Pedro Vargas Mote

Expediente 526/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
526/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
22/07/2016

Partes del expediente

  • Pedro Vargas Mote

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la primera de las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los cuales se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días, a que se refiere el artículo 98, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto dictado el siete de julio del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer medio de impugnación alguno; en consecuencia, con fundamento en los preceptos legales en mención, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, vista la segunda certificación de cuenta, de la que se advierte que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo; asimismo, en cumplimiento al artículo Vigésimo Primero, fracción I, del referido acuerdo, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años, por haberse desechado la demanda de amparo. Asimismo, en observancia a lo previsto en el punto Décimo Primero, segundo párrafo, del mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2009, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso punto Vigésimo Primero, último párrafo, del citado acuerdo; lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos el escrito signado por el quejoso *****, con el que solicita la devolución de los documentos que exhibió con su escrito inicial de demanda. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278, 279 y 280 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, hágase la devolución de los documentos que indica, previa toma de razón que se asiente y copia certificada que de los mismos se deje en autos.

  3. Principal

    (CITATORIO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el citatorio de ocho de los corrientes recibido en su domicilio; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de siete de julio del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito signado por el promovente, en atención a su contenido, téngasele desahogando la prevención que se le hizo mediante proveído de veinte de junio de dos mil dieciséis, toda vez que el ocursante señaló que las dos peticiones, esto es, la de veintidós de abril y veintisiete de mayo ambas de dos mil dieciséis, abarcan todas las diligencias solicitadas en las averiguaciones previas *************** y ****************. Desechamiento de la demanda. En primer término, debe destacarse el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El precepto legal en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Ahora, del contenido de la demanda de amparo y escritos aclaratorios se desprende que el promovente se duele de lo siguiente: La omisión del Agente del ministerio Público responsable de dar cumplimiento a las diligencias peticionadas en solicitud de veintidós de abril de dos mil dieciséis dentro de la averiguación previa *****************. La omisión del Agente del ministerio Público responsable de dar cumplimiento a las diligencias peticionadas en solicitud de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, realizadas en la averiguación previa ******************. La omisión de las autoridades responsables ordenadoras del ejercicio de la acción penal de dichas averiguaciones previas, solicitadas mediante escritos de seis y diez de mayo de dos mil dieciséis. Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último interpretado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación armónica y sistemática de los preceptos transcritos se advierte que el juicio de amparo es procedente contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento seguido en forma de juicio, solo cuando su ejecución produzca una afectación de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues de no ser así, únicamente procederá contra la resolución definitiva que se dicte en el procedimiento respectivo, momento en la cual se podrán combatir las violaciones procesales cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución. Ahora bien, ha de estimarse que por procedimiento en forma de juicio deben entenderse, con amplitud, no sólo los procedimientos en que la autoridad decide una controversia entre partes contendientes, sino también todos aquellos procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara, estudia o previene su resolución definitiva, aunque sólo sea para cumplir con la garantía de audiencia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que los actos de imposible reparación para los efectos de la procedencia del amparo indirecto, son aquéllos que afectan de modo directo alguno de los derechos sustantivos establecidos en la Constitución, sin que queden comprendidos en este concepto los derechos procesales o adjetivos, cuyos efectos quedan destruidos al obtener un fallo favorable que resuelva el procedimiento de que se trate, tal y como se observa en las jurisprudencias que a continuación se señalan y que al respecto indican: Tesis de Jurisprudencia publicada en la octava época, Instancia, Pleno, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 56, Agosto de 1992, página, 11, la cual dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Jurisprudencia publicada en la página 1570, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, Décima Época, Materia Común, que