Perla Cruz Moreno (promovente)

Expediente 1630/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1630/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • weng jianning
  • Perla Cruz Moreno (promovente)

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 26 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, remitido por el Encargado de Despacho del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde informe respecto del cumplimiento dado a la suspensión de plano decretada en autos; lo anterior, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo. Por otra parte, de conformidad con los artículos 9 y 28, fracción I, de la ley de la materia, téngansele como delegados y domicilio de la autoridad oficiante, los que indica. Asimismo, le tiene comunicando que los agraviados 1. Weng Jianning, 4. Liu Changfei, 9. Lin Shizeng, y 10. Wang Xiaoyan, fueron egresados de las instalaciones de la estancia provisional de esta ciudad, por lo que adjunta copia certificada de los oficios de salida EM/BC/TIJ/12407/2023, EM/BC/TIJ/12408/2023, EM/BC/TIJ/12413/2023 y EM/BC/TIJ/12406/2023, suscritos por el Jefe de Departamento de la Oficina de Representación en Baja California del Instituto Nacional de Migración en Baja California, en esta ciudad; comunicados de los cuales se desprende que desde el veinte de octubre de dos mil veintitrés, a los mencionados agraviados se les autorizó el otorgamiento de la condición de estancia de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas durante el término que dure el expediente de amparo y se emita su resolución y quede firme la misma. Desechamiento. Ahora, conviene precisar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En ese sentido, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda de amparo y en atención a la causa de pedir de la parte quejosa, se obtiene que la parte promovente hace consistir los actos reclamados en lo siguiente: La detención ilegal. La incomunicación. El traslado. La falta de atención médica. En ese sentido, tomando en consideración las documentales allegadas por parte de la responsable en esta fecha, consistentes en los oficios de salida EM/BC/TIJ/12407/2023, EM/BC/TIJ/12408/2023, EM/BC/TIJ/12413/2023 y EM/BC/TIJ/12406/2023, se advierte que desde el veinte de octubre de dos mil veintitrés, los agraviados 1. Weng Jianning, 4. Liu Changfei, 9. Lin Shizeng, y 10. Wang Xiaoyan, quedaron en libertad de la estancia migratoria en la que se encontraban alojados; es decir, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que dio origen a este juicio (dieciséis de octubre de dos mil veintitrés); por tanto es evidente que ante ello, han cesado los efectos del acto reclamado, actualizándose la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual se analizará de oficio. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 9/98, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, con registro digital 196820, que señala: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." En esa tesitura, en el caso concreto, se advierte que se actualiza una manifiesta causal de improcedencia, pues basta imponerse del contenido de los presentes autos para advertir con claridad que las violaciones que reclaman los referidos agraviados han cesado en sus efectos; y por otra parte, que se juzga indudable la improcedencia cuestionada, porque aunque se continuara con la substanciación del procedimiento, llegado el caso de dictar sentencia no resultaría factible formarse una convicción diversa, por más elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, así que a nada práctico conduciría seguir con el juicio en el que conforme a la técnica jurídica, las pretensiones aducidas, ya no podrían ser objeto de análisis, por haber sobrevenido durante la tramitación la causal de improcedencia analizada, lo que, además, sería contrario al espíritu de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, en tanto que la ociosa tramitación del referido juicio repercutiría en menoscabo de los diversos asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional. De ahí que se deseche de plano la demanda promovida únicamente a favor de los agraviados 1. Weng Jianning, 4. Liu Changfei, 9. Lin Shizeng, y 10. Wang Xiaoyan. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Atento a lo anterior, se dejan sin efectos las providencias decretadas en el presente asunto únicamente por lo que respecta a los agraviados 1. Weng Jianning, 4. Liu Changfei, 9. Lin Shizeng, y 10. Wang Xiaoyan; comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese; y por medio de lista a la promovente. Así lo acordó y firma electrónicamente Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, Secretaria del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, encargada del despacho, autorizada mediante oficio CCJ/ST/6932/2023, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa ante José Alejandro Ortiz Monroy, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. GOD

