Pedro Ramirez Ramirez

Expediente 550/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
550/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
19/11/2020

Partes del expediente

  • Pedro Ramirez Ramirez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se advierte que trascurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada el veintiséis de octubre de dos mil veinte, la cual sobreseyó en el presente juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió el Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Dos de Asuntos de Investigación Especializada de la Dirección General de Investigación Especializada del Sistema Tradicional (Jazmín Araceli Nicanor González), en apoyo a su informe justificado consistente en copia certificada del triplicado abierto de la averiguación previa AP-1742/2013/SNMAR/DMZN-I/DAMPMSM-DOS-04/DGIEST/M-DOS-AIE (anexo I); se ordena devolver dicho documento a la autoridad citada, sin que sea necesario requerir el acuse de recibo, en razón que la autoridad a quien se envía se encuentra dentro de la zona conurbada del lugar de residencia de este juzgado; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de las documentales descritas. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; por oficio a la autoridad responsable; y, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  2. Principal

    V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 550/2020-B, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Pedro Ramírez Ramírez, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el diecinueve de agosto de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado al siguiente día hábil a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, Pedro Ramírez Ramírez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de la 1. Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Dos de Asuntos de Investigación Especializada de la Dirección General de Investigación Especializada del Sistema Tradicional (Jazmín Araceli Nicanor González). La parte quejosa narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados los contenidos en los artículos 16 y 20, inciso c), fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión de la demanda, trámite del juicio, suspensión de plazos y reanudación. Por acuerdo de veinte de agosto de dos mil veinte (fojas 9 a 17), se radicó la demanda bajo el expediente de amparo 550/2020-B, y se admitió a trámite; sin que se formara incidente de suspensión, al no haberlo solicitado expresamente; se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable; y, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 18). TERCERO. Cita para audiencia. En proveído de siete de octubre de dos mil veinte, previos diferimientos, se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual, en sus fases de pruebas y alegatos, consta en los términos del acta que antecede y culmina con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por el quejoso, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo y del informe justificado, se advierte que el quejoso combate de la 1. Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Dos de Asuntos de Investigación Especializada de la Dirección General de Investigación Especializada del Sistema Tradicional (Jazmín Araceli Nicanor González). La determinación de diecinueve de marzo de dos mil veinte, en la que se decretó el no ejercicio de la acción penal, así como el archivo definitivo del triplicado abierto de la averiguación previa AP-1742/2013/SNMAR/DMZN-I/DAMPMS-M-DOS-04 /DGIEST/M-DOS-AIE. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que en su rubro señala lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Ahora bien, el quejoso atribuye el acto reclamado -que quedó precisado en el considerando que antecede- a la 1. Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Dos de Asuntos de Investigación Especializada de la Dirección General de Investigación Especializada del Sistema Tradicional (Jazmín Araceli Nicanor González), autoridad responsable que al rendir su informe justificado, expresó que es cierto que emitió la resolución de diecinueve de marzo de dos mil veinte, por tanto, que se tiene por acreditado el acto de autoridad reclamado por el quejoso. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." En ese tenor, la Representante Social responsable, precisó que el diecinueve de marzo de dos mil veinte, determinó el no ejercicio de la acción penal dentro del triplicado abierto de la averiguación previa 1742/2013/SNMAR/DMZN-I/DAMPMS-M-DOS-04/DGIEST/M-DOS-AIE, de igual manera el archivo de tal indagatoria. En ese orden de ideas, de las constancias enviadas por dicha autoridad responsable se desprende que decretó el no ejercicio de la acción penal y en consecuencia el archivo definitivo de la averiguación previa, por los hechos denunciados por el agraviado Pedro Ramírez Ramírez, atinentes a los delitos de "uso de documento falso", en contra de Lauro López Téllez; de igual manera, en contra de este último y de Pascuala Hernández Sánchez, Isaías Díaz Moreno, Miguel Minor Alonso, Juan José Torres López y Gabriel Torres Avendaño, por el delito de falsedad en declaraciones e informes dados a una autoridad; lo anterior, al no ser constitutivos de tales ilícitos (fojas 1 a 28 del Anexo I). Por tanto, la certeza del acto se corrobora con la copia certificada de las constancias que integran