establece: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SON AQUELLOS QUE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS, ASÍ COMO VIOLACIONES PROCESALES RELEVANTES, DE CONFORMIDAD CON UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIONES III, INCISO B), Y V, Y 170, FRACCIÓN I, CUARTO PÁRRAFO, ÉSTE A CONTRARIO SENSU, DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). El primero de los preceptos citados señala expresamente que por actos de imposible reparación se deben entender aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sin aludir a las violaciones procesales que afectan en grado predominante o superior, como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas jurisprudencias. En tanto que del segundo precepto legal se desprende que en amparo directo también se pueden cuestionar violaciones que se cometan durante el procedimiento, siempre y cuando afecten las defensas del quejoso, trasciendan al resultado del fallo y sean de reparación posible "por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes"; lo que implica que, a contrario sensu, la reparación imposible acontece también cuando las violaciones procesales sean "relevantes", debiendo entenderse como tales aquellas cuyos efectos afectan a las partes en grado predominante o superior, por lo que en su contra resulta procedente el juicio de amparo indirecto, sin que sea obstáculo a lo anterior, que el numeral 170, fracción I, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se refiera a cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales, pues es una interpretación amplia, no restrictiva, la más benéfica para los gobernados, la que permite arribar a la convicción de que para determinar si el acto es de imposible reparación se debe atender al nuevo concepto que proporciona el dispositivo en comento, es decir, si es relevante o no la violación procesal. Así como la diversa 244, publicada en la octava época, del Pleno, Apéndice de 1995, tomo: Tomo VI, Parte SCJN, página, 164, que establece: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Del texto anterior, se observa que cuando se reclaman en amparo indirecto, actos de imposible reparación dictados en un procedimiento, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros, los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestra Constitución a través de las llamadas garantías individuales, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y uno adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Apoya lo anterior la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con Residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en Toda la República, Publicado el viernes uno de abril de dos mil dieciséis a las diez horas con un minuto, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de título y texto siguiente: "ACTOS O VIOLACIONES INTRAPROCESALES PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. SUS CARACTERÍSTICAS. Tratándose de actos o violaciones intraprocesales, lo decisivo para exigir una inmediata impugnación en el amparo indirecto es la imposible reparación en razón de una afectación material -real y actual- a derechos sustantivos, a diferencia de la lesión o agravio formal a disposiciones adjetivas o procedimentales. Por tanto, más que la modalidad o tipo de acto (intraprocesal o terminal), lo relevante son los efectos y agravio que puedan producir en situaciones y circunstancias concretas; esto es, pueden reclamarse de manera inmediata cuando se esté en presencia de aquellos denominados de imposible reparación o, en su caso, junto con el acto terminal al que han trascendido, y siempre que hayan generado indefensión." El criterio inserto, sostiene que para exigir una inmediata impugnación en el amparo indirecto, cuando se trata de actos o violación intraprocesales, es la imposible reparación en razón de una afectación material -real y actual- a derechos sustantivos, es decir, que lo relevante para la procedencia de la acción constitucional, son los efectos y agravios que puedan producir en situaciones y circunstancias concretas. Bajo ese tenor, se actualiza dicha causa de inejercitabilidad constitucional, porque de la lectura del acto impugnado, se constata que lo que alega el quejoso, es que el Agente del Ministerio Público responsable ha sido omiso en dar cumplimiento a las diligencias peticionadas en solicitudes de veintidós de abril y veintisiete de mayo ambas de dos mil dieciséis dentro de las averiguaciones previas ******************** y ********************, así como la omisión de las autoridades responsables ordenadoras del ejercicio de la acción penal de dichas averiguaciones previas, solicitadas mediante escritos de seis y diez de mayo de dos mil dieciséis, empero, debe decirse que conforme a la redacción de la norma protectora vigente, para la procedencia de la acción constitucional; cuando el acto que se reclama consista en una omisión por parte de las autoridades de atender una promoción o solicitud, debe tener un impacto directo en los derechos sustantivos del justiciable, no bastando para ello, una violación de grado predominante o superior, sino prevalece como requisito la afectación material de derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo que implica que una violación adjetiva que sólo produzca una afectación de esta naturaleza, aun cuando pueda considerarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la