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la guía de rastreo 0836950577 procedente del servicio de mensajería acelerada "Estafeta", que contiene el comunicado 31119/2013, dirigido a la autoridad responsable Administración General de Servicios al Contribuyente, con sede en la ciudad de México, al que se transcribió el auto de siete de agosto de dos mil veintitrés (en el que se tuvo por interpuesto el recurso de revisión promovido por la parte quejosa en contra de la sentencia dictada en autos), mismo que fue devuelto por presentar inconsistencias con la leyenda "Cambio de domicilio". En ese contexto, toda vez que en las determinaciones de treinta y uno de agosto y cuatro de octubre del año en curso, se ordenó la reexpedición de dicho comunicado al domicilio obtenido de la página de internet y al señalado por la autoridad responsable en el informe justificado, respectivamente, sin que se obtuvieran resultados positivos; con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los diversos numerales 26, fracción II, inciso a), y 27, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 158, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto vía electrónica al Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, a fin que en auxilio de las labores de este juzgado comisione a quien corresponda, para efecto de que se constituya en el domicilio de la Administración General de Servicios al Contribuyente, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y haga entrega del oficio 31119/2013 dirigido a la misma. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se solicita atentamente al Juez exhortado para que, de considerarlo necesario, habilite días y horas inhábiles para la práctica de la notificación encomendada. Asimismo, se faculta al juez exhortado, a fin de que, de haberse remitido el exhorto de que se trata, a un órgano diferente al que deba prestar el auxilio, lo envíe directamente al que corresponda, si le consta cual es la jurisdicción competente, con la solicitud que de no existir inconveniente al respecto, lo haga del conocimiento de este juzgado. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Resolución interlocutoria Vistos, para resolver el incidente por defecto en el cumplimiento a la suspensión provisional, relativo al juicio de amparo 409/2023-A, promovido por César Rogelio Cortés Guedea, por propio derecho, contra los actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; y, Resultando Primero. Por auto de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, dictado dentro del juicio principal se tramitó el incidente de suspensión y se concedió la suspensión provisional en los términos siguientes: En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 128, 131, 132, 136, 147, 150 y 151 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y no se lleve a cabo el desahogo de la prueba pericial en informática y sistemas de cómputos sobre distintos correos electrónicos, así como la prueba pericial en grafoscopía sobre listas de asistencia semanales de docentes y libro de clases, señaladas para el veintinueve de junio de dos mil veintitrés y ordenadas en proveído de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés dentro del procedimiento ordinario identificado con el número 3333/2019, lo anterior hasta en tanto, se resuelva la suspensión definitiva en el incidente en que se actúa. En la inteligencia que la medida suspensional otorgada, no implica de manera alguna la suspensión del procedimiento que sea origen de los actos reclamados, por ser de orden público y por tanto, insuspendible, ya que de permitir lo contrario se transgrediría lo dispuesto en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo. Esta medida cautelar surte efectos desde luego en términos del citado artículo; así como acorde a lo dispuesto por el diverso precepto 136 de la citada legislación, pero dejará de hacerlo si la parte quejosa no exhibe ante este órgano jurisdiccional, dentro del término de cinco días, garantía por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos), para garantizar los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a la parte tercero interesada con la concesión de la suspensión provisional; suma que se fija de manera discrecional por no contar con mayores elementos para determinarla; lo anterior, sin perjuicio de que con mayores elementos que las partes aporten pueda modificarse en todo o en parte de conformidad con el artículo 140 de la Ley de Amparo, cantidad que deberán exhibir en billete de depósito o cualquiera de las formas legales. En el entendido de que si el solicitante de amparo opta por exhibir garantía mediante billete de depósito, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 fracción II, del Acuerdo General 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la organización y funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, deberá incluirse el concepto por el cual se constituye, eso es, la leyenda siguiente: Para garantizar la suspensión provisional concedida dentro del incidente de suspensión que deriva del juicio de amparo 409/2023, promovido por César Rogelio Cortes Guedea. Segundo. El cuatro de julio de dos mil veintitrés, se resolvió en definitiva el incidente de suspensión en que se actúa y se concedió la medida cautelar en los términos siguientes: En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 128, 131, 132, 136, 147, 150 y 151 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en contra de los actos reclamados a la autoridad responsable, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y no se lleve a cabo el desahogo de la prueba pericial en informática y sistemas de cómputos sobre distintos correos electrónicos, así como la prueba pericial en grafoscopía sobre listas de asistencia semanales de docentes y libro de clases, señaladas para el veintinueve