la averiguación previa 1742/2013/SNMAR/DMZN-I/DAMPMS-M-DOS-04/DGIEST/M-DOS-AIE, que el agente del Ministerio Público responsable remitió en apoyo de su informe justificado, mismas que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2° (Anexo I). Cobra aplicabilidad a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En ese orden de ideas, es cierto el acto reclamado en esta instancia constitucional. CUARTO. Oportunidad de la presentación de la demanda. La presentación de la demanda de amparo fue oportuna, pues en el caso se reclama la determinación de no ejercicio de la acción penal, es decir, se trata de una determinación judicial emitida dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, por lo que la demanda de amparo debe presentarse dentro del plazo genérico de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, dado que no se actualiza alguna excepción al mismo. Se invoca en apoyo la jurisprudencia número P./J 12/2015 (10ª.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, son del tenor literal siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." En este caso, la determinación combatida por esta vía constitucional, se notificó personalmente al quejoso el veinte de marzo de dos mil veinte (foja 29 Anexo I); notificación que surtieron efectos en la misma fecha. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia VI.1o.P. J/56, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, que señala: "NOTIFICACIONES EN MATERIA PENAL. SURTEN EFECTOS EL MISMO DÍA EN QUE SE PRACTICAN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). El artículo 48 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla no es preciso en determinar cuándo surten sus efectos las notificaciones, sin embargo, señala que los términos judiciales se contarán desde el día siguiente al en que se hubiere hecho la notificación respectiva, de donde se concluye que, por regla general, las notificaciones en materia penal surten efectos desde que se efectúan y, por ende, si la codificación que rige el acto concreto no señala, específicamente, cuándo surte efectos la notificación, los términos deben computarse a partir del día siguiente al en que ésta se realiza". Asimismo, a fin de determinar la oportunidad de la presentación de la demanda, debe considerarse que ante la emergencia mundial sanitaria provocada por el virus SARS-COV2, quedaron suspendidos los plazos y términos procesales del dieciocho de marzo al dos de agosto de dos mil veinte, en cumplimiento a los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020, 18/2020 y 21/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. El veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia ocasionada por el virus Covid-19, mediante el cual se activó en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales. La demanda que dio origen a este juicio de garantías, fue recibida en forma física con posterioridad al periodo de contingencia aludido (diecinueve de agosto de dos mil veinte). Por lo que el plazo para la presentación de la demanda de amparo, transcurrió del tres al veintiuno de agosto del presente año, previo descuento de los días dieciocho de marzo al dos de agosto del año que transcurre, con motivo de la emergencia mundial sanitaria provocada por el virus SARS-COV2, así como de los sábados y domingos, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. En esa tesitura, si la demanda se presentó el diecinueve de agosto de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, resulta evidente que su promoción fue oportuna. QUINTO. Ponderaciones previas. I. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente sentencia correspondientes a la décima época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. II. Normas aplicables. La averiguación previa de la que deriva el acto reclamado, se tramita conforme al anterior sistema de justicia penal, por lo cual, es evidente que no le son aplicables las disposiciones que regulan el nuevo sistema penal acusatorio. En consecuencia, para verificar la constitucionalidad de los actos reclamados, se debe atender al texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a lo previsto en el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla. III. Suplencia de la queja. En el presente asunto, rige el principio de suplencia de la queja, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, ya que el quejoso tiene el carácter de ofendido en la indagatoria de donde emana el acto reclamado. SEXTO. Improcedencia del amparo indirecto. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Cierto, para que el juzgador de amparo pueda analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. En efecto, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado. En suma, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia II.1o. J/5 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, la cual se transcribe enseguida: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Así, el suscrito juez Federal advierte, de oficio, que respecto de la determinación de diecinueve de marzo de dos mil veinte, en la que se decretó el no ejercicio de la acción penal y el archivo definitivo del triplicado abierto de la averiguación previa 1742/2013/SNMAR/DMZN-I/DAMPMS-M-DOS-04/DGIEST/M-DOS-AIE, se actualiza la causal de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". Dicho precepto prevé como causal de improcedencia