Pilar Flores Cocoletzi

Expediente 293/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
293/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
19/04/2018

Partes del expediente

  • Pilar Flores Cocoletzi

Actuaciones

  1. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de diecinueve de abril de dos mil dieciocho: Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes auto se, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de dos de abril de dos mil dieciocho, en el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Polar Flores Cocoletzi, Rosa Sosa Rodríguez, Jehovanni Hernández Vázquez y Edgar Tepatzi Flores, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívese las presentes actuaciones como asunto concluido. Ahora, de autos se obtiene que este expediente está concluido y que es de aquellos a los que se refiere el Capítulo Quinto, punto vigésimo, fracción I, de Acuerdo General Conjunto 1/2009 de Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el Veintiséis de octubre siguiente, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes en los Juzgados de Distrito. Por lo tanto, en los términos de lo establecido en el punto segundo, fracción VI, cuarto, noveno, fracción I, décimo, fracción I, décimo primero, párrafo segundo y vigésimo primero del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 en comento, se autoriza la destrucción de este expediente relativo al presente juicio de amparo, dado que no existen actuaciones pendientes, ni se está dentro de alguna de las causas de excepción a que se refiere el acuerdo en cita y al tratarse de un asunto concluido remítase al archivo definitivo en calidad de "archivo reciente", sin que pueda calificarse de relevancia documental, valor jurídico e histórico, inclusive, no contiene información reservada, conforme al punto vigésimo tercero, Capítulo Quinto del acuerdo citado; datos que deberán insertarse en la caratula del expediente en conformidad con el punto décimo primero, segundo párrafo, de la nomat6ividad en consulta, en el entendido de que la destrucción de este expediente procederá transcurridos cinco años posteriores a la notificación del presente; por tanto, inclúyase en la relación de asuntos susceptibles de destrucción; hágase las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integran de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales correspondientes. Dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente principal, deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Por otra parte, con apoyo en el artículo segundo, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, déjese a su disposición de la parte quejosa los documentos originales que se adjuntaron a la demanda de amparo, el cual podrá recoger dentro del plazo de noventa días, apercibido que de no hacerlo así, dicho documento será destruido junto con el expediente. A pesar de que la parte quejosa nada manifestó relación a lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al hacerse pública el auto que desechó la demanda de amparo, no deberán suprimirse los datos sensibles de dicha resolución y demás constancias; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto. Finalmente, visto el escrito presentado por la quejosa Pilar Flores Cocoletzi dígasele que se deberá estarse a lo acordado en párrafos procedentes, donde se ordenó su devolución

  2. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de dos de abril de dos mil dieciocho: Vista la demanda de amparo que promueven Pilar Flores Cocoletzi, Rosa Sosa Rodríguez, Jehovanni Hernández Vázquez y Edgar Tepatzi Flores, por propio derecho, contra actos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 293/2018-II. Una vez precisado lo anterior, con apoyo en lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora el siguiente criterio: Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con los siguientes criterios del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Con base en estas premisas, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo por lo que hace a la quejosa Rosa Sosa Rodríguez. Ello deriva del hecho que no es promovida a instancia de parte agraviada. Para corroborar tal aserto, se tiene en cuenta el contenido de los artículos 61, fracción XXIII, y 6° de la Ley de Amparo, que disponen: En el caso, de la demanda de amparo se advierte que fue promovida por: Pilar Flores Cocoletzi, Rosa Sosa Rodríguez, Jehovanni Hernández Vázquez y Edgar Tepatzi Flores. Sin embargo, no se encuentra estampada la firma autógrafa de Rosa Sosa Rodríguez , por lo que debe concluirse que ante la falta de firma de la agraviada en el escrito inicial de demanda de derechos, no existe manifiesta su voluntad de promover el juicio constitucional y, consecuentemente, no se satisface el principio de instancia de parte agraviada, como