Pedro Velducea Urías

Expediente 315/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 21 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
315/2023
Año
2023
Actuaciones
21
Última actuación
10/07/2023

Partes del expediente

  • Pedro Velducea Urías

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, diez de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se obtiene que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra de la sentencia dictada el diecinueve de junio de dos mil veintitrés; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria; comuníquese lo anterior a las autoridades correspondientes; háganse las anotaciones respectivas. Atento a lo anterior y visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el presente juicio se encuentra totalmente concluido; por tanto, se ordena su archivo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 15, del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transparencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo de referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse negado el amparo y protección de la Justicia Federal, es conservable en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 17, fracción III, inciso a), del citado acuerdo general. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "conservable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 34 del Acuerdo General mencionado. Con fundamento en el artículo 8, fracción I, del Acuerdo General referido, el presente juicio de amparo, se considera expediente de trámite; por tanto, una vez que trascurran tres años, contados a partir de esta fecha, transfiérase el expediente original, al depósito documental del Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo establece el numeral 9, del citado Acuerdo. Respecto al original del incidente de suspensión al haberse negado la suspensión definitiva solicitada, es susceptible de destrucción, lo anterior, al encuadrar en la hipótesis del artículo 20, fracción III, del mismo acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 34 del multicitado Acuerdo. Por último, visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante acuerdo de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el incidente de suspensión relativo a este asunto, se tuvo a la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar, con sede en esta ciudad, remitiendo diversas constancias relativas a los menores de identidad reservada ********************., ********************. y ******************** respecto de las cuales se ordenó formar un cuaderno de sigilo; en consecuencia al resultar innecesario conservar las aludidas constancias, devuélvanse a la precitada autoridad responsable para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  2. Incidental

    Tijuana, Baja California, treinta de junio de dos mil veintitrés. Cúmplase.

  3. Principal

    Sentencia Vistos para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 315/2023-C, promovido por ********************, contra actos del Juez Cuarto de lo Familiar de esta ciudad; y Resultando Primero. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito que se presentó el veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, ********************, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos y autoridad siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE Juez Cuarto de lo Familiar de esta ciudad ACTO RECLAMADO. "1.- Le reclamo LA OMISIÓN de pronunciar las medidas provisionales necesarias para efectos de garantizar un régimen de convivencia del suscrito quejoso y los menores de nombres BLANCA BERENICE, PEDRO ABELARDO y JOSÉ ROBERTO todos de apellidos VELDUCEA LUGO." Segundo. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito; se admitió a trámite y se registró con el número de expediente 315/2023-C; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete; se reconoció el carácter de tercero interesada a ******************** y se le emplazó a juicio, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para resolver el juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, fracción I, 2, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; preceptos 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como conforme al Acuerdo General número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y al Acuerdo General 107/2022 emitido por el citado Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de dos mil veintitrés; al reclamarse un acto que tiene ejecución en la circunscripción territorial en la que este órgano ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. Previo a verificar la certeza de los actos reclamados, conforme a lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a fin de estar en posibilidad de resolver la litis efectivamente planteada y determinar lo que la parte quejosa dijo o quiso decir, es preciso señalar que de una lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que se reclama lo siguiente: - La omisión de pronunciarse en relación con las medidas provisionales necesarias para garantizar un régimen de convivencia entre el quejoso y sus hijos de nombres BLANCA BERENICE, PEDRO ABELARDO y JOSÉ ROBERTO todos de apellidos VELDUCEA LUGO, en el expediente 473/2022. Tercero. Existencia. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar de esta ciudad, no obstante de que al momento de rendir su informe justificado haya negado su existencia, sin embargo hace diversas manifestaciones encaminadas a desvirtuar éste, por tanto, es que se tiene por cierto el acto que en esta vía se reclama. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis visible en la página 391, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, Materia Común, Octava Época, con registro digital 211004, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Lo que además se corrobora con las copias certificadas allegadas al juicio relativas al expediente 473/2022, las cuales cuentan con valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, que es del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. Procedencia del juicio de amparo. Al no advertir causa de improcedencia alguna, ni que las partes las hayan hecho valer, lo procedente es analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado al tenor de los conceptos de violación que el impetrante estimó pertinentes, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, por no ser necesaria su transcripción, atento a lo dispuesto en el precepto 74 de la ley de la materia. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, publicada en la página 830, del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el texto y rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Quinto. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Los conceptos de violación vertidos por la parte promovente del amparo, a juicio de quien resuelve resultan infundados, aún suplidos en su deficiencia, de conformidad con el numeral 79 de la Ley de Amparo, por los motivos esenciales que enseguida se precisan. El acto combatido consiste, como quedó precisado con antelación, en la omisión atribuida a la autoridad responsable de dictar las medidas provisionales necesarias para garantizar la convivencia entre el hoy quejoso y sus hijos, por tanto al caso resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 191/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro electrónico 175053, intitulada "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE." La parte quejosa sustenta sus motivos de inconformidad considerando que: La autoridad responsable viola los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los menores, sin atender la garantía al principio pro persona contemplado en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y atendiendo al interés superior de la niñez, ya que ante la falta de las medidas provisional que solicitó se le ha coartado la convivencia con sus hijos. Que la resolución recurrida viola los derechos de los niños y niñas, consagrada en el artículo 4 Constitucional, ya que considera que tienen derecho a tener periódicamente relaciones personales y contacto con sus padres cuando vivan separados de alguno de ellos. Que se viola su garantía de audiencia. Ahora, con el objeto de dar claridad a este fallo, es preciso resaltar los antecedentes del acto reclamado que aquí interesan, siendo éstos los siguientes: - El once de mayo de dos mi veintidós, ********************, promovió Controversias del Orden Familiar, a efecto de que se fijaran medidas provisionales para un régimen de convivencia con sus hijos Blanca Berenice, Pedro Abelardo y José Roberto, todos de apellidos Velducea Lugo. - En el auto de veinte de mayo de dos mil veintidós, se radicó la demanda y se ordenó el emplazamiento de la parte demandada ******************** y se fijaron las ocho horas con treinta minutos del veintidós de junio de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia de conciliación, pruebas, alegatos y sentencia. - El quince de junio de dos mil veintidós, la parte demandada presentó un escrito, mediante el cual se apersonó al juicio de origen, dio contestación a las prestaciones reclamadas por el actor hoy quejoso e hizo del conocimiento del Juez responsable de la existencia de diversas carpetas de investigación integradas en contra del quejoso por los delitos de abuso sexual y violencia intrafamiliar, por lo que a efecto de desahogar las pruebas ofrecidas por ésta se señaló como nueva fecha para la audiencia de conciliación, pruebas, alegatos y sentencia, las once horas con treinta minutos del veintitrés de agosto de dos mil veintidós. - En el auto de treinta de agosto de dos mil veintidós, se ordenó girar oficio a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Contra Mujeres por Razón de Género, para que a su vez girara las instrucciones necesarias a la unidad investigadora bajo su cargo, a la que hubieran sido asignadas las carpetas de investigación con número único de caso 0204-201940849, 0204-2021-20343 y 0204-2019-39618, por lo que se señaló fecha para la audiencia de conciliación, pruebas, alegatos y sentencia, para las diez horas con treinta minutos del doce de octubre de dos mil veintidós. - En el auto de doce de octubre de dos mil veintidós, se señaló nueva fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, pruebas, alegatos y sentencia; una vez aperturada ésta las partes actor y demandada, solicitaron la suspensión del procedimiento por el término de diez días a efecto de llevar a cabo un convenio que pusiera fin a la controversia, el cual fue concedido por la Juez responsable. - En el auto de veinticuatro de noviembre de este año, se dio vista a la parte demandada, hoy tercero