Pedro Nevarez Michel
Expediente 499/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 12 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 499/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 05/12/2022
Partes del expediente
- Pedro Nevarez Michel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Tijuana, Baja California, cinco de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, envíese al archivo. En términos del artículo 21, inciso b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. Por ello, se ordena estampar en la carátula del juicio de amparo el sello con la leyenda "destruible", lo anterior en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede de la que se advierte que a la fecha transcurrió el plazo otorgado en proveído de dieciocho de octubre del año en curso, por el que se le dio vista a la parte quejosa y su autorizado, con el disco de audio y video de la audiencia llevada a cabo en diecisiete de febrero de dos mil veintidós dentro del cuaderno de ejecución 36/2020, ello tomando en consideración de que el mismo se notificó de la manera siguiente manera: autorizada y Agente del Ministerio Público adscrito en diecinueve de octubre del año en curso, notificación que surtió efectos al día siguiente en que fue hecha por lo que el plazo transcurrió del veintiuno de octubre al cuatro de noviembre del presente año; quejoso en veinte de octubre de este año, por lo que el término concedido transcurrió del veinticuatro de octubre al siete de noviembre del año en curso. Ahora, de las actuaciones que obran en el presente asunto, quien suscribe estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado...". Ello, tomando en consideración que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que Pedro Nevarez Michel, promovió la presente demanda contra actos del Juez de Control Especializada en Ejecución del Partido Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, en la que reclamó lo siguiente: "la omisión de la autoridad responsable de resolver respecto de su petición del beneficio de remisión parcial de la pena, dentro del expediente de ejecución 36/2020." Posteriormente, en veinte de septiembre se tuvo por recibido el oficio registrado con folio 11853, mediante el cual la Juez responsable informó lo resuelto en la audiencia de diecisiete de febrero de este año, información que fue corroborada en virtud de que en dieciocho de octubre del año en curso, se tuvo a la autoridad responsable Juez de Control Especializada en Ejecución del Partido Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, remitiendo un disco de audio y video que contiene la audiencia referida, llevada a cabo dentro del cuaderno de ejecución 36/2020, en la que se determinó lo siguiente: "Se determinó infundada la solicitud del beneficio de remisión parcial de la pena peticionado por el sentenciado al considerar infundada su petición por encontrarse derogadas por la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales para el Estado de Baja California, y la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad para el Estado de Baja California, que prevén el referido beneficio, toda vez que la solicitud del citado beneficio se presentó el quince de mayo de dos mil veinte, y una diversa solicitud de un beneficio el ocho de marzo de dos mil dieciocho, en ambas fechas se encontraba vigente la Ley Nacional de Ejecución Penal, lo anterior encuentra sustento en el contenido del amparo en revisión 762/2018, resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así también en los artículos primero transitorio, tercero transitorio párrafo segundo y cuarto transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal. [.] De igual forma, se hace constar que se tuvo al sentenciado y a la Defensora pública interponiendo recurso de apelación contra las resoluciones dictadas con antelación por lo cual se ordenó dar el trámite correspondiente en términos de los artículos 131 y 134 de la Ley Nacional de Ejecución Penal." Con lo anterior, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera sin que se realizaran manifestación alguna. De esta manera, es claro que para los efectos del amparo el acto reclamado ha cesado en sus efectos y, por consiguiente la posible violación del derecho alegado, por tanto, al no advertirse que prevalezca algún efecto del acto tildado de inconstitucional ya que como se advierte las omisiones reclamadas a la autoridad responsable Juez de Control Especializada en Ejecución del Partido Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, han dejado de afectar el derecho que la parte quejosa considero vulnerado, lo anterior ya que en la audiencia llevada a cabo en diecisiete de febrero del año en curso, se resolvió su solicitud de remisión parcial de la pena planteada dentro del cuaderno de ejecución 36/2020 y en contra de dicha determinación la parte quejosa y su defensor público interpusieron recurso de apelación; actualizándose de esta manera la hipótesis contemplada en la Jurisprudencia establecida por Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página treinta y ocho, Tomo IX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, cuyo contenido íntegro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo se sobresee fuera de audiencia en el presente asunto, por lo que quedan sin efecto las providencias decretadas, así como la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; comuníquese lo anterior a las autoridades señaladas como responsables, háganse las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese y personalmente a las partes.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que la audiencia constitucional se encuentra programada para el día de hoy; sin embargo, a la fecha se encuentra transcurriendo la vista de ocho días otorgada a las partes en proveído de dieciocho de octubre del año en curso. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fija como nueva fecha para su celebración las nueve horas con treinta minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio firmado por la autoridad responsable Jueza de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en esta Tecate, al que anexó un disco que cuenta con audio y video de la audiencia llevada a cabo en diecisiete de febrero del año en curso, dentro de la cuaderno de ejecución 36/2020. Ahora, en relación al disco compacto, no es el caso celebrar una audiencia especial para su reproducción, dado que dichos medios de convicción tiene la naturaleza de una documental pública. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 43/2013 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, decima época, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, página 703, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD), SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." En consecuencia, resguárdese el disco compacto en la Secretaría de este Juzgado, a fin de evitar el daño de éste por manejo del expediente; en el supuesto de que, si es deseo de las partes consultar su contenido, se les entregará copia del mismo. No obstante lo anterior, se hace de su conocimiento a las partes que si es de su interés acudir a este Juzgado para efectos de imponerse del disco compacto exhibido por la autoridad responsable, deberán informar a este juzgado con la debida anticipación, la fecha en que pueda acudir a las instalaciones para estar en condiciones de realizar los trámites necesarios de acceso al órgano jurisdiccional, y ordenar su desahogo, acorde con lo establecido en los artículos 6 1 fracción I y 26 del citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, toda vez que con la información proporcionada en el oficio de cuenta pudiera actualizarse una causa de improcedencia en este asunto, con fundamento en los artículos 62 y 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de ocho días, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga. Sirve de apoyo, por el criterio que la sustenta, la jurisprudencia I.5o.C.2 K del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 594 del Tomo II (Agosto de 1995) del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 204616, de epígrafe y contenido: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. El artículo 149 de la Ley de Amparo dispone que el quejoso debe tener conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, al menos ocho días antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional; además, la autoridad responsable debe acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar la legalidad del acto reclamado, y si el informe de la autoridad es rendido fuera del plazo que señala ese precepto, podrá ser tomado en cuenta por el juez de Distrito, siempre y cuando las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen. Por tanto, cuando el juez de Distrito pide oficiosamente la remisión de constancias que estima necesarias para la resolución del juicio de amparo, en términos del artículo 78, debe dar vista a las partes con ellas, de conformidad con lo dispuesto en la parte final del artículo 149 citado, interpretado a contrario sensu, pues sólo así se respetará la garantía de audiencia de las partes y se les permitirá conocer dichas constancias, controvertirlas e impugnarlas, si a su derecho interesa, además de probar tanto la existencia como la inconstitucionalidad del acto reclamado." Notifíquese y personalmente a la partes.
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