substanciación del recurso de queja, sin que haya lugar a distribuir copias entre las partes, ya que no han sido emplazadas dado el desechamiento de la demanda; manifestando en vía de informe que es cierto el acto impugnado. Por tanto, con diversa copia del escrito de recurso de queja, fórmese el cuaderno de antecedentes relativo al presente asunto; una vez notificado el presente proveído a la parte promovente, remítanse las constancias precisadas dentro del plazo que prevé el artículo 101 de la Ley de Amparo, al citado tribunal colegiado.
- Principal
Agréguese a los autos la constancia de cuenta levantada por el actuario adscrito a este juzgado, de la que se desprende la imposibilidad de realizar la notificación del auto dictado el cinco de octubre de dos mil dieciocho a la quejosa Porfiria Saldaña Vazquez, en el domicilio señalado para tal efecto, por los motivos que expone, en consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, practíquense la notificación del proveído en comento por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado, así como la presente y subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, hasta en tanto la quejosa de referencia señale un domicilio distinto para tal efecto. TAMBIEN POR ESTE MEDIO NOTIFICO EL ACUERDO DEL CINCO DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO EN LA PARTE QUE INTERESA DICE: Agréguese a los autos el escrito de cuenta a través del cual la quejosa Porfiria Saldaña Vázquez, da cumplimiento a la prevención formulada en auto de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 81 a 83). Se desecha demanda de amparo. Una vez precisado lo anterior, con apoyo en lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo, por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. En este contexto, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en los 1, fracción I, y 5, fracción II, primer párrafo, y 61, fracción XXIII, de la propia Ley de Amparo, establecen: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente ley.". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; y omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.).". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". Ahora bien, los dos primeros preceptos establecen, respectivamente, que el juicio de garantías tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgados para su protección por la Constitución Federal y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; que el amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados por esa ley; y, que es parte en el litigio de derecho fundamentales la autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y finalmente los particulares también pueden tener la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En torno al tema de la procedencia del juicio de amparo en contra de actos de "particulares" existe la tesis XI.1o.A.T.25 K (10a.), visible en la página 3823, del Libro 23, Octubre de 2015, Tomo IV, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que versa: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO. PARA DETERMINAR SI UN PARTICULAR ENCUADRA EN ESA CATEGORÍA, NO SÓLO DEBE ANALIZARSE SU ACTO U OMISIÓN EN SÍ, SINO ADEMÁS SI AFECTA DERECHOS Y DERIVA DE LAS FACULTADES U OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN UNA NORMA. De los artículos 1o., fracción I y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo se advierte que el concepto de autoridad responsable queda desvinculado de la naturaleza formal del órgano público y atiende, ahora, a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir, en forma obligatoria, situaciones jurídicas, o de la omisión para desplegar un acto que -de realizarse- crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, máxime que la interpretación teleológica de la norma reglamentaria así lo confirma, al señalarse en el proceso legislativo -que le dio origen- la necesidad de ampliar la procedencia del juicio contra actos provenientes no sólo de autoridades, sino también de particulares, a través de los cuales se afectara la esfera jurídica de derechos de los gobernados, sin que ello significara el abandono de los medios de defensa ordinarios; y aunque se propuso que en la propia ley se especificaran los casos en que esos actos serían susceptibles de impugnación, se optó por dejar al Poder Judicial de la Federación la determinación de esas hipótesis, atento a las particularidades de cada caso y a las notas del acto cuestionado. En estas condiciones, autoridad responsable, para los efectos del juicio de amparo es: a) la que -con independencia de su naturaleza formal- dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que, de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y b) el particular que realice u omita actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos y que las funciones deben estar determinadas por una norma general. Por tanto, para determinar si un particular encuadra en la categoría de autoridad responsable, no sólo debe analizarse su acto u omisión en sí, sino además, si afecta derechos y deriva de las facultades u obligaciones establecidas en una norma.". De lo que se puede deducir que un "particular" realmente realiza actos equivalentes a los de una autoridad cuando: a) dicte, ordene, ejecute o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que, de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y b) realice u omita actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos y que las funciones deben estar determinadas por una norma general. Ahora, por norma general debe asimilarse como el acto legislativo (ley) que regula situaciones generales, abstractas e impersonales. Esto es, la ley refiere un número indeterminado e indeterminable de casos y va dirigida a una pluralidad de personas indeterminadas e indeterminables. El acto administrativo, en cambio, crea situaciones jurídicas particulares y concretas, y no posee los elementos de generalidad, abstracción e impersonalidad de las que goza la ley. Es puntualmente aplicable al particular la tesis de jurisprudencia 14, sustentada por el Pleno de la Suprema Corete de Justicia de la Nación, que puede ser leída en la foja 16, del Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en el año 200, que dice: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PARA DETERMINAR SU PROCEDENCIA EN CONTRA DE LA LEY O DECRETO, NO BASTA CON ATENDER A LA DESIGNACIÓN QUE SE LE HAYA DADO AL MOMENTO DE SU CREACIÓN, SINO A SU CONTENIDO MATERIAL QUE LO DEFINA COMO NORMA DE CARÁCTER GENERAL. Para la procedencia de la acción de inconstitucionalidad es preciso analizar la naturaleza jurídica del acto impugnado y, para ello, es necesario tener en cuenta que un acto legislativo es aquel mediante el cual se crean normas generales, abstractas e impersonales. La ley refiere un número indeterminado e indeterminable de casos y va dirigida a una pluralidad de personas indeterminadas e indeterminables. El acto administrativo, en cambio, crea situaciones jurídicas particulares y concretas, y no posee los elementos de generalidad, abstracción e impersonalidad de las que goza la ley. Además, la diferencia sustancial entre una ley y un decreto, en cuanto a su aspecto material, es que mientras la ley regula situaciones generales, abstractas e impersonales, el decreto regula situaciones particulares, concretas e individuales. En conclusión, mientras que la ley es una disposición de carácter general, abstracta e impersonal, el decreto es un acto particular, concreto e individual. Por otra parte, la generalidad del acto jurídico implica su permanencia después de su aplicación, de ahí que deba aplicarse cuantas veces se dé el supuesto previsto, sin distinción de persona. En cambio, la particularidad consiste en que el acto jurídico está dirigido a una situación concreta, y una vez aplicado, se extingue. Dicho contenido material del acto impugnado es el que permite determinar si tiene la naturaleza jurídica de norma de carácter general.". Ahora bien, la parte quejosa reclama en el presente juicio de amparo, señaló como autoridades responsables y acto reclamados, los siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES "III.-AUTORIDADES RESPONSABLES.- ORDENADORA: Titular de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente dependiente de la Secretaria de Educación Pública, con domicilio social bien conocido en Donceles Número Cien, Oficina 2010, Primer Piso, Colonia Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06020 de la Ciudad de México. EJECUTORAS: Titulares de los Departamentos del Servicio Profesional Docente y Jurídico, así como Directora de Relaciones Laborales, todos dependientes de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala (USET), con domicilio social bien conocido en Carretera Federal Libre Tlaxcala-Puebla, Kilómetro 1.5, Colonia Las Animas, Municipio y Estado de Tlaxcala, Código Postal 90030.". (sic) ACTOS RECLAMADOS "IV.-ACTO RECLAMADO.- De la autoridad señalada como Responsable Ordenadora reclamo el incorrecto Proceso de Evaluación del Desempeño del Personal Docente, aplicado a la suscrita quejosa al término del Segundo Ciclo Escolar 2018-2019 (Etapa 2, Proyecto de Enseñanza) al determinarme injustificadamente dicha instancia administrativa como insuficiente para permanecer en el Servicio Profesional Docente de Educación Básica, aduciendo la no presentación del referido Proyecto de Enseñanza. Por cuanto se refiere a las autoridades señaladas como Responsables Ejecutoras, les reclamo el cumplimiento expreso y de facto de dicho mandamiento.". (sic) Asimismo, del escrito por el cual dio cumplimiento a la prevención formulada en auto de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 81 a 83), señaló lo siguiente: "1.-Precisar si el resultado "insuficiente", dio por terminado mi nombramiento como docente en la asignatura de lengua extranjera ingles de educación primaria. Si lo dio por terminado. Al efecto me permito acompañar copia autógrafa del oficio número DAJ/2102/2018-4, que me fuera notificado el cuatro de septiembre del dos mil dieciocho suscrito por el Licenciado JUAN PABLO ALVARADO CORTES en su carácter de Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos y Apoderado Legal de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, entidad señalada en este juicio de garantías como Autoridad Responsable Ejecutora y mediante el cual me hace saber que se dan por terminados los efectos del nombramiento que con anterioridad se me habla otorgado como Docente de Educación Básica (Asignatura de Ingles). 