Perla Joachín Salinas

Expediente 319/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 21 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
319/2023
Año
2023
Actuaciones
21
Última actuación
18/09/2023

Partes del expediente

  • Perla Joachín Salinas y Otros.
  • Perla Joachín Salinas
  • E. H. J
  • E. H. J y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta firmado electrónicamente por la Actuaria Judicial Adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en Oaxaca de Juárez, mediante el cual comunica el contenido del proveído de trece de septiembre del año en curso, dictado en el amparo en revisión ******************** de su índice, dictado por su Magistrada presidenta, del cual se advierte que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la parte tercero interesado ********************, en contra de la sentencia dictada en este asunto; de lo cual se toma conocimiento. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido por la Actuaria Judicial Adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en Oaxaca de Juárez, mediante el cual informa la radicación del recurso de revisión interpuesto por la parte tercero interesado ********************, en contra de la sentencia de trece de junio de dos mil veintitrés dictada en este asunto, registrándolo con el número ********************, de su estadística; lo anterior, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.

  3. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, remitido por el Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero Familiar de Tuxtepec, Oaxaca, mediante el cual remite copia certificada del acuerdo de siete de agosto del año en curso, dictado en el expediente familiar 253/2022, de su índice, del que se advierte los trámites realizados para dar cumplimiento a la suspensión definitiva concedida a la parte quejosa en este asunto; lo anterior para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  4. Incidental

