Pedro Vargas Mote

Expediente 122/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
122/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
19/03/2019

Partes del expediente

  • Pedro Vargas Mote

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la primera de las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los cuales se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días, a que se refiere el artículo 98, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto dictado el veintisiete de febrero de esta anualidad, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer medio de impugnación alguno; en consecuencia, con fundamento en los preceptos legales en mención, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, vista la segunda certificación de cuenta, de la que se advierte que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo.

  2. Principal

    AVISO. Chetumal, Quintana Roo, veintisiete de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por ****, a través del cual da cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de veintiuno de febrero del año en curso y al efecto manifiesta lo siguiente: ***** En mérito de lo anterior, al haberse desahogado en tiempo y forma, se tiene a la parte quejosa cumpliendo con la prevención formulada a su demanda de amparo. En primer término, debe destacarse el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo; para que de advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Dicho motivo de improcedencia debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Previo a determinar la causa de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Así, se precisa que el acto reclamado por el quejoso, se hace consistir en la entrega del original del oficio de períodos cotizados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a partir de su ingreso a Servicios Educativos de Quintana Roo, en el período comprendido del uno de septiembre de mil novecientos ochenta y dos al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, para efectos de su jubilación. Por tanto, en el caso concreto este órgano jurisdiccional considera que en relación a las autoridades responsables señaladas en este juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 1, fracción I, y 5, fracción II, del mismo ordenamiento legal, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte," "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Conforme a los preceptos transcritos, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los actos, leyes, reglamentos o tratados que en el mismo se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para tener un concepto más claro de lo que debe entenderse por autoridad para efectos el juicio de amparo, resulta procedente atender al criterio que sustenta la tesis P. XXVII/97, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: V, Febrero de 1997, página 118. De lo anterior se pone de manifiesto que es autoridad para efectos del amparo, el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado; asimismo, quien ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Ahora, como se expresó anteriormente, el quejoso manifiesta que el acto reclamado se hace consistir en la entrega del original del oficio de períodos cotizados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a partir de su ingreso a Servicios Educativos de Quintana Roo, en el período comprendido del uno de septiembre de mil novecientos ochenta y dos al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, para efectos de su jubilación. Manifestaciones que constituyen una confesión que hace prueba plena en términos del artículo 200 del Código Civil Federal de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Dicho acto lo atribuye a la Secretaria de Educación en el Estado de Quintana Roo, Directora de los Servicios Educativos de Quintana Roo y Director Jurídico de Recursos Humanos de los Servicios Educativos de Quintana Roo. Ahora, el artículo 1 del decreto por el que se crea Servicios Educativos y Culturales de Quintana Roo, establece su carácter de Organismo Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. Por su parte, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, en su artículo 7, fracción I, establece: "ARTÍCULO 7.- El Gobernador del Estado se auxiliará en los términos de las disposiciones legales respectivas de las siguientes entidades de la administración pública paraestatal: I. Organismos Descentralizados; (.)" Luego, si bien los organismos públicos descentralizados, en su actuación pueden emitir actos unilaterales, a través de los cuales crean modifiquen o extinguen situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, lo cierto es que ello no se da cuando uno de estos entes actúa desprovisto del imperio que caracteriza las relaciones de supra a subordinación. Ahora, en el caso que nos ocupa, de las manifestaciones del quejoso se advierte que el acto reclamado deriva de una relación laboral entre el aquí quejoso y Servicios Educativos de Quintana Roo, en razón que laboraba para dicha dependencia. En esa virtud, es evidente que las señaladas como responsables no tienen el carácter de autoridades para efectos del amparo, toda vez que si bien se les atribuye la entrega del oficio de sus períodos cotizados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para efectos de su jubilación, éste resulta de un particular a otro, es decir, derivado de una relación jurídica de coordinación entre las partes, en la que Servicios Educativos de Quintana Roo actúa sin la investidura propia de una autoridad. En ese contexto, se concluye que el acto reclamado por el quejoso consistente en la entrega del original del oficio de los períodos cotizados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a partir de su ingreso a Servicios Educativos de Quintana Roo, en el período comprendido del uno de septiembre de mil novecientos ochenta y dos al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, para efectos de su jubilación, no se trata de un acto de autoridad para efectos del amparo, toda vez que versa acerca de la relación laboral que el promovente tenía con dicho organismo descentralizado, en una relación jurídica en la que ninguna de la partes se encuentra investida de imperio, sino que actúan como particulares, en un plano de igualdad y coordinación. Lo expuesto, encuentra sustento en la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a página 119, Tomo V, Febrero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con título: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE UNA UNIVERSIDAD CUANDO EL ACTO QUE SE LES ATRIBUYE DERIVA DE UNA RELACION LABORAL. De esta manera, es indudable que en caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del ordinal 61, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, en consecuencia, resulta procedente desechar de plano la demanda de amparo. Ahora bien, no pasa inadvertida la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 929, del Libro X, Julio de 2012, Tomo 2, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, del título siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO." Sin embargo, es inaplicable al presente asunto, porque en términos de la resolución de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, que la Sala en cita, pronunció en el expediente de solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, aclaró su rubro, para quedar de la manera siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA", con el mismo texto transcrito con antelación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el diecisiete de junio del año en curso. En cuya ejecutoria de la solicitud de sustitución, la Segunda Sala precisó que esa jurisprudencia se acota al caso concreto que refiere, esto es, cuando en las demandas de amparo se señale como acto reclamado el "Acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración, a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas", de diecinueve de enero de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de ese mes y año; y no de manera generalizada para todos los casos, en los que tenga que determinarse, si el acto reclamado proviene o no, de una autoridad para los efectos del juicio de amparo; de ahí que sea inaplicable en el particular y por ende, el Juez de Distrito está en aptitud de realizar esa determinación desde el auto inicial de trámite de la demanda de amparo.

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