Pedro Quintero Santos

Expediente 1263/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1263/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
22/03/2023

Partes del expediente

  • Pedro Quintero Santos
  • Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. CAUSA EJECUTORIA NIEGA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de siete de febrero de dos mil veintitrés, en la que se NEGÓ el amparo promovido por Pedro Quintero Santos; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. SE DEVUELVEN CONSTANCIAS. Devuélvase a la autoridad señalada como responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, las documentales consistentes en copia certificada del juicio mercantil 844/2011 que acompañó al rendir su informe justificado, para los efectos legales a que haya lugar. ARCHIVO. Por otro lado, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente juicio obren glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 18, fracción I, incisos a) y b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo y el original del incidente de suspensión, son SUSCEPTIBLES DE DEPURARSE, en razón de haberse negado el amparo y protección de la justicia federal, y concedido la suspensión provisional y definitiva solicitadas; por lo tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio principal y el original del incidente. TRANSFERENCIA DEL EXPEDIENTE Una vez que transcurra el tiempo otorgado para la depuración, como lo establecen los artículos 18, penúltimo párrafo, 27 y 28 del multicitado Acuerdo, transfiéranse los expedientes a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, previa generación de la documentación a que se refieren los aludidos artículos. DESTINO DEL DUPLICADO DEL INCIDENTE. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de febrero de dos mil veintitrés. RAZÓN ACTUARIAL Agréguese a los presentes autos la razón actuarial levantada el nueve de febrero de dos mil veintitrés, por el Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte quejosa la resolución con engrose de siete de febrero de dos mil veintitrés; en virtud de que al constituirse en legal y debida forma en el domicilio que señaló para recibir notificaciones personales en esta ciudad, por una persona que no quiso proporcionar su nombre y le manifestó que no conoce al aquí quejoso ni a sus autorizados; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, practíquesele por lista la referida notificación así como todas las subsecuentes, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto. Notifíquese por lista al quejoso la sentencia con engrose de fecha siete de febrero de dos mil veintitrés. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.svmCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Marbella Juárez García CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  3. Principal

    V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 1263/2022-VII, promovido por ********************, por su propio derecho, contra actos que reclama del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado ante la responsable el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós y enviado el ocho de noviembre de ese año, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Circuito, y remitido por razón de turno al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil, ******************** acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que reclamó del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, en los términos siguientes: "IV. EL ACTO RECLAMADO: La sentencia interlocutoria de fecha 17 diecisiete de octubre de 2022 dos mil veintidós, respecto del incidente de planilla de liquidación de sentencia, dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil 844/2011, que promovió el hoy tercero interesado por conducto de sus apoderados jurídicos, contra la quejosa". En ese ocurso, la quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por auto de diez de noviembre de dos mil veintidós, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil en esta ciudad, declinó la competencia en favor de los Juzgados de Distrito, por lo que remitió los autos a la Oficina de Correspondencia de los Juzgados de Distrito en el Estado, en esta ciudad, y se turnó a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán el catorce de noviembre de dos mil veintidós, y en proveído de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda; se formó el expediente y lo registró bajo el número 1263/2022; se solicitó el informe con justificación a la autoridad señalada como responsable, se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la Ciudad de Morelia, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, de la Constitución General de la República, en relación con el 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; 48, en relación con el 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Ello por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridad judicial en materia mercantil, residente en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: La sentencia interlocutoria dictada el diecisiete de octubre de dos mil veintidós, por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, dentro del juicio ejecutivo mercantil número 844/2011, sobre pago de pesos, que resolvió la liquidación de sentencia. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez Primero de lo Civil de Zamora, Michoacán, toda vez que al rendir su informe con justificación, aceptó el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Además, la existencia de los actos reclamados se corrobora con las constancias que la autoridad ordenadora exhibió en apoyo a su informe justificado, consistente en copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil número 844/2011. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del ordenamiento adjetivo Federal anotado, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de las que se desprende la existencia del acto reclamado. Apoya lo anterior la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Oportunidad de la presentación de la demanda de amparo. El juicio de amparo de que se trata se encuentra promovido en tiempo, puesto que la quejosa fue notificada de esa resolución el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, por tanto, la notificación surtió efectos al día siguiente hábil, esto es, el veinte del mes y año en cita (por haber sido declarado inhábil el diecinueve de ese mes), en términos de lo dispuesto por el artículo 1075 del Código de Comercio; de ahí que el término para la interposición del juicio de amparo inició el veintiuno de ese mes y año y concluyó el quince de noviembre del año en cita, término al que se le descuentan los días inhábiles correspondientes a sábados y domingos, así como los festivos (treinta y uno de octubre, uno y dos de noviembre del dos mil veintidós). Por otro lado, la demanda de amparo se presentó el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós; en consecuencia, es de concluirse que la acción constitucional se ejerció dentro de los quince días hábiles a que alude el artículo 17 de la ley de la materia, con que se contaba para la interposición de la demanda. QUINTO. Antecedentes. Previo al estudio del análisis de fondo, se estima necesario realizar una breve reseña de lo acontecido en el juicio de origen, para una mejor comprensión del asunto. 1. Mediante escrito presentado el uno de agosto de dos mil once, los endosatorios en procuración de Caja Popular Mexicana S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V., demandaron en la vía ejecutiva mercantil en ejercicio de la acción cambiaria directa sobre pago de pesos, a Antonia Machuca Mesa (deudora principal) y ******************** (avalista), de quienes reclamó el pago de la suma de $220,000,00 (doscientos veinte mil pesos, moneda nacional), así como el pago de intereses ordinarios y moratorios. 2. De la anterior demanda conoció el Juez Primero en Materia Civil de este Distrito Judicial, quien el cuatro de agosto de dos mil once, previa prevención, admitió a trámite la demanda, procedió a su emplazamiento y la demandada le dio contestación. El treinta y uno de agosto de dos mil doce, se dictó sentencia, en la que se condenó a la demandada a pagar a la parte actora la cantidad de $220,000.00 (doscientos veinte mil pesos 00/100 moneda nacional, por concepto de suerte principal, así como el pago de interés ordinario a razón de un 1.85 % mensual; y moratorio equivalentes al 1.50 por cierto mensual adicionales al ordinario. 3. La sentencia fue recurrida en amparo directo, conociendo del asunto el Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, y en ejecutoria de veintidós de febrero de dos mil trece negó el amparo y protección de la Justicia Federal. Por ello, el nueve de abril de dos mil trece, en atención a lo solicitado por la actora, se concedió a la parte demandada un plazo de tres días para el cumplimiento voluntario. 4. El veinte de diciembre de dos mil dieciocho, se dictó una primera resolución interlocutoria de liquidación, que fijó la condena al reo hoy quejoso, en la cantidad de $774,858.30 por concepto de intereses ordinarios y moratorios, al día nueve de junio de dos mil dieciocho. 5. Posteriormente, la actora presentó ampliación de su planilla de liquidación el catorce de septiembre de dos mil veintidós, respecto de los intereses referidos a partir del diez de junio de dos mil dieciocho al diez de septiembre de dos mil veintidós. Así, en diecisiete de octubre de dos mil veintidós, se dictó ampliación de incidente de planilla de liquidación, la cual se declaró procedente, decretando la planilla de liquidación por el monto de $368,500.00 (trescientos sesenta y ocho mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de intereses ordinarios e intereses moratorios. Resolución la anterior que resulta el acto reclamado. SEXTO. Análisis de causales de improcedencia. Establecida la existencia de los actos fijados en el considerando tercero, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso concreto las partes no hicieron valer causas de improcedencia y este Juzgado no advierte alguna que deba analizarse de oficio, por lo que se procede al estudio del asunto. SÉPTIMO. Conceptos de violación. No se transcribirán los conceptos de violación que esgrime la parte quejosa en su demanda, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo, ni alguna otra disposición. Es aplicable la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". OCTAVO. Estudio del fondo del asunto. Los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa resultan infundados e inoperantes. En el entendido de que para considerarlo de esa forma, se atiende a que la parte quejosa no se ubica en alguna de las hipótesis a que hace referencia el artículo 79 de la Ley de Amparo, para suplir en su favor la deficiencia de los conceptos de violación, puesto que acude a esta instancia, en la calidad de parte demandada dentro del juicio ejecutivo mercantil 844/2011, juicio que por su naturaleza resulta aplicable el principio de estricto derecho; aunado a que no se ubica en la hipótesis de la fracción VI, del precepto legal anotado. En su único concepto de violación, el quejoso señala que los intereses ordinarios y moratorios, transgreden los derechos humanos de la prohibición legal de la usura, y en el caso concreto se trata de un interés usurario, porque dicho interés ha superado la suerte principal. Agregó que el juez decidió condenar sólo al quejoso, dejando de observar que la deudora directa es Antonia Machuca Mesa y José Antonio Velázquez Machuca fungió como aval, por lo que también debió condenar al pago de los intereses a los demás demandados. Que la resolución recurrida carece de fundamentación y motivación, así como incumple las formalidades de ley,por lo que se le conculca el principio de legalidad y seguridad jurídica consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales. Resulta infundado el argumento vertido por la parte quejosa, con el que sostiene que la resolución reclamada carece de fundamentación y motivación e incumple las formalidades de ley; en términos del artículo 16 constitucional. Es así, en primer lugar, porque la planilla de ampliación de la liquidación tiene como sustento una