Petronilo Gregorio Hernández Hernández
Expediente 1687/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1687/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Petronilo Gregorio Hernández Hernández
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Parte quejosa denuncia repetición del acto reclamado Agréguese a los autos el escrito presentado por el quejoso ********************a través del cual, promueve incidente de repetición del acto; en atención a lo anterior, se provee: Desechamiento En primer término, es indispensable tener presente el artículo 199 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 199. La repetición del acto reclamado podrá ser denunciada por la parte interesada dentro del plazo de quince días ante el órgano jurisdiccional que conoció del amparo, el cual correrá traslado con copia de la denuncia a la autoridad responsable y le pedirá un informe que deberá rendir dentro del plazo de tres días. Vencido el plazo, el órgano judicial de amparo dictará resolución dentro de los tres días siguientes. Si ésta fuere en el sentido de que existe repetición del acto reclamado, ordenará la remisión de los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, siguiendo, en lo aplicable, lo establecido en el artículo 193 de esta Ley. Si la autoridad responsable deja sin efecto el acto repetitivo, ello no la exime de responsabilidad si actuó dolosamente al repetir el acto reclamado, pero será atenuante en la aplicación de la sanción penal. De la exégesis de dicho precepto, se desprende que, en lo que interesa, la repetición del acto reclamado se configura cuando el acto que se declaró inconstitucional en un juicio de amparo y aquél que se dictó en cumplimiento sean idénticos en cuanto a las causas, motivos, fundamentos, efectos y demás elementos que lo constituyen, esto es, que existe concordancia entre los elementos que los constituyen -que es la razón que tiene la autoridad para emitir un acto- y el sentido de afectación -forma en que el acto lesiona al gobernado-. Al respecto, cabe agregar que no basta que el acto que se considera como repetición del declarado inconstitucional produzca el mismo resultado que el acto materia de la sentencia de amparo o que ambos actos se manifiesten de la misma manera en el mundo exterior para considerar que existe repetición del acto reclamado, sino que deben compararse los dos actos considerando sus causas, motivos, fundamentos, efectos y demás elementos que los constituyen, a fin de verificar si en el nuevo acto dictado en cumplimiento de la ejecutoria se reitera la violación que se causó con el acto declarado inconstitucional y si con ello se esté desconociendo el principio de cosa juzgada y de fuerza vinculatoria de la sentencia de amparo. Sirve de apoyo lo anterior, la jurisprudencia 4a./J. 5/94 sustentada por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 81, Septiembre de 1994, página 17; Octava Época; Materia Común, de contenido: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. CUANDO SE CONFIGURA. Para estimar acreditada la repetición del acto reclamado, no basta que el acto denunciado produzca el mismo resultado del acto materia de la sentencia de amparo, es decir, que ambos se manifiesten de la misma manera en el mundo exterior; deben compararse los dos actos considerando sus causas, motivos, fundamentos, efectos y demás elementos que los constituyen, cuando de alguno de ellos haya dependido la concesión del amparo; así, si se otorgó el amparo porque la autoridad realizó un acto prohibido por su mero efecto, con independencia de su causa, motivo o fundamento, o de la competencia de su autor, el análisis del segundo acto debe limitarse a verificar si produce el mismo efecto del anterior, para considerar que la autoridad ha incurrido en repetición del acto reclamado, sin importar sus elementos materiales; por el contrario, si se estimó inconstitucional el acto por estar viciado uno de sus elementos (motivo o fundamento, por ejemplo), el estudio del nuevo acto debe hacerse considerando exclusivamente ese elemento para saber si entre ambos existe o no identidad en ese aspecto, ya que la figura jurídica de repetición del acto reclamado no se estableció para evitar que la autoridad realice, en perjuicio del quejoso, cualquier acto con efectos o resultados parecidos a los que tuvo el acto declarado inconstitucional, sino para impedir que la autoridad desconozca el principio de cosa juzgada y la fuerza vinculatoria de la sentencia de amparo, reiterando una lesión en las mismas condiciones en que antes lo hizo, pese a que ha sido declarada contraria a las garantías individuales". Así como la diversa 3a./J. 25/94, sustentada por la entonces Tercera Sala del Máximo Tribunal Constitucional del País, publicada en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 81, Septiembre de 1994, página 15, Octava Época; Materia Común; que se transcribe a continuación: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. LOS ACTOS DENUNCIADOS DEBEN INCURRIR EN LAS MISMAS VIOLACIONES Y MOTIVOS POR LOS QUE SE OTORGO EL AMPARO. La figura de repetición del acto reclamado requiere que los actos denunciados como tales sean idénticos en la violación de garantías que entrañan a los que se impugnaron en el juicio de amparo, de manera tal que se advierta claramente que se están basando en los mismos supuestos y motivos que el juez de Distrito tuvo en consideración para otorgar la protección constitucional a la parte quejosa, pues lo contrario, es decir, si los actos denunciados no reproducen las características básicas de los reclamados, deben considerarse como actos diversos, susceptibles, en su caso, de impugnarse en un nuevo juicio de amparo". Expuesto lo anterior, conviene tener presente que el acto reclamado al Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, Tlaxcala, en el presente asunto y respecto del cual se concedió la protección solicitada consiste en: El oficio ********************, expedido en el expediente ********************, relativo al Juicio Ordinario Civil de Nulidad de Escrituras, del índice del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, dirigido a la Dirección de Notarías y Registros Públicos del Gobierno del Estado de Tlaxcala, por el que se ordenó realizar una anotación marginal, como providencia precautoria, sobre el registro de la compraventa de la casa marcada con el número ********************; para el efecto de que no se realice ningún movimiento