Placida Eufrocina Sánchez Pérez

Expediente 611/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 11 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
611/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
01/09/2023

Partes del expediente

  • Placida Eufrocina Sánchez Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, uno de septiembre de dos mil veintitrés. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del proveído de catorce de julio de dos mil veintitrés, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, en el presente juicio, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicho auto para todos los efectos legales procedentes.  Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido.  Valoración del expediente. Destruible. Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, ********************. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase el expediente. Destrúyase el juicio principal dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior; debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En ese contexto, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Devolución de documentos. Por otra parte, toda vez que los documentos exhibidos por la parte quejosa, se ubican en la hipótesis del artículo tercero, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días comparezca a las instalaciones de este Juzgado Federal en día y hora hábil debidamente identificada para recogerlos, apercibido que de no hacerlo así, dichos documentos serán depurados junto con el expediente. Ahora bien, para dar cumplimiento a lo anterior, en términos del artículo 5 del Capítulo II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para estar en posibilidad de coordinar la entrega de los documentos que se indica, el solicitante deberá comunicarse al teléfono********************(dentro de un horario de nueve a catorce horas, de lunes a viernes), una vez que quede debidamente notificado del presente proveído. Se agrega escrito sin mayor trámite. Finalmente, agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por la quejosa ********************, y en razón a su contenido dígasele que deber estar a lo acordado en los párrafos que anteceden. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, catorce de julio de dos mil veintitrés. Autoridad remite constancias. Agréguese el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, a través del cual en cumplimiento al requerimiento de diez de julio del presente año, remite copia certificada de las constancias relacionadas con el desistimiento de la ejecución de la sentencia dictada en el juicio ejecutivo mercantil ********************, de su estadística. Asimismo, informa el contenido del acuerdo de doce de julio de dos mil veintitrés, en el que determinó que ha causado estado por ministerio de ley el proveído de seis de julio pasado en el que tuvo a la parte actora desistiéndose de la ejecución de la sentencia por pago y a la parte demandada aceptando tal desistimiento, por lo que ordenó el archivo del asunto como totalmente concluido Por otro lado, en el mismo auto ordenó la cancelación del embargo decretado sobre el bien inmueble adjudicado en autos, identificado como primera fracción del predio urbano denominado "APANGO", por lo que giró oficio al Director del Registro Público de la Propiedad y del comercio del Estado de Tlaxcala, para que realice el trámite correspondiente. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad oficiante Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, se advierte que se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en la fracción V, del artículo 63, en relación con la fracción XXI, del numeral 61, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos legales de referencia, establecen a la letra lo siguiente: ... Ahora en primer lugar, se destaca que la parte quejosa señaló como actos reclamados los siguientes: "IV. ACTOS RECLAMADOS.- De la autoridad responsable designada como ORDENADORA Juez Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco Tlaxcala reclamo los siguientes. 1).- LA ORDEN DE EMBARGO decretada mediante proveído de seis de abril de dos mil dieciocho, dentro de las actuaciones del expediente número ********************, del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco Tlaxcala, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por ********************, endosatario en procuración de ********************, en contra de ********************. 2).- LA EJECUCIÓN DE LA PRECITADA ORDEN DE EMBARGO de referencia en el inciso que antecede practicada el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho por la diligenciaría interina adscrita al Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohtencatl, con residencia en San Pablo del Monte Tlaxcala. Sobre la primera fracción del predio urbano denominado Apango inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del comercio del Estado de Tlaxcala, bajo la partida número ******************** de la sección primera Volumen ******************** del Distrito Judicial de Xicoténcatl. 3).- LA SENTENCIA DEFINITIVA DE TRANCE Y REMATE pronunciada el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, por la autoridad ordenadora dentro de las actuaciones del expediente generador de los actos reclamados marcado número ********************, relativo al juicio promovido por ********************, endosatario en procuración ********************, contra ********************, deudor principal y ********************, en su carácter de Aval. 4).- LA OMISIÓN DE ORDENAR SE NOTIFICASE EN FORMA PERSONAL A LA HOY QUEJOSA a efecto de que se apersonase al procedimiento de ejecución de la sentencia de remate seguido dentro de las actuaciones del expediente generador de los actos reclamados a deducir mis derechos de propiedad, posesión y del tanto que por derecho me corresponden respecto del bien inmueble del que la hoy se reclama su embargo del bien inmueble identificado como primera fracción del predio urbano denominado Apango inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala, bajo la partida número ******************** de la sección primera Volumen ******************** del Distrito Judicial de Xicoténcatl. 5).