nueva Ley de Amparo, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado. Del tema, trata la jurisprudencia de número VI.1o.A. J/10 (10a.), sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 1570, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, materia común, de título y texto siguientes: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SON AQUELLOS QUE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS, ASÍ COMO VIOLACIONES PROCESALES RELEVANTES, DE CONFORMIDAD CON UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIONES III, INCISO B), Y V, Y 170, FRACCIÓN I, CUARTO PÁRRAFO, ÉSTE A CONTRARIO SENSU, DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). El primero de los preceptos citados señala expresamente que por actos de imposible reparación se deben entender aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sin aludir a las violaciones procesales que afectan en grado predominante o superior, como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas jurisprudencias. En tanto que del segundo precepto legal se desprende que en amparo directo también se pueden cuestionar violaciones que se cometan durante el procedimiento, siempre y cuando afecten las defensas del quejoso, trasciendan al resultado del fallo y sean de reparación posible "por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes"; lo que implica que, a contrario sensu, la reparación imposible acontece también cuando las violaciones procesales sean "relevantes", debiendo entenderse como tales aquellas cuyos efectos afectan a las partes en grado predominante o superior, por lo que en su contra resulta procedente el juicio de amparo indirecto, sin que sea obstáculo a lo anterior, que el numeral 170, fracción I, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se refiera a cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales, pues es una interpretación amplia, no restrictiva, la más benéfica para los gobernados, la que permite arribar a la convicción de que para determinar si el acto es de imposible reparación se debe atender al nuevo concepto que proporciona el dispositivo en comento, es decir, si es relevante o no la violación procesal. Luego, si como ya se dijo, el Agente del Ministerio Público ha sido omiso en dar cumplimiento a las diligencias peticionadas en solicitudes de veintidós de abril y veintisiete de mayo ambas de dos mil dieciséis dentro de las averiguaciones previas ******************** y ********************; así como la omisión de las autoridades ordenadoras del ejercicio de la acción penal de dichas averiguaciones previas, solicitadas mediante escritos de seis y diez de mayo de dos mil dieciséis, los actos reclamados no tienen como efectos materiales, una afectación inmediata y directa a los derechos sustantivos del quejoso, amparados en la Carta Magna y Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, sino, se trata únicamente de cuestiones adjetivas, que además, no se trata de omisiones autónomas al procedimiento que refiere, sino que se presentan dentro de éste. Se insiste, para que esos actos puedan ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo que hipotéticamente sostiene el quejoso, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Así las cosas, se colige que el acto que reclama el promovente no tiene una ejecución que sea de imposible reparación, pues no afecta de manera directa e inmediata los derechos sustantivos contenidos en los derechos fundamentales que en su favor tutela la Constitución General de la República, toda vez que sólo entraña posibles infracciones a sus derechos adjetivos que, únicamente, producen efectos de carácter formal, es decir, meramente procesales. No existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Bajo esa misma tendencia, el Tribunal Pleno se pronunció en la siguiente tesis: "Octava Época. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Número 56, agosto de 1992. Tesis: P./J. 24/92. Página: 11. EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen «ejecución irreparable» los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En las consideraciones de dicho fallo, se expuso que el concepto de irreparabilidad quedaba definido de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio sólo tienen ejecución de imposible reparación para efectos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. b) No pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. De esta forma, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que un acto dentro del juicio es de 'ejecución irreparable' cuando afecta de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y no en los casos en que sólo afecta derechos adjetivos o procesales, como el caso que nos ocupa; pues la omisión que el quejoso atribuye al Ministerio Público señalado como responsable es que no dio cumplimiento a las diligencias peticionadas en solicitudes de veintidós de abril y veintisiete de mayo ambas de dos mil dieciséis dentro de las averiguaciones previas ******************** y ********************, así como que las autoridades ordenadoras han sido omisas de pronunciarse sobre el ejercicio de la acción penal de dichas averiguaciones previas, solicitadas mediante escritos de seis y diez de mayo de dos mil dieciséis, sin embargo, no debe soslayarse que, en términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ejercicio o no de la acción