interesada, con el escrito presentado por la parte actora, hoy quejosa, en el que hizo saber que programó una cita con la psicóloga y sexóloga ********************, señalada para las quince horas del veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, a efecto de la valoración de los menores. Relatado lo anterior, quien aquí resuelve considera incorrecta la apreciación y manifestación de la parte quejosa, ya que de las constancias allegadas por la responsable se advierte que aun y cuando no ha proveído sobre las medidas provisionales solicitadas, lo cierto es que, con el propósito de proveer respecto a éstas, se está allegando de diversos medios probatorios a fin de concretizar la forma y términos en que pueden ser dictadas sin alterar o dañar la estabilidad de los menores. No se soslaya lo referido por la parte quejosa en el sentido de que no existen motivos legales y menos aún de alguna autoridad competente con los que se acredite o justifique que haya cometido algún tipo de ilícito en contra de sus menores hijos; por lo que no hay prueba plena, legítima, pertinente e idónea, congruente y objetiva aplicada que sea la causa para prohibir la convivencia de los menores. Sin embargo, a fin de establecer porqué es importante descartar cualquier indicio que pueda acreditar un posible daño a los menores, es indispensable realizar un somero análisis del contenido y alcances del interés superior del menor, el cual tiene justificación constitucional y encuentra también su fundamento en el derecho internacional y lo que de alguna manera nos llevará a entender la importancia de priorizar el bienestar de los menores ante el bienestar personal e individual de alguno de los padres. En efecto, ya desde la reforma al artículo 4° constitucional de siete de abril del año dos mil, la Primera Sala del Máximo Tribunal de nuestro país, había reconocido al interés superior de la infancia, como un principio implícito de rango constitucional y como un punto de convergencia con el derecho internacional de protección de la niñez. Posteriormente, la reforma constitucional de doce de octubre de dos mil once, incorporó expresamente el interés superior de la niñez en el artículo 4° constitucional: "Artículo 4. [.] En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez." Por otra parte, el artículo 3º de la Convención sobre los Derechos del Niño, prevé: "Artículo 3. 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada." De dichos enunciados normativos deriva el principio de "interés superior de la niñez", que implica que las políticas, acciones y toma de decisiones del Estado que se vinculen con menores, deban realizarse de modo tal que, en primer término, se busque el beneficio directo del niño o niña, protegiendo en forma extensiva y con mayor intensidad sus derechos. Asimismo, los artículos 9 y 12 de la propia Convención sobre los Derechos del Niño, imponen a las instituciones públicas y privadas (incluidos los tribunales) velar por el interés superior de los menores, para lo cual se debe privilegiar que se desarrollen y crezcan con la protección y cuidado necesarios para su bienestar, seguridad y sanidad, es decir, rodeados de afecto, seguridad moral y material, primordialmente al lado de sus padres, salvo el caso de que estos sean maltratados, descuidados o bien, los padres vivan separados y deba decidirse sobre la residencia de los menores (enunciación ejemplificativa mas no limitativa). "Artículo 9. 1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño. 2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones. 3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño. [.] Artículo 12. 1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. [.]" Por su parte, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (la cual con su entrada en vigor abrogó la otrora Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes), en sus artículos 1, 2 y 6, establece, en síntesis, que las cuestiones relacionadas con los niños son de orden público, interés social y observancia general. Asimismo, qué debe atenderse al interés superior de la niñez, el cual deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre aquellas cuestiones debatidas que involucren niñas, niños y adolescentes, así como los principios rectores para garantizar la protección de sus derechos. Lo anterior, pone de manifiesto que en cualquier decisión, actuación o medida que involucre a la niñez, el Estado a través de sus diversas autoridades, tiene la ineludible obligación de atender el interés superior de la niñez; sin embargo, dichas disposiciones, no precisan qué es lo que debe entenderse por ese interés. En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva número oc-17/2002, intitulada "Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño", de veintiocho de agosto de dos mil dos, sostuvo que el interés superior del menor es un ".principio regulador de la normativa de los derechos del niño que se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades así como en la naturaleza y alcances de la Convención sobre los Derechos del Niño.". Señaló que: ".En el mismo sentido, conviene observar que para asegurar, en la mayor medida posible, la prevalencia del interés superior del niño, el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que éste requiere 'cuidados especiales', y el artículo 19 de la Convención