Pedro Paniagua Alcaráz
Expediente 178/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 22 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 178/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 14/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Pedro Paniagua Alcaráz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de agosto de dos mil diecinueve. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa y tercero interesada para que manifestaran lo que sus intereses conviniera en relación con el cumplimiento dado al fallo protector, lo que así realizó la parte quejosa a través de su escrito presentado el siete de agosto de dos mil diecinueve. Ahora bien, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Precisión de la concesión de amparo En sentencia dictada el veintiocho de junio de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso PEDRO PANIAGUA ALCARAZ, para que el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelia, realizara lo siguiente: "I. Deje insubsistente el auto que decretó la orden de aprehensión, dictado dieciséis de abril de dos mil doce dentro de la causa penal 48/2012-II; y, II. En su lugar, dicte uno nuevo en el que reitere todos los aspectos que no fueron motivo de la concesión del amparo y además, analice nuevamente de manera fundada y motivada si se encuentra acreditado o no el extremo relativo a una calificativa agravante del tipo penal de que se trata, conforme a los razonamientos expuestos en este fallo." Trámites para cumplir con el fallo protector Así, en proveído de veintidós de julio de dos mil diecinueve, se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo, y se requirió a la autoridad responsable a efecto de que diera cumplimiento al fallo protector; asimismo, se determinó que no era el caso de proceder en los términos precisados en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo en vigor, en virtud de que dicha autoridad no tenía superior jerárquico que le ordenara cumplir con la ejecutoria de amparo. Por oficios presentados el veinticinco y veintiséis de julio de este año, el Director de Amparos de la Fiscalía General del Estado, en representación del titular de esa dependencia, el Coordinador General de la Policía de Investigación y el Segundo Comandante de la Policía Ministerial del Estado Encargado de la Unidad de Aprehensiones de la Dirección de Investigación y Análisis, informaron sobre las instrucciones que giraron a fin de que el personal a su mando se abstuviera de ejecutar la orden de aprehensión reclamada. En tanto, el Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelia, Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, a través de oficio presentado el treinta de julio del año en curso, se acompañó inserta la resolución de veintiséis de ese mismo mes y año, dictada en la causa penal número 48/2012-II, en la cual, para cumplir con la ejecutoria de amparo, se realizó lo siguiente: I. Se dejó sin efectos el auto de fecha dieciséis de abril de dos mil doce, por el que se dictó la orden de aprehensión en contra del quejoso y nuevamente resolvió sobre la petición formulada por la Representación Social. II. Reiteró todos los aspectos que no fueron motivo de observación en el fallo protector y en la materia medular de la concesión del amparo, analizó nuevamente de manera fundada y motivada si se encontraba acreditado o no el extremo relativo a una calificativa agravante (ventaja) en la comisión del tipo penal de homicidio y determinó que si bien el Representante Social en su pliego de consignación hacía alusión a que el delito en cita, se realizó con la agravante contemplada en el artículo 279, fracción I, del Código Penal para el Estado de Michoacán, ("I. Cuando se comete con premeditación, alevosía, ventaja o traición."), considero que en el caso concreto solamente se actualizaron los supuestos relativos a la traición, virtud a que el agente activo, acorde a la mecánica en que se ejecutaron los hechos, se desprende que violó la fe o la seguridad que la víctima debió esperar del acusado, y para justificarlo procedió a valorar los testimonios de los testigos, a los que les concedió valor probatorio. III. Lo estimó de esa forma, ya que con las declaraciones de los atestes, solamente se logró demostrar la calificativa establecida en el fracción I, del artículo 279, del Código Penal del Estado de Michoacán, consistente en la traición, no así las restantes de premeditación, alevosía y ventaja, toda vez que de las narraciones advirtió que el sujeto activo era persona conocida del ofendido, tan es así que lo invitó a su domicilio a ingerir bebidas embriagantes con ellos, por lo que al agredir el sujeto activo al ofendido violó la fe y seguridad que la víctima esperaba