sentencia ejecutoria de condena en contra del quejoso y, con el escrito relativo, se le dio vista al quejoso e incluso, dio respuesta a dicha incidencia, la que se resolvió en la interlocutoria de liquidación que aquí se reclama. Además, porque ese fallo no adolece de la falta de fundamentación y motivación que refiere, pues basta la lectura de aquella determinación para advertir que el juez responsable sí expresó con precisión los preceptos legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tuvo en consideración para la emisión del acto, estableciendo la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal. Tales consideraciones fueron en el sentido de que: Debían aprobarse los intereses del diez de julio de dos mil dieciocho al diez de septiembre de dos mil veintidós, por la cantidad reclamada de $203,500 (doscientos tres mil quinientos pesos moneda nacional), pues tal suma es el resultado de aplicar a la suerte principal el 1.85% mensual, objeto de la sentencia que da como resultado $4,070 (cuatro mil setenta pesos) mensuales que multiplicados por las cincuenta veces del periodo arrojan la primera cantidad. Se aprobaron por intereses moratorios la suma de $165,000 (ciento sesenta y cinco mil pesos), resultado de aplicar a la suerte principal el 24% anual (equivalente a 2% mensual) a que se condenó en sentencia; multiplicados por las cincuenta meses al período reclamado; y, Que debía desestimarse la oposición del reo porque alude a un incidente de nulidad de actuaciones por defecto al emplazamiento, sin ser claro en sus pretensiones; y, que si de la interpretación que se realiza a tal ocurso se advierte que sólo se opone al monto de la liquidación, ello no es claro, a más de no anexar a su contestación las pruebas para acreditar su dicho, incumpliendo la carga probatoria relativa y aceptando tácitamente la procedencia del incidente. De ahí que opuestamente a lo manifestado por la impetrante la resolución reclamada sí se encuentra fundada y motivada. Lo anterior es así, dado que para emitir el acto reclamado, el juez de origen determinó regular la planilla de liquidación y la declaró procedente, precisando los preceptos legales en que apoyó esa determinación. Ahora, en relación con sus diversos motivos de disenso, cabe señalar que resultan inoperantes, porque con dichos argumentos, el quejoso trata de combatir lo ya analizado en la sentencia, tales como la condena que se realizó en su contra y no así contra de los diversos demandados; así como la usura en los intereses ordinarios y moratorios. Pero es el caso que ello no puede ser motivo de análisis en esta resolución, porque versa sobre cuestiones que debió controvertir al combatir la sentencia; de ahí que dicho motivo de disenso no puede ser analizado en esta instancia. Máxime que de la resolución emitida en amparo directo (fojas 107 y 108 del cuaderno de pruebas), se pone de manifiesto que combatió lo relativo a la tasa de interés; por lo tanto, sus argumentos resultan inoperantes, al haber sido planteados como agravios al combatir la sentencia, y por ende, motivo de análisis en amparo directo; de ahí que este órgano de control constitucional no está en aptitud de analizar cuestiones que ya forman parte de la cosa juzgada. En esos términos, también resulta inoperante su motivo de disenso en el sentido de que los intereses que se aprobaron resultan usurarios, porque estos superan la suerte principal, y al ser ello así, se vulnera el derecho establecido en el artículo 21 apartado 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos que prohíbe la usura como forma de explotación del hombre por el hombre. Lo anterior es así, porque en sentencia emitida en el juicio de origen se condenó a la parte demandada al pago de las prestaciones reclamadas, entre ellas, los intereses ordinarios y moratorios. Inconforme con la resolución anterior, la quejosa promovió demanda de amparo directo, del cual conoció el entonces Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, quien en sesión de veintidós de febrero de dos mil trece determinó negar el amparo y protección de la justicia federal. Por tanto, la cuestión de la usura, debió de haberse estudiado al dictarse la sentencia definitiva en el juicio de origen o bien en el amparo directo, y en razón de que a la fecha esa resolución es cosa juzgada, no es dable analizar dicha cuestión. Lo anterior es así, porque en la liquidación de sentencia, no se analiza la procedencia de prestación alguna, puesto que la litis consiste en determinar el quantum de las que ya fueron aprobadas en la sentencia definitiva correspondiente; de ahí que, es incorrecto que en ese momento procesal, el juez responsable estuviera obligado a analizar la tasa de interés que fue reclamada por su contraparte, dado que tal cuestión ya se encontraba dilucidada. Ello es así, porque el acto reclamado en esta instancia constitucional, es la resolución interlocutoria de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, que liquida la sentencia dictada en el juicio ejecutivo mercantil 844/2011, en la que se condenó al quejoso a pagar la suma de $368,500.00 trescientos sesenta y ocho mil quinientos pesos, por concepto de intereses ordinarios y intereses moratorios; sin embargo, la materia de esa interlocutoria se limita a poner en cantidad líquida las prestaciones que ya habían sido autorizadas por el juez responsable en la sentencia que puso fin al juicio de donde emana el acto reclamado; por lo que, no resulta procedente un nuevo análisis de esa prestación, dado que su condena ya adquirió la calidad de cosa juzgada. Por lo tanto, no cambia en nada el sentido de este fallo, que el quejoso alegue violación a sus derechos humanos protegidos por el artículo 1º constitucional e instrumentos internacionales que señala, puesto que como ya se dijo, esa cuestión debió analizarse en sentencia o amparo directo, pues fue ahí donde se analizó la procedencia de las prestaciones que ahora impugna; de modo que, al haber adquirido la calidad de cosa juzgada y verdad legal, no resulta procedente su estudio en la interlocutoria impugnada, dado que, la misma no tiene