Pedro Paredes Zane
Expediente 1116/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1116/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 11/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Pedro Paredes Zane
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de enero de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, misma que sobreseyó en el juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que sobreseyó en el juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que por una parte se concedió y por otra se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Finalmente, ya que resulta innecesario conservar los discos versátiles digitales que remitió la 2. Jueza de Control y Ejecución de Sentencias de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, en apoyo a su informe justificado; devuélvansele los mismos relativos a las causas penal 182/2017/CHOLULA, 143/2017/CHOLULA y 180/2017/CHOLULA, debiéndose dejar hoja de sustitución en las fojas 29 y 157, respectivamente; y, requiérasele, para que en el término de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de la notificación del presente proveído, acuse el recibo de estilo correspondiente. Apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.
- Principal
R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo indirecto 1116/2017-B, promovido por Pedro Paredes Zane, contra los actos reclamados precisados en el considerando segundo y por los motivos expuestos en los diversos tercero, apartado A y quinto de esta sentencia. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de noviembre de dos mil diecisiete. Visto, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes el informe justificado que rinde el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla, quien emite el informe solicitado a la autoridad responsable 1. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Homicidios Zona Centro y, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor, dese vista a las partes, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. En atención a lo anterior, se advierte que el informe de cuenta no fue puesto a la vista de las partes con la anticipación a que alude el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente; en consecuencia, la misma que debería tener verificativo el día de hoy se difiere, y se señala como nueva fecha para su celebración las diez horas con cincuenta minutos del dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete. Sirven de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que a continuación se reproduce: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario (Novena Época, Registro: 191995, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 54/2000 Página: 5)." Finalmente, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena notificar al quejoso ********************, el presente proveído, en el lugar en el que se encuentra recluido (Centro de Reinserción Social de Cholula, Puebla), corriéndole traslado con copia autorizada del informe rendido por la autoridad responsable de referencia.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de octubre de dos mil diecisiete. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable 2. Jueza de Control y Ejecución de Sentencias en la Región Judicial Centro Poniente de San Andrés Cholula, Puebla, con el que da cuenta el Secretario, para que surta los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 117 del precitado ordenamiento legal, se tienen como pruebas de la referida autoridad responsable, la documental que anexa a su informe justificado y los discos versátiles digitales que remite, sin perjuicio de relacionarlas en el momento procesal oportuno; y sin que haya lugar a señalar fecha para la reproducción de los citados discos, dada su naturaleza jurídica de éstos. Guárdense en sobre cerrado los discos versátiles digitales que acompaña, mismos que se glosan al expediente, para los efectos legales a que haya lugar. Sustenta lo antes expuesto el siguiente criterio: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Por otro lado, se reserva dar vista a la parte quejosa con el informe justificado de cuenta, hasta en tanto obren en autos la totalidad de los informes requeridos a las diversas autoridades responsables. Finalmente, ya que fueron señaladas las doce horas con cuarenta minutos del treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto, dado lo acordado en párrafos anteriores, resulta evidente que ésta no podrá celebrarse por estar transcurriendo la vista que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, por lo que, en aras de una pronta y expedita impartición de justicia, garantía consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal procede diferirla anticipadamente, señalándose para tal efecto las diez horas con cincuenta minutos del veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio en que se actúa.
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