Pedro Vargas Mote

Expediente 918/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
918/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Pedro Vargas Mote

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Vista la primera de las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los cuales se advierte que ha fenecido el plazo de diez días, a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer recurso de revisión contra el auto de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que se haya hecho valer dicho medio de impugnación; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, 86 y demás relativos de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales. Por otra parte, vista la segunda certificación de cuenta, de la que se advierte que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como así como el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, envíese al archivo. Asimismo, en cumplimiento artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, por haberse sobreseído fuera de audiencia, una vez transcurrido el plazo de tres años; lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. De igual forma, en observancia a lo previsto en el artículo 12 del mencionado Acuerdo General, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15, del citado acuerdo; lo anterior, hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Háganse las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    Téngase por recibió el oficio de cuenta signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Primera de Averiguaciones Previas de la Unidad del Sistema Penal Inquisitivo Mixto en Chetumal, así como también adscrito a los Juzgados Primero y Sexto de Distrito del Vigésimo Séptimo Circuito Judicial Federal en Materia de Procesos Penales y Amparo, mediante el cual en ejercicio de la intervención que legalmente le corresponde, de acuerdo a lo previsto por los numerales 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, realiza diversas manifestaciones a manera de alegatos. Sin que sea el caso de realizar mayor pronunciamiento, toda vez que en el presente caso se sobreseyó fuera de audiencia el treinta y uno de octubre de la presente anualidad. Ahora, respecto a la copia certificada que solicita, y con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, según su normativo 2°, expídase a su costa las copias certificadas que solicita y hágasele debida entrega de la resolución de treinta y uno de octubre de la presente anualidad, cuando las labores de este Juzgado Federal así lo permitan, previa identificación y razón de entrega que se deje en autos. Notifíquese.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente y líbrese el oficio correspondiente.

  4. Principal

    AVISO PRINCIPAL. POR ESTE MEDIO DE LISTA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN DE TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS QUE DICE: Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Director de Asuntos Jurídicos y Representante de la Secretaría de Educación del Estado de Quintana Roo, mediante el cual rinde informe justificado. Asimismo, con fundamento en el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las siguientes: Copia certificada del oficio SEQ/DSE/DAJ/235/2023, de nueve de octubre del presente año. Impresión de pantalla de un correo electrónico dirigido al usuario ***@gmail.com. Seis fojas útiles que conforman parte del formato denominado "Manifestación bajo protesta de decir verdad de la información de despach A las que se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, atento a lo previsto en el diverso precepto legal. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2000, cuyo rubro y texto dicen: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". También, se tiene de la autoridad mencionada señalando domicilio procesal para oír y recibir notificaciones los proporcionados en los oficios de cuenta y, además, con fundamento en el dispositivo 9° de la ley de la materia, se tienen por designados con el carácter de delegados a las personas citadas por la responsable. Asimismo, se toma conocimiento del correo electrónico proporcionado en el oficio de cuenta para efecto de realizarle las comunicaciones no procesales derivadas del presente expediente, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente Ahora, conviene señalar que el estudio de las causales de sobreseimiento es preferente, al ser de orden público, por lo que es obligación de la persona juzgadora, tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que actualice el sobreseimiento en el juicio, analizarla de oficio. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7o.P.13 K, sustentada por Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, materia común, página 1947, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto." Es oportuno precisar que, al tratarse de causales de improcedencia manifiesta e indudable, es necesario destacar lo que se debe entender por manifiesto e indudable; en efecto, "manifiesto" es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", es que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, dicho de otra manera, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En el presente asunto, respecto al acto reclamado hecho valer por la parte quejosa en esencia consiste en la omisión de la autoridad responsable de dar contestación al escrito de trece de diciembre del dos mil veintidós, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, los que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Ello no implica únicamente la detención definitiva de los actos de autoridad, pues conlleva asimismo a la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso que se analiza, de las documentales aportadas por la autoridad responsable en su informe justificado, se desprende que dejó de surtir efectos en la esfera jurídica de los quejosos el acto reclamado, consistente en la omisión de la autoridad responsable de dar contestación al escrito de trece de diciembre del dos mil veintidós. Se afirma lo anterior porque hasta a la fecha de presentación de la demanda de amparo no se había dado contestación al ocurso de referencia, lo que se corrobora con el informe justificado rendido por el Director de Asuntos Jurídicos y Representante de la Secretaría de Educación del Estado de Quintana Roo, y sus anexos, en el que se advierte que fue hasta el nueve de octubre de dos mil veintitrés, que dicha autoridad dio contestación al escrito presentado por la parte quejosa el trece de diciembre del año pasado, determinación que fue notificada al directo quejoso el diez de los corrientes, mediante correo electrónico, mismo que proporcionó para dicho efecto en el escrito cuya omisión de acordar reclamó por esta vía. En ese orden, se insiste, resulta incuestionable que en el presente asunto se actualiza plenamente la causal de improcedencia en cita, pues el acto reclamado dejó de existir, en razón de que el nueve de octubre de dos mil veintitrés, la autoridad responsable dio contestación al escrito presentado por la parte quejosa el trece de diciembre del año pasado, determinación que fue notificada al directo quejoso el diez de los corrientes, mediante correo electrónico, mismo que proporcionó para dicho efecto en el escrito cuya omisión de acordar reclamó por esta vía. Bajo esas circunstancias, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrita párrafos precedentes. En ese contexto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que alude la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, sin que sea necesario esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional, puesto que la actualización de la causa de improcedencia y sobreseimiento es una cuestión de orden público, por lo que su examen es oficioso y preferente, en cualquier estado e instancia del juicio constitucional. Apoya lo dicho la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por lo expuesto, se deja insubsistente la fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del siete de noviembre de dos mil veintitrés. Háganse las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente y líbrese el oficio correspondiente.

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