como finalidad la determinación de algún derecho u obligación, sino únicamente autorizar en cantidad concreta las que ya habían sido aprobadas. En las anotadas condiciones, si la parte quejosa no se inconformó contra la condena, que a su decir, favorece la usura, pues no expresó agravio en su momento procesal oportuno, es que lo decidido al respecto en primera instancia constituye cosa juzgada; y no puede ser analizado con posterioridad, como lo pretende la quejosa se realice en la interlocutoria que resolvió el incidente de liquidación de sentencia y que constituye el acto reclamado. Al respecto resulta conveniente traer a colación lo que sobre el tema resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia que dice: Registro digital: 2014920 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Constitucional, Civil Tesis: 1a./J. 28/2017 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, página 657 Tipo: Jurisprudencia "USURA. SU ANÁLISIS ENCUENTRA LÍMITE EN LA INSTITUCIÓN DE LA COSA JUZGADA. El derecho de propiedad se encuentra reconocido en el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; por tanto, si bien el juzgador como una forma de protección a ese derecho, al advertir indicios de un interés excesivo o desproporcionado derivado de un préstamo, está obligado a analizar de oficio la posible configuración de usura y, de ser el caso, actuar en consecuencia, lo cierto es que, por seguridad y certeza jurídica, esa obligación necesariamente encuentra límite en la institución de la cosa juzgada. Por ello, si bien al momento de emitir la sentencia correspondiente en cumplimiento a la obligación que se deriva del precepto convencional mencionado está obligado a analizar de oficio la posible configuración de usura y, de ser el caso, actuar en consecuencia, lo cierto es que una vez que la sentencia respectiva queda firme, esa decisión es inmutable y debe ejecutarse en sus términos; por ello, aunque el análisis de la usura puede efectuarse mientras la sentencia que condena a su pago se encuentre sub júdice, lo cierto es que una vez que la condena respectiva pierde esa característica y adquiere firmeza, necesariamente debe ejecutarse, pues ello es una consecuencia del derecho de acceso a una justicia completa y efectiva; de ahí que en la etapa de ejecución de la sentencia, el juzgador ya no puede introducir de manera oficiosa ni a petición de parte, el análisis de usura respecto de puntos o elementos que ya fueron determinados en la sentencia; y que por ende, constituyen cosa juzgada, por ello, la determinación que condenó al pago de los intereses a una tasa específica en monto porcentual, debe considerarse firme. Así, aunque los intereses se siguen devengando después de dictada la sentencia, ello no puede conducir a considerar que el control de usura pueda efectuarse respecto de éstos, pues no debe perderse de vista que la condena al pago de los intereses conforme a la tasa pactada, no sólo abarca a los intereses que ya se devengaron, sino que además comprende todos aquellos que se sigan generando hasta que se cumpla con el pago de la suerte principal". De la anterior jurisprudencia, se observa que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluyó que el análisis oficioso sobre la posible existencia de usura que deben realizar las autoridades jurisdiccionales corresponde a un tema de índole sustantiva que, al encontrarse íntimamente relacionado con las pretensiones de la demanda, encuentra un límite en la cosa juzgada; es decir, una vez dictada sentencia ejecutoria que defina la condena de intereses, ya no se puede efectuar el control de usura en una etapa posterior al juicio, por ejemplo, en la ampliación formulada en un incidente de liquidación de sentencia. Pensar de distinta manera equivaldría a que las partes permanecieran en un estado de incertidumbre permanente durante el periodo de ejecución, lo cual no es acorde a los principios emanados en la Constitución. Asimismo, tiene aplicación al caso concreto la tesis del contenido siguiente: Época: Décima Época Registro: 2013219 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo I Materia(s): Civil Tesis: 1a. CCLXXXIII/2016 (10a.) Página: 382 "USURA. EL ANÁLISIS OFICIOSO DE SU POSIBLE EXISTENCIA APLICA ÚNICAMENTE MIENTRAS EL ASUNTO SE ENCUENTRA SUB JÚDICE. Las jurisprudencias registradas con los números 1a./J. 46/2014 (10a.) y 1a./J. 47/2014 (10a.), (1) emitidas por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obligan al juzgador a analizar de oficio la posible existencia de usura, deben aplicarse por la autoridad de amparo en aquellos asuntos en los que el derecho en disputa aún se encuentra sub júdice, o sujeto a revisión, sea por la interposición de algún recurso o medio de defensa ordinario e, incluso, por encontrarse pendiente de resolver un medio de defensa extraordinario que pueda dar lugar a alguna modificación en lo sentenciado, como es el juicio de amparo. Así, la aplicación oficiosa de los criterios apuntados encuentra un límite en la cosa juzgada, pues la afirmación de que la tesis sobre usura se aplica mientras el asunto se encuentre sub júdice, lleva inserta la consecuencia de que una vez dictada la sentencia ejecutoria que defina la condena de intereses a una tasa específica en monto porcentual, ya no se puede efectuar el control de usura en una etapa posterior al juicio que ha concluido en forma definitiva". En esos términos, al resultar inoperantes e infundados los conceptos de violación propuestos, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Sin que al efecto las tesis sobre usura que se invocan en la demanda de amparo, sean útiles o suficientes para desvirtuar la inoperancia por cosa juzgada de los montos por los que se aprobó la planilla de liquidación. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 76, 77, 78, 215 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, en contra del acto reclamado y autoridad señalada como responsable en el considerando tercero de esta sentencia, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy siete de febrero de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.