traslativo de dominio hasta en tanto se resuelva el juicio; y su inscripción en la oficina registral. Ahora, de los antecedentes del acto reclamado en el presente asunto se desprende que el mismo deriva del expediente ********************, correspondiente al juicio ordinario civil de nulidad de contrato de compraventa, protocolizado en la escritura número********************respecto del bien inmueble identificado como la casa ubicada en la avenida ********************, promovido por ********************, por propio derecho y en su carácter de albacea provisional a bienes de ******************** contra ********************Juicio en el cual, mediante escrito de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, el actor ******************** manifestó su voluntad de desistirse de la instancia mas no de la acción, petición que fue acordada en diligencia de ratificación de nueve de abril de dos mil veintiuno. Así, en auto de quince de abril de dos mil veintiuno, se acordó, a solicitud de la parte actora, la cancelación de la anotación marginal recaída en la partida de inscripción del bien inmueble identificado como la casa ubicada en ******************** No obstante ello, al no haberse girado el oficio respectivo y con base en las razones expuestas en la sentencia de quince de julio del año en curso, se concedió el amparo solicitado para los siguientes efectos: "La juez responsable, en cumplimiento a lo que ordenó en auto de quince de abril de dos mil veintiuno, expida el oficio dirigido al Director de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, por el que le instruya para que cancele la anotación preventiva de la demanda que ordenó mediante oficio número ******************** de ********************en la partida de inscripción registral respecto del inmueble identificado como la casa ubicada en avenida ********************. En la inteligencia que deberá realizar las acciones necesarias en ejercicio de sus facultades, para asegurarse de su total cumplimiento. Concesión de amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución que se atribuyen al Director de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala." En ese sentido, se tiene que el acto reclamado en el presente asunto y por el cual se concedió el amparo solicitado, fue emitido dentro del juicio ordinario civil de nulidad de contrato de compraventa ********************, del índice el Juzgado Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, Tlaxcala. Por su parte, en el escrito que se provee, la parte quejosa alude la repetición del acto reclamado señalando como acto lo siguiente: / / De la reproducción que precede, se desprende que el quejoso estima que existe repetición del acto reclamado, en razón que el Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, Tlaxcala, dentro de los autos del expediente ********************, de su índice, el quince de noviembre del año en curso, emitió un auto en el que fijó la cantidad de ********************, a efecto de garantizar la anotación marginal solicitada por la parte actora -********************-. Ahora bien, como se precisó en párrafos que preceden, a fin de determinar si existe la repetición del acto reclamado en un asunto, es necesario hacer una comparación entre el acto que se declaró inconstitucional y el nuevo acto, en este caso, el acto referido por la parte actora. Así, este juzgador estima que es notoriamente improcedente el incidente de repetición de acto que nos ocupa; ello, pues de la reseña que se ha hecho se desprende que el acto reclamado en el presente asunto deriva del juicio ********************, del índice del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, Tlaxcala; mientras que el acto de cuya repetición se duele, emana del diverso juicio ********************, del índice de la misma autoridad. Por lo tanto, resulta evidente que, al tratarse de dos juicios diferentes, no puede considerarse que exista repetición del acto reclamado, pues la concesión de la protección constitucional del juicio de amparo que nos ocupa, se circunscribió a las consideraciones que emanaban precisamente del juicio de origen esto es el expediente ******************** antes referido. Lo que evidencia que al no ser idéntico el acto cuya repetición reclama, en cuanto a sus causas, motivos, fundamentos y efectos con aquel respecto del cual se concedió el amparo solicitado; pues, se reitera, derivan de juicios diversos, deviene improcedente el incidente intentado. Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57, del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de conformidad con el artículo 2 de la Ley de Amparo, se desecha el incidente de repetición del acto reclamado intentado por la parte quejosa. Notifíquese y personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Pamela Elizabeth Hernández López, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.Vieyra*
- Incidental
En Apizaco********************Tlaxcala********************veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés.****************************************Análisis cumplimiento de sentencia****************************************Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta********************y conforme al artículo 107********************fracción XVI********************último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos********************vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once********************dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo********************sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional.****************************************En la sentencia dictada el veintisiete de junio de dos mil veintidós********************se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ******************** (fojas 181 a 199).****************************************Inconforme con tal determinación********************el ********************interpusieron recurso de revisión en su contra********************el cual que fue radicado por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito********************con el número 233/2022********************mismo que fue resuelto por ejecutoria de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés********************cuyos puntos resolutivos fueron:****************************************"PRIMERO. En la materia de la revisión********************se confirma la sentencia recurrida.