Pedro Ulises Castro Vargas
Expediente 312/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 31 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 312/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 22/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Pedro Ulises Castro Vargas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran contra el acuerdo dictado el veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del treinta y uno de mayo al veinte de junio de dos mil dieciocho, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). Por otra parte, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la autoridad responsable 1. Alejandro Reyna Lucio, agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, en apoyo a su informe justificado consistente en copia certificada de diversas constancias que obran en la averiguación previa AP/PGR/UEDO/345/2003 de su índice, devuélvasele el ANEXO I, que se formó con dichas documentales y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo. Apercibida que de no hacerlo, se le impondrá, una multa de cincuenta veces, calculado al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Finalmente, como lo dispone el artículo Tercero, punto Décimo Primero, párrafo tercero del acuerdo general antes mencionado, la parte quejosa deberá acudir a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días para recoger los documentos que adjuntó a su escrito inicial de demanda, así como en el diverso ocurso presentado ante este órgano jurisdiccional el quince de junio de dos mil diecisiete (fojas 113 y 114); apercibida que de no hacerlo éstos podrán ser depurados junto con el expediente en que se actúa, sin responsabilidad alguna para el juzgado sobre su cuidado.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran contra el acuerdo dictado el veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del treinta y uno de mayo al veinte de junio de dos mil dieciocho, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). Por otra parte, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la autoridad responsable 1. Alejandro Reyna Lucio, agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, en apoyo a su informe justificado consistente en copia certificada de diversas constancias que obran en la averiguación previa AP/PGR/UEDO/345/2003 de su índice, devuélvasele el ANEXO I, que se formó con dichas documentales y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo. Apercibida que de no hacerlo, se le impondrá, una multa de cincuenta veces, calculado al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Finalmente, como lo dispone el artículo Tercero, punto Décimo Primero, párrafo tercero del acuerdo general antes mencionado, la parte quejosa deberá acudir a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días para recoger los documentos que adjuntó a su escrito inicial de demanda, así como en el diverso ocurso presentado ante este órgano jurisdiccional el quince de junio de dos mil diecisiete (fojas 113 y 114); apercibida que de no hacerlo éstos podrán ser depurados junto con el expediente en que se actúa, sin responsabilidad alguna para el juzgado sobre su cuidado.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de mayo de dos mil dieciocho. Visto, agréguese a los autos el diverso oficio signado por el Director General Adjunto de la Dirección General de Apoyo Jurídico y Control Ministerial en Delincuencia Organizada, en suplencia por ausencia del Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada y, visto su contenido, téngasele informando las gestiones que realizó para cumplir con el requerimiento formulado en acuerdo de cuatro de mayo de dos mil dieciocho; sin que haya lugar a realizar mayor proveído, en virtud de que por acuerdo de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho (fojas 494 y 495) se tuvo por cumplida la sentencia de amparo, dictada en el presente juicio de garantías.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de mayo de dos mil dieciocho. Visto, el escrito signado por el quejoso Pedro Ulises Castro Vargas, agréguese a los presentes para que surta los efectos legales procedentes y, en atención a su contenido, téngasele solicitando la devolución de los documentos que exhibió en el presente juicio de amparo integrados al expediente en acuerdo de quince de marzo de dos mil diecisiete (fojas 76 a 79) y diecinueve de junio del mismo año (foja 163). En consecuencia, toda vez que no es necesario conservar las constancias que indica, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2, hágasele la devolución de los documentos referidos, autorizando para recibirlas a las personas que menciona, debiendo comparecer al local de este órgano jurisdiccional para recibirlos con identificación oficial y vigente (y copia simple de la misma) en el horario comprendido de las diez a las doce horas en días hábiles, ya que así lo permiten las labores del juzgado. Lo anterior, en virtud de que por auto de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, se tuvo por cumplida la sentencia, sin que exista necesidad de conservar las documentales solicitadas.
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