Americana señala que debe recibir 'medidas especiales de protección'. En ambos casos, la necesidad de adoptar esas medidas o cuidados proviene de la situación específica, en la que se encuentran los niños, tomando en cuenta su debilidad, inmadurez o inexperiencia." Y que "era preciso ponderar no sólo el requerimiento de medidas especiales, sino también las características particulares de la situación en la que se halla el niño". En el ámbito nacional, es criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el interés superior del menor es un principio vinculante dentro del ordenamiento jurídico, cuya aplicación se proyecta en tres dimensiones: a) Como derecho sustantivo: en cuanto a que el interés referido sea consideración primordial y se tenga en cuenta al sopesar distintos intereses respecto a una cuestión debatida; b) Como principio jurídico interpretativo fundamental: en el sentido de que si una norma jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la que satisfaga de forma más efectiva sus derechos y libertades, a la luz del interés superior del menor; y, c) Como norma de procedimiento: conforme a la cual, siempre que se tome una decisión que afecte los intereses de uno o más menores de edad, deberá incluirse en el proceso de decisión, una estimación de las posibles repercusiones en ellos. En consecuencia, en los juicios en los que directa o indirectamente se ven involucrados los derechos de los menores, el interés superior del niño le impone al juez resolver la controversia atendiendo a lo que es mejor para el o la menor. Es aplicable, la tesis aislada 1a. CCCLXXIX/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal, visible en la página 256, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, con registro digital 2010602, cuyo rubro es "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. DIMENSIONES EN QUE SE PROYECTA LA APLICACIÓN DE ESTE PRINCIPIO." En atención a lo anterior, es evidente que si bien el interés superior de la infancia obliga a todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias a proteger y preservar los derechos de los menores a fin de resolver lo que resulte más favorable a sus intereses, también lo es que debido a ello, el interés superior de la infancia constituye un concepto jurídico indeterminado, pues en cada caso concreto el juzgador debe analizar los hechos y circunstancias que rodean al menor, a fin de que resuelva lo que más convenga al infante. Respecto al tema relativo al del interés superior de la infancia resultan orientadores los criterios que se contienen en las jurisprudencias 1a./J. 25/2012 (9a.) y 1a./J. 18/2014 (10a.) con registros electrónicos 159897 y 2006011, cuyos epígrafes son: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO." e "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL." Atento a lo expuesto, es dable sostener que la gama de normas internacionales como nacionales establecen que toda contienda judicial en que se vean involucrados derechos inherentes a los menores, debe resolverse atendiendo al principio básico de interés superior de los niños. Por tanto, debe justificarse el actuar de la autoridad judicial a la luz del interés superior del menor, ya que éste es quien debe tener siempre como consideración primordial en la tramitación y resolución del asunto sometido, las circunstancias especiales del caso y tomar en cuenta los medios de convicción que tenga a su alcance a efecto de buscar el mayor beneficio de los menores, y si no contare con ellos, ordenar que se practiquen los necesarios en aras de salvaguardar la integridad emocional de la menor, siempre y cuando el recabar mayores datos sea ineludible, pues tampoco se debe abusar de tal facultad cuando no exista justificación suficiente para ello. No se pasa por alto que dentro de las funciones personales (alimentación, educación, formación, corrección de los hijos, etcétera), la convivencia, además de la guarda y custodia es sin duda una de las de mayor importancia. En ese sentido, el juez responsable debe valorar las especiales circunstancias que concurran y determinar cuál es el ambiente más propicio para el desarrollo integral de la personalidad de los infantes. A partir de lo expuesto, puede concluirse que la decisión que va a tomar el Juez natural no sólo deberá atender a aquél escenario que resulte menos perjudicial para los niños, sino, por el contrario, deberá buscar una solución estable, justa y equitativa que resulte lo más benéfica para los menores; por lo que, se puede concluir, que el interés superior del menor, para efectos jurisdiccionales, debe ponderarse ante todo, incluso a cuestiones procesales en juicio. Lo anterior se constata con la tesis 1a. LXXVI/2013, emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal de la República, ubicada en la página 887, Libro XVIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2013, Tomo I, Novena Época, con registro digital 2003068, que establece: "INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ. EL ARTÍCULO 4o. PÁRRAFO OCTAVO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REPRESENTA UN PUNTO DE CONVERGENCIA CON LOS DERECHOS DE LA INFANCIA RECONOCIDOS EN TRATADOS INTERNACIONALES. El interés superior de la infancia, reconocido expresamente en el artículo 4o., párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de la reforma