del juicio la cesación de efectos del acto que se combate, entendiéndose por tal, la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Aunado a lo anterior, quien esto resuelve no es omiso en destacar que la causal de improcedencia de cesación de efectos puede actualizarse en dos supuestos, a saber: a) Cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto, restituyendo así, al gobernado en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica y patrimonial (revocación); y, b) Cuando se dicta una determinación que sustituye a la primera, incidiendo sobre su vigencia y ejecutividad, es decir, nace a la vida jurídica un nuevo acto de autoridad cuyas consecuencias jurídicas sustituyen los efectos generados por el acto reclamado (sustitución). Al respecto, cobra aplicación la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y contenido siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por tal motivo, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la segunda de las hipótesis de improcedencia por cesación de efectos, respecto de la resolución dictada por una autoridad de primera instancia, cuando ésta se combate a través de algún medio de impugnación, cuyo sistema recursivo permita pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo cuestionado. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia". Ese contexto, se precisa que en el presente juicio se actualiza la causal de improcedencia de cesación de los efectos del acto reclamado por sustitución. Lo anterior, en virtud que como se estableció en el considerando segundo, el acto reclamado lo constituye la determinación de diecinueve de marzo de dos mil veinte, en la que el Agente del Ministerio Público responsable, decretó el no ejercicio de la acción penal y el archivo definitivo del triplicado abierto de la averiguación previa AP-1742/2013/SNMAR/DMZN-I/DAMPMS-M-DOS-04/DGIEST/M-DOS-AIE. Ahora bien, de las constancias allegadas a efecto de apoyar el informe justificado, valoradas en el considerando tercero, se advierten los antecedentes siguientes: a) La Agente del Ministerio Público señalada como autoridad responsable, mediante determinación de diecinueve de marzo de dos mil veinte, decretó el no ejercicio de la acción penal y el archivo definitivo de la indagatoria 1742/2013/SNMAR/DMZN-I/DAMPMS-M-DOS-04/DGIEST/M-DOS-AIE, al concluir que se acreditaba la atipicidad de los hechos denunciados por el aquí quejoso Pedro Ramírez Ramírez, respecto de los delitos de "falsedad en declaraciones e informes dados a una autoridad" y "uso de documento falso", imputados a Lauro López Téllez, asimismo, respecto del ilícito de "falsedad en declaraciones e informes dados a una autoridad", atribuido a Pascuala Hernández Sánchez, Isaías Díaz Moreno, Miguel Minor Alonso, Juan José Torres López y Gabriel Torres Avendaño. b) Posteriormente, la Representante Social en acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil veinte, ordenó la remisión de dicha indagatoria a la Dirección General Jurídica, Consultiva y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General de Estado de Puebla, para que, conforme a sus atribuciones, determinara la procedencia o improcedencia de la inconformidad planteada por el quejoso contra la determinación aludida en el inciso que precede (foja 30, Anexo I). c) Así, el Coordinador General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, mediante determinación de seis de julio de dos mil veinte, emitida en el recurso de inconformidad hecho valer por el aquí quejoso Pedro Ramírez Ramírez, autorizó la resolución de la Representante Social responsable, en el que decretó el no ejercicio de la acción penal y el archivo definitivo, de la averiguación previa de la que deriva el acto reclamado (fojas 37 a 92 Anexo I). Conforme con los antecedentes destacados se colige que dentro de la averiguación previa que nos ocupa, el Agente del Ministerio Público señalado como autoridad responsable, en determinación de diecinueve de marzo del presente año, resolvió decretar el no ejercicio de la acción penal y en consecuencia el archivo definitivo de dicha indagatoria, en atención a que los hechos que se le hicieron del conocimiento no son constitutivos de delito, al actualizarse la excluyente del delito de atipicidad; lo anterior, conforme a lo estipulado por los artículos 30 bis y 30 ter del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla. No obstante lo anterior, el aquí quejoso ejerció su derecho a impugnar esa determinación, haciendo valer el recurso de inconformidad, previsto en el citado numeral 30 ter, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, motivo por el cual el agente del Ministerio Público que conocía de la averiguación previa, remitió los autos a la Dirección General Jurídica, Consultiva y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General de Estado de Puebla, a fin de que determinara lo procedente respecto del recurso ordinario. En relación a lo anterior, conviene destacar que los efectos del citado medio de impugnación, consisten en que el Superior Jerárquico del Representante Social integrador de la indagatoria, realice el estudio y análisis de la resolución decretada por este último, con la finalidad de que resuelva respecto de su procedencia o improcedencia; hecho ello, concluirá en su confirmación, o bien, hará del conocimiento del representante social las diligencias a