PEDRO ROMANO TELLEZ (DEFENSOR) y Otros.
Expediente 273/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 273/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- MIGUEL ANGEL GOMEZ MONTERO y Otros.
- PEDRO ROMANO TELLEZ (DEFENSOR) y Otros.
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de trece de marzo de dos mil diecisiete, en el que se desechó su demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al tratarse este de un expediente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de garantías no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita.
- Principal
En trece de marzo de dos mil diecisiete, doy cuenta a usted Jueza con la demanda de amparo promovida por Pedro Romano Téllez, quien se ostenta con el carácter de defensor particular de Miguel Ángel Gómez Montero, Leonel Tarango Ramos, José Manuel Delgado Reyes y José Armando Tequihuastle Hernández, cinco copias de la misma sin anexos y la certificación que antecede. Conste. San Andrés Cholula, Puebla, trece de marzo de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por Pedro Romano Téllez, quien se ostenta con el carácter de defensor particular de Miguel Ángel Gómez Montero, Leonel Tarango Ramos, José Manuel Delgado Reyes y José Armando Tequihuastle Hernández, la que se tramitará de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, de conformidad al artículo primero transitorio; fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 273/2017-D. Establecido lo anterior, debe precisarse que de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado por el promovente en la presente instancia constitucional, es: (.) IV.- ACTO RECLAMADO.- De las Autoridades señaladas como Responsables lo es, el retardo judicial dentro de la causa penal número 37/2012, radicada ante el Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Chalchicomula de Sesma en Ciudad Serdán en el Estado de Puebla, toda vez que en la causa mencionada, se señalaron los meses de junio y julio del dos mil diecisiete, como fechas para que las peritos nombradas de nombres MARIA DEL CARMEN LARA CACHO Y ANAIDIS MARTINEZ EXZACARIAS, en materia de psicología y medicina legal respectivamente, comparecieran ante el Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Chalchicomula de Sesma en Ciudad Serdán en el Estado de Puebla, a aceptar el cargo que les fue conferido, así como a valorar a mis defendidos respecto de la tortura de la cual fueron víctimas al estar arraigados, considerando que las fechas que se señalaron son demasiado y excesivamente lejanas y con ello no existe un acceso a la justicia de manera PRONTA y EFICAZ en perjuicio de mis representados, esto tomando en consideración además que mis supracitados defendidos llevan más de cinco años privados de su libertad, por ello es que interpongo el presente juicio de garantías en términos de lo antes expuesto, esto por resultar dicho Acto Arbitrario de Autoridad infundado, y sin sustento jurídico alguno, y por ende dicho Acto que Reclamo deja en pleno estado de indefensión a los hoy injustos inculpados MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ MONTERO, LEONEL TARANGO RAMOS, JOSE MANUEL DELGADO REYES Y JOSE ARMANDO TEQUIHUASTLE HERNÁNDEZ, razón por la cual se promueve el presente Juicio de Garantías, ante Usted Juez Federal Competente. (.) Por tanto, este órgano jurisdiccional estima que en el caso, procede desechar de plano la demanda de derechos fundamentales que se analiza, pues en la especie se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en la fracción X, del artículo 61 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, que a la letra dice: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (.) De la interpretación del contenido del precepto legal antes transcrito se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente siempre que se actualicen las siguientes hipótesis: a) Que la ley o acto que se reclamen sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución; y, b) Que ambos juicios de garantías estén promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. La finalidad de la causa de improcedencia de mérito es impedir que en dos juicios se resuelva el mismo caso, para evitar sentencias contradictorias, pues de no hacerlo atentaría no sólo contra la técnica que rige esta materia, sino contra el principio de seguridad jurídica establecido en los artículos 14 y 17 de la Constitución General de la República. Ahora bien, la parte quejosa reclama el retardo judicial dentro de la causa penal número 37/2012 radicada ante el Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Chalchicomula de Sesma con sede en Ciudad Serdán, Puebla, al haberse señalado los meses de junio y julio del dos mil diecisiete como fechas para que las peritos en materia de psicología y medicina legal, Maria del Carmen Lara Cacho y Anaidis Martinez Exzacarias, comparezcan el citado Juzgado Mixto a aceptar el cargo que les fue conferido, así como a valorar a sus defendidos Miguel Ángel Gómez Montero, Leonel Tarango Ramos, José Manuel Delgado