Pedro Tecayehuatl Martinez
Expediente 607/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 607/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 02/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Pedro Tecayehuatl Martinez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dos de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del diez de noviembre al uno de diciembre del presente año, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. Por tanto, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ha quedado firme el mencionado auto. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al tratarse este expediente de un asunto concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Por último, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de octubre de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el escrito del quejoso mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable el cual se acordará más adelante. Por otra parte, vista la certificación que antecede y tomando en cuenta además que el quejoso desahogó la vista ordenada en proveído de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, la suscrita secretaria encargada del despacho estima innecesario esperar a que sea entregada la constancia de su notificación a la secretaría y, en su caso, transcurra el término concedido para resolver respecto del cumplimiento dado por la responsable, pues dicho quejoso ya se enteró del contenido del mencionado acuerdo en relación con el cumplimiento dado por la responsable, toda vez que realizó manifestaciones al respecto. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector de garantías, con los elementos que obran en autos. En principio es necesario indicar que en la sentencia de treinta de agosto de dos mil dieciséis (fojas 80 a 90), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por el quejoso Pedro Tecayehuatl Martínez para que la autoridad responsable Director General Jurídico Consultivo y de Estudios Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla realizara lo siguiente:(.)Deje sin efectos la resolución de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, dictada en dentro de la averiguación previa 2996/2014/NORTE.Dicte una nueva determinación en la que purgue los vicios formales destacados, siguiendo los lineamientos precisados en la presente resolución, y con plenitud de jurisdicción, bajo su más estricta responsabilidad, resuelva lo procedente respecto a la prescripción de la acción penal en forma congruente con las constancias de autos de la citada averiguación previa, es decir, tomando en consideración los artículos 129 y 133 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, y de acuerdo al material probatorio determine en qué momento la parte agraviada tuvo conocimiento del hecho posiblemente delictivo, es decir, a partir de qué momento el sujeto pasivo conoció que el activo no le pagaría (dolo) la cantidad que le prestó, y dio origen al pagaré de doce de enero de dos mil doce, para después establecer si habían transcurrido dos años desde la fecha de la presentación de la querella, para que opere o no la prescripción de la acción penal, lo que debe establecer de manera fundada y motivada." (foja 89). Dicha sentencia causó ejecutoria mediante proveído de once de octubre de dos mil dieciséis, por lo que en ese mismo auto se le requirió su cumplimiento a la responsable Director General Jurídico Consultivo y de Estudios Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla.Ahora bien, mediante oficio 2526/2016/DGJCYAL de catorce de octubre de dos mil dieciséis (foja 150), la citada autoridad responsable Director General Jurídico Consultivo y de Estudios Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, remitió copia certificada del diverso oficio 2527/2016/DGJCYAL de catorce de octubre de dos mil dieciséis (foja 152) así como también de la resolución pronunciada en esa misma fecha, de las que se advierte que el Director General Jurídico Consultivo y de Estudios Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria constitucional, dio cumplimiento a los efectos de la sentencia amparadora siguientes:Dejó sin efecto la resolución dictada el diecisiete de febrero de dos mil dieciséis relativa a la averiguación previa 2996/2014/NORTE (foja 152);Dictó una nueva determinación en la que consideró procedente autorizar el inejercicio de la acción penal por prescripción del delito de fraude genérico, por lo siguiente: Tomó en consideración los artículos 129, fracción II y 133 del Código Penal del Estado de Puebla y, de acuerdo al material probatorio determinó en el momento en que la parte agraviada tuvo conocimiento del hecho posiblemente delictivo, fue el cuatro de febrero de dos mil doce (esto es, a partir del momento en que el sujeto pasivo conoció que el activo no le pagaría la cantidad que le prestó, lo que dio origen al pagaré de doce de enero de dos mil doce) al catorce de agosto de dos mil doce fecha en que compareció Pedro Tecayehuatl Martínez, ante el Agente del Ministerio Público, por lo que en dicho término ya habían transcurrido dos años seis meses y diez días que evidentemente excede de los dos años que señala la ley como requisito para presentar la querella (fojas 161 y 162).Dichas constancias son documentos públicos que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tienen pleno valor probatorio.Atento a lo expuesto, es inconcuso que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO.Pues como quedó precisado el Director General Jurídico Consultivo y de Estudios Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, llevó a cabo todos los efectos ordenados en la sentencia amparadora.Por lo que hace a las manifestaciones del quejoso en el sentido de que la sentencia de amparo no se encuentra cumplida y, solicita a esta autoridad resuelva si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida con base en las constancias de autos y en estricto apego a derecho y, se le restituya al inconforme en el goce de sus garantías individuales.Esta autoridad considera que las manifestaciones del quejoso en el sentido de que la sentencia amparadora no se encuentra cumplida, son infundadas, pues contrario a lo que refiere del análisis realizado en el presente proveído se advierte que dicha responsable cumplió cabalmente con lo ordenado en la sentencia que se cumplimenta, pues la responsable dejó sin efecto la resolución dictada el diecisiete de febrero de dos mil dieciséis relativa a la averiguación previa 2996/2014/NORTE y dictó una nueva determinación en la que consideró procedente autorizar el inejercicio de la acción penal por prescripción del delito de fraude genérico, tomando en cuenta los efectos señalados en la sentencia amparadora como quedó precisado anteriormente.