lo exige el artículo 107, fracción I, constitucional, así como el diverso 6° de la Ley de Amparo, el cual preceptúa que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, y sólo podrá seguirse por el agraviado, a través de su representante legal o de su defensor; de ahí que resulta improcedente el juicio de amparo respecto de la quejosa antes mencionada. Son ilustrativos al caso los siguientes criterios: En tales condiciones, resulta manifiesto e indudable que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el precepto legal 113 de la citada ley de la materia SE DESECHA por notoriamente improcedente únicamente la demanda de derchos respecto de la quejosa Rosa Sosa Rodríguez. Lo anterior, pues como se ha señalado, el ocurso de demanda remitido por la Oficina de Correspondencia de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, no contiene firma autógrafa original de la quejosa mencionada, ya que en la boleta de turno se aprecia que la encargada de dicha oficina en sus observaciones señala lo siguiente: ".DEMANDA EN ONCE FOJAS CON TRES FIRMAS." Por otra parte, respecto de los quejosos Pilar Flores Cocoletzi, Jehovanni Hernández Vázquez y Edgar Tepatzi Flores, reclaman la convocatoria del Concurso para el Ingreso a la Educación Media Superior Ciclo Escolar 2018-2019, el dos de marzo de dos mil dieciocho, emitida por la Institución Educativa Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, a través de la Directora Silvia Josefina Millán López, el no publicar las plazas de nueva creación, vacantes definitivas y temporales disponibles, para el desempeño de funciones docentes y técnicos docentes, el no verificar la debida publicación de las plazas de nueva creación, vacantes definitivas y temporales disponibles, para el desempeño de funciones docentes y técnico docentes del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala; sin embargo, dichos actos derivan esencialmente del hecho consistente en que pretende controvertir actos de naturaleza jurídica futura e incierta. En principio debe establecerse que, en términos generales, un acto futuro es aquel que en el tiempo presente aún no ha sucedido. En ese contexto importa referir que el juicio de amparo es procedente contra actos actuales y ciertos, esto es, que ya se han llevado a cabo, en virtud de que ese medio de control constitucional no tiene efectos preventivos o especulativos, sino de reparación, lo cual excluye su procedencia respecto de actos futuros. Cabe precisar que dicho concepto no debe entenderse referido exclusivamente en relación con aquellos actos que en un momento y tiempo específicos aún no se han realizado, sino que debe analizarse a la luz de su indeterminación, incertidumbre, probabilidad o posibilidad de que se produzcan. Los elementos antes destacados permiten diferenciar a los actos futuros de los inminentes, es decir, los que aun cuando no se han materializado se tiene la certeza de que se producirán, como lo ilustra la tesis siguiente: "ACTOS FUTUROS. Los actos futuros contra los cuales es improcedente el amparo, son aquellos que tienen el carácter de futuros e inciertos; pero si se tiene la certeza de que se ejecutarán, el amparo procede contra ellos, en los términos de la ley." Consecuentemente, el elemento que permite diferenciar los actos futuros respecto de los inminentes es la certeza de su realización. Estos principios, aplicados a las hipótesis en estudio, permiten establecer que no existe certeza respecto de la realización de los actos controvertidos por los quejosos, consistentes en la convocatoria del Concurso para el Ingreso a la Educación Media Superior Ciclo Escolar 2018-2019, el dos de marzo de dos mil dieciocho, emitida por la Institución Educativa Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, a través de la Directora Silvia Josefina Millán López, el no publicar las plazas de nueva creación, vacantes definitivas y temporales disponibles, para el desempeño de funciones docentes y técnicos docentes, el no verificar la debida publicación de las plazas de nueva creación, vacantes definitivas y temporales disponibles, para el desempeño de funciones docentes y técnico docentes del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, pues del contenido de la demanda de amparo no se advierte elementos que revelen la certeza de su realización. Para corroborar tal aserto, resulta conveniente precisar que el quejoso señaló como actos reclamados los siguientes: "ACTO RECLAMADO.- 1) La convocatoria publicada (en el portal http://servicioprofesionaldocente.sep.aob.mx/ms/in eso 2Q18/convocatorias/ de la Secretaria de Educación Pública Federal; Concurso de Oposición para el Ingreso a la Educación Media Superior Ciclo Escolar 2018-219) el dos de marzo de dos mil dieciocho emitida por la Institución Educativa Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, através de la Directora General Doctora Silvia Josefina Millán López. 