de él, ya que además que era su invitado, también habían sostenido anteriormente relaciones sexuales, de acuerdo al dicho de los atestes, por lo que el pasivo tenía una confianza absoluta en su agresor por esa situación, lo que violó la seguridad que la víctima debió esperar del agente activo; además, indicó porque no se actualizaban los supuestos de premeditación, alevosía y ventaja, y respecto a éste último, señaló que al no haberse presenciado el momento justo en que el agraviado fue agredido, no se pudieron aportar elementos tendientes a justificar que algún momento el sujeto activo corrió el riesgo de ser lesionado por el ofendido; IV. Hecho lo anterior, resolvió que se encontraba debidamente acreditado el cuerpo del delito de homicidio calificado, y la probable responsabilidad jurídico penal del inculpado y aquí quejoso PEDRO PANIAGUA ALCARAZE, en su comisión, por lo que decretó orden de aprehensión y detención en su contra. Situación con la que se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo En consecuencia, se estima que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a que en lo esencial se cumplen los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, al haberse dejado insubsistente la orden de aprehensión reclamada de dieciséis de abril de dos mil doce, dentro de la causa penal número 48/2012-II, y en su lugar emitir otra determinación en la que después de analizar el pliego de consignación a la luz de lo señalado en la sentencia de amparo, determinó que en el delito atribuido al quejoso PEDRO PANIGUAGA ALCARAZ, se encuentra acreditada la calificativa relativa a la traición, establecida en la fracción I, del artículo 279 del Código Punitivo Estatal vigente en el lugar y época de comisión del delito, más no así las restantes de premeditación, alevosía y ventaja, y por ello, decretó orden de aprehensión y detención en su contra, con lo que se les restituyó en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se atienden manifestaciones de la parte quejosa En torno a las manifestaciones que vierte el quejoso en su escrito presentado el siete de agosto de este año, a través de las cuales, medularmente señala que la responsable no cumple con la sentencia de amparo, ya que se concreta a transcribir los dichos de los atestes de cargo, pero que con ello no se puede tener por acreditada la agravamente en el delito que se le imputa quejoso, ni mucho menos la certeza de cómo fue que ocurrió el hecho que se le atribuye ni la conducta del imputado en su comisión. Al respecto, cabe señalar que en párrafos precedentes quedaron expuestos los motivos por lo que se consideró que la responsable dio cumplimiento a los lineamientos que le fueron trazados en la ejecutoria de amparo, al haber dejado sin efectos la orden de aprehensión reclamada y al dictar una nueva, conforme a los razonamientos que le fueron expuestos en el fallo protector, prescindió de considerar actualizada la agravante de la ventaja, así como la de premeditación y alevosía, para estimar que sólo contaba con elementos para inferir una traición del sujeto activo sobre el pasivos; y, en ninguna parte de la sentencia constitucional se le impuso al juez responsable, que realizara un análisis sobre cómo fue qué ocurrió el hecho delictivo o la conducta del aquí quejoso en su comisión, pues ello no constituyó la materia de concesión y por el contrario, se le indicó que debía reiterar todos aquellos aspectos que no fueron motivo de la tutela constitucional y por tanto, al declarar cumplida la sentencia de amparo en los términos que fueron precisados con antelación, el suscrito juzgador se constriñó a analizar la nueva resolución dictada por la responsable a la luz de lo resuelto en el fallo protector, esto es, que reiterara las consideraciones que no le habían sido marcadas como violatorias de los derechos del quejoso, y que realizara el análisis si estaba acreditada o no la calificativa agravante que inicialmente había señalado (ventaja). De lo anterior se colige que, la resolución emitida por la responsable fue en pleno acato a las observaciones y lineamientos que le fueron impuestos en la sentencia de amparo y de ahí que, quedan expeditos los derechos de las partes, para que, de considerar que esa resolución irroga algún perjuicio, hagan valer los recursos que estimen necesarios en su contra. Se ordena notificar únicamente a las autoridades responsables vinculadas al cumplimiento de la ejecutoria Teniendo en consideración que en la sentencia de amparo pronunciada en el presente juicio de amparo, únicamente se encontraban vinculadas a su cumplimiento el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelia, como ordenadora y el Fiscal General de Justicia del