de junio de dos mil veintitrés y ordenadas en proveído de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés dentro del procedimiento ordinario identificado con el número 3333/2019, lo anterior, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que en su caso, se dicte en el juicio principal del que deriva el incidente de suspensión en que se actúa. En la inteligencia que la medida suspensional otorgada, no implica de manera alguna la suspensión del procedimiento que sea origen de los actos reclamados, por ser de orden público y por tanto, insuspendible, ya que de permitir lo contrario se transgrediría lo dispuesto en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo. Garantía. Ahora, tomando en consideración de que la que la parte quejosa mediante escrito presentado el treinta de junio del año en curso, solicitó una reducción de fianza por no contar con un trabajo fijo, por ello a fin de que la garantía fijada sea asequible para el aquí quejoso, a efecto de no hacer nugatoria la concesión de la medida cautelar ante la insolvencia económica de éste, de conformidad con lo establecido por el artículo 136 de la Ley de Amparo, que obliga a los Jueces de Distrito amplitud de criterio para dictar las medidas de aseguramiento que, bajo su responsabilidad, estimen necesarias, se fija de manera discrecional y en lo particular la cantidad de $1,000.00 pesos (mil pesos moneda nacional). En el entendido que la suspensión definitiva surte efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si el quejoso en lo particular no exhibe, dentro de los cinco días siguientes. Tercero. El catorce de julio de dos mil veintitrés, ante la omisión de la parte quejosa de exhibir la garantía que le fue requerida a fin de que siguiera surtiendo efectos la medida cautelar concedida, dejó de surtir efectos la suspensión definitiva, lo que se hizo del conocimiento a la autoridad responsable mediante oficio quedando expedido su derecho para la ejecución del acto reclamado, sin responsabilidad alguna. Cuarto. Mediante escrito presentado el nueve de octubre de dos mil veintitrés, se tuvo a la parte quejosa planteando el incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión, por tanto, en proveído de diez de octubre siguiente se admitió a trámite dicho incidente y se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia incidental respectiva. Quinto. Mediante escrito registrado con el folio 16133 se tuvo a la parte quejosa aclarando que el incidente planteado es relativo al incidente por defecto en el cumplimiento a la suspensión provisional. Considerando Primero. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, es competente para conocer y resolver el presente incidente por defecto en el cumplimento de la suspensión provisional de conformidad con lo establecido en los artículos 206 a 209 de la Ley de Amparo, toda vez que se trata del incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión concedida mediante proveído de veintisiete de junio de dos mil veintitrés emitida dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 409/2023-A. Sirve de apoyo a lo anterior por los motivos que la integran la tesis aislada I.9o.A.16 K (10a.) sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2020252 de rubro y texto siguiente: INCIDENTE POR EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 206 DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE TANTO CONTRA LA MEDIDA CAUTELAR DE PLANO O DEFINITIVA, COMO DE LA PROVISIONAL. El precepto citado prevé que el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, de plano o definitiva, procede contra las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte agraviada por ese incumplimiento; sin embargo, no puede excluirse de su procedencia a la suspensión provisional, en virtud de que ésta comparte la misma naturaleza jurídica que la suspensión de plano o definitiva, al constituir ambas medidas cautelares cuyo fin es la conservación de la materia del amparo, a través de la preservación del derecho sustantivo que se defiende en la instancia constitucional, por lo cual, al ser susceptibles de ejecutarse por la autoridad, quien puede incurrir en exceso o defecto en su acatamiento, es evidente que esa circunstancia debe ser valorada en la vía incidental. Lo anterior guarda armonía con el artículo 97, fracción I, inciso g), de la Ley de Amparo que establece la procedencia del recurso de queja contra las resoluciones que resuelvan el incidente por exceso o defecto en la ejecución del acuerdo que concedió al quejoso la suspensión provisional o definitiva del acto reclamado." Segundo. Es infundado el incidente planteado por la parte quejosa. Se explica. La parte quejosa refiere en esencia que se solicitó la suspensión provisional respecto de los dos acuerdos de fecha veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, emitidos por la autoridad responsable en donde ordenó el desahogo de la prueba pericial en informática y sistemas de cómputo sobre distintos correos electrónicos y el desahogo de la prueba pericial en grafoscopía sobre listas de asistencia semanales de docentes y libro de clases, ambas señaladas para el veintinueve de junio de dos mil veintitrés, sin embargo, la autoridad responsable llevó a cabo la ejecución del acto reclamado en esa fecha, ya que con su actuar no le permitió tener acceso a la justicia completa, argumentos con los que pretende evidenciar el