Petra García o Petra García Alonso
Expediente 101/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 31 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 101/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 24/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Petra García o Petra García Alonso
- Petra García o Petra García Alonso y Otros.
- Marcos Israel Mendoza Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, advirtiéndose de los mismos, que ya se dictó interlocutoria en este incidente, asimismo que con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece; en tal virtud, se ordena el archivo del presente cuaderno incidental como asunto concluido. En atención a lo anterior, y al advertirse que se concedió la medida cautelar a la parte quejosa, con fundamento en lo establecido en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como concluido, este juzgador estima que carece de relevancia documental en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado, por lo que: Procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria. Respecto al original, en su oportunidad, consérvese en el archivo de valor jurídico la demanda de amparo, así como la resolución relativa al otorgamiento de la medida cautelar, y procédase a su digitalización. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese el original de este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere la Ley de Amparo vigente en su artículo 86, sin que las partes, hayan recurrido la sentencia por la que en parte se sobreseyó y por otra se negó la protección de la justicia federal en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimento a los puntos cuarto, décimo, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito; este juzgador determina que el presente expediente, carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto primero, último párrafo del acuerdo citado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. Por otra parte, devuélvanse a los Magistrados Integrantes de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, tanto el original del expediente penal 231/2014 del índice del Juzgado Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, como las copias certificadas del Toca Penal 70/2016 del índice de la Sala, que remitió en apoyo a su informe justificado. NOTIFÍQUESE.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 101/2019; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PETRA GARCÍA o PETRA GARCÍA ALONSO y MARCOS ISRAEL MENDOZA GÓMEZ, por derecho propio, mediante escrito presentado el seis de febrero de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, residente en esta población, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos siguientes: De los Magistrados de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca: la resolución de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, dictada en el toca penal 70/2016 de su índice, en la que ordena la reposición del procedimiento en la causa 231/2014 del índice del Juzgado Cuarto de lo Penal del Centro, Oaxaca, a partir del auto donde declaró concluido el periodo de desahogo de pruebas. Del Juez Cuarto de lo Penal del Centro, Oaxaca, reclama la ejecución material de la pena privativa de libertad que pretende realizar en su contra, que ordena el internamiento al centro penitenciario. Que estima violatorios de los derechos humanos contenidos en el artículo 17 constitucional. SEGUNDO.- Por razón de turno, correspondió conocer de la referida demanda a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta población, quien le asignó el número de juicio de amparo 101/2019, en auto de ocho de febrero de dos mil diecinueve, se admitió la misma, se solicitó informe a las autoridades responsables, se dio la intervención respectiva al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó emplazar a la tercera interesada Y.J.G.V, así también al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro Oaxaca, y al Agente del Ministerio Público adscrito a la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO.- Este Juzgado de Distrito resulta legalmente competente para conocer de la demanda de amparo, conforme lo disponen los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 5°, 35, 107, 124 y relativos de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. SEGUNDO.- Las autoridades responsables Juez Cuarto de lo Penal del Centro, Oaxaca, y Magistrados integrantes de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, convinieron en la existencia de los actos que se les atribuye a cada uno; lo que se corrobora con la causa penal 231/2014 de origen, y el toca penal 70/2016 del índice de la aludida Sala Penal. TERCERO.- Respecto del acto reclamado a los Magistrados de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, consistente en: "La resolución de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, dictada en el toca penal 70/2016 de su índice, en la que ordena la reposición del procedimiento en la causa 231/2014 del índice del Juzgado Cuarto de lo Penal del Centro, Oaxaca, a partir del auto donde declaró concluido el periodo de desahogo de pruebas. Del contenido de dicha determinación se advierte que la Sala Penal responsable se abstuvo de analizar el fondo de la causa penal, al advertir una violación procesal en detrimento de la ofendida consistente en que no fue notificada personalmente del acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, en el que se declaró concluido el periodo de desahogo de pruebas y se ordenó poner el proceso a la vista de las partes por el término de cinco días para que promovieran las pruebas pertinentes; lo anterior, con fundamento en el artículo 194 del Código de Procedimientos Penales del Estado; pues consideró la Sala Penal responsable que con tal violación procesal se violentó el derecho de la ofendida al acceso a la tutela judicial, así como al principio de igualdad procesal dejándola en estado de indefensión. Con base en lo anterior, ordenó la reposición del procedimiento de origen, a partir de dicho auto de diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, a efecto de que tal acuerdo se notifique a la parte ofendida y se substancie cada uno de los momentos procesales hasta que se concluya la causa penal 231/2014. Ahora, al tratarse el acto reclamado en este juicio de amparo indirecto, de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones procesales cometidas en éste; en el caso concreto, el suscrito juzgador de Distrito considera