constitucional de 12 de octubre de 2011, exige la "garantía plena" de los derechos de niñas y niños. Ahora bien, aun cuando el significado de la expresión "los derechos" puede parecer vaga, resulta importante destacar que el texto del que deriva es similar al del artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, específicamente en la parte que reconoce el derecho de los menores de edad a ciertas "medidas de protección" que, al igual que en la Constitución General de la República, no se enuncian. En este sentido, la aparente vaguedad en los términos empleados obedece a que ninguno de los dos cuerpos normativos antes citados constituye un instrumento especializado en la protección de los derechos de la niñez; sin embargo, ambos reconocen la importancia de establecer expresamente una fórmula que dé entrada a los distintos derechos o medidas previstas en los ordenamientos que sí se especializan en la materia; de ahí que la falta de una regulación específica del catálogo de los derechos que conforman el corpus iuris de protección de la niñez a nivel constitucional y convencional no implica su desconocimiento, sino, por el contrario, constituye una remisión expresa a los instrumentos que en forma especializada cumplen con dicha misión. Consecuentemente, el citado artículo 4o., párrafo octavo, representa un punto de convergencia con los derechos de los menores de edad reconocidos en tratados internacionales y constituye un parámetro de regularidad especializado respecto de los derechos de la niñez, como el que establece el artículo 1o., párrafo segundo de la Constitución General de la República respecto de los derechos humanos en general." De igual manera, la tesis aislada 1a. LXXXII/2015, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1398, del Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 200547, cuyo título y contenido es: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. CONSTITUYE UN PRINCIPIO RECTOR DE TODAS LAS ACTUACIONES DE LOS PODERES PÚBLICOS RELACIONADOS CON MENORES. Además de su carácter tuitivo, el principio de interés superior del menor constituye un elemento hermenéutico de primer orden para delimitar el contenido y alcance de los derechos humanos de los menores y los coloca como sujetos prevalentes de derechos. Se trata entonces de considerar la especial situación en que se encuentran ciertos derechos humanos cuando el titular es un menor, atendiendo a que el derecho básico de los menores de edad es el de ser atendidos con pleno respeto a sus derechos fundamentales. Desde esta óptica, los menores son destinatarios de un trato preferente, por su carácter jurídico de sujeto de especial protección, lo que implica que son titulares de un conjunto de derechos que deben valorarse de acuerdo con sus circunstancias específicas. De ahí que el interés superior del menor constituye un principio rector de todas las actuaciones de los poderes públicos relacionados con menores." Entonces al momento de implementar el régimen de convivencias, la autoridad judicial debe tener en consideración que se trata de un derecho a favor de los menores, independiente a los intereses o derechos de cualquiera de sus padres. Por tanto, cualquier decisión judicial que recaiga sobre el derecho de visitas deberá tener como eje rector el principio de interés superior del menor, buscando en todo momento incentivar y preservar la convivencia del grupo familiar, pero el ejercicio del derecho de visitas no es absoluto ni está sujeto a la decisión arbitraria de cualquiera de los padres, sino que atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto, el derecho mencionado podrá estar limitado de forma temporal, espacial e inclusive modal, de tal manera que sea posible asegurar el bienestar y la estabilidad emocional de los menores involucrados. Al igual que la decisión sobre la asignación de la guarda y custodia a uno de los progenitores, la determinación sobre el contenido del derecho de visitas en cada caso concreto tampoco es una tarea sencilla. El juez de lo familiar deberá tener en consideración diversos elementos tales como la edad, necesidades y costumbres de los menores involucrados; el tipo de relación que mantienen con el progenitor no custodio; los orígenes del conflicto familiar; la disponibilidad y personalidad del progenitor no custodio; la distancia geográfica entre la residencia habitual de los menores y la del padre no custodio; y en general cualquier otro factor que permita al juzgador discernir qué régimen de convivencia sería más benéfico para los menores involucrados. Así las cosas, tomando como base los elementos anteriores, el juez de lo familiar deberá establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que considere más adecuadas para el ejercicio del derecho de visitas, velando siempre por el bienestar del menor en cuestión. Dichas circunstancias conformarán propiamente el contenido del régimen de convivencia o derecho de visitas. Por otra parte, a pesar de que el Máximo Tribunal del País ha reconocido que el contacto regular entre los menores y ambos progenitores es un elemento no sólo beneficioso sino esencial en el desarrollo de la personalidad del menor, también es un hecho que pueden llegarse a presentar situaciones excepcionalmente graves en las que la existencia de una relación familiar con uno de los progenitores puede