2) La omisión de la Directora General del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, Doctora Silvia Josefina Millán López de no publicar debidamente las plazas de nueva creación, las vacantes definitivas y temporales disponibles, para el desempeño de funciones docentes y técnicos docentes. 3) La omisión de la Secretaria de Educación Pública del Estado de Tlaxcala, a través de su representante legal de no verificar legalmente la debida publicación de las plazas de nueva creación, las vacantes definitivas y temporales disponibles, para el desempeño de funciones docentes y técnicos docentes del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, omitiendo el artículo 7 fracción II de la Ley General del Servicio Profesional Docente en el cual le da atribución para coordinarse con el INEE (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación), para llevar a cabo el proceso de evaluación para el Ingreso al Servicio Profesional Docente. 4) La omisión del Director Académico del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, Doctor Julián Otero Sánchez de no publicar debidamente las plazas de nueva creación, las vacantes definitivas y temporales disponibles, para el desempeño de funciones docentes y técnicos docentes." De la transcripción anterior, se desprende que los actos reclamados por los quejosos, de forma manifiesta e indudable son de naturaleza jurídica futura e incierta, al no existir elementos que revelen que sea inminente su realización; sobre todo si se tiene en cuenta, que tales actos derivarían de la convocatoria publicada en el portal http:servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/ms/ingreso2018/convocatorias/ de la Secretaria de Educación Pública Federal; Concurso de Oposición para el ingreso a la Educación Media Superior Ciclo Escolar 2018-219 el dos de marzo de dos mil dieciocho. En relación con el tema de actos de naturaleza jurídica futura e incierta, es pertinente señalar que al precisar el concepto de acto futuro e incierto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que son futuros aquellos actos en que sea remota la ejecución de los hechos que se previenen, y que no encajan en esa categoría los actos respecto de los que se tiene la certidumbre de que se ejecutarán de no cumplirse determinado mandato de la autoridad que lo condiciona; es decir, que no pueden estimarse como tales aquellos en los que existe la inminencia de la ejecución del acto, los que aun cuando no se han ejecutado, se tiene la certidumbre de que se ejecutarán, por demostrarlo así los actos previos relacionados con su ejecución, y que respecto de los actos futuros, el juicio constitucional sólo es procedente cuando son de inminente realización, como lo revelan las siguientes tesis. En ese orden de ideas y con base en lo expuesto en los criterios que anteceden se puede advertir que existen actos futuros e inciertos y actos futuros pero inminentes. En los primeros, su realización está sujeta a meras eventualidades, y por ser inciertos constituyen un supuesto de improcedencia del juicio de amparo, ya que la eventualidad y la incertidumbre de su realización no permiten asegurar que el acto reclamado perjudica a la parte promovente del amparo o que existe una cercanía en la realización del perjuicio, que el artículo 4o. de la Ley de Amparo exige como condición para que pueda promoverse el juicio. En cambio, respecto de los actos citados en segundo lugar, por su calidad de inminentes, prevalece la certeza de que se realizarán, ya sea de inmediato o cumplidas ciertas condiciones, y debido a la plena convicción de que habrán de realizarse en tiempo cercano, es procedente contra ellos el juicio de amparo. Derivado de lo anterior se advierte que contrario a lo manifestado por los quejosos, la realización de los actos que controvierte en la presente instancia constitucional se encuentra sujetos a meras eventualidades, y por ser inciertos constituyen un supuesto de improcedencia del juicio de amparo, ya que su eventualidad y la incertidumbre de su realización no permiten asegurar que los actos reclamados perjudican a los promoventes del amparo o que exista una cercanía en la realización del perjuicio, que el artículo 4o. de la ley de amparo exige como condición para la promoción de la acción constitucional. En efecto, la eventualidad y la incertidumbre en relación con la materialización de los actos reclamados deriva del hecho de que del contenido de la demanda de amparo, no se advierten elementos que permitan concluir que sean inminentes o próximos a suceder, pues las posibilidades o eventualidades concernientes a que en la convocatoria -publicada en el portal http:servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/ms/ingreso2018/convocatorias/ de la Secretaria de Educación Pública Federal; Concurso de Oposición para el ingreso a la Educación Media Superior Ciclo Escolar 2018-219 el dos de marzo de dos mil dieciocho-, pues en todo caso ello únicamente constituye una mera suposición, ya que como se desprende del escrito de demanda de amparo los citados quejosos realizaron el pre-registro de acuerdo a lo establecido en la convocatoria de dos de marzo del presente año; para presentar el examen y poder obtener alguna de las plazas que refiere dicha convocatoria; sin embargo, del anexo que acompañan a su escrito de demanda consistente en la convocatoria referente al concurso de oposición para el ingreso a la educación media superior ciclo escolar 2018-2019 COIEMS-18, se desprende que el examen será aplicado el doce y trece de mayo de dos mil dieciocho, y los resultados serán publicados al nueve de julio de dos mil dieciocho, por lo que, dichos actos afectarían a los quejosos hasta el momento en que sean publicados los resultados del examen y estos sean idóneos para poder aspirar a una de las plazas que se encuentren vacantes, lo cual bien puede o no acontecer pues ello, dependerá del resultado que obtengan del examen que realicen los días doce y trece de mayo del año en curso. Para mayor eficacia en la solución del presente asunto, no se debe pasar por alto que el artículo 5, fracción I. de la Ley de Amparo, igualmente condiciona la promoción del juicio de amparo a la circunstancia de que el acto reclamado perjudique o agravie al peticionario. En torno de las características del agravio, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha manifestado en el sentido de que el agravio que el acto reclamado cause al quejoso debe ser actual, o que por estar una situación próxima a suceder, exista la seguridad de que le causará dicha afectación. Asimismo, el Máximo Tribunal de la Nación ha sostenido que el agravio debe ser directo, ya que la afectación indirecta que produzca el acto reclamado no da ningún derecho al que lo sufra para promover juicio de amparo en su contra, sino que debe promoverse por quien resulte directamente perjudicado con el acto reclamado, y no por quien sólo resienta un perjuicio indirecto, derivado del agravio que el acto ocasiona a otra persona pues, en este supuesto, esta última es a quien corresponde instaurar el juicio constitucional, tal como se advierte de las siguientes tesis. "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL.-De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará." "AGRAVIO INDIRECTO.-El agravio indirecto no da ningún derecho al que lo sufra para recurrir al juicio de amparo. Para explicar el criterio mencionado, es conveniente transcribir los precedentes en relación al perjuicio como base del amparo, que esta Suprema Corte de Justicia ha sostenido en el sentido de que una correcta interpretación de la fracción IV del artículo 73 (hoy fracción V) de la Ley de Amparo, lleva a la conclusión de que éste debe ser solicitado precisamente por la persona que estima se le causa molestia por la privación de algún derecho, posesión o propiedad, porque el interés jurídico de que habla dicha fracción no puede referirse a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos y posesiones conculcados, y aunque las lesiones de tales derechos, es natural que traigan repercusiones mediatas o inmediatas en el patrimonio de otras personas, no son éstas quienes tienen interés jurídico para promover el amparo." En esas condiciones, de acuerdo con los criterios transcritos, el agravio que da pauta a la promoción del juicio de amparo debe ser directo, es decir, de realización presente, pasada, o bien, inminentemente futura, muy cercana a ocurrir. El agravio es presente cuando los efectos del agravio operan al promoverse el amparo; pasado, cuando sus efectos ya han concluido; e inminentemente futuro cuando los efectos aún no se inician pero existen datos suficientes que hacen presumir una proximidad temporal en la producción de efectos del acto reclamado. En consecuencia, las posibilidades o eventualidades concernientes a que alguna autoridad cause a una persona determinada un daño o un perjuicio, sin que la producción de éste sea inminente o pronta a suceder, como acontece en la especie, no hace procedente el juicio de amparo, toda vez que el artículo 5, fracción I, de la ley de la materia condiciona su promoción a que el acto reclamado perjudique directamente a la parte quejosa. Por consiguiente, el agravio futuro remoto, sin proximidad temporal, no da lugar a que se pueda promover el juicio de amparo. En ese orden de ideas, contrario a lo manifestado por los quejosos, la realización de los actos que controvierte en la presente instancia constitucional se encuentra sujeta a meras eventualidades, y por ser inciertos