2.- Señalar si fue la primera evaluación que se me practico en el proceso de evaluación del desempeño docente para determinar mi permanencia en el servicio, o en su defecto la segunda o tercera evaluación contemplada en los artículos 52 y 53 de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Fue la Evaluación del desempeño del personal docente y técnico docente que ingresamos en el ciclo escolar 2016-2017 al término del segundo año escolar en educación básica, tal y como lo refiere el último párrafo del oficio relacionado en el punto inmediato anterior y lo prescribe el artículo 22 de la Ley General del Servicio Profesional Docente que en lo conducente establece: Artículo 22. En la Educación Básica y Media Superior el ingreso a una plaza docente dará lugar a un Nombramiento Definitivo de Base después de seis meses de servicios sin nota desfavorable en su expediente, en términos de esta Ley. Con el objeto de fortalecer las capacidades, conocimientos, y competencias del Personal Docente de nuevo ingreso, durante un periodo de dos años tendrá el acompañamiento de un tutor designado por la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según corresponda. Las Autoridades Educativas y los Organismos Descentralizados realizaran una evaluación al término del primer año escolar y brindaran los apoyos y programas pertinentes para fortalecer las capacidades, conocimientos y competencias del docente. Al término del período señalado en el segundo párrafo de este artículo, la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado evaluara el desempeño del Personal Docente para determinar si en la práctica favorece el aprendizaje de los alumnos y, en general, si cumple con las exigencias propias de la función docente. En caso de que el personal no atienda los apoyos y programas previstos en el tercer párrafo de este artículo, incumpla con la obligación de evaluarse o cuando al término del periodo se identifique su insuficiencia en el nivel de desempeño de la función docente, se darán por terminados los efectos del Nombramiento, sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o para el Organismo Descentralizado. 3.-Precise la data en que presento el Proyecto de Enseñanza, es decir, la fecha en que no mando el archivo por problemas de funcionamiento de la plataforma digital. El primer Intento de envió lo hice el veintitrés de mayo del dos mil dieciocho aproximadamente a las diecinueve horas. Al no tener éxito, comunique tal anomalía al día siguiente a la Coordinación del Servicio Profesional Docente del Estado que se encuentra adscrito a la USET, recibiendo como respuesta que debía de intentarlo nuevamente y esperar a que la plataforma funcionara con normalidad. En los días subsecuentes y de manera específica en el periodo comprendido del veintinueve de mayo al primero de junio (fecha limite esta última para hacer él envió) del dos mil dieciocho intente reiteradamente hacer el envió sin tener resultado positivo. Debo aclarar que el periodo de envió del Proyecto de Enseñanza estuvo comprendido entre el nueve de abril y primero de junio del dos mil dieciocho, sin embargo, por las características propias del proyecto (diagnostico, secuencia didáctica (aplicación práctica) y tareas evaluativas) el periodo señalado no fue responsabilidad exclusiva del docente sino de diversos actores y factores que por obvias razones fueron pausando el desarrollo y confección del mismo. 4.-Señalar si solicite alguna revisión de mi evaluación ante las autoridades responsables, de ser así, precisar la fecha en que lo realice y el resultado obtenido. Si, solicite la revisión de mi resultado del proceso de evaluación el veinte de agosto del dos mil dieciocho, mediante escrito dirigido a la LIC. ANA MARIA ACEVES ESTRADA, Coordinadora Nacional del Servicio Profesional Docente (Autoridad señalada como Responsable Ordenadora del acto que reclamo), hecho que justifico con la copia certificada del referido oficio y que fue anexado al escrito de demanda del juicio que se promueve. Sobre el particular, recibí respuesta negativa mediante la respuesta volante 3064 de fecha once de septiembre del dos mil dieciocho, documento de correo electrónico que fue anexado y agregado a la demanda inicial de este juicio. 5.