    VISTOS, para resolver, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 319/2023. R E S U L T A N D O: ÚNICO. En proveído de cuatro de julio de dos mil veintitrés, se mandó tramitar el presente incidente de suspensión promovido por Perla Joachín Salinas, por derecho propio y en representación de su menor hija de iniciales ********************contra los actos reclamados al Secretario de Acuerdos encargado del Juzgado Primero Familiar de Tuxtepec, Oaxaca, que en el considerando primero se precisarán y que estimó violatorios de los artículos 1º, 4º, 8°, 14, 16 y 17, Constitucionales. Por consiguiente, se pidió a la autoridad responsable su informe previo, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados por ********************, por derecho propio y en representación de su menor hija de iniciales ********************en este incidente de suspensión son: ( La falta de acuerdo a su petición de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, contenida en el punto tres, de restitución o recuperación de su hija menor de edad, de nombre con iniciales ********************. ( La omisión de recabar pruebas de manera oficiosa en interés superior de la niñez; a partir de los hechos que manifestó en el escrito de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. ( La omisión de tomar medidas de protección y salvaguarda a favor de su hija menor de edad, de nombre con iniciales ********************.. ( La omisión de escuchar a su hija menor de edad, de nombre con iniciales ********************en el expediente de origen. ( La omisión de prevenir y proteger su derecho y el de su hija menor de edad, de nombre con iniciales ********************a vivir en una vida libre de violencia. SEGUNDO. Existencia de los actos reclamados. El Secretario Encargado del Juzgado Primero de lo Familiar autorizado para dictar sentencias, en términos del artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, con residencia en San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca, al rendir su informe previo negó la existencia de los actos reclamados, sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, en tanto que reconoce que en ese órgano jurisdiccional se tramita el expediente familiar 253/2022, y no adjuntó a su informe prueba que acredite que haya subsanado las omisiones que refiere la parte quejosa. Por lo que se tienen por ciertos los actos reclamados. TERCERO. Análisis de la suspensión definitiva. Ahora bien, previo a examinar si cumplen o no los requisitos para decretar la medida cautelar solicitada, es menester atender la naturaleza de los actos reclamados, así como los efectos y consecuencias que producen estos, a efecto de determinar si se pueden suspender y que dicha medida no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. Para lo anterior se precisa que la naturaleza de los actos reclamados en el presente asunto son de carácter omisivos, ya que de la lectura del escrito de demanda de amparo, se advierte que en esencia se reclama lo siguiente: ( La falta de acuerdo a su petición de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, contenida en el punto tres, de restitución o recuperación de su hija menor de edad, de nombre con iniciales ********************. ( La omisión de recabar pruebas de manera oficiosa en interés superior de la niñez; a partir de los hechos que manifestó en el escrito de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. ( La omisión de tomar medidas de protección y salvaguarda a favor de su hija menor de edad, de nombre con iniciales ********************.. ( La omisión de escuchar a su hija menor de edad, de nombre con iniciales ********************en el expediente de origen. ( La omisión de prevenir y proteger su derecho y el de su hija menor de edad, de nombre con iniciales ********************a vivir en una vida libre de violencia. Ahora bien, este órgano jurisdiccional se encuentra facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por la parte quejosa en la demanda de amparo, de conformidad a lo establecido en la jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a.), registro electrónico 2019200, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo." Para resolver lo relativo a la materia cautelar solicitada debe tomarse en consideración lo que al efecto disponen los artículos 128 y 138 de la ley de la materia, que señalan: 1) Solicitarlo el agraviado; 2) No se siga perjuicio al interés social; 3) No se contravengan disposiciones de orden público; y, 4) Se pondere la apariencia del buen derecho. El primer requisito está acreditado, ya que de las constancias se advierte que el incidente fue abierto a petición de parte, además solicita la suspensión para el efecto de que: ".vengo a promover INCIDENTE DE SUSPENSIÓN del acto reclamado, para el efecto de que CESE de inmediato la conducta del tercero interesado, se abstenga de ejecutar acciones que conducen a continuar violando los derechos de mi hija, y me sea RESTITUIDA la custodia de mi hija ********************atendiendo al estado en que se encontraba antes de la violación de nuestros derechos, además se inste a la autoridad responsable, a adoptar en forma inmediata las medidas necesarias, adecuadas, y efectivas para proteger los derechos de mi hija" En cuanto al segundo y tercer requisito, no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, ya que el acto reclamado no encuadra en alguna de las hipótesis que desglosa el artículo 129 de la norma multicitada, ni se puede catalogar como alguno similar en sus consecuencias. Además se debe tener en cuenta que los actos reclamados por los cuales se solicita la suspensión consisten en diversas omisiones que repercuten en un proceso judicial. Así, con el otorgamiento de la suspensión no se ocasiona perjuicio al interés de la sociedad, ni se contravienen disposiciones de orden público, ya que no se priva a la colectividad de algún beneficio; por el contrario, de no concederse la medida cautelar, podría generarse una afectación más grave, ya que no se permite un verdadero acceso a la justicia a la parte quejosa, en la que además se encuentra involucrada una menor de edad. Ilustra lo determinado, la jurisprudencia I.3o.A. J./16, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual tiene el número de registro electrónico 199549, del rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad." Así como, el criterio contenido en la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, la cual tiene el registro electrónico 216233, que indica: "SUSPENSIÓN. LOS SUPUESTOS DE PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O CONTRAVENCIÓN DE DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO ESPECIFICADOS EN EL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, SON ENUNCIATIVOS Y NO LIMITATIVOS. El artículo 124 de la Ley de Amparo establece que, se considerará, entre otros casos que sí se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, "cuando de concederse la suspensión: se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes; se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos, o el alza de precios con relación a los artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario; se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de substancias que envenenen al individuo o degeneren la raza; o se permita el incumplimiento de las órdenes militares"; lo que significa, que el legislador se concreta a ejemplificar, en forma simplemente enunciativa, mas no limitativa tales casos, dejando al juzgador en aptitud de reconocerlos en otros supuestos, de conformidad con su criterio y el caso concreto." Por lo que hace al cuarto requisito, cabe señalar que son dos los extremos que hay que acreditar para obtener la medida cautelar: primero, la apariencia de un buen derecho, y segundo, el peligro en la demora. La apariencia del buen derecho apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión infundada, temeraria y cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso; mientras que, el peligro en la demora consiste en la posible frustración de los derechos del que solicita la medida, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución del fondo. Lo anterior, encuentra sustento en la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que para conceder la suspensión deberá tomarse en cuenta la naturaleza de la violación alegada, lo que lleva consigo realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho que estima la promovente le asiste, con la finalidad de mantener viva la materia del asunto y evitar daños y perjuicios de difícil reparación a la parte quejosa, si con ello no se lesiona el interés social y orden público, lo que puede establecerse, en la especie, con el aviso de declaración de apertura relatado con antelación. En tales condiciones, al estimarse que de no concederse la medida cautelar, se causarían daños y perjuicios a la parte quejosa, y que a la fecha de actuación no existe medio de convicción alguno que lleve a considerar alguna causa de orden público que impida el otorgamiento de dicha medida, cuya finalidad es la de preservar la materia del asunto, debe concederse la suspensión provisional solicitada. Así, tomando en cuenta que se encuentra involucrada una menor de edad de identidades protegidas, este Juzgado Federal no puede dejar de atender el interés superior de los niños, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en la Convención de los Derechos del Niño. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el propósito del Constituyente y del legislador ordinario fue tutelar el interés de los menores de edad, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, incluso hasta el grado de hacer valer todos aquellos conceptos o razones que permitan establecer la verdad y lograr el bienestar del menor de edad; concluyendo al respecto, que no hay excusa tocante a la materia ni limitante alguna para la intervención oficiosa y obligada de las autoridades jurisdiccionales en esta clase de asuntos, pues la sociedad y el Estado tienen interés en que los derechos de los menores de edad queden protegidos independientemente de quienes promuevan en su nombre o, incluso, cuando sin ser parte pudieran resultar afectados por la resolución que se dicte. Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia 1a./J. 191/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 167, Tomo XXIII, mayo de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quién o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz." Así, el artículo 4° constitucional establece: "Artículo 4o. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios." A su vez, por disposición expresa del artículo 1° constitucional, los tribunales judiciales, al resolver sobre controversias que incidan sobre los derechos de los menores, tienen la obligación de atender las disposiciones señaladas, pues dicho precepto establece en lo conducente: "Artículo 1°. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley." En tales condiciones, debe concluirse que en toda contienda judicial en que se vean involucrados derechos inherentes a los menores, debe resolverse en atención al interés superior de los niños como un principio básico. Lo anterior con apoyo en la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 265, tomo XXVI, julio de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991); y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales deben atender primordialmente al interés superior del niño, en todas las medidas que tomen concernientes a éstos, concepto interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998 al ratificar la Convención Interamericana de Derechos Humanos) de la siguiente manera: "la expresión 'interés superior del niño' ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño". Por su parte, el artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo establece que cuando sea procedente la suspensión y atendiendo a la naturaleza del acto, el juzgador debe ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser material y jurídicamente posible, restablecerá de manera provisional al quejoso en el goce del derecho violado; lo anterior es con el ánimo de respeto al Estado constitucional de derecho. Efectos de la medida cautelar. Con base en lo anterior y atento a lo ordenado por el artículo 107, fracción X, de la Constitución General de la República, así como por el primer párrafo del artículo 138, de la Ley de Amparo, es procedente conceder la medida cautelar solicitada, para el efecto de que el titular del Juzgado Primero Familiar de Tuxtepec, Oaxaca, de no haberlo hecho ya, atienda en el sentido que legalmente considere, las peticiones formuladas por la parte quejosa en el expediente familiar 253/2022, de su índice, en las que solicita: i) la restitución de la niña de nombre con iniciales ********************.; ii) las salvaguardas necesarias para proteger a la niña pequeña de nombre con iniciales ********************ante la posible situación de riesgo manifestada por su madre; iii) las medidas de seguridad para salvaguardar la integridad de la quejosa ********************, quien aduce ser víctima de violencia psicológica y física por parte de ********************; y iv) la guarda y custodia de la niña de nombre con iniciales ********************. Con lo cual se restablece a la parte quejosa el disfrute de los derechos que le son afectados ante las citadas omisiones, sin que ello implique la generación de un derecho o bien que deba resolver en algún sentido, ya que de acuerdo con sus facultades ponderando los elementos de convicción con los que cuenta, resolverá conforme a derecho. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a/J.70/2019(10a), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta de Semanario Judicial de la Federación, con número de registro electrónico 2021263, cuyo rubro y texto dicen: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior." De igual forma, el criterio sustentado por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta de Semanario Judicial de la Federación, con número de registro electrónico 2017473, cuyo rubro y texto dicen: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA UN ACTO OMISIVO. PUEDE TENER EFECTOS RESTITUTORIOS PROVISIONALES, ATENTO A LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y LA AFECTACIÓN O PERJUICIO QUE AQUÉL OCASIONE. En términos del artículo 147 de la Ley de Amparo es posible restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. En efecto, sus párrafos segundo y tercero prevén la posibilidad de que la medida suspensional tenga como efecto restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado, mientras se dicta la sentencia ejecutoria relativa, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible. Asimismo, debe fijarse la situación en la cual habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo, hasta la terminación del juicio. El órgano jurisdiccional de amparo también está obligado a dictar las medidas necesarias para evitar que se defrauden los derechos de menores o incapaces, en tanto se dicta la sentencia definitiva, con lo cual existe la posibilidad no sólo de que sean medidas conservatorias, sino también innovativas y prohibitivas, acorde con la naturaleza del acto reclamado, para garantizar que los derechos de ellos no se defrauden y, por ende, se hagan efectivos. Por otro lado, dependiendo de la naturaleza del acto reclamado, tiene facultad para establecer condiciones de cuyo cumplimiento que dé la quejosa, depende que la medida cautelar siga surtiendo efectos. Entonces, el texto del artículo 147 citado, obliga al Juez a analizar cada caso concreto y sin importar si el acto reclamado tiene carácter positivo, negativo u omisivo, dado que la norma no hace distinción al respecto, debe ponderar la apariencia del buen derecho y la afectación o perjuicio que ocasione el acto, para establecer en qué medida se afecta un derecho sustantivo del agraviado, puesto que tan positivo, como las de una omisión, porque lo relevante es precisar cómo se manifiesta el acto reclamado en la esfera de derechos del quejoso. En ese contexto, sí podrá conceder la suspensión contra un acto omisivo y fijar la situación que habrá de imperar, ordenando que todo se conserve en el estado en que se encuentra y, en su caso, de resultar jurídica y materialmente factible, restablecer de manera provisional al quejoso en el disfrute de la prerrogativa que le fue afectada y dictar las medidas necesarias para que no se defrauden los derechos de menores o incapaces." Esta medida cautelar, en cuanto a su duración, producirá efectos hasta que se notifique a la responsable la resolución interlocutoria de este incidente de suspensión. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO.- Se concede la suspensión definitiva solicitada por ********************, por derecho propio y en representación de la menor de iniciales ********************en términos de la presente interlocutoria. NOTIFÍQUESE.

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