Pedro Rodriguez Garcia
Expediente 756/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 756/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 15/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Pedro Rodriguez Garcia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, misma que sobreseyó en el juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión; y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Por otro lado, respecto al original del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la medida cautelar solicitada (provisional y definitiva, en su orden), con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Así mismo, por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. En diverso aspecto, en virtud que resulta innecesario conservar las documentales que el Juez responsable adjuntó a su informe de ley (anexo I); se ordena su inmediata devolución, sin que sea necesario requerir el acuse de recibo de aquéllas, en razón que la autoridad a quién se envían se encuentra dentro de la zona conurbada del lugar de residencia de este juzgado; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de las documentales descritas. Notifíquese por lista a la parte quejosa; mediante oficio a las autoridades responsables, a la diversa tercera interesada, y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito...
- Principal
VISTOS; para resolver los autos del juicio de amparo número 756/2020, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Pedro Rodríguez García; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el trece de octubre de dos mil veinte, ante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado al siguiente día hábil a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, Pedro Rodríguez García, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: Autoridades responsables: 1. Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla; y, 2. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Actos reclamados La orden de aprehensión dictada el treinta de agosto de dos mil trece, dentro de la causa penal 286/2013-6, en contra del ahora quejoso, como probable responsable de la comisión del delito de violación equiparada, cometido en agravio de la menor de iniciales J.R.A. La parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, narró los antecedentes del caso; formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados los contenidos en los artículos 14,16 y 20 de la Constitución General de la República. SEGUNDO. Trámite del juicio. En acuerdo de catorce de octubre de dos mil veinte (fojas 9 a 15), se registró la demanda de amparo con el número 756/2020, se le dio trámite; y, se previno al quejoso para que en el término de cinco días, preciara bajo protesta de decir verdad, la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, y para que bajo protesta de decir verdad, manifestara los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado. TERCERO. Desahogo de prevención y admisión de la demanda de amparo. Por acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veinte (fojas 25 a 28), previos escritos de desahogo de prevención (dos), se admitió la demanda de garantías, se aperturó el incidente de suspensión; se requirió a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 36). CUARTO.- Terceros interesados. Por auto de veintiocho de octubre de dos mil veinte, se tuvo como autoridad tercero interesada al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, quien fue debidamente emplazado a este sumario constitucional (foja 35). Por otro lado, no pasa inadvertido que no se realizó el emplazamiento de la parte a quien le recae el carácter de tercero interesado (la agraviada de iniciales J.R.A.); sin embargo, como se verá más adelante dicha situación no le irroga perjuicio alguno. QUINTO. Cita para audiencia. En acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veinte (foja 25 vuelta), se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual, en sus fases de pruebas y alegatos, consta en los términos del acta que antecede y culmina con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda de amparo, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa en su demanda, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo, como de la revisión de los informes justificados, se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama: La orden de aprehensión dictada el treinta de agosto de dos mil trece, dentro de la causa penal 286/2013-6, en contra del ahora quejoso, como probable responsable de la comisión del delito de violación equiparada; y, Su ejecución. TERCERO. Existencia e inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." I. Certeza de los actos reclamados. Al respecto, el Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, al rendir su informe justificado manifestó que es cierto el acto reclamado, consistente en la orden de aprehensión librada en contra del aquí quejoso, el treinta de agosto de dos mil trece, dentro del proceso penal 286/2013-6; en virtud de lo cual, se tiene plenamente probada la existencia del acto que se le atribuye. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza que se corrobora, con las copias certificada de diversas constancias deducidas de la causa penal 286/2013-6 (anexo I), que el juez penal responsable acompañó a su informe justificado, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, de cuyas constancias se advierte que el treinta de agosto de dos mil trece, libró orden de aprehensión en contra de Pedro Rodríguez García, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación equiparada, previsto y sancionado por los artículos 267, 272, fracciones II y III, en relación con los diversos 11, 12, 13, 17 y 21, fracción I, todos del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de la menor de iniciales J.R.A. (fojas 369 a 381, del anexo I). Por otro lado, el Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, al rendir su respectivo informe justificado negó la existencia del acto reclamado, en atención a que manifestó que existe una orden de reaprehensión librada por el Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, dentro del proceso penal 286/2013-6, por el delito de ataques al pudor, en contra del ahora quejoso, la cual fue turnada a esa unidad administrativa para su cumplimiento (foja 37). Sin embargo, tal negativa de actos debe desvirtuarse, en atención a que la autoridad ordenadora aceptó la existencia del acto tildado de inconstitucional, y tomando en cuenta que el Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, tiene el carácter de autoridad ejecutora, se encuentra obligada a dar cumplimiento a ese mandato de captura; por tanto, son ciertos los actos reclamados a dicha autoridad ejecutora. Luego, son ciertos los actos reclamados en esta instancia constitucional. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En efecto, para que esta autoridad de amparo pueda analizar la constitucionalidad de los actos reclamados, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado. En suma, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Al respecto, resulta aplicable la Jurisprudencia II.1o. J/5 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, la cual se transcribe enseguida: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En principio, es pertinente señalar que este juzgado de Distrito advierte la existencia del diverso juicio de amparo 1035/2019-D, y que en dicho expediente, el ahora quejoso Pedro Rodríguez García, de la misma forma, reclamó del Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, la orden de aprehensión dictada el treinta de agosto de dos mil trece, dentro de la causa penal 286/2013-6, como probable responsable de la comisión del delito de violación equiparada en agravio de J.R.A., así como su ejecución, atribuida al Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla (fojas 2 a 11, del juicio de amparo 1035/2019-D). En el mismo sentido, se advierte que por auto dictado el doce de noviembre de dos mil diecinueve, en el referido juicio de amparo, se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad ordenadora -Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla-, en el que aceptó la existencia del acto privativo de libertad reclamado y se ordenó formar el anexo I, con las constancias que remitió el citado juez responsable, asimismo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se puso a la vista de las partes para que manifestaran lo a que su interés conviniera; cabe resaltar que dicho acuerdo se ordenó notificar por medio de lista, lo que así sucedió el trece siguiente, surtiendo sus efectos al siguiente día hábil -catorce del mismo mes y año- (fojas 38 y 39, del juicio de amparo 1035/2019-D). Finalmente, se hace constar que el trece de marzo de dos mil veinte, este órgano Federal determinó sobreseer en el referido juicio de garantías al estimarse actualizada la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 27, fracción III, inciso b), último párrafo del propio ordenamiento, ante la omisión del quejoso de haber acreditado que efectuó las gestiones tendentes para publicar los edictos, a fin de emplazar a juicio a la ahora tercero interesada J.R.A. (fojas 172 a 186, del juicio de amparo 1035/2019-D); sentencia que causó ejecutoria el veinte de agosto de dos mil veinte (fojas 194 a 198, del juicio de amparo 1035/2019-D). Lo que constituye un hecho notorio que se invoca de oficio, con base en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso concreto la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)." Así como la diversa jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, con rubro siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN." Ahora, atinente a los actos reclamados por el quejoso Pedro Rodríguez García, al 1. Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla y 2. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, consistente en la orden de aprehensión dictada el treinta de agosto de dos mil trece, dentro de la causa penal 286/2013-6, en contra del ahora peticionario de garantías, como probable responsable de la comisión del delito de violación equiparada; y, su ejecución, de oficio, se advierte que se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." En relación al tema de los plazos para promover la demanda de amparo, existen las siguientes jurisprudencias, las cuales no contravienen lo dispuesto en la Ley de Amparo vigente, conforme a lo establecido en su artículo 6° transitorio, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." De la misma forma, se invoca en apoyo la jurisprudencia número P./J 12/2015 (10ª.), emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, son del tenor literal siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." De la lectura de los preceptos y jurisprudencias transcritas, se obtiene que el juicio de amparo debe promoverse en el plazo de quince días, contado a partir del siguiente al en que: a) Haya surtido efectos conforme a la ley del acto reclamado la notificación de éste al quejoso; b) El quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado; o c) El quejoso se hubiere ostentado sabedor del acto reclamado o su ejecución. La anterior regla opera siempre que no se actualice alguno de los supuestos de excepción, a saber: -Se reclame una norma general autoaplicativa o un procedimiento de extradición, pues el plazo para promover la demanda de amparo en su contra será de treinta días. -Se controvierta la sentencia definitiva en un proceso penal que imponga pena de prisión, ya que dicho plazo será de ocho años. -Los actos reclamados priven total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, caso en el que el plazo será de siete años. -Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; también, por la incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas Nacionales, supuesto en el que la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. En el caso, el plazo para promover la demanda de amparo es de quince días, toda vez