- TODAS LAS CONSECUENCIAS JURIDICAS DIMANADAS DEL EMBARGO Y SONSECUENTE ADJUDICACIÓN decretadas dentro de las actuaciones del expediente generador de los actos reclamados. 6).- Todo acto tendente a privar de los derechos sustantivos de propiedad, posesión, del tanto y sociedad conyugal (gananciales matrimoniales) que por derecho corresponden a la hoy quejosa respecto del bien inmueble identificado como la primera fracción del predio denominado Apango inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala, bajo la partida número ******************** de la sección primera Volumen ******************** del Distrito Judicial de Xicoténcatl. 7).- LA ORDEN DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL EMBARGO trabado dentro de las actuaciones del expediente generador de los actos reclamados sobre la totalidad de la propiedad del bien inmueble identificado como primera fracción del predio urbano denominado Apango inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala, bajo la partida número ******************** de la sección primera Volumen ******************** del Distrito Judicial de Xicoténcatl. DE LA SEGUNDA AUTORIDAD SEÑALADA COMO ORDENADORA CIUDADANO JUEZ DE LO CIVIL Y FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE XICOHTENCATL, CON RESIDENCIA EN SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA. Reclamo la resolución de fecha veinticinco de abril del dos mil dieciocho, dictado dentro del despacho ********************. Girado por el ciudadano Juez de Distrito en el Estado de Tlaxcala, a fin de desahogar el auto de exequendo dictado en el juicio generador del acto reclamado. DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO EJECUTORA, CIUDADANA DILIGENCIARÍA PAR ADSCRITO AL JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE XICOHTENCATL, CON RESIDENCIA EN SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA: reclamo: 8).- LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE EMBARGO DECRETADA POR LA ORDENADORA llevada a cabo el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, por virtud de la cual se trabo formal embargo sobre la totalidad de la propiedad del bien inmueble identificado como primera fracción del predio urbano denominado Apango inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala, bajo la partida número ******************** de la sección primera Volumen ******************** del Distrito Judicial de Xicoténcatl. 9).-TODAS LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DIMANADAS DEL EMBARGO Y SENTENCIA DE TRANCE Y REMATE decretadas dentro de las actuaciones del expediente generador de los actos reclamados. 10).- TODO ACTO TENDIENTE A PRIVAR de los derechos sustantivos de propiedad, posesión, del tanto y sociedad conyugal que por derecho me corresponden a la hoy quejosa respecto del bien inmueble identificado como la primera fracción del predio urbano denominado Apango inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala, bajo la partida número ******************** de la sección primera Volumen ******************** del Distrito Judicial de Xicoténcatl. DEL CIUDADANO REGISTRADOR PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DESIGNADO COMO AUTORIDAD EJECUTORA RECLAMO: 11).- La inscripción del embargo trabado dentro de las actuaciones del expediente generador de los actos reclamados sobre el bien inmueble identificado como primera fracción del predio urbano denominado Apango inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala, bajo la partida número ******************** de la sección primera Volumen ******************** del Distrito Judicial de Xicoténcatl." Bajo este contexto, este juzgador reitera que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. A efecto de justificar la actualización de la causal invocada, es pertinente fijar su alcance, para lo cual debe tenerse presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad o la abstención de llevar a cabo actuaciones en los términos y condiciones que marca la ley, generan el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, o crean inseguridad jurídica a las partes y las deja en estado de indefensión. Esto lleva aparejado determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo o la obligación de la autoridad de actuar conforme a las normas legales, por estimar que el acto o la omisión son violatorios de los derechos fundamentales, o sus garantías. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos y garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce de las prerrogativas que le han sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, los que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre dichos requisitos que genera la improcedencia del juicio constitucional (aludidos por la Primera Sala de nuestro Más Alto Tribunal en sentido positivo) se encuentra la cesación de los efectos del acto reclamado; causal respecto de la cual, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para su actualización es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado y, además, que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiese otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje huella alguna; tal como puede advertirse de las tesis cuyos rubros se reproducen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." Ahora, para demostrar que en el caso cesaron los efectos de los actos reclamados a la Juez Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, así como al Juez y Diligenciario adscritos al Juzgado Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl, es pertinente destacar que de las constancias allegadas por la primera de las autoridades en mención, a las que se les otorga valor probatorio pleno conforme a los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, se evidencia lo siguiente: Que por escrito de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, ********************, en su carácter de endosatario en procuración de ******************** (parte actora), manifestó desistirse de la ejecución de la sentencia dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil ********************. Posteriormente, en diligencia de cinco de julio de dos mil veintitrés, compareció la parte actora ********************, así como los demandados ******************** (deudor principal), y ******************** (en su carácter de aval), acudieron ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con la finalidad de que la primera de las nombradas ratificara su desistimiento de la ejecución de la sentencia por pago de las prestaciones reclamadas. Asimismo, se advierte que los demandados en cita aceptaron el desistimiento hecho a su favor, por lo que solicitaron la cancelación del embargo de los bienes propiedad de ******************** (deudor principal), la devolución del título de crédito que originó el juicio ejecutivo mercantil ********************, así como el archivo del expediente. Lo anterior, fue acordado el seis de julio siguiente por la Juez Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien reservó proveer lo conducente con motivo de la concesión de la suspensión definitiva otorgada en autos del incidente derivado del juicio de amparo en que se actúa. Luego, mediante proveído de doce de julio de dos mil veintitrés, la Juez Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala levantó la reserva antes señalada y determinó que había causado estado por ministerio de ley el proveído de seis de julio pasado en el que tuvo a la parte actora desistiéndose de la ejecución de la sentencia por pago y a la parte demandada aceptando tal desistimiento, por lo que ordenó el archivo del asunto como totalmente concluido Por otro lado, en el mismo auto ordenó la cancelación del embargo decretado sobre el bien inmueble adjudicado en autos, identificado como primera fracción del predio urbano denominado "APANGO", por lo que giró oficio al Director del Registro Público de la Propiedad y del comercio del Estado de Tlaxcala, para que realice el trámite correspondiente. Por tanto, en la especie se actualiza la causal de improcedencia en estudio, pues de las constancias antes relacionadas se evidencia que los actos reclamados por la parte quejosa dejaron de existir, pues el doce de julio de dos mil veintitrés, se ordenó el archivo del juicio ejecutivo mercantil ********************, de su estadística, con motivo del desistimiento de la ejecución de la sentencia por parte de la actora; del que se advierte además que se ordenó la cancelación del embargo del bien inmueble adjudicado en autos, y se giró oficio al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala, para que realizara el trámite correspondiente. En tales condiciones, se estima que han cesado los efectos de la omisión reclamada, pues al ser una abstención, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, la finalidad de la resolución del presente juicio constitucional sería obligar a la autoridad responsable a que actuara en el sentido de respetar la garantía contenida en el artículo 17 constitucional y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija; lo que ya ocurrió en los términos apuntados. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del arábigo 61 de la Ley de Amparo, respecto de la omisión atribuida a la autoridad responsable, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías conforme lo preceptúa la fracción V del numeral 63 del propio ordenamiento legal. En apoyo, se cita la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Se precisa que las tesis citadas resultan aplicables a pesar de referirse a numerales de la Ley de Amparo abrogada, pues no se contraponen con lo establecido en la norma en vigor, al ser de contenido similar. Por otro lado, en relación al acto reclamado consistente en la inscripción del embargo trabado dentro de las actuaciones del juicio ejecutivo mercantil ********************, de su estadística, sobre el bien inmueble identificado como primera fracción del predio urbano denominado "******************** este juzgador advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de la Materia, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; [.].". Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia, conforme lo ha establecido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conviene tener presente que generalmente, la emisión de determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejados efectos materiales y jurídicos específicos que, en alguna medida, deben concretarse en la esfera jurídica del gobernado, razón por la cual lo legitiman para promover el juicio de amparo con el fin de obtener sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, siendo el juicio de amparo un medio de control constitucional, cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado, con el fin de que se le restituya en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha interpretado diversos requisitos de procedencia del juicio, que lo condicionan a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre esos requisitos, se destaca la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley reglamentaria de la materia, en la cual se determina que aun cuando formalmente subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se reclama, a consecuencia de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional se tornaría jurídicamente imposible restituir al quejoso en el goce de los derechos que se estimen violados, o bien, ningún efecto jurídico tendría la sentencia concesoria de amparo que en su caso se dictara. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 173858, consultable en la página 189, del tomo XXIV, diciembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que no ha sido superada, que se transcribe a continuación: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad.". En el caso, la parte quejosa reclama la inscripción del embargo dentro de juicio ejecutivo mercantil ********************, sobre el bien inmueble identificado como primera fracción del predio urbano denominado "******************** por el Director de Notarias y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala; sin embargo, de lo narrado en el cuerpo de la presente determinación se advierte que el doce de julio de dos mil veintitrés, la Jueza Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala decretó el archivo del juicio ejecutivo mercantil ********************, de su estadística, con motivo del desistimiento de la ejecución de la sentencia por parte de la