********************SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa en contra de los actos reclamados de las autoridades responsables********************para los efectos precisados en el considerando octavo del fallo recurrido."****************************************Así en proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés********************se tuvo por recibida la ejecutoria dictada por la superioridad y se requirió a la responsable********************realizara lo siguiente:****************************************"1).- Que las autoridades responsables Presidente y Secretario del Consejo de Honor y Justicia del Cuerpo de Seguridad Pública Municipal de Apizaco********************Tlaxcala********************dicten una resolución en la que********************conforme a los lineamientos de este fallo********************ordenen: ********************a).- El pago de la indemnización correspondiente y demás prestaciones a que tenga derecho********************(.).********************b).- La anotación en el expediente personal de la parte quejosa********************así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública********************de que ésta fue separada del cargo de policía adscrito a la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Apizaco********************Tlaxcala********************de manera injustificada. ********************c).- Que no procede su reinstalación. (.). ********************d).- Que tiene derecho a los servicios de salud********************tanto el hoy quejoso********************como en su caso********************sus coasegurados********************el cual se proporcionará hasta en tanto se pague la indemnización y las prestaciones a que tenga derecho el servidor público."****************************************Posteriormente********************se tuvieron por recibidos los oficios********************signados por el Presidente y Secretario ambos del Consejo de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Apizaco********************Tlaxcala********************mediante los cuales remitieron las constancias con las que manifestaron haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo y con los cuales se ordenó dar vista a la parte quejosa por el plazo de tres días********************para que estuvieran en aptitud de manifestar lo que a su interés legal conviniera.****************************************Ahora********************a las documentales remitidas por la autoridad responsable********************este juzgador les concede valor probatorio pleno********************de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles********************de aplicación supletoria a la Ley de Amparo********************en términos de su artículo 2°.****************************************Con apoyo en las constancias de autos********************datos aportados por la autoridad responsable********************se procede a analizar si la misma se encuentra cumplida o no.****************************************Del análisis de las constancias remitidas********************se advierte que el Presidente y Secretario ambos del Consejo de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Apizaco********************Tlaxcala********************realizaron lo siguiente:****************************************En sesión de dieciocho de agosto de este año********************los integrantes del Consejo de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública********************Vialidad y Transporte de Apizaco********************Tlaxcala********************ordenaron:********************El pago de la indemnización correspondiente y demás prestaciones a que tenga derecho el quejoso ********************;********************La anotación en el expediente personal del quejoso así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública********************de que este fue separado del cargo de Policía adscrito a la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Apizaco********************Tlaxcala********************de manera injustificada;********************Que no procede su reinstalación;********************Que tiene derecho a los servicios de Salud********************tanto el quejoso como sus coasegurados********************el cual se proporcionará hasta en tanto se pague la indemnización y las prestaciones a que tenga derecho y;********************Facultó al Secretario Técnico de ese Consejo de Honor y Justicia a fin de que realizara los trámites administrativos necesarios para el cumplimiento de los anteriores incisos.****************************************Asimismo********************mediante oficio de veinticinco de septiembre de este año********************informaron:****************************************Que con fecha diez de agosto de este año********************recibió el oficio DJ-SSC/3691/2023 de Jefe del Departamento Jurídico de la Secretaría de Seguridad Ciudadana********************mediante el cual informó que en el Registro Nacional de Seguridad Pública el quejoso ****************************************se encuentra sin registro y;********************Que la Jefa del Departamento de Registro para Personal de Seguridad********************informó que el quejoso se encuentra activo en el Órgano Administrativo Desconcentrado Servicio de Protección Federal de la ciudad de México********************por lo que no puede realizar la anotación solicitada********************en virtud de que no pueden existir dos anotaciones.****************************************En consecuencia********************es evidente que el Presidente y Secretario ambos del Consejo de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Apizaco********************Tlaxcala********************acreditaron haber dado cumplimiento a los efectos de la sentencia de amparo********************en virtud de que informaron que ordenaron el pago de la indemnización correspondiente y demás prestaciones a que tenga derecho el quejoso ****************************************asimismo que tiene derecho a los servicios de Salud********************tanto el quejoso como sus coasegurados********************hasta en tanto se pague la indemnización y las prestaciones a que tenga derecho y********************que si bien no se pudo realizar la anotación en el Registro Nacional de Seguridad Pública********************de que el quejoso fue separado del cargo de Policía adscrito a la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Apizaco********************Tlaxcala********************de manera injustificada********************esto obedece a que este se encuentra activo en el Órgano Administrativo Desconcentrado Servicio de Protección Federal de la ciudad de México********************y no pueden existir dos anotaciones.