desahogar para la integración de la indagatoria. En ese orden de ideas, el Coordinador General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en determinación de seis de julio de dos mil veinte, en su carácter de revisor del Representante Social integrador de la indagatoria, conforme a lo que establecen los artículos 154 y 155, fracción X, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de justicia del Estado de Puebla, realizó el estudio correspondiente al analizar la determinación impugnada por el aquí quejoso Pedro Ramírez Ramírez, y por los motivos y fundamentos que expuso en su resolución, llegó a la conclusión de la inexistencia del cuerpo de los delitos de uso de documento falso y falsedad en declaraciones e informes dados a una autoridad, que dieron origen a los hechos denunciados por el aquí peticionario del amparo y por tanto, autorizó la resolución del Representante Social señalado como autoridad responsable, en que decretó el no ejercicio de la acción penal y el archivo definitivo de la indagatoria. En ese contexto, se arriba a la conclusión de que en el presente juicio cesaron los efectos del acto reclamado, en virtud que la resolución emitida por el Agente del Ministerio Público señalado como responsable, fue sustituida en sus efectos, por la pronunciada por el Coordinador General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en la cual en su carácter de revisor del Representante Social integrador de la indagatoria, expuso y fundamentó, los motivos por los que resolvió procedente autorizar la determinación de no ejercicio de la acción penal y el archivo definitivo de la indagatoria, en el entendido de que los argumentos ahí vertidos son los que actualmente prevalecen dentro de la averiguación previa de la que deriva el acto reclamado . Es aplicable a lo antes considerado, la tesis aislada emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos".. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto de la determinación de diecinueve de marzo de dos mil veinte, en la que se decretó el no ejercicio de la acción penal y el archivo definitivo del triplicado abierto de la averiguación previa AP-1742/2013/SNMAR/DMZN-I/DAMPMS-M-DOS-04/DGIEST/M-DOS-AIE, resulta procedente sobreseer en el juicio, de conformidad con el diverso normativo 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita. Atento a lo anterior, el suscrito juez Federal, se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de conceptos de violación planteados, pues la simple actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio de garantías, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Cobra aplicación la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguientes: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SI EL JUEZ DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito resuelve sobreseer en un juicio, donde se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de los conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo liberaba al a quo de abordar tal estudio, sino que lo imposibilitaba para realizarlo; de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo." En otro aspecto, sin que sea omiso el suscrito juzgador en precisar que no es obstáculo para emitir el presente fallo, la falta de emplazamiento a juicio con el carácter de terceros interesados a Isaías Díaz Moreno, Pascuala Hernández Sánchez, Lauro López Téllez, Miguel Minor Alonso, Juan José Torres Avendaño y Gabriel Torres Avendaño, señalados con tal carácter por el quejoso en su demanda de amparo, pues considerando el sentido de esta sentencia (sobreseimiento), no les irroga perjuicio. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada." SÉPTIMO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 61, fracción XXI, 63, fracción V, 74, 75, 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Pedro Ramírez Ramírez, contra los actos reclamados y las autoridades responsables precisados en el considerando segundo de esta resolución, en términos del diverso sexto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista a la quejoso, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020; por oficio a la autoridad responsable y al agente del Ministerio Público Federal adscrito.Así lo resolvió y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, ante Martha Graciela Lemus Barajas, secretario quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de octubre de dos mil veinte. Intégrese a los autos la diligencia de ratificación que antecede, en la que el quejoso Pedro Ramírez Ramírez -en cumplimiento al requerimiento de seis de octubre de dos mil veinte- ratificó la firma que calza los escritos recibidos el veintinueve de septiembre pasado (registrados con folios 10469 y 10470); en consecuencia, se provee: Visto el contenido del ocurso con registro 10469, cuya firma se ratificó, téngase al quejoso Pedro Ramírez Ramírez, solicitando que se permita el acceso al expediente electrónico a Minerva Roa Arenas (a quien en auto de veinte de agosto de dos mil veinte, se le autorizó con las facultades amplias previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo), y que las notificaciones de las resoluciones judiciales que deriven de este expediente se le realicen de forma electrónica. Por lo que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35, 36, 37, 38, 39, 40, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62 