Reyes y José Armando Tequihuastle Hernández respecto de la tortura de la cual fueron víctimas al estar arraigados, considerando que las fechas señaladas son demasiado y excesivamente lejanas; empero, como se advierte de la certificación que antecede, es un hecho notorio para la suscrita que en el diverso juicio de amparo 223/2017-D del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por el aquí quejoso, también se tuvo como acto reclamado el retardo judicial dentro de la causa penal número 37/2012, radicada ante el Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Chalchicomula de Sesma, con sede en Ciudad Serdán, Puebla, debido a que a la fecha de la interposición de ese amparo, las nombradas peritos en materia de psicología y medicina legal no habían aceptado el cargo que se les confirió, ni habían valorado a sus defendidos Miguel Ángel Gómez Montero, Leonel Tarango Ramos, José Manuel Delgado Reyes y José Armando Tequihuastle Hernández para poder emitir su dictamen. Por lo que se ordena extraer copia certificada de la papeleta de turno, demanda y auto admisorio que obran en el citado sumario constitucional, pues no se ha dictado sentencia, y agregarlas al diverso en que se actúa, para los efectos legales procedentes. De lo anterior se colige que, en el presente asunto opera la figura jurídica de litispendencia, dado que en el juicio en que se actúa y en el diverso 223/2017-D del índice de este juzgado Federal, el quejoso Pedro Romano Téllez, quien se ostenta con el carácter de defensor particular de Miguel Ángel Gómez Montero, Leonel Tarango Ramos, José Manuel Delgado Reyes y José Armando Tequihuastle Hernández reclama el mismo acto (el retardo judicial dentro de la causa penal número 37/2012 con motivo de la aceptación del cargo que les fue conferido a las peritos en materia de psicología y medicina legal, Maria del Carmen Lara Cacho y Anaidis Martinez Exzacarias) a la misma autoridad responsable (Juez Mixto del Distrito Judicial de Chalchicomula de Sesma con sede en Ciudad Serdán, Puebla), sin que a la fecha se haya dictado sentencia en el mencionado juicio de derechos fundamentales 223/2017-D; por lo que, resulta evidente para la suscrita la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo. Cobran aplicación, las tesis cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: LITISPENDENCIA EN MATERIA DE AMPARO. Por imperativo de la fracción III, del artículo 73, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe entenderse que la litispendencia en materia de amparo es formal y no material; de ahí, que resulta irrelevante el hecho de que en las demandas de amparo se pudieran haber planteado violaciones constitucionales diferentes, ya que ello no impide la configuración de la causal de improcedencia prevista en la fracción y precepto inicialmente citados, la cual sólo amerita la valoración de la identidad de los elementos formales: quejoso, acto reclamado y autoridad responsable. LITISPENDENCIA EN AMPARO. SE ACTUALIZA DICHA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EXISTIENDO UN JUICIO DE GARANTÍAS PENDIENTE DE RESOLVER LOS QUEJOSOS RECLAMAN EN UNO DIVERSO LOS MISMOS ACTOS Y CONTRA IDÉNTICAS AUTORIDADES Y OTRAS DIVERSAS, PERO ÉSTAS NIEGAN LOS QUE LES ATRIBUYEN. Si existiendo un juicio de amparo pendiente de resolver, los quejosos promueven un diverso juicio de garantías reclamando los mismos actos, contra las mismas autoridades y otras diversas, cuando estas últimas niegan los actos que se les atribuyen se actualiza la causa de improcedencia por litispendencia, prevista en el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, pues la litis constitucional que subsiste es idéntica en ambos juicios y la constitucionalidad de los actos reclamados solamente puede analizarse en una sola ocasión. En efecto, de un análisis comparativo entre el juicio de amparo en nos ocupa (273/2017-D) y el diverso 223/2017-D del índice de este juzgado, se advierte que existe identidad de partes, de autoridad responsable ordenadora y de actos reclamados en tales juicios. En ese sentido, en la especie se surte la causa de improcedencia contenida en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues resulta evidente que la litis constitucional que subsiste es idéntica en ambos juicios y la constitucionalidad de los actos reclamados solamente puede analizarse en una sola ocasión. Consecuentemente, al actualizarse de modo indudable y manifiesto la referida causa de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de derechos fundamentales. Al respecto, conviene citar la jurisprudencia I.13o.A. J/6 sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Téngase como domicilio de la parte quejosa el que señala en su demanda de amparo, y por autorizadas con las facultades restringidas previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona, por así haberlo solicitado expresamente. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Con fundamento en los artículos 3, 8, 9, 67, fracción II. 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.