resultar perjudicial para éste. Ahora, en el caso concreto y tomando en consideración las carpetas de investigación integradas en contra del hoy quejoso por los delitos de abuso sexual y violencia intrafamiliar, como origen del conflicto entre ambos padres, así también de forma destacada las evaluaciones psicológicas realizadas a los menores quejosos de las que se obtuvo lo siguiente: Por cuanto a la menor ********************. "sobre su padre, no lo quiero ver, lo que pasa es que me llevó de la ciudad y no quería que le contara a mi mamá, cuando él me llevó mi mamá me hablaba pero no quería que yo le respondiera, no quiero verlo porque no quiero que pase algo malo, algo más de lo que pasó, el me tocó en mis partes íntimas. De su relación me trataba bien pero después las cosas cambiaron, porque le pegaba a mi mamá. Añade no lo he visto, ni he hablado por teléfono con él, pero no quiero verlo". USO DE ALCOHOL Y DROGAS EN CASA: En cuanto a consumo de alcohol, tabaco y/o sustancias ilícitas en sus progenitores comenta lo siguiente: Por parte de su padre Pedro, sí tomaba cerveza con su amigo, y sí fuma, porque siempre hacía sus cigarros delante de nosotros, era algo verde, se sentaba en su mesa y con un papel lo abría y le ponía eso verde y luego se lo fumaba". En relación al menor ********************. "sobre su padre. no lo he visto y no lo quiero ver porque nos hace daño a mis hermanas las tocó, las manoseó de sus partes, mi mamá me lo dijo y se las llevó fuera de la ciudad, eso mi mamá no me lo dijo pero sí fue verdad porque mi hermana Blanca me lo dijo. USO DE ALCOHOL Y DROGAS EN CASA: En cuanto a consumo de alcohol, tabaco y/o sustancias ilícitas en sus progenitores comenta lo siguiente: Por parte de su padre; .mi papá Pedro si fumaba; era un papelito con algo verde que le ponía y se iba con un amigo a fumar, pero le olíamos la boca y olía ha cigarro, el se reía cuando le preguntábamos si había fumado y nos decía que no". Finalmente, en relación al diverso menor ********************, se determinó lo siguiente: "Presenta dificultades en el habla, por lo que es difícil la comprensión del mismo, sin embargo denota atención, y muestra una actitud cooperadora y con disposición de participar en las actividades propias del material de evaluación, sin embargo debido a la incomprensible de su lenguaje, se entrevistó a la señora ********************, madre biológica." De lo anterior queda evidenciada la necesidad que tiene la autoridad responsable para continuar recabando material probatorio a fin de determinar la procedencia o no de alguna medida provisional que pueda ser establecida para la convivencia del padre hoy quejoso con los referidos menores, a fin de garantizar que con ello no se violenta algún derecho de los menores, que conlleve a afectación grave emocional o física, toda vez que de la información que hasta este momento se obtuvo, se considera acertada y conveniente la determinación emitida por la Juez responsable el diecisiete de mayo de este año, en la que requirió al hoy quejoso ********************, a fin de que acuda a la Subprocuraduría para la Defensa de los Menores y la Familia de esta ciudad, con el propósito de que se le programe a la brevedad posible nueva cita para la realización del estudio psicológico, ello dado que ha sido omiso en cumplir con tal obligación, indicándole que dicho estudio es necesario para continuar la secuela procesal en el juicio de origen. Por tal motivo como se ha señalado, no se advierte resistencia por parte de la autoridad responsable para proveer lo conducente a las medidas provisionales que solicita el quejoso, contrario a ello se advierten actuaciones tendientes a lograr un convencimiento efectivo que lleve a esclarecer si la convivencia entre éste y sus menores hijos, no trascenderá en perjuicio de éstos, dado los antecedentes narrados con antelación, ya que ello se considera fundamental antes de fijar alguna medida de convivencia, aún en la modalidad virtual, toda vez que previo a ello se debe descartar cualquier afectación física o emocional que con ésta pudieran sufrir los referidos menores. En virtud de lo expuesto, al resultar infundados los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, procede negar el amparo solicitado. Sexto. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E Primero. La Justicia Federal no ampara ni protege a ********************, contra actos de la Juez Cuarto de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, por los motivos precisados en el considerando quinto de esta resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese.

  4. Incidental

    Tijuana, Baja California, quince de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite los autos originales del incidente suspensión número 315/2023 del índice de este juzgado; así como testimonio de la ejecutoria dictada dentro del incidente en revisión civil ********************, en el cual se resolvió, lo siguiente: "PRIMERO. Se confirma la resolución recurrida. SEGUNDO. Se niega la suspensión definitiva de los actos reclamados en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto 315/2023, en términos de la resolución recurrida". En ese contexto, acúsese el recibo correspondiente al Tribunal de Alzada. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.

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