Estado, Comandante de la Sección de Aprehensiones y Coordinador de la Policía Ministerial, ambos de la Policía Ministerial del Estado, con sede en esta ciudad, como autoridades ejecutoras, se estima innecesario girar oficio a las restantes autoridades donde se les notifique el presente proveído, pues no existe actuación pendiente por desahogar en relación con las mismas y por ende, sólo procede notificar a las citadas autoridades que fueron las encargadas de cumplir con el fallo protector; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de acuerdo con la fracción IV del artículo vigésimo primero, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva, haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. Original del incidente de suspensión Con motivo de la suspensión de los actos reclamados se formaron cuadernos incidentales, de los que se aprecia que se concedió la medida cautelar solicitada (tanto la provisional como la definitiva), de conformidad con lo que señala el punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del aludido acuerdo, el original de los cuadernos incidentales es susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran más de cinco años a partir de esta fecha, previa generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo en mención, debiéndose conservar todas las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida suspensiva. Duplicado del incidente de suspensión Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto vigésimo del acuerdo en consulta, los que comienzan a contar a partir de la fecha antes anotada en que se dictó resolución interlocutoria.
- Principal
POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE TERCERO INTERESADA ROGELIO SEBASTIAN CONTRERAS, ASESOR VICTIMAL DE A. T. R. Y M. T. R.... EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, catorce de agosto de dos mil diecinueve. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa y tercero interesada para que manifestaran lo que sus intereses conviniera en relación con el cumplimiento dado al fallo protector, lo que así realizó la parte quejosa a través de su escrito presentado el siete de agosto de dos mil diecinueve. Ahora bien, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Precisión de la concesión de amparo En sentencia dictada el veintiocho de junio de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso PEDRO PANIAGUA ALCARAZ, para que el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelia, realizara lo siguiente: "I. Deje insubsistente el auto que decretó la orden de aprehensión, dictado dieciséis de abril de dos mil doce dentro de la causa penal 48/2012-II; y, II. En su lugar, dicte uno nuevo en el que reitere todos los aspectos que no fueron motivo de la concesión del amparo y además, analice nuevamente de manera fundada y motivada si se encuentra acreditado o no el extremo relativo a una calificativa agravante del tipo penal de que se trata, conforme a los razonamientos expuestos en este fallo." Trámites para cumplir con el fallo protector Así, en proveído de veintidós de julio de dos mil diecinueve, se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo, y se requirió a la autoridad responsable a efecto de que diera cumplimiento al fallo protector; asimismo, se determinó que no era el caso de proceder en los términos precisados en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo en vigor, en virtud de que dicha autoridad no tenía superior jerárquico que le ordenara cumplir con la ejecutoria de amparo. Por oficios presentados el veinticinco y veintiséis de julio de este año, el Director de Amparos de la Fiscalía General del Estado, en representación del titular de esa dependencia, el Coordinador General de la Policía de Investigación y el Segundo Comandante de la Policía Ministerial del Estado Encargado de la Unidad de Aprehensiones de la Dirección de Investigación y Análisis, informaron sobre las instrucciones que giraron a fin de que el personal a su mando se abstuviera de ejecutar la orden de aprehensión reclamada. En tanto, el Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelia, Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, a través de oficio presentado el treinta de julio del año en curso, se acompañó inserta la resolución de veintiséis de ese mismo mes y año, dictada en la causa penal número 48/2012-II, en la cual, para cumplir con la ejecutoria de amparo, se realizó lo siguiente: I. Se dejó sin efectos el auto de fecha dieciséis de abril de dos mil doce, por el que se dictó la orden de aprehensión en contra del quejoso y nuevamente resolvió sobre la petición formulada por la Representación Social. II. Reiteró todos los aspectos que no fueron motivo de observación en el fallo