que las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, no son de imposible reparación para los quejosos -procesados en el expediente penal de origen-. Es así, porque la resolución del Tribunal de Alzada que ordena la reposición del procedimiento, para los efectos indicados, como lo es que se notifique personalmente a la parte ofendida el acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, que declaró concluido el periodo de desahogo de pruebas, y se substancien con posterioridad los momentos procesales respectivos hasta que concluya la causa penal de origen; no produce ninguna afectación cierta e inmediata a un derecho sustantivo de los procesados, que por su gravedad no puedan ser reparadas esas violaciones aunque se obtenga sentencia definitiva favorable. Esto es, estamos en el supuesto de una violación del procedimiento reclamable, en su caso, en amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 17/91, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 25, Tomo VIII, Mayo 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICION, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACION. Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en sesión privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE DESECHA LA EXCEPCION DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.". En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo." Por tal motivo, al actualizarse en el caso concreto, respecto del aludido acto reclamado, la causa de improcedencia prevista en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 61, fracción XXIII de la misma Ley; procede sobreseer en el presente juicio de amparo únicamente respecto de la resolución de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, emitida por los Magistrados de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en el toca penal 70/2016 de su índice, que ordena la reposición del procedimiento en la causa penal de origen. CUARTO. Respecto del diverso acto reclamado al Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, consistente en: "La ejecución material de la pena privativa de libertad y la orden de internamiento al centro penitenciario." En auto de veintidós de enero de dos mil diecinueve, la juez penal responsable, tuvo al Tribunal de Alzada devolviendo el expediente de origen, y en cumplimento a lo resuelto por la superioridad, comisionó a la ejecutora adscrita notificar a la ofendida ese proveído como el diverso de diecinueve de febrero de dos mil dieciséis. Así también en el propio acuerdo determinó que en consideración que dicho tribunal no refirió sobre las medidas que debían tomarse respecto a la libertad de los procesados Petra García o Petra García Alonso y Marcos Israel Mendoza Gómez, quienes se encontraban internos respectivamente, en el Centro de Readaptación Social Femenil de Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, y el Centro de Internamiento Uno en Oaxaca de Juárez, Oaxaca,; con fundamento en el artículo 1 constitucional, 23 Bis A), 159 y 160 del Código de Procedimientos Penales en el Estado, consideró que el delito por el que se emitió auto de formal prisión en su contra, es el de trata de personas, previsto y sancionado en los artículos 10, fracción III y 13, de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, catalogado como grave; y que por ello, los procesados por dicho ilícito debían continuar el proceso restringidos de su libertad personal; por lo que a fin de garantizar el debido cumplimiento a lo ordenado por el tribunal de alzada y a la continuación del procedimiento, ordenó requerir a los procesados para que en el término de tres días se internaran voluntariamente en los centro de reclusión de referencia, bajo los efectos del auto de formal prisión decretado el veintiséis de enero de dos mil quince, confirmado por los Magistrados de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca 249/2015, debiéndose presentar ante el juez de la causa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se libraría orden de reaprehensión en su contra. Lo anterior, se encuentra apegado a derecho. Es así, ya que el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de trata de personas. En el caso concreto, ya dictado el auto de término constitucional contra los quejosos por el delito de trata de personas; confirmado por el Tribunal de Alzada; al haber quedado subsistente el proceso penal, en etapa de instrucción, efectivamente, el juez de la causa actuó conforme lo establece el artículo 19 constitucional, ordenando su prisión preventiva. Por lo que la determinación de la Juez Cuarto de lo Penal del Centro, Oaxaca, emitida en la causa 231/2014 de su índice, que ordena a los quejosos se internen voluntariamente en dichos centros penitenciarios, bajo los efectos del auto de formal prisión decretado el veintiséis de enero de dos mil quince; es acorde a los derechos humanos previstos en el artículo 19 constitucional. En esas condiciones, al no conculcar los derechos públicos subjetivos de los quejosos procesados Petra García o Petra García Alonso y Marcos Israel Mendoza Gómez; procede negar el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión que solicitan. Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, 155 y relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo 101/2019, contra el acto reclamado a la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, consistente en la resolución de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, dictada en el toca penal 70/2016 de su índice, que ordena la reposición del procedimiento; por las consideraciones expuestas en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a PETRA GARCÍA o PETRA GARCÍA ALONSO y MARCOS ISRAEL MENDOZA GÓMEZ, contra la determinación de veintidós de enero de dos mil diecinueve, de la Juez Cuarto de lo Penal del Centro, Oaxaca, emitida en la causa 231/2014 de su índice, que ordena su internamiento en los centro penitenciarios respectivos, bajo los efectos del auto de formal prisión ahí decretado; por las razones expuestas en el considerando último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de septiembre de dos mil diecinueve. Glósese el oficio de la Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Cuarto de lo Penal en el Estado de Oaxaca, con el que se le tiene apersonando al presente juicio de amparo. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el oficio que se atiende. NOTIFÍQUESE.
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