  4. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA TRECE DE FEBRERO DEL 2023, MEDIANTE LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, POR SÍ O A TRAVÉS DE SUS AUTORIZADOS, LA RESOLUCIÓN CON ENGROSE DE FECHA 07 DE FEBRERO DEL 20233, QUE EN SU PARTE RELATIVA DICE: V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 1263/2022-VII, promovido por ********************, por su propio derecho, contra actos que reclama del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado ante la responsable el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós y enviado el ocho de noviembre de ese año, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Circuito, y remitido por razón de turno al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil, ******************** acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que reclamó del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, en los términos siguientes: "IV. EL ACTO RECLAMADO: La sentencia interlocutoria de fecha 17 diecisiete de octubre de 2022 dos mil veintidós, respecto del incidente de planilla de liquidación de sentencia, dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil 844/2011, que promovió el hoy tercero interesado por conducto de sus apoderados jurídicos, contra la quejosa". En ese ocurso, la quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por auto de diez de noviembre de dos mil veintidós, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil en esta ciudad, declinó la competencia en favor de los Juzgados de Distrito, por lo que remitió los autos a la Oficina de Correspondencia de los Juzgados de Distrito en el Estado, en esta ciudad, y se turnó a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán el catorce de noviembre de dos mil veintidós, y en proveído de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda; se formó el expediente y lo registró bajo el número 1263/2022; se solicitó el informe con justificación a la autoridad señalada como responsable, se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la Ciudad de Morelia, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, de la Constitución General de la República, en relación con el 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; 48, en relación con el 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Ello por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridad judicial en materia mercantil, residente en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: La sentencia interlocutoria dictada el diecisiete de octubre de dos mil veintidós, por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, dentro del juicio ejecutivo mercantil número 844/2011, sobre pago de pesos, que resolvió la liquidación de sentencia. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez Primero de lo Civil de Zamora, Michoacán, toda vez que al rendir su informe con justificación, aceptó el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Además, la existencia de los actos reclamados se corrobora con las constancias que la autoridad ordenadora exhibió en apoyo a su informe justificado, consistente en copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil número 844/2011. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del ordenamiento adjetivo Federal anotado, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de las que se desprende la existencia del acto reclamado. Apoya lo anterior la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Oportunidad de la presentación de la demanda de amparo. El juicio de amparo de que se trata se encuentra promovido en tiempo, puesto que la quejosa fue notificada de esa resolución el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, por tanto, la notificación surtió efectos al día siguiente hábil, esto es, el veinte del mes y año en cita (por haber sido declarado inhábil el diecinueve de ese mes), en términos de lo dispuesto por el artículo 1075 del Código de Comercio; de ahí que el término para la interposición del juicio de amparo inició el veintiuno de ese mes y año y concluyó el quince de noviembre del año en cita, término al que se le descuentan los días inhábiles correspondientes a sábados y domingos, así como los festivos (treinta y uno de octubre, uno y dos de noviembre del dos mil veintidós). Por otro lado, la demanda de amparo se presentó el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós; en consecuencia, es de concluirse que la acción constitucional se ejerció dentro de los quince días hábiles a que alude el artículo 17 de la ley de la materia, con que se contaba para la interposición de la demanda. QUINTO. Antecedentes. Previo al estudio del análisis de fondo, se estima necesario realizar una breve reseña de lo acontecido en el juicio de origen, para una mejor comprensión del asunto. 1. Mediante escrito presentado el uno de agosto de dos mil once, los endosatorios en procuración de Caja Popular Mexicana S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V., demandaron en la vía ejecutiva mercantil en ejercicio de la acción cambiaria directa sobre pago de pesos, a Antonia Machuca Mesa (deudora principal) y ******************** (avalista), de quienes reclamó el pago de la suma de $220,000,00 (doscientos veinte mil pesos, moneda nacional), así como el pago de intereses ordinarios y moratorios. 