protector y en la materia medular de la concesión del amparo, analizó nuevamente de manera fundada y motivada si se encontraba acreditado o no el extremo relativo a una calificativa agravante (ventaja) en la comisión del tipo penal de homicidio y determinó que si bien el Representante Social en su pliego de consignación hacía alusión a que el delito en cita, se realizó con la agravante contemplada en el artículo 279, fracción I, del Código Penal para el Estado de Michoacán, ("I. Cuando se comete con premeditación, alevosía, ventaja o traición."), considero que en el caso concreto solamente se actualizaron los supuestos relativos a la traición, virtud a que el agente activo, acorde a la mecánica en que se ejecutaron los hechos, se desprende que violó la fe o la seguridad que la víctima debió esperar del acusado, y para justificarlo procedió a valorar los testimonios de los testigos, a los que les concedió valor probatorio. III. Lo estimó de esa forma, ya que con las declaraciones de los atestes, solamente se logró demostrar la calificativa establecida en el fracción I, del artículo 279, del Código Penal del Estado de Michoacán, consistente en la traición, no así las restantes de premeditación, alevosía y ventaja, toda vez que de las narraciones advirtió que el sujeto activo era persona conocida del ofendido, tan es así que lo invitó a su domicilio a ingerir bebidas embriagantes con ellos, por lo que al agredir el sujeto activo al ofendido violó la fe y seguridad que la víctima esperaba de él, ya que además que era su invitado, también habían sostenido anteriormente relaciones sexuales, de acuerdo al dicho de los atestes, por lo que el pasivo tenía una confianza absoluta en su agresor por esa situación, lo que violó la seguridad que la víctima debió esperar del agente activo; además, indicó porque no se actualizaban los supuestos de premeditación, alevosía y ventaja, y respecto a éste último, señaló que al no haberse presenciado el momento justo en que el agraviado fue agredido, no se pudieron aportar elementos tendientes a justificar que algún momento el sujeto activo corrió el riesgo de ser lesionado por el ofendido; IV. Hecho lo anterior, resolvió que se encontraba debidamente acreditado el cuerpo del delito de homicidio calificado, y la probable responsabilidad jurídico penal del inculpado y aquí quejoso PEDRO PANIAGUA ALCARAZE, en su comisión, por lo que decretó orden de aprehensión y detención en su contra. Situación con la que se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo En consecuencia, se estima que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a que en lo esencial se cumplen los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, al haberse dejado insubsistente la orden de aprehensión reclamada de dieciséis de abril de dos mil doce, dentro de la causa penal número 48/2012-II, y en su lugar emitir otra determinación en la que después de analizar el pliego de consignación a la luz de lo señalado en la sentencia de amparo, determinó que en el delito atribuido al quejoso PEDRO PANIGUAGA ALCARAZ, se encuentra acreditada la calificativa relativa a la traición, establecida en la fracción I, del artículo 279 del Código Punitivo Estatal vigente en el lugar y época de comisión del delito, más no así las restantes de premeditación, alevosía y ventaja, y por ello, decretó orden de aprehensión y detención en su contra, con lo que se les restituyó en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se atienden manifestaciones de la parte quejosa En torno a las manifestaciones que vierte el quejoso en su escrito presentado el siete de agosto de este año, a través de las cuales, medularmente señala que la responsable no cumple con la sentencia de amparo, ya que se concreta a transcribir los dichos de los atestes de cargo, pero que con ello no se puede tener por acreditada la agravamente en el delito que se le imputa quejoso, ni mucho menos la certeza de cómo fue que ocurrió el hecho que se le atribuye ni la conducta del imputado en su comisión. Al respecto, cabe señalar que en párrafos precedentes quedaron expuestos los motivos por lo que se consideró que la responsable dio cumplimiento a los lineamientos que le fueron trazados en la ejecutoria de amparo, al haber dejado sin efectos la orden de aprehensión reclamada y al dictar una nueva, conforme a los razonamientos que le fueron expuestos en el fallo protector, prescindió de considerar actualizada la agravante de la ventaja, así como la de premeditación y alevosía, para estimar que sólo contaba con elementos para inferir una traición del sujeto activo sobre el pasivos; y, en ninguna parte de la sentencia constitucional se le impuso al juez responsable, que realizara un análisis