incumplimiento de la suspensión provisional señalada. Ahora, existen tres requisitos para determinar si existió incumplimiento a la suspensión, a saber: 1. Que la medida cautelar de que se trata haya sido concedida por el juez federal; 2. Que la citada suspensión haya sido notificada a las autoridades responsables; y, 3. Que en fecha posterior a la notificación de la medida suspensiva, las autoridades hayan ejecutado los actos reclamados. Al respecto, sirve de apoyo por analogía la tesis emitida por el entonces Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página 680 del Tomo XIII, Junio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, bajo el registro digital 212419, de rubro y texto siguiente: SUSPENSION PROVISIONAL, VIOLACION A LA, PRESUPUESTOS QUE DEBEN REUNIRSE. Para que pueda determinarse violación a la suspensión provisional, es indispensable que se evidencie lo siguiente: a), que la medida cautelar se concedió por el órgano competente; b), que el acuerdo donde se otorgó y decidió surtió efectos, se notificó a las autoridades responsables o éstas, por cualquier medio, se enteraron de su existencia, y c), que en fecha posterior al conocimiento de la medida suspensiva otorgada, las autoridades responsables ejecutaron los actos reclamados materia de la suspensión concedida. Así como la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 562 del Tomo XIII, mayo de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, bajo el registro digital 212745, de rubro y texto siguiente: VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN, REQUISITOS QUE PREVIAMENTE DEBEN ESTAR SATISFECHOS, PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA DE LA. Para determinar la existencia de la violación a la suspensión, es necesario tener como requisitos previos los siguientes: que se haya concedido la suspensión con o sin garantía; que en caso de que se haya otorgado dicha suspensión previa garantía, la parte quejosa deberá cubrirla en el término de cinco días tal como lo establece el artículo 139 de la Ley de Amparo, para que siga surtiendo sus efectos; y, por último, el juez de Distrito deberá comunicar a las responsables que la suspensión sigue surtiendo efectos con base en que la parte quejosa cubrió la garantía. Luego, el juez de Distrito, para emitir la resolución en la que estima que sí hubo violación a la suspensión concedida previa garantía, debe verificar si están o no satisfechos los anteriores requisitos y por ende, comprobar si la suspensión siguió surtiendo sus efectos una vez que transcurrieron los cinco días que tenía el quejoso para cubrir con el requisito de la garantía. El requisito identificado con el numeral uno se encuentra colmado con la determinación de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, en la que se concedió la suspensión provisional al aquí incidentista, para los efectos siguientes: En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 128, 131, 132, 136, 147, 150 y 151 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y no se lleve a cabo el desahogo de la prueba pericial en informática y sistemas de cómputos sobre distintos correos electrónicos, así como la prueba pericial en grafoscopía sobre listas de asistencia semanales de docentes y libro de clases, señaladas para el veintinueve de junio de dos mil veintitrés y ordenadas en proveído de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés dentro del procedimiento ordinario identificado con el número 3333/2019, lo anterior hasta en tanto, se resuelva la suspensión definitiva en el incidente en que se actúa. En la inteligencia que la medida suspensional otorgada, no implica de manera alguna la suspensión del procedimiento que sea origen de los actos reclamados, por ser de orden público y por tanto, insuspendible, ya que de permitir lo contrario se transgrediría lo dispuesto en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo. El segundo de los requisitos se acredita con la constancia de notificación a la autoridad responsable, tal como se aprecia de los sello de recepción, en el sentido de que quedó enterada de la suspensión decretada (foja 31). Sin embargo, el tercero de los elementos no se acredita en el presente, debido a que el incumplimiento de la medida cautelar concedida en el presente incidente, no se actualiza con las actuaciones que realizó la junta responsable el veintinueve de junio de dos mil veintitrés, como lo refiere la parte quejosa. Esto, porque de las constancias que remitió la Junta responsable registrado con el folio 15152, en relación con el incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional planteada por la parte quejosa, se advierte que si bien es cierto que el veintinueve de junio del presente año dentro del expediente laboral 3333/19-4C tuvieron verificativo las diligencias en las que el perito designado por la parte demandada en las materias de informática y grafoscopía aceptó y protestó el cargo, en las cuales se encontraba presente el apoderado legal de la parte actora, aquí quejosa, a las que se les otorga valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, párrafo segundo, cierto es también, que dichas actuaciones únicamente tienen por efecto que en términos del artículo 85, fracción I de la Ley Federal del Trabajo la aceptación y protesta del cargo de perito traiga consigo el perfeccionamiento de la designación mediante la aceptación del cargo y la vinculación