-Precisar si a la fecha de emisión del acuerdo que se solventa, esto es, al veinticinco de septiembre del dos mil dieciocho fui notificada de alguna separación del puesto que venía desempeñando o en su defecto si fui readscrita en alguna otra área. Si, fui separada del puesto que venía desempeñando tal y como se aprecia y advierte del oficio relacionado en el punto número uno de esta solventacion. Separación que persiste hasta la fecha.". Como se advierte, la parte quejosa señaló sustancialmente como acto reclamado, la terminación de su nombramiento como Docente de Educación Básica (Asignatura de Ingles), con motivo de haber obtenido el resultado de "insuficiente" en la evaluación del desempeño del personal docente y técnico docente en el ciclo escolar 2016-2017, en términos de los prescribe el artículo 22 de la Ley General del Servicio Profesional Docente. De lo anterior resulta manifiesto que el acto que se reclama tiene naturaleza particular, ya que en este caso las autoridades señaladas como responsables: 1) Titular de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente dependiente de la Secretaría de Educación Pública; y, 2) Titulares de los Departamentos del Servicio Profesional Docente y Jurídico, así como Directora de Relaciones Laborales, todos dependientes de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala (USET), no actúan con una potestad de imperio, puesto que los actos en que incurren son meramente particulares e internos de las citadas autoridades y la peticionaria de amparo, y no puede considerarse que se esté ante un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, por lo que éste es improcedente. Tiene aplicación a lo anterior la tesis aislada 1a.XXXIII/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 455, del Libro 40, Marzo de 2017, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo título y contenido es: "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. NATURALEZA JURÍDICA DE LA TERMINACIÓN DEL NOMBRAMIENTO POR NO ACREDITAR LAS EVALUACIONES RESPECTIVAS. De la interpretación de los artículos 3o., párrafo tercero, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 22, 53, 71, 74, 75, 80 y 83 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, se advierte que existen dos regímenes normativos distintos que dan lugar a la terminación del nombramiento de quienes desempeñan una función pública dentro del Servicio Profesional Docente. En primer término, la separación del servicio como consecuencia de un procedimiento administrativo cuya finalidad sea la determinación de responsabilidad administrativa y la posible imposición de sanciones, tiene una naturaleza administrativa sancionadora, al partir de la existencia de un reproche surgido de una infracción administrativa, en cuyo trasfondo se encuentra la posible transgresión a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observarse en el desempeño de empleos, cargos o comisiones públicas; consecuentemente, el combate a este tipo de determinaciones -de naturaleza administrativa- se realizará mediante el recurso de revisión o el juicio de nulidad, y en los procedimientos respectivos deberá analizarse la aplicabilidad de las garantías mínimas del debido proceso que, atento a la naturaleza del caso, resulten necesarias de conformidad con la doctrina que sobre el derecho administrativo sancionador han desarrollado la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otro lado, el incumplimiento de las condiciones de permanencia en el empleo, como la acreditación de evaluaciones, da lugar a una consecuencia jurídica consistente en la terminación del nombramiento y la separación del Servicio Profesional Docente, la cual, pese a constituir una sanción en sentido amplio, no conlleva el reproche a una infracción ni da origen a responsabilidad administrativa, sino que parte del entendimiento de los nombramientos como "actos condición", cuya subsistencia depende del respeto a las disposiciones legales vigentes en las que se determinen abstracta e impersonalmente los parámetros bajo los cuales debe prestarse el servicio público; consecuentemente, dichas determinaciones se impugnarán ante los órganos jurisdiccionales competentes en materia laboral. Esta dicotomía de regímenes normativos aplicables al servicio docente ha sido reconocida a nivel internacional por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en la "Recomendación relativa a la situación del personal docente", aprobada en París el 5 de octubre de 1966, por la Conferencia Intergubernamental Especial sobre la Situación del Personal Docente, cuyos apartados VI y VII regulan lo referente al ingreso, ascenso, promoción y seguridad en la profesión docente, de manera separada a los contenidos mínimos que deben regir los procedimientos disciplinarios dirigidos a la sanción de faltas profesionales.". Así como la diversa tesis aislada 1a.XXXIV/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 454, del Libro 40, Marzo de 2017, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo título y contenido es: "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LOS NOMBRAMIENTOS RELATIVOS CONSTITUYEN "ACTOS CONDICIÓN". Del artículo 3o., párrafo tercero, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que los nombramientos en el Servicio Profesional Docente constituyen "actos condición", pues la permanencia en el cargo parte de la base de que su subsistencia se encuentra condicionada por las disposiciones legales vigentes en las que se determinan abstracta e impersonalmente los parámetros bajo los cuales debe prestarse dicho servicio público. Por tanto, cuando la persona deja de cumplir con las exigencias que establece el marco jurídico aplicable para su prestación, se da por terminado su nombramiento. De este modo, cuando la administración advierte que quien desempeña el servicio público ya no reúne las condiciones que exige