2. De la anterior demanda conoció el Juez Primero en Materia Civil de este Distrito Judicial, quien el cuatro de agosto de dos mil once, previa prevención, admitió a trámite la demanda, procedió a su emplazamiento y la demandada le dio contestación. El treinta y uno de agosto de dos mil doce, se dictó sentencia, en la que se condenó a la demandada a pagar a la parte actora la cantidad de $220,000.00 (doscientos veinte mil pesos 00/100 moneda nacional, por concepto de suerte principal, así como el pago de interés ordinario a razón de un 1.85 % mensual; y moratorio equivalentes al 1.50 por cierto mensual adicionales al ordinario. 3. La sentencia fue recurrida en amparo directo, conociendo del asunto el Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, y en ejecutoria de veintidós de febrero de dos mil trece negó el amparo y protección de la Justicia Federal. Por ello, el nueve de abril de dos mil trece, en atención a lo solicitado por la actora, se concedió a la parte demandada un plazo de tres días para el cumplimiento voluntario. 4. El veinte de diciembre de dos mil dieciocho, se dictó una primera resolución interlocutoria de liquidación, que fijó la condena al reo hoy quejoso, en la cantidad de $774,858.30 por concepto de intereses ordinarios y moratorios, al día nueve de junio de dos mil dieciocho. 5. Posteriormente, la actora presentó ampliación de su planilla de liquidación el catorce de septiembre de dos mil veintidós, respecto de los intereses referidos a partir del diez de junio de dos mil dieciocho al diez de septiembre de dos mil veintidós. Así, en diecisiete de octubre de dos mil veintidós, se dictó ampliación de incidente de planilla de liquidación, la cual se declaró procedente, decretando la planilla de liquidación por el monto de $368,500.00 (trescientos sesenta y ocho mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de intereses ordinarios e intereses moratorios. Resolución la anterior que resulta el acto reclamado. SEXTO. Análisis de causales de improcedencia. Establecida la existencia de los actos fijados en el considerando tercero, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso concreto las partes no hicieron valer causas de improcedencia y este Juzgado no advierte alguna que deba analizarse de oficio, por lo que se procede al estudio del asunto. SÉPTIMO. Conceptos de violación. No se transcribirán los conceptos de violación que esgrime la parte quejosa en su demanda, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo, ni alguna otra disposición. Es aplicable la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". OCTAVO. Estudio del fondo del asunto. Los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa resultan infundados e inoperantes. En el entendido de que para considerarlo de esa forma, se atiende a que la parte quejosa no se ubica en alguna de las hipótesis a que hace referencia el artículo 79 de la Ley de Amparo, para suplir en su favor la deficiencia de los conceptos de violación, puesto que acude a esta instancia, en la calidad de parte demandada dentro del juicio ejecutivo mercantil 844/2011, juicio que por su naturaleza resulta aplicable el principio de estricto derecho; aunado a que no se ubica en la hipótesis de la fracción VI, del precepto legal anotado. En su único concepto de violación, el quejoso señala que los intereses ordinarios y moratorios, transgreden los derechos humanos de la prohibición legal de la usura, y en el caso concreto se trata de un interés usurario, porque dicho interés ha superado la suerte principal. Agregó que el juez decidió condenar sólo al quejoso, dejando de observar que la deudora directa es Antonia Machuca Mesa y José Antonio Velázquez Machuca fungió como aval, por lo que también debió condenar al pago de los intereses a los demás demandados. Que la resolución recurrida carece de fundamentación y motivación, así como incumple las formalidades de ley,por lo que se le conculca el principio de legalidad y seguridad jurídica consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales. Resulta infundado el argumento vertido por la parte quejosa, con el que sostiene que la resolución reclamada carece de fundamentación y motivación e incumple las formalidades de ley; en términos del artículo 16 constitucional. Es así, en primer lugar, porque la planilla de ampliación de la liquidación tiene como sustento una sentencia ejecutoria de condena en contra del quejoso y, con el escrito relativo, se le dio vista al quejoso e incluso, dio respuesta a dicha incidencia, la que se resolvió en la interlocutoria de liquidación que aquí se reclama. Además, porque ese fallo no adolece de la falta de fundamentación y motivación que refiere, pues basta la lectura de aquella determinación para advertir que el juez responsable sí expresó con precisión los preceptos legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tuvo en consideración para la emisión del acto, estableciendo la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal. Tales consideraciones fueron en el sentido de que: Debían aprobarse los intereses del diez de julio de dos mil dieciocho al diez de septiembre de dos mil veintidós, por la cantidad reclamada de $203,500 (doscientos tres mil quinientos pesos moneda nacional), pues tal suma es el resultado de aplicar a la suerte principal el 1.85% mensual, objeto de la sentencia que da como resultado $4,070 (cuatro mil setenta pesos) mensuales que multiplicados por las cincuenta veces del periodo arrojan la primera cantidad. Se aprobaron por intereses moratorios la suma de $165,000 (ciento sesenta y cinco mil pesos), resultado de aplicar a la suerte principal el 24% anual (equivalente a 2% mensual) a