a que el experto se sujetará en el desempeño de su labor a las obligaciones que la ley le impone. Por lo tanto, con dichas actuaciones emitidas el veintinueve de junio de dos mil veintitrés, contrario a lo que refirió la parte quejosa, la Junta responsable no desahogó la prueba pericial en informática y sistemas de cómputos sobre distintos correos electrónicos, ni la prueba pericial en grafoscopía ofrecidas por la parte demandada en el presente asunto, ya que como se anticipó, la aceptación del cargo del perito designado por la parte demandada, en un requisito establecido por la Ley que rige el acto a fin de que la autoridad jurisdiccional obligue al citado profesionista con la finalidad de que éste dé cumplimiento a las labores inherentes al cargo que se le confirió, pero no implica el desahogo de las pruebas, que es para lo que se otorgó la suspensión provisional. Sirve de apoyo a lo anterior, por los motivos que la integran la tesis X.2o.6 L (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con número de registro digital 2020309 de rubro y texto siguiente: PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO LABORAL. EFECTOS LEGALES DE LA ACEPTACIÓN Y PROTESTA DEL CARGO DE PERITO. En términos de la fracción I del artículo 825 de la Ley Federal del Trabajo, en un primer momento las partes que ofrecen la prueba pericial en el juicio tienen la carga procesal de presentar a los peritos que propusieron para que acepten y protesten el cargo, por lo que cualquier insatisfacción en ese sentido y hasta antes de que ocurra la señalada aceptación y protesta, le resultará imputable a la oferente y, por ende, deberá ser sancionada (de acuerdo con las reglas que establezca la ley de la materia y conforme al supuesto acaecido). Sin embargo, a partir de que los profesionales propuestos aceptan y protestan el cargo, adquieren la obligación de fungir como auxiliares de la autoridad que tramita el procedimiento y, por ende, ante cualquier eventualidad que conlleve un incumplimiento al respecto, a partir de ese momento -como puede ser la inasistencia injustificada a la diligencia en la que deben rendir el dictamen que se les requirió- son éstos quienes incurren en responsabilidad, considerando que la protesta de desempeñarse con arreglo a la ley, aunque se lleve a cabo por conducto de la autoridad jurisdiccional, debe estimarse efectuada ante el Estado. Lo anterior, considerando que la aceptación y protesta del cargo de perito trae consigo el perfeccionamiento de la designación mediante la aceptación del cargo y la vinculación a que el experto se sujetará en el desempeño de su labor a las obligaciones que la ley le impone. Lo expuesto justifica que, una vez aceptado y protestado el referido cargo, sea ilegal sancionar a los oferentes de la prueba con motivo de la inasistencia de los peritos a la diligencia en la que deben rendir su dictamen -puesto que, se insiste, la carga procesal de las partes culmina en el momento en el que los profesionales propuestos aceptan y protestan el cargo respectivo- sino que lo procedente, en ese caso, será que la autoridad jurisdiccional obligue a los peritos a comparecer con la finalidad de que den cumplimiento a las labores inherentes al cargo que se les confirió. En consecuencia, es ilegal decretar la deserción de la probanza cuando el perito que aceptó y protestó el cargo en la primera data señalada para el desahogo de la prueba y solicitó la fijación de una nueva fecha para rendir su dictamen, no comparezca en la segunda data fijada para ese efecto, puesto que la ley referida no prevé esa consecuencia, sino que es específica al determinar -según se desprende de la interpretación sistemática de los artículos 825 y 731 de la Ley Federal del Trabajo- que, en ese supuesto, la Junta debe señalar una tercera fecha para la rendición del dictamen, cuando la ausencia sea justificada y, además, tomar las medidas para lograr la comparecencia del perito en caso de que su incomparecencia sea injustificada, esto es, imponer multa, ordenar su presentación con auxilio de la fuerza pública y/o su arresto hasta por 36 horas. No pasa inadvertido para quien resuelve que de las constancias que remitió la Junta responsable se adviertan actuaciones de cinco de septiembre del año en curso, relativas a la preparación de las probanzas antes mencionadas; sin embargo, en esa fecha, la suspensión provisional ya se encontraba sustituida por la definitiva, pero lo más importante, tal actuación no constituye el acto señalado en esta incidencia como violatorio de la suspensión provisional. Por tanto, al no haberse acreditado en autos que el acto denunciado incumplió con la suspensión provisional otorgado el veintisiete de junio de dos mil veintitrés; se declara infundado el presente incidente. Por lo expuesto y fundado, se Resuelve: Único. Resulta infundado el incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión de provisional de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, planteado por la parte quejosa, por las razones que se precisan en el último considerando de la presente interlocutoria. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, hoy veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, en que las labores del Juzgado lo permitieron, asistida de Francisco Eduardo Jerónimo Osorio, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe

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