que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la ley de la materia, por consistir los actos reclamados en la orden de aprehensión dictada el treinta de agosto de dos mil trece, por el Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, dentro de la causa penal 286/2013-6, en contra del ahora quejoso, como probable responsable de la comisión del delito de violación equiparada; y, su ejecución; de los cuales el quejoso tuvo conocimiento el trece de noviembre de dos mil diecinueve, fecha en que se notificó por lista el auto dictado el doce del mismo mes y año, en el juicio de amparo 1035/2019-D, en donde se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad ordendora, por el que aceptó la existencia del acto privativo de libertad reclamado y se ordenó formar el anexo I, con las constancias que remitió el citado juez responsable, asimismo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se puso a la vista de las partes para que manifestaran lo a que su interés conviniera; surtiendo sus efectos al siguiente día hábil -catorce de noviembre de dos mil diecinueve- (fojas 38 y 39, del juicio de amparo 1035/2019-D) Plazo que debe computarse acorde a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa del acto o resolución que reclame, o de aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo y de los escritos aclaratorios de ésta, se advierte que el promovente manifestó, bajo protesta de decir verdad, que el nueve de octubre de dos mil veinte, tuvo conocimiento de los actos reclamados, pues acudieron a su domicilio personas que dijeron ser agentes de la policía investigadora, pertenecientes a la Fiscalía General del Estado de Puebla, para llevar a cabo su detención; sin embargo, contrario a lo que sostiene, de los autos que integran el diverso juicio de amparo 1035/2019-D, se advierte que el ahora quejoso, tuvo conocimiento de éstos, el trece de noviembre de dos mil diecinueve, fecha en que se notificó por lista el auto dictado el doce del mismo mes y año, en el referido juicio de garantías, en donde se pusieron a la vista de las partes las constancias que adjuntó la responsable ordenadora al rendir su informe justificado, y con las que se ordenó formar el anexo I; por tanto, tiene eficacia para demostrar que el promovente conoció de los actos reclamados el trece de noviembre de dos mil diecinueve. Entonces, el plazo de quince días para promover su demanda de amparo trascurrió a partir del día siguiente hábil, esto es, el catorce de noviembre de dos mil diecinueve. Luego, si la demanda de amparo que se analiza se presentó hasta el trece de octubre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, como se advierte del sello y boleta de recepción respectivos, es evidente que su promoción fue inoportuna, lo que trae como consecuencia que el acto de que se trata, y su ejecución, sean considerados consentidos tácitamente. Es aplicable al caso, por analogía, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "AMPARO CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. EL PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA PROMOVER LA DEMANDA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE LA LEY DE AMPARO ACTUAL ENTRÓ EN VIGOR Y SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE AQUÉLLOS, POR LO QUE SI NO SE PRESENTÓ DENTRO DE ESE TÉRMINO, EXISTE CONSENTIMIENTO TÁCITO. Conforme a la regla general contenida en el artículo 17 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, el juicio de amparo contra actos que afectan la libertad personal dentro del procedimiento, debe promoverse dentro del plazo de quince días, cuyo cómputo debe hacerse a partir de que ésta entró en vigor (tres de abril siguiente), y surta efectos la notificación de dichos actos; por tanto, si el quejoso estuvo en aptitud de promover la demanda dentro de ese plazo, de conformidad con el artículo quinto transitorio, párrafo segundo, de la misma ley, y no lo hizo, es evidente que tácitamente consintió el acto reclamado." En mérito de lo anterior, se concluye que al haber sido presentada la demanda de garantías fuera del plazo de quince días hábiles señalado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, da lugar a que se actualice la causa de improcedencia del juicio de amparo contenida en el artículo 61, fracción XIV de la ley citada; en tales condiciones, procede SOBRESEER en el presente juicio de garantías, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V del mismo ordenamiento legal. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución atribuidos al 2. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, por no reclamarse por vicios propios. Al respecto es aplicable la jurisprudencia sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: "EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." Finalmente, el suscrito juez Federal se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados, pues la simple actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio impide que el juzgador se pronuncie sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis, ya que la consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Resulta aplicable, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SI EL JUEZ DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito resuelve sobreseer en un juicio, donde se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de los conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo liberaba al a quo de abordar tal estudio, sino que lo imposibilitaba para realizarlo; de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo." Por otro lado, no pasa inadvertido para quien esto resuelve que no se realizó el emplazamiento de la parte a quien le recae el carácter de tercero interesado (la agraviada de iniciales J.R.A.); sin embargo, tal circunstancia en nada cambia el sentido de esta resolución, pues al haberse sobreseído en el juicio, es inconcuso que dicha resolución no le causa ningún perjuicio a la referida parte. QUINTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 61, fracción XIV, 63, fracción V, 74, 75 y 79, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Pedro Rodríguez García, contra los actos reclamados y autoridades responsables precisadas en el considerando segundo de esta sentencia, en términos del diverso cuarto de la misma. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese por lista al quejoso, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020; por oficio a las autoridades responsables, y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de noviembre de dos mil veinte. Intégrense a los autos los oficios remitidos por la autoridad responsable 1. Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, a través de los cuales, con el primero de éstos, rinde su INFORME JUSTIFICADO; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, sin perjuicio de relacionarlo nuevamente en la audiencia constitucional. En ese orden, con fundamento en el párrafo quinto del precepto legal invocado, en relación con el diverso 119 de la indicada Ley, téngase a la citada autoridad responsable ofreciendo como pruebas las documentales que anexa al informe de mérito. Así mismo, en razón al cuantioso número de fojas que conforma el legajo de constancias remitidas, que dificulta su manejo y consulta al integrarlo al juicio en que se actúa, se ordena integrarlo en un legajo por separado, y denominarlo anexo I, conservando el folio de origen. Ello encuentra sustento en la tesis aislada del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro dice: "JUICIO DE AMPARO. LAS DOCUMENTALES EXHIBIDAS POR LAS AUTORIDADES SE DEBEN CONSIDERAR FORMALMENTE AGREGADAS AL EXPEDIENTE, CON INDEPENDENCIA DE QUE SE INTEGRE UN LEGAJO POR SEPARADO.". Por otra parte, mediante el segundo oficio de cuenta, se tiene al 1. Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, desahogando el requerimiento de cuatro de noviembre de dos mil veinte, pues proporciona un diverso domicilio en el que pudiera emplazarse a la parte tercera interesada. Ahora, previo a ordenar nuevamente el emplazamiento de aquélla, y tomando en cuenta que de las documentales remitidas en apoyo al informe justificado de la autoridad judicial responsable, se aprecia que el delito por el cual se libró una orden de aprehensión en contra del aquí quejoso (Pedro Rodríguez García) fue por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación equiparada; con la finalidad de velar por el principio de confidencialidad previsto en el artículo 40, fracción III de la Ley General de Víctimas y salvaguardar los datos personales de la víctima, se hace saber a las partes que en este expediente se identificará a ésta con las iniciales "J. R. A.". No obstante lo anterior, toda vez que del informe justificado de cuenta, se advierte que el presente juicio guarda estrecha relación con el diverso 1035/2019-D del índice de este órgano jurisdiccional, resérvese de proveer lo atinente al emplazamiento de la referida tercera interesada hasta la celebración de la audiencia constitucional; y, se ordena tener a la vista dicho controvertido al momento de dictar sentencia, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista a las partes...
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de noviembre de dos mil veinte. A continuación, el secretario hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: la demanda de amparo presentada por Pedro Rodríguez García, y auto de veintiocho de octubre de dos mil veinte (suspensión provisional). Así mismo, da cuenta con los informes previos que rinden las autoridades responsables 1. Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla y 2. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla; y, con el pedimento número 145/2020, signado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. A lo anterior, el Juez de Distrito acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias que antecede para los efectos legales conducentes. Por otra parte, intégrense a los presentes autos los informes previos de las autoridades responsables 1. Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla y 2. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, y con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos dichos informes. En diverso aspecto, agréguese a los autos el pedimento 145/2020 del agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado y, visto su contenido, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, téngasele realizando las manifestaciones vertidas en vía de alegatos y solicitando que se niegue la suspensión definitiva de los actos. Enseguida, se abre el periodo de pruebas, en el que el secretario certifica que las partes no ofrecieron pruebas. A lo anterior, el Juez de Distrito acuerda: Téngase por realizada la certificación secretarial que antecede, con lo que concluye este periodo. Abierto el periodo de alegatos, el Secretario da cuenta con las manifestaciones realizadas por el Agente del Ministerio Público de la Adscripción, mediante pedimento número 1452020. Enseguida, el Juez de Distrito acuerda: se tiene perdido el derecho de las demás partes a formular alegatos, y se tienen por realizadas las manifestaciones a manera de alegatos del Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, para los efectos legales a que haya lugar. Se cierra esta etapa. Enseguida, al no existir promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia incidental, y se procede a dictar la siguiente: I N T E R L O C U T O R I A: V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 756/2020, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Pedro Rodríguez García, por propio derecho; y,... Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por Pedro Rodríguez García, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria. Notifíquese personalmente al quejoso; por oficio a las autoridades responsables, a la diversa autoridad tercera interesada y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito...
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