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de octubre de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el escrito del quejoso mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable el cual se acordará más adelante. Por otra parte, vista la certificación que antecede y tomando en cuenta además que el quejoso desahogó la vista ordenada en proveído de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, la suscrita secretaria encargada del despacho estima innecesario esperar a que sea entregada la constancia de su notificación a la secretaría y, en su caso, transcurra el término concedido para resolver respecto del cumplimiento dado por la responsable, pues dicho quejoso ya se enteró del contenido del mencionado acuerdo en relación con el cumplimiento dado por la responsable, toda vez que realizó manifestaciones al respecto. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector de garantías, con los elementos que obran en autos. En principio es necesario indicar que en la sentencia de treinta de agosto de dos mil dieciséis (fojas 80 a 90), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por el quejoso Pedro Tecayehuatl Martínez para que la autoridad responsable Director General Jurídico Consultivo y de Estudios Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla realizara lo siguiente:(.)Deje sin efectos la resolución de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, dictada en dentro de la averiguación previa 2996/2014/NORTE.Dicte una nueva determinación en la que purgue los vicios formales destacados, siguiendo los lineamientos precisados en la presente resolución, y con plenitud de jurisdicción, bajo su más estricta responsabilidad, resuelva lo procedente respecto a la prescripción de la acción penal en forma congruente con las constancias de autos de la citada averiguación previa, es decir, tomando en consideración los artículos 129 y 133 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, y de acuerdo al material probatorio determine en qué momento la parte agraviada tuvo conocimiento del hecho posiblemente delictivo, es decir, a partir de qué momento el sujeto pasivo conoció que el activo no le pagaría (dolo) la cantidad que le prestó, y dio origen al pagaré de doce de enero de dos mil doce, para después establecer si habían transcurrido dos años desde la fecha de la presentación de la querella, para que opere o no la prescripción de la acción penal, lo que debe establecer de manera fundada y motivada." (foja 89). Dicha sentencia causó ejecutoria mediante proveído de once de octubre de dos mil dieciséis, por lo que en ese mismo auto se le requirió su cumplimiento a la responsable Director General Jurídico Consultivo y de Estudios Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla.Ahora bien, mediante oficio 2526/2016/DGJCYAL de catorce de octubre de dos mil dieciséis (foja 150), la citada autoridad responsable Director General Jurídico Consultivo y de Estudios Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, remitió copia certificada del diverso oficio 2527/2016/DGJCYAL de catorce de octubre de dos mil dieciséis (foja 152) así como también de la resolución pronunciada en esa misma fecha, de las que se advierte que el Director General Jurídico Consultivo y de Estudios Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria constitucional, dio cumplimiento a los efectos de la sentencia amparadora siguientes:Dejó sin efecto la resolución dictada el diecisiete de febrero de dos mil dieciséis relativa a la averiguación previa 2996/2014/NORTE (foja 152);Dictó una nueva determinación en la que consideró procedente autorizar el inejercicio de la acción penal por prescripción del delito de fraude genérico, por lo siguiente: Tomó en consideración los artículos 129, fracción II y 133 del Código Penal del Estado de Puebla y, de acuerdo al material probatorio determinó en el momento en que la parte agraviada tuvo conocimiento del hecho posiblemente delictivo, fue el cuatro de febrero de dos mil doce (esto es, a partir del momento en que el sujeto pasivo conoció que el activo no le pagaría la cantidad que le prestó, lo que dio origen al pagaré de doce de enero de dos mil doce) al catorce de agosto de dos mil doce fecha en que compareció Pedro Tecayehuatl Martínez, ante el Agente del Ministerio Público, por lo que en dicho término ya habían transcurrido dos años seis meses y diez días que evidentemente excede de los dos años que señala la ley como requisito para presentar la querella (fojas 161 y 162).Dichas constancias son documentos públicos que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tienen pleno valor probatorio.Atento a lo expuesto, es inconcuso que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO.Pues como quedó precisado el Director General Jurídico Consultivo y de Estudios Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, llevó a cabo todos los efectos ordenados en la sentencia amparadora.Por lo que hace a las manifestaciones del quejoso en el sentido de que la sentencia de amparo no se encuentra cumplida y, solicita a esta autoridad resuelva si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida con base en las constancias de autos y en estricto apego a derecho y, se le restituya al inconforme en el goce de sus garantías individuales.Esta autoridad considera que las manifestaciones del quejoso en el sentido de que la sentencia amparadora no se encuentra cumplida, son infundadas, pues contrario a lo que refiere del análisis realizado en el presente proveído se advierte que dicha responsable cumplió cabalmente con lo ordenado en la sentencia que se cumplimenta, pues la responsable dejó sin efecto la resolución dictada el diecisiete de febrero de dos mil dieciséis relativa a la averiguación previa 2996/2014/NORTE y dictó una nueva determinación en la que consideró procedente autorizar el inejercicio de la acción penal por prescripción del delito de fraude genérico, tomando en cuenta los efectos señalados en la sentencia amparadora como quedó precisado anteriormente.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio del Fiscal de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, en atención a su contenido, se provee lo siguiente: En cumplimiento a lo ordenado el once de octubre de dos mil dieciséis, téngasele informando del requerimiento que le hizo a la autoridad responsable 2. Directora General Jurídica, Consultiva y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, para que dé cumplimiento a la sentencia de amparo, en su calidad de superior jerárquico. De lo anterior, queda enterada la suscrita juzgadora Federal, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio y anexo de la autoridad responsable 2. Directora General Jurídica, Consultiva y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en atención a su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta y anexo, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga. Apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."
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