Petra Inés Ayapantecatl Montes
Expediente 47/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 47/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Petra Inés Ayapantecatl Montes
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Causa ejecutoria sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veinticinco de febrero de dos mil veintidós, en la que se determinó sobreseer el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Se ordena archivo y destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Valoración del expediente. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por haberse decretado el sobreseimiento en el juicio. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes para devolución de documentos al no constar en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Apizaco, Estado de Tlaxcala, a las trece horas con veinte minutos del veinticinco de febrero de dos mil veintidós (foja 19 reverso), fecha y hora señaladas para el desahogo de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 47/2022-VI, promovido por Petra Inés Ayapantecatl Montes, por propio derecho; enseguida, Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, la declara abierta ante el Secretario Julio César López Céspedes, sin la comparecencia personal de las partes ni de sus autorizados. RELACIÓN DE CONSTANCIAS Enseguida, el Secretario con quien actúa hace relación de las constancias de autos y da cuenta con: La demanda de amparo y anexo (fojas 2 a 17 ); Auto de trece de enero de dos mil veintidós, por el cual se registró y admitió la demanda de amparo (fojas 18 a 23); La legal vinculación del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (vía electrónica); Los informes justificados que rindieron las autoridades responsables: Secretario General de Mayor Antigüedad, sustituyendo de manera temporal a la Presidente y Representante de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala(foja 30); y, Actuario adscrito a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala (fojas 29). Todo lo anterior consta en autos. Por otro lado, el secretario CERTIFICA: 1.- Que no existen promociones pendientes por acordar recibidas hasta la fecha y hora señaladas para el desahogo de la presente audiencia tanto de la Oficialía de Partes Común como de la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito. 2.- El presente juicio de amparo se encuentra debidamente integrado, es decir, todas las partes están debidamente emplazadas y las constancias que remitieron las autoridades responsables se encuentran completas, en orden cronológico, certificado, sellado y foliado. El Juez acuerda: Téngase por hecha la relación precedente de constancias. Con lo anterior se cierra dicha etapa y se abre el período de pruebas. PERÍODO PROBATORIO En este periodo, el Secretario da cuenta con la documental ofrecida por la parte quejosa en su escrito de demanda consistente en el acuse de recibo del escrito de demanda presentada el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno; así como con las allegadas por el Secretario General de Mayor Antigüedad, sustituyendo de manera temporal a la Presidente y Representante de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, consistentes en copias certificadas del expediente laboral C.D.T. 443/2021-3. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas de referencia, dada su propia y especial naturaleza; sin más pruebas por recibir, se cierra el período de pruebas. PERÍODO DE ALEGATOS Se abre la etapa de alegatos, en la que el Secretario da cuenta que ninguna de las partes los formuló. El Juez acuerda: En virtud de que ninguna de las partes formuló alegatos de su intención, se cierra la fase respectiva. CONCLUSIÓN DEL ACTA Al no existir promoción pendiente de acordar y encontrándose debidamente integrado este expediente, se da por concluida la presente audiencia, quedando el asunto en estado de dictar: S E N T E N C I A. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 47/2022-VI, promovido por Petra Inés Ayapantecatl Montes, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. Presentación de la demanda de garantías. Por escrito presentado el doce de enero de dos mil veintidós, ante la oficina de correspondencia común, mismo que fue turnado a este Juzgado en la misma data, Petra Inés Ayapantecatl Montes, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y actos siguientes: "III.- AUTORIDADE SEÑALADA RESPOSNABLE.- Ordenadoras A).- JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TLAXCALA (.) Ejecutoras B) ACTUARIO DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TLAXCALA (.)" IV. ACTO RECLAMADO.- La omisión por parte de las autoridades señaladas como responsables de dictar el auto de radicación, y como consecuencia, señalar día y hora para la celebración de las audiencias de conciliación y mediación; y la de demanda y excepciones ofrecimiento y admisión de pruebas, las que deberán de celebrarse dentro de los quince días siguientes, a la fecha de emisión del acuerdo; así como la notificación y emplazamiento correspondientes a los demandados señalados dentro del término que marca la ley, escrito de demanda promovida por la suscrita C. PETRA INÉS AYAPANTECATL MONTES, presentada ante Oficialía de Partes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, el día dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, misma que fue otorgado en número C.D.T. 407/2021-1." SEGUNDO. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La promovente del amparo manifestó que se violan en su perjuicio el derecho humano consagrado en los artículos 8, 14 y 17 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relató los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de trece de enero de dos mil veintidós, este juzgado de Distrito registró la demanda de amparo con el número de juicio 47/2022-VI y se admitió a trámite, se pidió a las autoridades responsables su informe justificado, ordenó dar la legal intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, señaló hora y fecha para que se llevara a cabo la audiencia constitucional. CUARTO. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Presupuestos procesales (competencia, procedencia y vía). Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala tiene competencia constitucional para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La competencia por materia de este órgano de control constitucional tiene su fundamento en el artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de tratarse de un Juzgado de Distrito mixto, es decir, no tiene jurisdicción especial para conocer en específico de algunos de los asuntos a que se refieren los artículos 50 al 55 de la misma ley. La competencia por territorio tiene su fundamento en los artículos 35 y 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado no requiere de ejecución material, por lo que es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. II. Vía y procedencia. La vía y la procedencia del presente juicio de amparo indirecto tienen su fundamento en los artículos 2º y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa reclama un acto dentro de un juicio laboral que considera violan derechos sustantivos. Lo anterior, sin perjuicio de las causas de sobreseimiento o improcedencia que, en su caso, se puedan actualizar, lo cual se analizará más adelante en el considerando respectivo. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: "La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados."; lo que además se dispone en la jurisprudencia de título: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese sentido, del análisis íntegro practicado al escrito inicial, atendiendo a la causa de pedir así como de las constancias que allegó la autoridad responsable, se concluye que la parte quejosa reclama: La dilación para proveer sobre la demanda promovida recibida el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, en el expediente laboral C.D.T. 443/2021, y la notificación del acuerdo correspondiente. Señalado el acto reclamado, por cuestión de técnica, se analizará la certeza o inexistencia del mismo, tal como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada de rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Existencia. No obstante que las autoridades responsables negaron el acto que se les reclama, del contenido de su informe se aprecia su existencia, por lo que se le tiene por cierto. Certeza que se corrobora con las copias certificadas de las constancias que acompañó a su informe justificado la autoridad responsable, consistentes en el expediente laboral C.D.T. 443/2021, de su índice, mismas que adquieren pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. CUARTO. Causa de Improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y, por ende, de análisis preferente se procede a determinar si existen causas que impliquen la improcedencia del juicio de amparo intentado, ya sea que las hagan valer las partes, o bien, que acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, de oficio las advierta quien esto resuelve e impidan abordar el análisis de fondo de la cuestión debatida de los actos cuya certeza quedó acreditada en el considerando precedente. En ese tenor, el suscrito estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Así, debe puntualizarse que la parte quejosa acudió a este órgano de control constitucional reclamando de las autoridades responsables la dilación para proveer sobre la demanda promovida recibida el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, en el expediente laboral C.D.T. 443/2021, y la notificación del acuerdo correspondiente. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del expediente C.D.T. 443/2021, la junta responsable admitió la demanda promovida por la aquí quejosa, señaló día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación y ordenó el emplazamiento de la parte demandada. Determinación que notificó a la parte promovente, el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, como se advierte de la copia certificada de la notificación que exhibió la responsable. Por tanto, se estima que el efecto de la dilación reclamada ha desaparecido o se ha destruido en forma inmediata, total e incondicional, es decir, que el estudio de tal acto para determinar su constitucionalidad o inconstitucionalidad resulta inconducente al haber dejado de existir por cesación de sus efectos jurídicos toda vez que la autoridad responsable proveyó sobre la demanda impetrada dentro del citado expediente laboral; asimismo, dicho acuerdo lo notificó a la parte actora. Por tales razones, se considera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, de manera que con fundamento en el artículo 63, fracción V, del cuerpo normativo en cita, se sobresee en el presente juicio de amparo. No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que algunos de los criterios invocados en la presente sentencia, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, resultan aplicables en la especie conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo, publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, vigente al día siguiente, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, sin que en el caso se advierta oposición alguna al respecto. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, 73 al 76 y 217 de la Ley de Amparo se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 47/2022-VI, promovido por Petra Inés Ayapantecatl Montes, por propio derecho, respecto del acto atribuido a las autoridades responsables, precisado en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, nueve de febrero de dos mil veintidós. Informes justificados Agréguense a los autos los oficios signados por el Secretario General de Mayor Antigüedad, sustituyendo de manera temporal a la Presidente y Representante de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala y actuario adscrito; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117, de la Ley de Amparo, se les tiene por rendidos sus informes justificados. Pruebas autoridad responsable De igual forma, se tienen por ofrecidas las pruebas del Secretario General de Mayor Antigüedad consistente en las documentales que anexa, las cuáles serán relacionadas en la audiencia constitucional, en términos del numeral 119, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo Con el contenido de los informes y anexo de cuenta dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, y manifiesten lo que a su derecho convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de hacer relación de los mismos al celebrarse la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Jorge Arciniega Alcaraz, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, trece de enero de dos mil veintidós. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve Petra Inés Ayapantecatl Montes, por propio derecho, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 47/2022-VI. Admisión de demanda. En atención a que la demanda satisface los requisitos que establecen los numerales 108 y 110 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones VII y XV, de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 35, 37, 107, 112, 115 y 116 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo propuesta. Requerimiento de informe justificado con apercibimiento. Con base en lo anterior, pídase a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación, que deberán rendir dentro del plazo de quince días, de conformidad con el artículo 117, de la ley de la materia, en el que deberán expresar la declaración precisa respecto de si es cierto o no el acto que se les reclama, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, para lo cual remítase copia de la demanda de amparo, en el entendido de que la autoridad responsable deberá acompañar copias certificadas legibles y completas de las constancias necesarias que apoyen su informe, apercibida de que en caso de no rendirlo se presumirá cierto el acto reclamado. Asimismo, se apercibe a las autoridades responsables que en caso de no rendir sus informes con justificación o de hacerlos sin remitir las constancias conducentes, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia. Se previene a las autoridades responsables que si al rendir sus informes justificados expresan un hecho falso o niegan la verdad, o sin motivo justificado revocan o dejan sin efecto el acto que se les reclama, con el propósito de que se sobresea en el juicio, o se resistan de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo, se les impondrán las sanciones previstas en el artículo 262, de la Ley de Amparo. En el entendido que deberá rendir su informe justificado, haciendo referencia al número de oficio que contesta, así como el nombre correcto de la parte quejosa y número del presente juicio de amparo, precisando sobre la certeza o no del acto reclamado. Causas de sobreseimiento. De igual forma, se hace del conocimiento de las partes que deberán informar a este órgano jurisdiccional cuando surjan causas de improcedencia o sobreseimiento y, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten de acuerdo con lo establecido por el artículo 64 de la ley de la materia, con el apercibimiento que de no cumplir, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la unidad de medida y actualización de conformidad con lo dispuesto en el artículo señalado en la parte final del párrafo que antecede. De las notificaciones a las autoridades responsable. Se hace saber a la (s) autoridad (es) responsable (s) y a aquélla (s) que tenga (n) el carácter de tercero (s) interesadas (s), que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le (s) ordene (n) realizar en este expediente, será (n) por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se le (s) notificará (n) por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2ª. /J.176/2012 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo II, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". Audiencia constitucional. Se señalan las trece horas con veinte minutos del veinticinco de febrero de dos mil veintidós, para el desahogo de la audiencia constitucional. Ahora, si bien la fecha señalada no se encuentra dentro del plazo previsto en el artículo 115 de la Ley de Amparo, ello es con la finalidad de dar oportunidad a los Actuarios Judiciales para que practiquen las notificaciones y demás diligencias que se ordenen en el presente asunto; lo anterior, tomando en consideración el contexto de la actual pandemia por el virus Covid-19, así como las medidas implementadas por el Consejo de la Judicatura Federal a fin de mitigar el referido fenómeno de salud pública, entre las cuales se encuentran la reducción del horario de atención al público y la disminución de la cantidad de servidores públicos que desarrolla trabajo presencial. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión respectivo, por no haber sido solicitado expresamente por la parte quejosa. Intervención del Agente del Ministerio Público de la Federación. Dese la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, corriéndole traslado con copia simple del escrito inicial de demanda, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 5° de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, practíquense todas las notificaciones que se generen en el presente juicio de amparo al mencionado representante social vía electrónica, a través del usuario FISCFED9, en atención a que así lo solicitó en los oficios que fueron recibidos y acordados en los autos de diez de junio de dos mil veinte y once de marzo de dos mil veintiuno, dictados en los Cuadernos de Varios 2/2020 y 2/2021, respectivamente, de este Juzgado de Distrito. Así también, se tiene informando el correo electrónico hugo.hernandezv@pgr.gob.mx, a fin de entablar comunicación no procesal. Pruebas Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como pruebas las documentales que adjunta a su escrito de demanda así como la instrumental de actuaciones, la presuncional legal y humana, mismas que se admiten y desahogas por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de ser relacionadas nuevamente en la audiencia de constitucional. Tercero interesado. Resérvese proveer lo relativo a la existencia de terceros interesados, hasta que conste en autos el informe justificado rendido por las autoridades responsables. Consulta de expediente electrónico y notificación electrónica Con fundamento en los artículos 3 y 30 fracción II, de la Ley de Amparo, artículos 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza la consulta y notificación del expediente electrónico a través del usuario "AdrianSantacruz", toda vez que se encuentran registrado, en la inteligencia de que el Actuario de la adscripción deberá realizar las notificaciones por la vía electrónica. Autorizados. Por otra parte, se tiene como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Mario Adrián Santacruz Meneses, María Guadalupe Zamora Hernández y Adriana Yamilet Ibarra León, por con registro único en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales Habilitan días y horas inhábiles En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Integración de expediente electrónico. Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafos sexto y octavo, de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea. No obstante lo anterior, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de reguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, a partir de la presente data, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a ello, debe resaltarse que el acceso a las instalaciones del propio juzgado, estará condicionado a una cita previa y con la asistencia no mayor de dos personas; máxime que las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme lo contempla el artículo 29 de la Ley de Amparo y en la ley adjetiva correspondiente. Atender protocolos y lineamientos de salud. Ahora bien, con el fin de llevar a cabo las diligencias encomendadas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar su integridad física así como de las partes, se instruye a los fedatarios judiciales para que, al momento de practicar las notificaciones que tienen encomendadas observen lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 precitado. Supresión de datos personales. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21.
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