y 64 del ya mencionado Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en razón que después de realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se acreditó que el usuario "Minervaroa", a nombre de Minerva Roa Arenas (con el carácter que representa), se encuentra vigente, se le concede el acceso al expediente electrónico del presente asunto dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y se ordena que las notificaciones de las resoluciones judiciales se realicen vía electrónica, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Signifíquese a la parte quejosa que si advierte una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que le impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en el expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberá hacerlo del conocimiento, por vía impresa, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal o por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con los artículos 13 y 64 del acuerdo aludido, o bien, tendrá que dar aviso de dicha situación de manera inmediata a este órgano jurisdiccional, quien comunicará tal situación a la unidad administrativa encargada de operar el sistema. En tanto dure ese acontecimiento, se suspenderán, únicamente por ese lapso, los plazos correspondientes, atento a lo dispuesto por el artículo 30, fracción III de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento del Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este juzgado, el contenido del presente acuerdo para los efectos legales procedentes. En ese orden, por cuanto hace al registro 10470, cuya firma también se ratificó, téngase al quejoso Pedro Ramírez Ramírez, realizando diversas manifestaciones en relación con el informe justificado de la agente del Ministerio Público responsable, por lo que, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechos sus argumentos a manera de alegatos, sin perjuicio de relacionarlos nuevamente en la audiencia constitucional. Ahora, por cuanto hace a su petición de que se imponga a la fiscal responsable la sanción a que se remite el numeral 260, fracción I de la Ley de Amparo, por no rendir su informe previo, dígasele que en este asunto no se tramita incidente de suspensión, por lo que no se requirió a la responsable para que rindiera el mencionado informe. Finalmente, respecto a la manifestación que refiere atinente a que "se de vista al Agente del Ministerio Público para que inicie el procedimiento correspondiente", dígasele que esa es una facultad discrecional de este Juzgador, que no está sujeta a la voluntad de las partes, por lo que, en caso que este juzgador advierta la posible comisión de algún ilícito por alguna de las partes en el presente controvertido constitucional, de oficio se proveerá lo conducente. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa, por lista a las demás partes y comuníquese esta determinación al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este Juzgado por cualquier vía de comunicación interna.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de octubre de dos mil veinte. Vista la razón de cuenta, agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales procedentes y, en atención a su contenido, téngase al Actuario Judicial de la adscripción a este órgano de control constitucional manifestando que le fue imposible notificar al quejoso Pedro Ramírez Ramírez el auto dictado el treinta de septiembre de dos mil veinte, en el domicilio indicado para tal efecto, por resultar impreciso; por tanto, al encontrarse ante una imposibilidad de carácter permanente, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquesele la referida determinación por lista de acuerdos y, en lo sucesivo, háganse a dicha parte procesal todas las notificaciones, incluso las personales, por ese medio. Por otro lado, visto el estado procesal de autos, se advierte que mediante proveído de seis de octubre pasado, se ordenó notificar personalmente dicho auto al mencionado demandante constitucional; sin embargo, de acuerdo a lo determinado en párrafos anteriores, resulta evidente que dicha diligencia no podrá llevarse a cabo, por lo que se ordena notificar también por medio de lista el auto de seis de octubre de dos mil veinte al citado quejoso. Finalmente, toda vez que en auto de seis de octubre pasado, se señalaron las diez horas con treinta minutos del nueve de octubre de dos mil veinte, para que se lleve a cabo la diligencia de ratificación de firma precisada en el propio acuerdo, resulta evidente que no podrá llevarse a cabo la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta minutos esa misma data, por lo que procede diferirla anticipadamente, señalándose para tal efecto las once horas con cincuenta minutos del veintiséis de octubre de dos mil veinte, para su celebración.Notifíquese por lista al quejoso (el presente proveído y los autos de treinta de septiembre y seis de octubre, ambos de dos mil veinte), así como a las demás partes. AUTO DE 30 DE SEPTIEMBRE 2020: San Andrés Cholula, Puebla, treinta de septiembre de dos mil veinte. Agréguense a sus autos los escritos signados al parecer por el quejoso Pedro Ramírez Ramírez, mediante los cuales solicita el acceso al expediente electrónico, notificación electrónica y formula alegatos. Sin embargo, toda vez que la firma que aparece en el escrito de demanda y en los diversos escritos de cuenta, a