****************************************No existe defecto o exceso****************************************Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo********************considerando que hay exceso cuando las responsables se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que********************por el contrario********************habrá defecto********************cuando las autoridades cumplen parcialmente con lo ordenado********************o lo hace deficientemente; al respecto********************como criterio orientador********************se cita la jurisprudencia del rubro: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO".****************************************Se estima que no hay defecto en el cumplimiento********************en razón a que la responsable siguió lo ordenado en la sentencia protectora en los términos indicados con antelación.****************************************Tampoco existe exceso********************pues la autoridad responsable no se extralimitó en el cumplimiento********************pues no fue más allá de lo ordenado en la ejecutoria de amparo.****************************************Por tanto********************no existió defecto en el cumplimiento porque la responsable no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo; tampoco existe exceso********************ya que la responsable no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo.****************************************Se declara cumplido el fallo protector****************************************Por consiguiente********************este órgano de control constitucional considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados********************en términos del artículo 77********************fracción I********************de la Ley de Amparo; en tal virtud********************se declara cumplida la ejecutoria de amparo dictada dentro del presente juicio.****************************************Anotaciones y captura SISE****************************************Háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico de gobierno********************y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).****************************************Archivo****************************************Una vez que quede firme la presente determinación********************archívese el presente juicio de derechos como asunto concluido.****************************************Notifíquese personalmente.****************************************Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz********************Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala********************quien actúa asistido de Carmen Esther Pérez Vargas********************Secretaria de este Juzgado********************quien autoriza y da fe.
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve********************por propio derecho, contra actos del Secretario de Seguridad Ciudadana y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1687/2023-II-A. Se admite demanda de amparo. En atención a que la demanda satisface los requisitos que establecen los numerales 108 y 110 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones VII y XV, de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 35, 37, 107, 112, 115 y 116 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo promovida por********************por propio derecho, contra actos del Secretario de Seguridad Ciudadana y otra autoridad. Requerimiento de informe justificado con apercibimiento. Pídase a las autoridades responsables informe justificado que deberán rendir dentro del término de quince días legalmente computado y requiéraseles para que dentro del término concedido, remitan copia debidamente legible de todas y cada una de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo en el término que se le otorgó, se presumirá cierto el acto reclamado en términos de lo dispuesto por los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo y se les impondrá una multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo y artículo 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en relación con el cálculo y determinación de valor actualizado de la Unidad de Medida y Actualización determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho. En la inteligencia de que la copia de la demanda de amparo se adjuntará al oficio en el que se les notifique la apertura del incidente de suspensión. Causas de sobreseimiento. De igual forma, se hace del conocimiento de las partes que deberán informar a este órgano jurisdiccional cuando surjan causas de improcedencia o sobreseimiento y, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten de acuerdo con lo establecido por el artículo 64 de la ley de la materia, con el apercibimiento que de no cumplir, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la unidad de medida y actualización de conformidad con lo dispuesto en el artículo señalado en la parte final del párrafo que antecede. Audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Incidente de suspensión -se apertura únicamente cuaderno original-. Con una copia de la demanda de amparo, tramítese por separado el incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, en el entendido que únicamente se dará apertura al cuaderno original, conforme a lo dispuesto en el numeral 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado por el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Pruebas. Por otro lado, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase a la parte quejosa ofreciendo como pruebas las documentales que exhibe con su escrito de demanda, mismas que se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de ser relacionadas nuevamente en la audiencia de ley. Se ordena realizar la compulsa y certificación, de los documentos que adjuntó la parte quejosa a su demanda de amparo, para que consten en los cuadernos incidentales. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 7, tomo XXXII, septiembre de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97)". Intervención del Agente del Ministerio Público de la Federación. Dese la intervención que legalmente corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, corriéndole traslado con copia simple del escrito inicial de demanda, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 5° de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, practíquense todas las notificaciones que se generen en el presente juicio a la mencionada representante social por vía electrónica, a través del usuario precisado en los oficios que fueron recibidos y acordados en el cuaderno de varios 2/2023, de este Juzgado de Distrito, así también, se tiene informando el correo electrónico a fin de entablar comunicación no procesal. Tercero interesado. Asimismo, resérvese proveer lo relativo al emplazamiento de terceros interesados, hasta que conste en autos el expediente generador del acto reclamado. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otro lado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala para tales efectos, con el apercibimiento que de resultar inexacto, la notificación del presente proveído y subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado. Autorizados. Por otra parte, se tiene como autorizado únicamente para oir y recibir notificaciones a ********************por no contar con registro único en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. De las notificaciones a las autoridades responsable. Se hace saber a la (s) autoridad (es) responsable (s) y a aquélla (s) que tenga (n) el carácter de tercero (s) interesadas (s), que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le (s) ordene (n) realizar en este expediente, será (n) por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se le (s) notificará (n) por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2ª. /J.176/2012 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo II, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese y electrónicamente al Agente del Ministerio Público Federal adscrito. Así lo acordó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Cecilia Ángeles Serrano, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.AIHH*
- Incidental
En Apizaco, Tlaxcala, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Se ordena apertura de incidente. Como se ordenó en el expediente principal del presente juicio de amparo, con copia del escrito de demanda fórmese el incidente de suspensión número 1687/2023-II-A, promovido por ********************por propio derecho, contra actos del Secretario de Seguridad Ciudadana y otra autoridad. Se requieren informes previos. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, enviándoles al efecto copia simple de la demanda; en el entendido que se concretarán a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyan, podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance que permita establecer el monto de las garantías correspondientes. Consecuencias de no rendir informe previo. En términos del artículo 142 de la Ley de Amparo, se previene a las autoridades responsables que la falta de informe previo hará presumir cierto el acto reclamado para el sólo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva; asimismo, se les apercibe que en caso de no hacerlo, se les impondrá una multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo y artículo 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en relación con el cálculo y determinación de valor actualizado de la Unidad de Medida y Actualización determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho. Requerimiento a las autoridades responsables. Desde este momento, con fundamento en el primer párrafo, del artículo 143 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que dentro del término señalado con antelación (cuarenta y ocho horas), remitan a este órgano jurisdiccional copia certificada de los documentos necesarios para resolver sobre la suspensión definitiva, es decir, aquéllos que justifiquen lo expresado en el informe previo que rindan. De las notificaciones a las autoridades responsables. Se hace saber a la (s) autoridad (es) responsable (s) y a aquélla (s) que tenga (n) el carácter de tercero (s) interesadas (s), que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le (s) ordene (n) realizar en este expediente, será (n) por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se le (s) notificará (n) por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2ª. /J.176/2012 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo II, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS. Audiencia incidental. Se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS para que tenga verificativo la audiencia de este incidente. Cotejo y compulsa. Como se proveyó en el cuaderno principal, se ordena realizar la compulsa y certificación, de los documentos que adjuntó la parte quejosa a su demanda de amparo, para que consten en ambos cuadernos incidentales. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 7, tomo XXXII, septiembre de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97). Así como la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 402, libro VI, marzo de 2012, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. PROCEDE ORDENARLA SI EL JUEZ FEDERAL OMITIÓ DISPONER, DE OFICIO, LA CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN A LA DEMANDA DE AMPARO. Por tanto, con apoyo en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que adjuntó la parte quejosa a su demanda de amparo, cuyo cotejo se ordenó en el expediente principal. Acto reclamado. En el caso, la parte disconforme reclama: Efecto para el que se pide la suspensión. La parte quejosa solicita la suspensión para el efecto de que: Atento a lo anterior, en la presente determinación se resolverá la procedencia de la suspensión únicamente en los términos en que fue solicitada; por similitud se cita la jurisprudencia del rubro: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS". Consideración previa. Ahora, para estar en aptitud de decidir si existe algún efecto que pudiera ser susceptible de suspenderse, es imprescindible puntualizar la naturaleza de los actos que se reclaman y determinar si se colman los requisitos de procedencia de la medida suspensional, previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, a saber: a) Que la solicite el quejoso; y, b) Que con su otorgamiento no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; pues dispone: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva". En relación con el numeral transcrito, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 62/2016, en sentencia que pronunció el seis de julio de dos mil