sobre cómo fue qué ocurrió el hecho delictivo o la conducta del aquí quejoso en su comisión, pues ello no constituyó la materia de concesión y por el contrario, se le indicó que debía reiterar todos aquellos aspectos que no fueron motivo de la tutela constitucional y por tanto, al declarar cumplida la sentencia de amparo en los términos que fueron precisados con antelación, el suscrito juzgador se constriñó a analizar la nueva resolución dictada por la responsable a la luz de lo resuelto en el fallo protector, esto es, que reiterara las consideraciones que no le habían sido marcadas como violatorias de los derechos del quejoso, y que realizara el análisis si estaba acreditada o no la calificativa agravante que inicialmente había señalado (ventaja). De lo anterior se colige que, la resolución emitida por la responsable fue en pleno acato a las observaciones y lineamientos que le fueron impuestos en la sentencia de amparo y de ahí que, quedan expeditos los derechos de las partes, para que, de considerar que esa resolución irroga algún perjuicio, hagan valer los recursos que estimen necesarios en su contra. Se ordena notificar únicamente a las autoridades responsables vinculadas al cumplimiento de la ejecutoria Teniendo en consideración que en la sentencia de amparo pronunciada en el presente juicio de amparo, únicamente se encontraban vinculadas a su cumplimiento el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelia, como ordenadora y el Fiscal General de Justicia del Estado, Comandante de la Sección de Aprehensiones y Coordinador de la Policía Ministerial, ambos de la Policía Ministerial del Estado, con sede en esta ciudad, como autoridades ejecutoras, se estima innecesario girar oficio a las restantes autoridades donde se les notifique el presente proveído, pues no existe actuación pendiente por desahogar en relación con las mismas y por ende, sólo procede notificar a las citadas autoridades que fueron las encargadas de cumplir con el fallo protector; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de acuerdo con la fracción IV del artículo vigésimo primero, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva, haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. Original del incidente de suspensión Con motivo de la suspensión de los actos reclamados se formaron cuadernos incidentales, de los que se aprecia que se concedió la medida cautelar solicitada (tanto la provisional como la definitiva), de conformidad con lo que señala el punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del aludido acuerdo, el original de los cuadernos incidentales es susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran más de cinco años a partir de esta fecha, previa generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo en mención, debiéndose conservar todas las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida suspensiva. Duplicado del incidente de suspensión Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto vigésimo del acuerdo en consulta, los que comienzan a contar a partir de la fecha antes anotada en que se dictó resolución interlocutoria.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de agosto de dos mil diecinueve. Parte quejosa desahoga vista Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponde, el escrito signado por el quejoso Pedro Paniagua Alcaraz, mediante el cual desahoga la vista que se ordenó darle en autos, en los términos precisados en su escrito de cuenta, manifestaciones que se ordena tomar en consideración al momento en que el suscrito juzgador se pronuncie sobre el cabal cumplimiento del fallo protector. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.
- Principal
POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE TERCERO INTERESADA ROGELIO SEBASTIAN CONTRERAS, ASESOR VICTIMAL DE A. T. R. Y M. T. R., EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, treinta y uno de julio de dos mil diecinueve. Cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelia, Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, mediante el cual, acompaña inserta la resolución de veintiséis de julio de este año, dictada en el causa penal número 48/2012-II y por la que se decreta nueva orden de aprehensión en contra del aquí quejoso. Vista a las partes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa y tercero interesada, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que queden debidamente notificadas del presente proveído, manifiesten lo que a sus intereses convenga y transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, ténganse nuevamente los autos a la vista para dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector.
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