- Principal
CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE TRECE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: En trece de marzo de dos mil diecisiete, doy cuenta a usted Jueza con la demanda de amparo promovida por Pedro Romano Téllez, quien se ostenta con el carácter de defensor particular de Miguel Ángel Gómez Montero, Leonel Tarango Ramos, José Manuel Delgado Reyes y José Armando Tequihuastle Hernández, cinco copias de la misma sin anexos y la certificación que antecede. Conste. San Andrés Cholula, Puebla, trece de marzo de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por Pedro Romano Téllez, quien se ostenta con el carácter de defensor particular de Miguel Ángel Gómez Montero, Leonel Tarango Ramos, José Manuel Delgado Reyes y José Armando Tequihuastle Hernández, la que se tramitará de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, de conformidad al artículo primero transitorio; fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 273/2017-D. Establecido lo anterior, debe precisarse que de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado por el promovente en la presente instancia constitucional, es: (.) IV.- ACTO RECLAMADO.- De las Autoridades señaladas como Responsables lo es, el retardo judicial dentro de la causa penal número 37/2012, radicada ante el Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Chalchicomula de Sesma en Ciudad Serdán en el Estado de Puebla, toda vez que en la causa mencionada, se señalaron los meses de junio y julio del dos mil diecisiete, como fechas para que las peritos nombradas de nombres MARIA DEL CARMEN LARA CACHO Y ANAIDIS MARTINEZ EXZACARIAS, en materia de psicología y medicina legal respectivamente, comparecieran ante el Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Chalchicomula de Sesma en Ciudad Serdán en el Estado de Puebla, a aceptar el cargo que les fue conferido, así como a valorar a mis defendidos respecto de la tortura de la cual fueron víctimas al estar arraigados, considerando que las fechas que se señalaron son demasiado y excesivamente lejanas y con ello no existe un acceso a la justicia de manera PRONTA y EFICAZ en perjuicio de mis representados, esto tomando en consideración además que mis supracitados defendidos llevan más de cinco años privados de su libertad, por ello es que interpongo el presente juicio de garantías en términos de lo antes expuesto, esto por resultar dicho Acto Arbitrario de Autoridad infundado, y sin sustento jurídico alguno, y por ende dicho Acto que Reclamo deja en pleno estado de indefensión a los hoy injustos inculpados MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ MONTERO, LEONEL TARANGO RAMOS, JOSE MANUEL DELGADO REYES Y JOSE ARMANDO TEQUIHUASTLE HERNÁNDEZ, razón por la cual se promueve el presente Juicio de Garantías, ante Usted Juez Federal Competente. (.) Por tanto, este órgano jurisdiccional estima que en el caso, procede desechar de plano la demanda de derechos fundamentales que se analiza, pues en la especie se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en la fracción X, del artículo 61 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, que a la letra dice: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (.) De la interpretación del contenido del precepto legal antes transcrito se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente siempre que se actualicen las siguientes hipótesis: a) Que la ley o acto que se reclamen sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución; y, b) Que ambos juicios de garantías estén promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. La finalidad de la causa de improcedencia de mérito es impedir que en dos juicios se resuelva el mismo caso, para evitar sentencias contradictorias, pues de no hacerlo atentaría no sólo contra la técnica que rige esta materia, sino contra el principio de seguridad jurídica establecido en los artículos 14 y 17 de la Constitución General de la República. Ahora bien, la parte quejosa reclama el retardo judicial dentro de la causa penal número 37/2012 radicada ante el Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Chalchicomula de Sesma con sede en Ciudad Serdán, Puebla, al haberse señalado los meses de junio y julio del dos mil diecisiete como fechas para que las peritos en materia de psicología y medicina legal, Maria del Carmen Lara Cacho y Anaidis Martinez Exzacarias, comparezcan el citado Juzgado Mixto a aceptar el cargo que les fue conferido, así como a valorar a sus defendidos Miguel Ángel Gómez Montero, Leonel Tarango Ramos, José Manuel Delgado Reyes y José Armando Tequihuastle Hernández respecto de la tortura de la cual fueron víctimas al estar arraigados, considerando que las fechas señaladas son demasiado y excesivamente lejanas; empero, como se advierte de la certificación que antecede, es un hecho