diecisiete, sostuvo, en concreto sobre la parte que establece: "...y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar, concedida por autoridad judicial..."; en lo que interesa, sostuvo lo siguiente: "Lo cierto es que, bajo una interpretación, la norma impugnada no prohíbe de manera tajante la suspensión de los actos, tratándose de técnicas de investigación y de medidas cautelares en el procedimiento penal por la autoridad judicial, las cuales en algunos casos pueden trascender a diversos derechos humanos no sólo de los procesados, sino también de las víctimas, testigos y de cualquier persona que participe en dicho proceso; por lo que, no se impide que el juzgador de amparo aplique los parámetros que respecto de la concesión de la suspensión establece el propio artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, es decir, determinar si la naturaleza del acto lo permite y ponderar la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con el interés social. En efecto, si bien de manera general puede advertirse que la prohibición de conceder la medida de suspensión, tratándose de técnicas de investigación y medidas cautelares, atiende a un fin constitucionalmente protegido, pues en principio, responde a cuestiones de orden público, debido a que su establecimiento tuvo como objeto garantizar el correcto desarrollo de las investigaciones de los delitos, asegurar la presencia del imputado en el procedimiento y, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento; de manera que, se fortalezca el sistema de justicia penal acusatorio y oral. Aspectos en los que, la sociedad tiene especial interés en que resulten exitosos, a efecto de conseguir un clima de seguridad generalizado en el país. Asimismo, que tal prohibición atiende a la propia naturaleza de los actos, dado que como se advierte de los diversos puntos que anteceden, la mayoría de las técnicas de investigación que requieren control judicial se refiere a actos que deben realizarse de manera inmediata, con el objeto de no perder huellas o indicios indispensables en la investigación y que por su propia naturaleza se consuman de manera instantánea, como pueden ser: Las órdenes de cateo; La intervención de comunicaciones privadas y correspondencia; La toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, cuando la persona requerida, excepto la víctima u ofendido, se niegue a proporcionar la misma; El reconocimiento o examen físico de una persona cuando aquélla se niegue a ser examinada. Igualmente, por lo que hace a las medidas cautelares, se advierte con mayor claridad que tal prohibición atiende a la propia naturaleza de los actos, dado que al tratarse de medidas provisionales que tiene por objeto salvaguardar de manera temporal una situación jurídica, es evidente que su suspensión la haría nugatoria, en tanto se ejecutarían los actos que se pretenden evitar con tal medida de precaución, con lo cual se impediría el correcto desarrollo del procedimiento y del proceso penal, esto pues, como se establece en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimiento Penales, dichas medidas pueden ser: I. La presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél designe; II. La exhibición de una garantía económica; III. El embargo de bienes; IV. La inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero; V. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez; VI. El sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a institución determinada; VII. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse o ciertos lugares; VIII. La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa; IX. La separación inmediata del domicilio; X. La suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos; XI. La suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral; XII. La colocación de localizadores electrónicos; XIII. El resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga, o XIV. La prisión preventiva. Lo cierto es que, en principio debe atenderse a lo que establece el artículo 166 de la Ley de Amparo, el cual a la letra indica: 'Artículo 166. Cuando se trate de orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, se estará a lo siguiente: I. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; II. Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido, bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional de amparo estime necesarias a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal. Cuando el quejoso ya se encuentre materialmente detenido por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en la fracción I de este artículo. Si el quejoso incumple las medidas de aseguramiento o las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable. (ADICIONADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) En el caso de órdenes o medidas de protección impuestas en cualquiera de las etapas de un procedimiento penal se estará a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 128.' Del que se advierte que, tratándose de medida cautelar que implique privación de la libertad, procede la suspensión en las condiciones que se precisan. Asimismo, debe atenderse a lo que establece el artículo 129 de la propia Ley de Amparo, cuyo texto conviene transcribir nuevamente: 'Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de los (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice a al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social". Del que se advierte que, aún en casos, en los que se pueda considerar que pudiera ocasionarse un perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público, el órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social De lo que se tiene que, el precepto impugnado al señalar que no serán objeto de suspensión la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial, no establece una prohibición tan tajante que impide el ejercicio valorativo jurisdiccional, con lo que se trastocaría el derecho a un recurso efectivo, el cual implica la obligación de resolver los conflictos que se plantean sin obstáculos y evitando formalismos que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial, sino que instituye una regla general. Lo que atiende a lo establecido en el artículo 107, fracción X, primer párrafo, de la Norma Fundamental, en tanto establece que debe ser el juzgador quien determine si en cada caso concreto la naturaleza del acto permite o no su suspensión y, una vez establecido ello, determine si la concede