actora y ordenó la cancelación del embargo del bien inmueble en mención. En ese sentido, si bien no se ha dado de baja materialmente la inscripción del embargo, dicha actuación ya fue ordenada por la responsable dejando a disposición de las partes el oficio correspondiente para que por su conducto realicen el trámite conducente y se proceda a la cancelación del embargo; por lo que, a la fecha en se dicta el presente proveído, el mismo no tiene objeto o materia. En esa tesitura, ello da lugar a que opere la causal de improcedencia indicada, toda vez que aunque a la presente data subsista materialmente el acto reclamado, dejó de existir el objeto o materia del mismo, lo que tornaría imposible restituir al aquí quejoso en el goce de las garantías que estimó vulneradas, pues aun cuando subsista el acto reclamado, sus consecuencias jurídicas ya no surten efectos legal o material alguno. Por tanto, los efectos del acto de autoridad impugnado no se concretarán en la esfera jurídica de la parte quejosa, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de los derechos fundamentales que estima violados en su perjuicio, al haber quedado sin objeto o materia el acto de autoridad reclamado. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia analizada (fracción XXII, del artículo 61), lo procedente es sobreseer en el juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Se deja insubsistente fecha y hora de audiencia constitucional. En consecuencia, se deja insubsistente la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas con veintiséis minutos del treinta y uno de julio de dos mil veintitrés), por los motivos antes precisados. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE Atento a lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de José Emiliano Islas Fernández de Lara, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, diez de julio de dos mil veintitrés. Autoridad responsable informa. Agréguese el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, a través del cual informa el contenido del acuerdo de seis de julio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio ejecutivo mercantil ********************, de su estadística, del que se advierte que la parte actora ********************, así como los demandados ******************** (deudor principal), y ******************** (en su carácter de aval), acudieron ante el citado órgano jurisdiccional con la finalidad de que la primera de las nombradas ratificara su desistimiento de la ejecución de la sentencia por pago de las prestaciones reclamadas. Asimismo, se advierte que los demandados en cita aceptaron el desistimiento hecho a su favor, por lo que solicitaron la cancelación del embargo de los viene propiedad de ******************** (deudor principal), la devolución del título de crédito que originó el juicio ejecutivo mercantil ********************, así como el archivo del expediente. No obstante, el homólogo federal reservó devolver el título de crédito que originó el juicio, la cancelación del embargo y el archivo del asunto, con motivo de la suspensión decretada en el incidente derivado del juicio de amparo en que se actúa y hasta en tanto le fuera comunicado que la sentencia que se dicte ha causado ejecutoria. Al respecto, de un análisis a las constancias que integran el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo, mismas que se invocan como hecho notorio, en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, se advierte que por auto de esta misma data dejó de surtir efectos la suspensión definitiva otorgada en favor de la quejosa ********************, mediante resolución interlocutoria de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, lo que se ordenó hacer del conocimiento de las autoridades responsables. Se solicita información y constancias. Atento a lo anterior, con apoyo en los artículos 64 y 75 de la Ley de Amparo, solicítese a la Jueza Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, para que dentro del plazo de tres días legalmente computados, informe la determinación que recayó con motivo de lo informado en el incidente de suspensión derivado del presente juicio; asimismo, remita copia certificada de todas las constancias relacionadas con el desistimiento de la ejecución de la sentencia dictada en el juicio ejecutivo mercantil ********************, de su estadística. Sirve de apoyo a lo anterior la contradicción de tesis 8/96, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 108, del tomo V, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a febrero de 1997, en sesión de fecha diez de febrero de mil novecientos noventa y siete, cuyos rubro y texto son los siguientes: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto". Diferimiento de audiencia constitucional. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional que está señalada para este día SE DIFIERE para las DIEZ HORAS CON VEINTISÉIS MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante José Emiliano Islas Fernández de Lara, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  4. Incidental

    Apizaco, Tlaxcala, diez de julio de dos mil veintitrés.  Deja de surtir efectos suspensión definitiva. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no dio cumplimiento a lo ordenado en la interlocutoria de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, esto es, para que exhibiera la cantidad de $4,767.88 (cuatro mil setecientos sesenta y siete pesos y ochenta y ocho centavos moneda nacional), en cualquiera de las formas que establece la ley, a fin de que siguiera surtiendo efectos la suspensión definitiva otorgada a la quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 136, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, deja de surtir efectos la suspensión definitiva otorgada a la parte quejosa mediante interlocutoria de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales conducentes. En el entendido de que el disconforme está en aptitud de dar cumplimiento a lo exigido en el presente incidente de suspensión mientras no se ejecute el acto reclamado y no cause ejecutoria la sentencia dictada en el expediente principal.

Quedan 7 actuaciones en este expediente

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