penal, es facultad exclusiva del Ministerio Público, por tanto, la decisión no está supeditada al interés de un particular, pues no conforma su esfera jurídica, sino un derecho social cuyo ejercicio esta atribuido constitucionalmente al Ministerio Público, ahí que no pueda, como lo afirma, causarle una afectación real y concreta en su esfera jurídica. De ahí que, por regla general, cualquier violación procesal, sea cual sea, debe ser impugnada únicamente en el momento en que se promueva el amparo directo en contra de la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo, ya que de ser favorable al gobernado agraviado, podría tener como efecto la restitución de los derechos violados; en caso contrario, si la sentencia fuera en contra del afectado y esas violaciones procesales trascendieran al resultado del fallo, el gobernado podría reclamar éstas a través del juicio de amparo directo en términos de los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170, 171, 172 fracción III, de la Ley de Amparo. Se insiste, la circunstancia de que el Agente del Ministerio Público señalado como responsable haya sido omiso en dar cumplimiento a las diligencias peticionadas en solicitudes de veintidós de abril y veintisiete de mayo ambas de dos mil dieciséis dentro de las averiguaciones previas ******************** y ********************, así como que las autoridades ordenadoras han sido omisas de pronunciarse sobre el ejercicio de la acción penal de dichas averiguaciones previas, no constituyen actos que tengan una ejecución que sea de imposible reparación, pues sólo establece una posible afectación a derechos adjetivos o meramente procesales, que no justifican la acción constitucional. Por ende, las violaciones que en un momento dado llegaren a cometerse con el acto reclamado, al constituir únicamente posibles infracciones a las leyes del procedimiento, acorde a lo dispuesto en el artículo 172, fracción XII, en relación con la fracción III, aplicado a contrario sentido, de la ley de la materia, podrán quedar subsanadas con posterioridad si la resolución que ponga fin al procedimiento resulta finalmente favorable a sus intereses y, aun cuando ello no sea así, podrá reclamarla en el recurso ordinario que la ley aplicable al caso prevea o , bien, mediante el amparo directo que, en su caso y oportunidad, promueva contra el fallo definitivo. Se trae a colación el criterio número II.1o.4 A (10a.), del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con Residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México; publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III, página 2921, Décima Época, que es del tenor literal siguiente: "RESOLUCIONES INTRAPROCESALES, INTERMEDIAS O DE TRÁMITE EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO SI CAUSAN UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 22/2012 (10a.) El artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, que establecía los supuestos en que procedía el juicio de amparo indirecto, es similar y tiene cierta equivalencia con el precepto 107 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013; sin embargo, en cuanto al procedimiento administrativo no jurisdiccional seguido en forma de juicio, en el nuevo texto se añadió una modificación sustancial, que lleva a establecer que la jurisprudencia 2a./J. 22/2012 (10a.), es inaplicable a los asuntos tramitados conforme a sus disposiciones. Lo anterior es así, porque en términos de la ley anterior, el juicio constitucional en la vía indirecta sólo podía tramitarse, tratándose de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio ante autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos y del trabajo, contra la última resolución, es decir, contra la que decidía en definitiva el asunto, por violaciones cometidas en ésta y, en su caso, en ese mismo juicio de amparo debían hacerse valer también las que se hubiesen cometido durante el procedimiento, de suerte que no era dable impugnar en amparo las actuaciones intermedias, procedimentales o de trámite, sino hasta que se impugnara la última resolución, porque así lo exigía el principio de definitividad establecido en el artículo 114, fracción II, de la legislación abrogada. No obstante, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de rubro: "PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO. APLICACIÓN DE LA FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON LA IV, DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO.", estableció que lo dispuesto en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada (relativo a la procedencia del amparo contra actos emitidos dentro del juicio), debía hacerse extensivo a los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, de modo que también aquellas actuaciones intraprocesales, intermedias o de trámite, emitidas en los referidos procedimientos administrativos (no judiciales), podrían ser impugnadas directamente a través del amparo indirecto, sin necesidad de esperar hasta la resolución definitiva, siempre y cuando ocasionaran al quejoso afectaciones o perjuicio de imposible reparación. Con ese mismo criterio de interpretación, la propia Segunda Sala del Alto Tribunal, en la jurisprudencia inicialmente referida, analizó la orden de clausura provisional emitida como medida preventiva o de seguridad dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, y determinó que