o no, para lo cual deberá ponderar la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, con el interés social. Lo anterior, con independencia de que las técnicas de investigación y las medidas cautelares puedan ser recurridas en instancias ordinarias, dado que el juicio de amparo, como lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se consagra en nuestro sistema como un recurso efectivo de protección de los derechos humanos. Así, este Tribunal Pleno, considera que en el caso debe realizarse una interpretación de la norma impugnada, a efecto de que la estipulación contenida en el artículo 128, tercer párrafo, en la porción normativa que establece que no serán objeto de suspensión la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial; sea leída acorde con los establecido en los artículo 166 y 129 de la propia Ley, entendiendo que tal estipulación constituye la regla general al analizar la suspensión respecto de los actos que se impugnen en el amparo. Sin embargo, que pueden existir excepciones a esa regla general, siendo al juzgador de amparo a quien le corresponderá analizar cada caso concreto y, realizar la determinación relativa, atendiendo a la naturaleza del acto, al interés social y, a la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora, a efecto de determinar si alguna determinada técnica o incluso alguna medida cautelar puede ser suspendida. Al respecto, cabe advertir que, por lo que hace a las medidas cautelares, el análisis debe ser más riguroso, pues como se señaló, de manera general, éstas por su propia naturaleza no podrían ser suspendidas, so pena de que se permita la consumación de un acto que pudiera ser lesivo tanto para las víctimas u ofendidos en el proceso penal, como para algún interviniente en dicho proceso; así como, que se lleve al fracaso el propio proceso penal. Sin embargo, dado que podrían existir algunas medidas que tomara la autoridad responsable que si bien, incidieran en la medida cautelar, podrían no referirse directamente a ello o bien que desbordaran la materia de la medida cautelar e incluso, alguna medida que pudiera ser suspendida, es que se determina la interpretación señalada, con la especificación a que se ha hecho referencia, para que sea el juzgador el que, caso por caso pueda realizar la determinación correspondiente a la luz de los postulados constitucionales ya precisados.". En función de lo anterior, es inconcuso que tratándose de la solicitud de suspensión contra una técnica de investigación o medida cautelar, a pesar de lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 128 de la Ley de Amparo, no en todos los casos resulta procedente negar la suspensión solicitada contra ese acto, si se tiene en cuenta que el juzgador de amparo tiene la obligación de realizar el análisis de cada caso en particular atendiendo a la naturaleza del acto, el interés social, la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. En este orden de ideas, cabe apuntar que, conforme a las particularidades del caso, como previene la ejecutoria de que se trata, no es factible conceder la suspensión; lo que se afirma pues, como se explicará a continuación, si bien es cierto que en la tesis ejecutoria en comento, en suma, se reconoció la validez del supra citado artículo 128 de la Ley de Amparo, en la porción de mérito; sin embargo, no menos es verdad que, en la propia ejecutoria se dejó abierta la posibilidad de que el juzgador de amparo aplique los parámetros que respecto de la concesión de la suspensión establece el artículo 107, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, para que determine si la naturaleza del acto lo permite y ponderar la apariencia del buen derecho y el peligro de la demora con el interés social. A efecto de lo anterior, es necesario tener en cuenta también lo que establece el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales: "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme." Se trae a colación el precitado numeral pues, acorde con lo narrado por el quejoso en su escrito de demanda, se llega a la conclusión de que la orden de aseguramiento o cateo que reclama, cuya suspensión solicita, se sitúan en una probable etapa de investigación inicial, dado que no refiere haber sido imputada formalmente ante el Juez de Control, ni que se hubiere celebrado audiencia inicial; por ende, se colige que se trata de una técnica de investigación que el Ministerio Público, en todo caso, habrá de solicitar sea autorizada previamente por la autoridad judicial, lo que no se le puede impedir al representante social, dado que está facultado para llevar a cabo ese procedimiento y, una vez librada esa orden, podrá ejecutarla respetando los derechos fundamentales; ello, en términos de lo que previenen los numerales 252, fracción II, 282 y 283 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a saber: "Artículo 252. Actos de investigación que requieren autorización previa del Juez de control Con excepción de los actos de investigación previstos en el artículo anterior, requieren de autorización previa del Juez de control todos los actos de investigación que impliquen afectación a derechos establecidos en la Constitución, así como los siguientes: [.] II. Las órdenes de cateo." "Artículo 282. Solicitud de orden de cateo Cuando en la investigación el Ministerio Público estime necesaria la práctica de un cateo, en razón de que el lugar a inspeccionar es un domicilio o una propiedad privada, solicitará por cualquier medio la autorización judicial para practicar el acto de investigación correspondiente. En la solicitud, que contará con un registro, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que han de aprehenderse y los objetos que se buscan, señalando los motivos e indicios que sustentan la necesidad de la orden, así como los servidores públicos que podrán practicar o intervenir en dicho acto de investigación. Si el lugar a inspeccionar es de acceso público y forma parte del domicilio particular, este último no será sujeto de cateo, a menos que así se haya ordenado." "Artículo 283. Resolución que ordena el cateo La resolución judicial que ordena el cateo deberá contener cuando menos: I. El nombre y cargo del Juez de control que lo autoriza y la identificación del proceso en el cual se ordena; II. La determinación concreta del lugar o los lugares que habrán de ser cateados y lo que se espera encontrar en éstos; III. El motivo del cateo, debiéndose indicar o expresar los