constituyen un supuesto de improcedencia del juicio de amparo, ya que su eventualidad y la incertidumbre de su realización no permiten asegurar que los actos reclamados perjudican a los promovente del amparo o que exista una cercanía en la realización del perjuicio, que el artículo 4o. de la ley de amparo exige como condición para la promoción de la acción constitucional. En efecto, la eventualidad y la incertidumbre en relación con la materialización de los actos reclamados deriva del hecho de que del contenido de la demanda de amparo no se advierten elementos que permitan concluir que sean inminentes o próximos a suceder, pues las posibilidades o eventualidades concernientes a que alguna autoridad cause al quejoso un daño o un perjuicio derivado de que en la convocatoria referente al concurso de oposición para el ingreso a la educación media superior ciclo escolar 2018-2019 COIEMS-18; de no publicar debidamente las plazas de nueva creación, las vacantes definitivas y temporales disponibles, para el desempeño de funciones docentes y técnicos docentes, pues en todo caso ello, les afectarían hasta el momento en que cumplan con los requisitos para aspirar a una de esas plazas, es decir, hasta el momento en que obtengan el puntaje requerido para aspirar dichas plazas, lo cual bien puede no acontecer. Además, debe destacarse que de la propia convocatoria de dos de marzo de dos mil dieciocho, se aprecia que solo refiere que para algunas funciones docentes y técnico docentes, la inexistencia de vacantes a la fecha de su publicación; sin embargo, no menciona que no exista ninguna plaza disponible para todos los aspirantes. Sin que pase inadvertido para este órgano de control constitucional el contenido de la jurisprudencia 1a./J. 25/2003, pues dicho criterio dispone que el Juez de Distrito puede y debe desechar de plano la demanda de amparo cuando advierta, sin lugar a dudas, que los actos reclamados son futuros e inciertos, tal como acontece en la especie, al no advertirse elementos que permitan concluir que sean inminentes o próximos a suceder, pues como ya se dijo en líneas precedentes, ello, dependerá de los resultados que se publiquen el nueve de julio de dos mil dieciocho. De igual modo, también se toma en consideración que ninguna afectación preponderante se causa a los quejosos con motivo del desechamiento que se decreta en el presente juicio constitucional, al haberse acreditado que la realización de los actos que controvierte en la presente instancia constitucional se encuentra sujeta a meras eventualidades, si se toma en consideración que al momento en que se materialicen los actos que controvierte, si así conviene a sus intereses legales, estará en aptitud jurídica de promover una diversa demanda en la que incluso podrá controvertir de mejor manera los actos de autoridad que reclame. Asimismo, cabe señalar que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la certeza respecto de la realización de los actos controvertidos por el quejoso, no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas. En las relatadas circunstancias, es claro que en relación con la demanda de amparo que promueven Pilar Flores Cocoletzi, Jehovanni Hernández Vázquez y Edgar Tepatzi Flores, por propio derecho, contra actos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y otras autoridades, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción I, todos de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 113 de la misma ley, lo procedente es DESECHARLA DE PLANO. Ahora, en atención a que el domicilio señalado por los quejosos para recibir notificaciones personales, se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal; en consecuencia, por única ocasión se comisiona a uno de los actuarios adscritos a este juzgado para que se constituya en el domicilio Calle Porfirio Díaz, Número diecinueve, Colonia Centro, Tlaxcala y le notifique el presente acuerdo; asimismo, les requieran para que dentro del término de tres días señale domicilio en esta ciudad de Apizaco, Tlaxcala, para oír y recibir notificaciones, ante este juzgado federal, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por lista, atento a lo dispuesto en el artículo 26, fracción III, en relación con el 29 de la Ley de Amparo; esto, a fin de dar cumplimiento a lo señalado en el presente auto. Asimismo, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Fabio Lara Zempoalteca, al contar con registro único en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales. De igual forma, se tiene como representante común de la parte quejosa en términos del artículo 13 de la Ley de Amparo a Pilar Flores Cocoletzi, sin perjuicio de que con posterioridad se haga una nueva designación. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio.

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