dicho acto genera perjuicios de imposible reparación, por lo que es impugnable en amparo indirecto. Sin embargo, se reitera, esta última tesis es inaplicable a los juicios de amparo tramitados conforme a la ley de la materia actual, toda vez que en su artículo 107, fracción III, inciso b), se regula expresamente (a diferencia de la ley anterior), la procedencia del juicio de amparo contra actos, omisiones y resoluciones dictadas dentro del procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, cuando se trate de actos de imposible reparación." Se suma a ello lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido que cuando un particular alegue violaciones a los artículos 8, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (caso concreto), no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, porque no se trata de una omisión autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de este; en el caso, el acto reclamado que pretende de inconstitucional la parte quejosa, son las omisiones de las autoridades responsables de dar cumplimiento a las diligencias peticionadas en solicitudes de veintidós de abril y veintisiete de mayo ambas de dos mil dieciséis dentro de las averiguaciones previas ******************** y ********************, así como las realizadas mediante escritos de seis y diez de mayo de dos mil dieciséis a las autoridades ordenadoras de pronunciarse sobre el ejercicio de la acción penal de dichas averiguaciones previas, de modo que ese sólo hecho no justifica la acción constitucional; además, en la narrativa de antecedentes, sólo refiere que con fechas veintidós de abril y veintisiete de mayo ambas de dos mil dieciséis solicito dentro de las averiguaciones previas ******************** y ******************** que se realizaran diversas diligencias, así como que mediante escrito de seis y diez de mayo del presente año, respectivamente, solicitó al Procurador y Subprocuradora señalados como responsables, que pronunciaran sobre la acción penal de las referidas averiguaciones previas, sin que aportara algún otro dato que evidencie que existe en las investigaciones una dilación abierta o su paralización total, excepciones en los que si procede la acción constitucional; empero, en el particular además de que no constituye el hecho génesis de la demanda del quejoso "actos de imposible reparación", tampoco existen elementos de convicción que pongan de manifiesto que en las investigaciones que alude, exista una dilación abierta a su paralización total. Bajo esa misma tendencia, el Tribunal Pleno se pronunció en la siguiente jurisprudencia: "Décima Época. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro: 2011580, publicación: Viernes 06 de mayo de 2016 10:06 h, instancia: Segunda Sala, materia(s): (Constitucional, Común) tesis: 2a./J. 48/2016 (10a.) "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Conforme a dicho criterio, los actos de que se duele el quejoso, no son de imposible reparación, sino meras violaciones de carácter adjetiva que hace improcedente el ejercicio de la acción constitucional. En esas condiciones, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se analiza. Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes que sus datos personales se clasifican como información confidencial en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo cual, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa lo tenga bajo su resguardo, deberán suprimirse los datos sensibles que puedan contener, procurando que con dicha supresión no se impida dar a conocer el criterio sostenido. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio.

  4. Principal

    (CITATORIO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el citatorio de treinta de junio de dos mil dieciséis, recibido en su domicilio; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de veintinueve de junio del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Agréguese para los efectos legales procedentes, el escrito signado por el apoderado legal de la parte quejosa, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veinte de junio del año en curso, realiza diversas manifestaciones y adjunta siete copias del referido escrito. Del contenido del ocurso de cuenta se advierte que el apoderado legal de la quejosa arguyó lo siguiente: "Ahora bien, en términos del presente escrito, comparezco en tiempo y forma dando cumplimiento a la prevención decretada por usted, en los siguientes términos: R= La primera solicitud escrita fue dirigida el 22 de Abril del 2016 al Agente del Ministerio Publico de la Ciudad de José María Morelos, Q, Roo, radicada en la Averiguación previa PGJE/SPZC/MP-MOR-071/2015 por el Delito de despojo. R= La Segunda solicitud escrita fue dirigida el 27 de Mayo del 2016 al Agente del Ministerio Publico de la Ciudad de José María Morelos, Q, Roo, radicada en la Averiguación previa PGJE/SPZC/MP-MOR-003/2016, por los delitos de ASOCIACION DELICTUOSA, previsto y sancionado por el Artículo: 181, FALSIFICACION Y USO DE DOCUMENTOS FALSOS, previsto y sancionado por el Artículo:189, APROVECHAMIENTO ILÍCITO DEL PODER previsto y sancionado por el Artículo: 252 Fracciones: IV y V, FRAUDE PROCESAL y FALSOS TESTIMONIOS. Las solicitudes de Consignación de las averiguaciones previas al Juez Penal competente las hice por escrito al Procurador de Justicia del Estado de Quintana, Roo, M.D. CARLOS ARTURO