indicios de los que se desprenda la posibilidad de encontrar en el lugar la persona o personas que hayan de aprehenderse o los objetos que se buscan; IV. El día y la hora en que deba practicarse el cateo o la determinación que de no ejecutarse dentro de los tres días siguientes a su autorización, quedará sin efecto cuando no se precise fecha exacta de realización, y V. Los servidores públicos autorizados para practicar e intervenir en el cateo. La petición de orden de cateo deberá ser resuelta por la autoridad judicial de manera inmediata por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con la sola comparecencia del Ministerio Público, en un plazo que no exceda de las seis horas siguientes a que se haya recibido. Si la resolución se emite o registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de cateo deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público." Se niega suspensión provisional. De ahí que, se estime procedente negar la suspensión provisional respecto el aseguramiento del bien inmueble ubicado ********************, con motivo de la orden de aseguramiento que reclama, conforme al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, lo cual es de orden público e interés social y, por tanto, no es susceptible de ser suspendido. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 128, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL solicitada. Apoya lo anterior la tesis XXVII.3o.51 P (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, localizable en la página 2393 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Abril de 2018, Tomo III; Materias Común y Penal; Décima Época, cuyo contenido es: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO. DEBE NEGARSE CUANDO SE SOLICITA RESPECTO DE UN ACTO QUE POR DISPOSICIÓN LEGAL NO PUEDE SER OBJETO DE AQUÉLLA, SIN QUE SEA NECESARIO PROSEGUIR CON EL ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS PARA SU OTORGAMIENTO. El artículo 128, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece que no serán objeto de suspensión: i) las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona; y, ii) la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Ahora bien, el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala como actos de investigación que requieren autorización previa del Juez de control, entre otros, a las órdenes de cateo. En consecuencia, cuando la suspensión provisional se solicita respecto de esos actos, debe negarse la medida cautelar por existir disposición legal que establece que aquéllos no serán objeto de suspensión, sin que sea necesario para el juzgador de amparo analizar escalonadamente los requisitos para la suspensión a petición de parte, previstos en los artículos 125, 128 y 131 a 158 de la propia ley, porque con independencia de que se actualicen o no, dichos actos no podrán ser objeto de suspensión por disposición del legislador". Así como la tesis XVII.1o.P.A.17 A (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la página 1937 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III; Materias Común, Administrativa y Penal; Décima Época; de contenido: "ASEGURAMIENTO DE BIEN INMUEBLE Y DE LOS MUEBLES LOCALIZADOS EN SU INTERIOR CON MOTIVO DE UNA ORDEN DE CATEO DICTADA POR UN JUEZ DE CONTROL. ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, AL TRATARSE DE UNA TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN DECRETADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN. De conformidad con los artículos 128, fracción II y 138, primer párrafo, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe atender a las características de cada asunto en particular para determinar si la suspensión de los actos reclamados solicitada sigue perjuicio al interés social y se contravienen disposiciones de orden público, así como efectuar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho. Al respecto, el numeral 129 del propio ordenamiento prevé cuándo se actualizan los primeros dos aspectos, lo que no implica que el juzgador tenga vedada la posibilidad de valorar, en cada caso concreto, si se actualizan o no las afectaciones que el ordenamiento pretende evitar pues, incluso, puede conceder la medida cautelar si a su juicio, con la negativa, puede causarse mayor afectación al interés social. Ahora, si el acto reclamado consiste en el aseguramiento de un bien inmueble y de los muebles localizados en su interior con motivo de una orden de cateo dictada por un Juez de control, debe negarse la suspensión provisional, aunque el quejoso haya acreditado el interés suspensional con la copia certificada de la escritura pública que demuestra su derecho de propiedad porque, de concederse, se contravendrían disposiciones de orden público y se causaría perjuicio al interés social e, incluso, se actualiza la hipótesis de improcedencia de la suspensión, contenida en el párrafo tercero del numeral 128 mencionado, dado que el aseguramiento reclamado es una técnica de investigación decretada por una autoridad administrativa que se encuentra en ejecución, derivada de una medida cautelar como lo es la orden de cateo, en términos de los preceptos 229, 230, 233, 252, fracción II y 288, párrafo cuarto, del Código Nacional de Procedimientos Penales". Se autorizan copias certificadas. Con fundamento en los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su ordinal 2°, expídanse a su costa las copias certificadas que solicitan, y por autorizados a las personas que designa, previa constancia de recibo que quede agregada en autos. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otro lado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala para tales efectos, con el apercibimiento que de resultar inexacto, la notificación del presente proveído y subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado. Autorizados. Por otra parte, se tiene como autorizado únicamente para oir y recibir notificaciones a ********************por no contar con registro único en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Integración de expediente electrónico. Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafos, sexto y octavo, de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Publicación de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese. Así lo acordó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Cecilia Ángeles Serrano, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
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