simple vista difieren notoriamente, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, resérvese acordar lo conducente a su contenido y requiérase al promovente, para que para que en el término de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante el personal actuante de este juzgado a reconocer las firmas que calza en los escritos de cuenta. Apercibido que de no hacerlo, se tendrá por no presentado dicho ocurso; hágase del conocimiento del promovente que el artículo 261 de la Ley de Amparo, prevé una sanción de dos a seis años y multa de 30 a 300 días, para el quejoso, su abogado autorizado o a ambos, que afirmen hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial número 258, visible en la página ciento setenta y cuatro, Octava Época, Materia Común del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, cuyo texto literal dice: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. .... En la inteligencia que, se deberá atender al esquema de citas previsto en el artículo 3 y demás aplicables, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, aprobado en sesión extraordinaria de veintiocho de julio de dos mil veinte. Por lo que, atendiendo a lo establecido en el referido Acuerdo General en su artículo 6, fracción I, incisos b) y e), se señalan las DIEZ HORAS DEL SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, para que el promovente acuda a las instalaciones de este recinto judicial y esté en aptitud de reconocer la firma indicada. Para tal efecto, hágasele entrega del Código QR generado (s) impreso (s) respectivo, por conducto de cualquiera de los actuarios judiciales adscritos a este órgano, al momento de realizarle la notificación de este proveído -previo recibo que de dicha entrega recaben-. Asimismo, dese aviso al Encargado de la Administración Regional en Puebla, del Consejo de la Judicatura Federal en Puebla, de la fecha y horario señalados para la comparecencia de la parte promovente, de modo que quienes acudan a la cita puedan ingresar bajo la regla de hasta dos personas por Código; y para que se sirva girar las instrucciones necesarias a efecto de que se garantice tal acceso a las personas autorizadas. Sin embargo, hágase del conocimiento de la promovente, que si es su deseo comparecer a este órgano jurisdiccional, a desahogar la diligencia para la que es requerida, en una fecha anterior, a la programada para tal fin y respecto de la cual este Juzgado generó la cita respectiva, entonces, el propio quejoso, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 6, del Acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá generar la cita correspondiente a la fecha en que desee comparecer, en el micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", dentro del cual se localiza el sistema "Agenda OJ", que permite a los justiciables la generación de citas para la consulta de expedientes y desahogo de comparecencias o requerimientos; en la inteligencia, que la cita respectiva estará sujeta a la disponibilidad que arroje el sistema, en cuyo supuesto, quedará bajo su estricta responsabilidad cumplir el requerimiento que le es efectuado en este proveído, dentro del plazo establecido. Notifíquese personalmente al quejoso. AUTO DE 06 DE COTUBRE 2020:San Andrés Cholula, Puebla, seis de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos escrito firmado electrónicamente por Minerva Roa Arenas, por medio del cual, en atención al requerimiento de treinta de septiembre de dos mil veinte, manifiesta la imposibilidad que tiene el quejoso Pedro Ramírez Ramírez para asistir presencialmente a este órgano jurisdiccional a fin de ratificar las firmas que calzan los escritos presentados el veintinueve de septiembre del actual, toda vez que forma parte de un grupo vulnerable, al ser una persona de ochenta y siete años de edad y encontrarse enfermo; y, solicita que por medio del uso de medio tecnológicos, a través de una video llamada, se le permita realizar la ratificación de la firma que calzan los escritos antes mencionados; atento a lo anterior, se provee: Ante la situación de contingencia y emergencia sanitaria que actualmente prevalece, y toda vez que es obligación del suscrito juzgador velar por la integridad de los justiciables, con fundamento en la Sección Segunda, del Capítulo Cuarto -De las videoconferencias- del Acuerdo General 12/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, en relación con el numeral 5, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19, se señalan las diez horas con treinta minutos del nueve de octubre de dos mil veinte a fin de que el citado quejoso, ratifique las firmas que calzan los escritos presentados el veintinueve de septiembre pasado, mediante diligencia que se llevará a cabo por videoconferencia, a través del servicio de mensajería instantánea WhatsApp, por lo que el referido quejoso se deberá comunicar al teléfono particular de la Secretaria de trámite encargada de este asunto Romina Ortiz Avila, 222 155 04 01, debiendo mostrar en ese acto una identificación oficial y vigente para acreditar su identidad. En la inteligencia que, de no realizar dicho contacto tecnológico, se certificará tal omisión y se hará efectivo el apercibimiento con el que fue conminado en auto de treinta de septiembre de la presente anualidad. Notifíquese personalmente a la parte quejosa...

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