ALVAREZ ESCALERA el 06 de Mayo del 2016 y a la Subprocuradora en la Zona Centro, Lic. Blanca Imelda Ávila Varguez, en fecha 10 de Mayo del 2016." Ahora, de la transcripción que antecede se desprende que la quejosa presento: Dos solicitudes al Agente del Ministerio Publico de José María Morelos, la primera el veintidós de abril y la segunda el veintisiete de mayo, ambas del año en curso, en las carpetas de investigación PGJE/SPZC/MP-MOR-071/2015 y PGJE/SPZC/MP-MOR-003/2016, respectivamente. Dos solicitudes de consignación de las averiguaciones previas, realizadas por escrito al Procurador de Justicia del Estado de Quintana Roo y a la Subprocuradora en la Zona Centro, el seis de mayo y diez de mayo del año en curso, respectivamente. Por otra parte, en proveído de veinte de junio del presente año este Juzgado requirió a la quejosa para que realizara lo siguiente: "[.] ÚNICO. Manifieste cuándo presentó cada una de las solicitudes que refiere en su capítulo de hechos consistentes en los antecedentes del acto reclamado, ante quién, si fueron por escrito o verbales, asimismo, señalar a cuál averiguación previa fueron dirigidas cada una de las solicitudes." Sin embargo, la quejosa no dio cumplimiento en su totalidad a lo prevenido en auto aludido pues, aun cuando bajo protesta de decir verdad manifestó en que fechas presentó por escrito cuatro de sus solicitudes y a que averiguaciones previas se dirigían, de las primeras dos no especifica a que solicitudes se refiere, asimismo, fue omisa en pronunciarse sobre las demás solicitudes que en su escrito de demanda refiere, consistentes en: La presentación de un escrito de la ampliación de su querella, dentro de la cual realizó diversas solicitudes. Las dos solicitudes de que se tomen medidas precautorias contra los inculpados, para que no cometan más delitos usando los contratos de compraventa de veintiséis y veintitrés de septiembre de dos mil tres. La solicitud del decomiso y resguardo de los contratos de compraventa de veintiséis y veintitrés de septiembre de dos mil tres. La solicitud de que se gire oficio a la Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, para que suspenda el procedimiento del juicio reivindicatorio 84/2014. La solicitud de la realización de la prueba pericial en documentoscopía, caligrafía y grafoscopía. Las dos solicitudes de que se realicen todas las diligencias a fin de que sean integradas las averiguaciones previas. La solicitud de la restitución y entrega de un bien inmueble. La solicitud de la investigación de la policía judicial en relación a las denuncias y/o querellas. La solicitud de que sea citada Victoria Lorena Nahuat Sánchez para el reconocimiento de sus firmas. La solicitud de que sea citada Victoria Lorena Nahuat Sánchez, para que se realice la prueba pericial en grafoscopía y caligrafía. La solicitud de que se realice la fe ministerial de documentos y del contrato de compraventa de veintiséis de septiembre de dos mil tres. La solicitud de que sean citados para que declaren diversas personas en relación a dos contratos de compraventa de fechas de veintiséis de septiembre de dos mil tres. La solicitud de que se requiera al Director de Catastro Municipal de esta ciudad, los datos de unos lotes. La solicitud de que se requiera al Director de la Comisión Estatal del Agua Potable y Alcantarillado, la información del contrato de agua potable de un predio. La solicitud de que se requiera al Director de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia, para que realice un estudio de Planimetría en un predio. La solicitud de que se requiera a la Juez Civil de Primera Instancia de Felipe Carrillo Puerto, la suspensión del juicio civil reivindicatorio 84/2014. La solicitud de que se requiera a la Delegada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de esta ciudad, la información de un predio registrado y la anotación preventiva del mismo. La solicitud de que se realice la fe ministerial de hechos en un predio. La solicitud de que se realice la pericial en fotografía del lugar de los hechos delictuosos. La solicitud de que se ordene a diversas personas, la entrega del original del contrato de compraventa de veintiséis de septiembre de dos mil tres. La solicitud de que realice el aseguramiento y entrega al denunciante de un predio. Por tanto, es necesario que la quejosa dé cumplimiento a cabalidad con lo requerido mediante proveído de veinte de junio del año en curso, es decir, manifieste cuándo presentó cada una de las solicitudes antes referidas, ante quién, si fueron por escrito o verbales, asimismo, señalar a cuál averiguación previa fueron dirigidas cada una de las solicitudes. En consecuencia, hágase saber a la parte quejosa que toda vez no dio cumplimiento a lo requerido en la prevención de veinte de junio del año en curso, le subsiste el término otorgado para ello, mismo que aún no transcurría a la presentación del escrito de cuenta, empero, comenzará a transcurrir al día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, en el entendido que subsiste el apercibimiento del proveído citado. Tiene fundamento lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1ra./J.39/2012 (10ª) del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Primera Sala, que al rubro y texto establecen lo siguiente: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo."

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