notorio para la suscrita que en el diverso juicio de amparo 223/2017-D del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por el aquí quejoso, también se tuvo como acto reclamado el retardo judicial dentro de la causa penal número 37/2012, radicada ante el Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Chalchicomula de Sesma, con sede en Ciudad Serdán, Puebla, debido a que a la fecha de la interposición de ese amparo, las nombradas peritos en materia de psicología y medicina legal no habían aceptado el cargo que se les confirió, ni habían valorado a sus defendidos Miguel Ángel Gómez Montero, Leonel Tarango Ramos, José Manuel Delgado Reyes y José Armando Tequihuastle Hernández para poder emitir su dictamen. Por lo que se ordena extraer copia certificada de la papeleta de turno, demanda y auto admisorio que obran en el citado sumario constitucional, pues no se ha dictado sentencia, y agregarlas al diverso en que se actúa, para los efectos legales procedentes. De lo anterior se colige que, en el presente asunto opera la figura jurídica de litispendencia, dado que en el juicio en que se actúa y en el diverso 223/2017-D del índice de este juzgado Federal, el quejoso Pedro Romano Téllez, quien se ostenta con el carácter de defensor particular de Miguel Ángel Gómez Montero, Leonel Tarango Ramos, José Manuel Delgado Reyes y José Armando Tequihuastle Hernández reclama el mismo acto (el retardo judicial dentro de la causa penal número 37/2012 con motivo de la aceptación del cargo que les fue conferido a las peritos en materia de psicología y medicina legal, Maria del Carmen Lara Cacho y Anaidis Martinez Exzacarias) a la misma autoridad responsable (Juez Mixto del Distrito Judicial de Chalchicomula de Sesma con sede en Ciudad Serdán, Puebla), sin que a la fecha se haya dictado sentencia en el mencionado juicio de derechos fundamentales 223/2017-D; por lo que, resulta evidente para la suscrita la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo. Cobran aplicación, las tesis cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: LITISPENDENCIA EN MATERIA DE AMPARO. Por imperativo de la fracción III, del artículo 73, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe entenderse que la litispendencia en materia de amparo es formal y no material; de ahí, que resulta irrelevante el hecho de que en las demandas de amparo se pudieran haber planteado violaciones constitucionales diferentes, ya que ello no impide la configuración de la causal de improcedencia prevista en la fracción y precepto inicialmente citados, la cual sólo amerita la valoración de la identidad de los elementos formales: quejoso, acto reclamado y autoridad responsable. LITISPENDENCIA EN AMPARO. SE ACTUALIZA DICHA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EXISTIENDO UN JUICIO DE GARANTÍAS PENDIENTE DE RESOLVER LOS QUEJOSOS RECLAMAN EN UNO DIVERSO LOS MISMOS ACTOS Y CONTRA IDÉNTICAS AUTORIDADES Y OTRAS DIVERSAS, PERO ÉSTAS NIEGAN LOS QUE LES ATRIBUYEN. Si existiendo un juicio de amparo pendiente de resolver, los quejosos promueven un diverso juicio de garantías reclamando los mismos actos, contra las mismas autoridades y otras diversas, cuando estas últimas niegan los actos que se les atribuyen se actualiza la causa de improcedencia por litispendencia, prevista en el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, pues la litis constitucional que subsiste es idéntica en ambos juicios y la constitucionalidad de los actos reclamados solamente puede analizarse en una sola ocasión. En efecto, de un análisis comparativo entre el juicio de amparo en nos ocupa (273/2017-D) y el diverso 223/2017-D del índice de este juzgado, se advierte que existe identidad de partes, de autoridad responsable ordenadora y de actos reclamados en tales juicios. En ese sentido, en la especie se surte la causa de improcedencia contenida en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues resulta evidente que la litis constitucional que subsiste es idéntica en ambos juicios y la constitucionalidad de los actos reclamados solamente puede analizarse en una sola ocasión. Consecuentemente, al actualizarse de modo indudable y manifiesto la referida causa de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de derechos fundamentales. Al respecto, conviene citar la jurisprudencia I.13o.A. J/6 sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Téngase como domicilio de la parte quejosa el que señala en su demanda de amparo, y por autorizadas con las facultades restringidas previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona, por así haberlo solicitado expresamente. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Con fundamento en los artículos 3, 8, 9, 67, fracción II. 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.
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