Petra Manuela Reyes Cruz
Expediente 678/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 678/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 13/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Petra Manuela Reyes Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos advierte, con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece este incidente de suspensión; en consecuencia, al advertirse que se negó a la parte quejosa la medida cautelar solicitada, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente, archívese el presente asunto como concluido. De igual forma, con apoyo en el artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina su valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso c) (incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado. b) Procédase a la destrucción del duplicado del presente incide de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria (artículo 20, fracción II, inciso a). c) En cuanto al original de este incidente, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes deberá procederse a su destrucción; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido la sentencia dictada por este Juzgado el veintitrés de julio de dos mil veintiuno, por la que se sobreseyó el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; Es susceptible de destrucción; Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales. NOTIFÍQUESE.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 678/2021; R E S U L T A N D O: PRIMERO. PETRA MANUELA REYES CRUZ, por su propio derecho, mediante escrito presentado el dieciséis de junio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta localidad, y que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado de Distrito, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto reclamado a los integrantes de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al Delegado y/o responsable del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y del responsable de la Subdelegación de Prestaciones del mismo Instituto, todos con residencia en la ciudad de Oaxaca, consistentes en la omisión de realizar y ejecutar las acciones legales correspondientes para asegurar el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo 3690/18-15-01-7, actos que estimó violatorios de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de mérito, solicitó informe justificado a las autoridades responsables, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, y la audiencia constitucional la celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º., 6º., 107, 108, 124, y demás relativos de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados, Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como a la apreciación de las pruebas para tenerlos o no por demostrados. Lo anterior, con apoyo en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada número VI/2004, aprobada en sesión privada de veinticinco de marzo del dos mil cuatro, del rubro siguiente: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. Así, del análisis integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: De los integrantes de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el Estado, la omisión en dictar las medidas necesarias para hacer cumplir la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo 3690/18-15-01-7. Del Delegado y/o responsable del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y del responsable de la Subdelegación de Prestaciones del mismo Instituto, la omisión de cumplir con la sentencia dictada en el referido juicio. TERCERO. La magistrada Presidenta de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el Estado, el jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en representación del Delegado del referido Instituto, y el encargado de la Subdelegación de Prestaciones del mismo Instituto, al rendir sus informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados, sin embargo su negativa se desvirtúa, pues conforme a las constancias anexas al informe justificado de dicha magistrada, a las que se les concede valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del precepto 2º, se advierte que al momento de la presentación de la demanda de amparo, no se había dictado providencia alguna tendiente al cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo 3690/18-15-01-7, de ahí la existencia del acto reclamado. CUARTO. Previamente al estudio del fondo del asunto, sea que lo aleguen las partes o este Juzgador advierta de oficio, se debe analizar si en la especie opera alguna causa de improcedencia, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo, y por ser una cuestión de orden público. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, pues conforme a las constancias de autos se advierte con fecha seis de mayo de dos mil diecinueve, la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa del Estado, dictó sentencia en el juicio ordinario 3690/18-15-01-7, declarando la nulidad de la negativa ficta atribuida al Delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ordenándole que dentro del plazo de cuatro meses, emitiera una nueva determinación, en la que ordenara se otorgaran a la pensión de la hoy quejosa, los porcentajes de incremento del sueldo básico de los trabajadores en activo, en una sola exhibición. Mediante proveído de uno de junio de dos mil veintiuno, los integrantes de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el Estado, y ante el incumplimiento de la referida sentencia, ordenaron iniciar el procedimiento previsto en el artículo 58 fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, requiriendo a la autoridad demandada para que dentro del término de tres días informara el cumplimiento dado a la ejecutoria, apercibiéndola que de no hacerlo se le impondría una multa. Ahora, al rendir su informe justificado el encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, anexó el oficio SP/DPSHT/JN/1410/2021, de seis de julio de dos mil veintiuno, del que se advierte, se solicitó la constancia de evolución salarial a la dependencia donde laboró la quejosa para realizar el cálculo correspondiente para determinar lo montos relativos a su pensión. Luego, al haber ocurrido tales actuaciones con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (dieciséis de junio de dos mil veintiuno), ello conduce a establecer, cesaron los efectos de los actos reclamados, toda vez que la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el Estado, emitió el acuerdo correspondiente para lograr el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de origen; por su parte, el encargado de la Subdelegación de Prestaciones, de la Delegación Estatal Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, informó que para iniciar el procedimiento para calcular el monto relativo a la pensión de la quejosa, necesita la constancia de evolución salarial, la que se solicitó a la dependencia donde laboró, lo que actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, y conduce a sobreseer en el juicio con fundamento en el precepto 63 fracción V, del citado ordenamiento. Es aplicable al caso la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 73, primer párrafo, a 75, y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 678/2021 promovido por PETRA MANUELA REYES CRUZ. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta suscrito por la autoridad responsable, mediante el cual rinde informe justificado; en tal virtud, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 del ordenamiento legal citado, téngase como prueba documental la que se acompaña al oficio de cuenta, misma que en razón de su especial naturaleza se tiene por desahogada en este acto, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional respectiva. En atención a lo anterior, resulta jurídicamente imposible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por lo que se difiere y se fijan para su verificativo las TRECE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. NOTIFÍQUESE.
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