que se condenó en sentencia; multiplicados por las cincuenta meses al período reclamado; y, Que debía desestimarse la oposición del reo porque alude a un incidente de nulidad de actuaciones por defecto al emplazamiento, sin ser claro en sus pretensiones; y, que si de la interpretación que se realiza a tal ocurso se advierte que sólo se opone al monto de la liquidación, ello no es claro, a más de no anexar a su contestación las pruebas para acreditar su dicho, incumpliendo la carga probatoria relativa y aceptando tácitamente la procedencia del incidente. De ahí que opuestamente a lo manifestado por la impetrante la resolución reclamada sí se encuentra fundada y motivada. Lo anterior es así, dado que para emitir el acto reclamado, el juez de origen determinó regular la planilla de liquidación y la declaró procedente, precisando los preceptos legales en que apoyó esa determinación. Ahora, en relación con sus diversos motivos de disenso, cabe señalar que resultan inoperantes, porque con dichos argumentos, el quejoso trata de combatir lo ya analizado en la sentencia, tales como la condena que se realizó en su contra y no así contra de los diversos demandados; así como la usura en los intereses ordinarios y moratorios. Pero es el caso que ello no puede ser motivo de análisis en esta resolución, porque versa sobre cuestiones que debió controvertir al combatir la sentencia; de ahí que dicho motivo de disenso no puede ser analizado en esta instancia. Máxime que de la resolución emitida en amparo directo (fojas 107 y 108 del cuaderno de pruebas), se pone de manifiesto que combatió lo relativo a la tasa de interés; por lo tanto, sus argumentos resultan inoperantes, al haber sido planteados como agravios al combatir la sentencia, y por ende, motivo de análisis en amparo directo; de ahí que este órgano de control constitucional no está en aptitud de analizar cuestiones que ya forman parte de la cosa juzgada. En esos términos, también resulta inoperante su motivo de disenso en el sentido de que los intereses que se aprobaron resultan usurarios, porque estos superan la suerte principal, y al ser ello así, se vulnera el derecho establecido en el artículo 21 apartado 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos que prohíbe la usura como forma de explotación del hombre por el hombre. Lo anterior es así, porque en sentencia emitida en el juicio de origen se condenó a la parte demandada al pago de las prestaciones reclamadas, entre ellas, los intereses ordinarios y moratorios. Inconforme con la resolución anterior, la quejosa promovió demanda de amparo directo, del cual conoció el entonces Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, quien en sesión de veintidós de febrero de dos mil trece determinó negar el amparo y protección de la justicia federal. Por tanto, la cuestión de la usura, debió de haberse estudiado al dictarse la sentencia definitiva en el juicio de origen o bien en el amparo directo, y en razón de que a la fecha esa resolución es cosa juzgada, no es dable analizar dicha cuestión. Lo anterior es así, porque en la liquidación de sentencia, no se analiza la procedencia de prestación alguna, puesto que la litis consiste en determinar el quantum de las que ya fueron aprobadas en la sentencia definitiva correspondiente; de ahí que, es incorrecto que en ese momento procesal, el juez responsable estuviera obligado a analizar la tasa de interés que fue reclamada por su contraparte, dado que tal cuestión ya se encontraba dilucidada. Ello es así, porque el acto reclamado en esta instancia constitucional, es la resolución interlocutoria de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, que liquida la sentencia dictada en el juicio ejecutivo mercantil 844/2011, en la que se condenó al quejoso a pagar la suma de $368,500.00 trescientos sesenta y ocho mil quinientos pesos, por concepto de intereses ordinarios y intereses moratorios; sin embargo, la materia de esa interlocutoria se limita a poner en cantidad líquida las prestaciones que ya habían sido autorizadas por el juez responsable en la sentencia que puso fin al juicio de donde emana el acto reclamado; por lo que, no resulta procedente un nuevo análisis de esa prestación, dado que su condena ya adquirió la calidad de cosa juzgada. Por lo tanto, no cambia en nada el sentido de este fallo, que el quejoso alegue violación a sus derechos humanos protegidos por el artículo 1º constitucional e instrumentos internacionales que señala, puesto que como ya se dijo, esa cuestión debió analizarse en sentencia o amparo directo, pues fue ahí donde se analizó la procedencia de las prestaciones que ahora impugna; de modo que, al haber adquirido la calidad de cosa juzgada y verdad legal, no resulta procedente su estudio en la interlocutoria impugnada, dado que, la misma no tiene como finalidad la determinación de algún derecho u obligación, sino únicamente autorizar en cantidad concreta las que ya habían sido aprobadas. En las anotadas condiciones, si la parte quejosa no se inconformó contra la condena, que a su decir, favorece la usura, pues no expresó agravio en su momento procesal oportuno, es que lo decidido al respecto en primera instancia constituye cosa juzgada; y no puede ser analizado con posterioridad, como lo pretende la quejosa se realice en la interlocutoria que resolvió el incidente de liquidación de sentencia y que constituye el acto reclamado. Al respecto resulta conveniente traer a colación lo que sobre el tema resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia que dice: Registro digital: 2014920 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Constitucional, Civil Tesis: 1a./J. 28/2017 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, página 657 Tipo: Jurisprudencia "USURA. SU ANÁLISIS ENCUENTRA LÍMITE EN LA INSTITUCIÓN DE LA COSA JUZGADA. El derecho de propiedad se encuentra reconocido en el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; por tanto, si bien el juzgador como una forma de protección a ese derecho, al advertir indicios de un interés excesivo o desproporcionado derivado de un préstamo, está obligado a analizar de oficio la posible configuración de usura y, de ser el caso, actuar en consecuencia, lo cierto es que, por seguridad y certeza jurídica, esa obligación necesariamente encuentra límite en la institución de la cosa juzgada. Por ello, si bien al momento de emitir la sentencia correspondiente en cumplimiento a la obligación que se deriva del precepto convencional mencionado está obligado a analizar de oficio la posible configuración de usura y, de ser el caso, actuar en consecuencia, lo cierto es que una vez que la sentencia respectiva queda firme, esa decisión es inmutable y debe ejecutarse en sus términos; por ello, aunque el análisis de la usura puede efectuarse mientras la sentencia que condena a su pago se encuentre sub júdice, lo cierto es que una vez que la condena respectiva pierde esa característica y adquiere firmeza, necesariamente debe ejecutarse, pues ello es una consecuencia del derecho de acceso a una justicia completa y efectiva; de ahí que en la etapa de ejecución de la sentencia, el juzgador ya no puede introducir de manera oficiosa ni a petición de parte, el análisis de usura respecto de puntos o elementos que ya fueron determinados en la sentencia; y que por ende, constituyen cosa juzgada, por ello, la determinación que condenó al pago de los intereses a una tasa específica en monto porcentual, debe considerarse firme. Así, aunque los intereses se siguen devengando después de dictada la sentencia, ello no puede conducir a considerar que el control de usura pueda efectuarse respecto de éstos, pues no debe perderse de vista que la condena al pago de los intereses conforme a la tasa pactada, no sólo abarca a los intereses que ya se devengaron, sino que además comprende todos aquellos que se sigan generando hasta que se cumpla con el pago de la suerte principal". De la anterior jurisprudencia, se observa que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluyó que el análisis oficioso sobre la posible existencia de usura que deben realizar las autoridades jurisdiccionales corresponde a un tema de índole sustantiva que, al encontrarse íntimamente relacionado con las pretensiones de la demanda, encuentra un límite en la cosa juzgada; es decir, una vez dictada sentencia ejecutoria que defina la condena de intereses, ya no se puede efectuar el control de usura en una etapa posterior al juicio, por ejemplo, en la ampliación formulada en un incidente de liquidación de sentencia. Pensar de distinta manera equivaldría a que las partes permanecieran en un estado de incertidumbre permanente durante el periodo de ejecución, lo cual no es acorde a los principios emanados en la Constitución. Asimismo, tiene aplicación al caso concreto la tesis del contenido siguiente: Época: Décima Época Registro: 2013219 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo I Materia(s): Civil Tesis: 1a. CCLXXXIII/2016 (10a.) Página: 382 "USURA. EL ANÁLISIS OFICIOSO DE SU POSIBLE EXISTENCIA APLICA ÚNICAMENTE MIENTRAS EL ASUNTO SE ENCUENTRA SUB JÚDICE. Las jurisprudencias registradas con los números 1a./J. 46/2014 (10a.) y 1a./J. 47/2014 (10a.), (1) emitidas por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obligan al juzgador a analizar de oficio la posible existencia de usura, deben aplicarse por la autoridad de amparo en aquellos asuntos en los que el derecho en disputa aún se encuentra sub júdice, o sujeto a revisión, sea por la interposición de algún recurso o medio de defensa ordinario e, incluso, por encontrarse pendiente de resolver un medio de defensa extraordinario que pueda dar lugar a alguna modificación en lo sentenciado, como es el juicio de amparo. Así, la aplicación oficiosa de los criterios apuntados encuentra un límite en la cosa juzgada, pues la afirmación de que la tesis sobre usura se aplica mientras el asunto se encuentre sub júdice, lleva inserta la consecuencia de que una vez dictada la sentencia ejecutoria que defina la condena de intereses a una tasa específica en monto porcentual, ya no se puede efectuar el control de usura en una etapa posterior al juicio que ha concluido en forma definitiva". En esos términos, al resultar inoperantes e infundados los conceptos de violación propuestos, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Sin que al efecto las tesis sobre usura que se invocan en la demanda de amparo, sean útiles o suficientes para desvirtuar la inoperancia por cosa juzgada de los montos por los que se aprobó la planilla de liquidación. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 76, 77, 78, 215 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, en contra del acto reclamado y autoridad señalada como responsable en el considerando tercero de esta sentencia, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy siete de febrero de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.

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