el servicio para el cual fue designado, cuenta con la atribución de retirar dicho nombramiento sin responsabilidad y con el respeto a los derechos fundamentales. Lo anterior conlleva que en la hipótesis descrita no se actualice necesariamente un caso de ilicitud que dé lugar a la imposición de una sanción, sino que simplemente se está ante un caso en el cual la persona respectiva pierde la idoneidad para desempeñar la función pública.". Máxime que en la especie se combate el resultado de la evaluación del desempeño de sus funciones de docencia; por tanto, es evidente que tal cuestión se relaciona con un derecho derivado de su carácter de docente y, en consecuencia, el juicio de amparo no es el medio idóneo para poder combatir el acto que se reclama, en virtud de que la solicitante de amparo tiene a su alcance la vía procesal ordinaria ante las autoridades competentes, para hacer valer sus derechos, de acuerdo al vínculo existente entre la parte quejosa y la autoridad responsable, toda vez que reviste el carácter de actos entre particulares. En ese sentido, debe decirse que el acto reclamado no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio constitucional de amparo, sino realmente se trata de un aspecto administrativo suscitado con motivo de la relación laboral que la une a la Secretaría de Educación Pública, que en todo caso debe ser ventilado ante los tribunales especializados en esa materia, como incluso así se precisa en el artículo 124 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en cuanto estatuye: "Artículo 124. El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje será competente para: Conocer de los conflictos individuales que se susciten entre titulares de una dependencia o entidad y sus trabajadores. (.)". En las relatadas condiciones, queda de manifiesto que los actos reclamados, no se tratan de actos de autoridades para efectos del amparo, pues versan acerca de una relación laboral que la quejosa tiene con la Secretaria de Educación Pública, cuyos conflictos con el ente que señaló como responsable, no invaden sus garantías jurídicas y derechos humanos como gobernados, sino en todo caso, los mismos derivan de la relación jurídica de trabajo que se tiene entre la quejosa y la autoridad educativa, por lo que el origen de dichas controversias, no da origen a los Tribunales de la Federación, para conocer de ellos en juicio de amparo y en todo caso, debe hacer valer su pretensión ante Órgano Jurisdiccional competente. En efecto, la actuación del ente que señala como autoridades responsables, no fue en su carácter de autoridad propiamente dicha, pues entre la peticionario y la que señala como tal no existe una relación de supra a subordinación, para los efectos de los actos que refiere como reclamados, sino que el vínculo que los une obedece a su relación de trabajo que tuvo desde que ingresó a laborar; de ahí que, con base a su relación de trabajo, se sitúa en un mismo plano con el ente que precisó como responsable, es decir, en igualdad y en este tipo de relaciones, las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de una relación de trabajo; por tanto, debe concluirse que el conflicto originado con ese motivo, no constituye un acto de autoridad que sea susceptible de analizarse mediante el amparo, sino que, se repite, se trata de un hecho derivado de la relación laboral existente entre las partes, lo cual, como se estableció en párrafos anteriores, debe plantearse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos de lo dispuesto en el arábigo 124 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Ello es así, pues se reitera, el acto reclamado por su naturaleza inherente, es claro que está encaminado al ámbito del derecho laboral; que en todo caso rige las relaciones entre patrón y trabajador; de ahí que las autoridades señaladas como responsables en la demanda, no resultan ser autoridades para efectos del juicio de garantías. Es orientativa la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, página 1316, noviembre de dos mil ocho, Materia Común, Novena Época, que establece: "AMPARO. EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN, SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES. De acuerdo con la doctrina las relaciones de coordinación son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. En términos de esas precisiones encuentra sentido que los artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental, establezcan que a través del juicio de amparo se resolverán las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten las garantías individuales de los particulares, lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares; de ahí que aquellos que emanan de relaciones de supraordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares no pueden reclamarse a través de ese juicio constitucional.". En tales condiciones, resulta manifiesto e indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, primer párrafo, y 61, fracción XXIII, de la propia Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA por notoriamente improcedente la demanda de amparo.
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